La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el Presupuesto 2026, un plan de inversiones que asciende a más de cuatro billones de pesos y que refleja la decisión política de preservar la inversión social, educativa y sanitaria en medio del ajuste y la incertidumbre económica nacional. Con un crecimiento del 25 por ciento, hubo leves modificaciones en los montos finales en comparación con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, pero se mantuvo intacto el espíritu: priorizar las funciones básicas del Estado provincial y abrir espacio para políticas de innovación y desarrollo. El 70 por ciento de los recursos está destinado a las áreas sociales, con la inclusión del Fondo Provincial de Incentivo Docente, el Boleto Estudiantil Gratuito y otras coberturas a lo que dejó de financiar la Nación. La novedad es la autonomía financiera para la Procuración General de la Provincia. La sesión fue acompañada por el gobernador Hugo Passalacqua, acompañado por el vice Lucas Romero Spinelli y casi todos los ministros.
La cifra global de erogaciones previstas se ubica en torno a los 4,05 billones de pesos, mientras que los recursos estimados alcanzan 3,6 billones. La brecha de casi medio billón de pesos obliga a proyectar financiamiento adicional, aunque el presupuesto se presenta formalmente como equilibrado. Ese equilibrio depende, en los hechos, de la capacidad de acceder a crédito, de sostener la recaudación propia y de la coparticipación federal en un contexto de recortes desde la Casa Rosada -el último mes marcó una caída de casi el diez por ciento.
El reparto funcional del gasto confirma las prioridades. Educación y Cultura se llevan la mayor parte, con poco más de un billón de pesos, seguidas muy de cerca por Salud, que supera también el billón si se incluyen el Parque de la Salud Ramón Madariaga y programas descentralizados. Bienestar social ronda los 800 mil millones, lo que muestra el esfuerzo por mantener políticas de protección en un escenario de inflación persistente. Seguridad se ubica en unos 306 mil millones, en línea con el refuerzo de la infraestructura policial, mientras que el Desarrollo económico suma unos 350 mil millones, donde se encuadran programas de innovación, industria y apoyo a sectores productivos.
El Instituto de Previsión Social, clave para los jubilados provinciales, manejará más de 667 mil millones, mientras que el Parque de la Salud recibirá 440 mil millones. La Dirección General de Rentas contará con 162 mil millones, con el mandato de avanzar en su digitalización y en un esquema más moderno de fiscalización tributaria. Organismos más pequeños, como el Instituto Misionero de Biodiversidad o Infopro, mantienen partidas para sostener agendas estratégicas vinculadas al ambiente y al sector forestal.
El texto aprobado otorga facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar partidas hasta un 10% del presupuesto, crear sociedades del Estado o de economía mixta, emitir instrumentos financieros vinculados a créditos de carbono, ajustar alícuotas impositivas y promover la economía del conocimiento con beneficios impositivos y subsidios. Estas cláusulas marcan la impronta de un modelo que busca flexibilidad y capacidad de reacción frente a un escenario económico cambiante.
En la lectura política, el Presupuesto 2026 se presenta como una apuesta a la previsibilidad del “modelo Misiones”. El oficialismo busca garantizar estabilidad y blindar áreas sociales y educativas, justamente las más golpeadas por el ajuste nacional. Paradójicamente, la oposición que en las últimas semanas pretendió mostrarse crítica del ajuste nacional, reiteró críticas al presupuesto provincial, que prioriza la Educación y las áreas sociales. La excepción fue el Partido Agrario y Social, que terminó votando la ley, merced a un trabajo puntilloso del diputado Christian Castro, el único de los legisladores de la oposición que mostró verdadero interés en cada artículo del Presupuesto.
El neolibertario Javier Mela también acompañó la iniciativa por “responsabilidad”, aunque criticó el diseño y el tratamiento del proyecto, lo mismo que el PRO, que después de tres años de votar en contra, decidió aprobar el proyecto en sintonía con la posición nacional. El radicalismo, en cambio, mantuvo su tradicional voto negativo.
La hoja de ruta que se abre para el próximo año refleja una Provincia que intenta sostener su esquema de inversión pública y protección social, con un ojo puesto en la innovación y la diversificación económica, y otro en la fragilidad del contexto nacional. “No son sólo números o estadísticas. Es la vida misma de los misioneros, que todos los días se levantan y hacen que las cosas sucedan”, expresó la diputada Suzel Vaider, presidenta de la comisión de Presupuesto.
El gasto total previsto asciende a más de 4 billones de pesos (($4,045 billones, un poco menos que lo presentado por el gobernador Hugo Passalacqua). Los recursos estimados rondan $3,6 billones, lo que deja una necesidad de financiamiento cercana a los $490 mil millones, a cubrirse con instrumentos de crédito, financiamiento neto y operaciones financieras específicas.
La asignación por finalidad revela las prioridades de la gestión provincial:
- Educación y Cultura: cerca de $1,02 billones, consolidándose como la mayor partida del presupuesto.
- Salud: más de $1 billón, incluyendo al Parque de la Salud Ramón Madariaga y programas descentralizados.
- Bienestar social: $768-800 mil millones según la versión, reflejando el peso de políticas de protección en un escenario económico adverso.
- Seguridad: unos $306 mil millones, en línea con el fortalecimiento de fuerzas policiales y servicios de prevención.
- Desarrollo económico: alrededor de $350 mil millones, donde se incluyen programas productivos, industriales y de innovación.
Organismos descentralizados y políticas sectoriales
Entre los entes con presupuestos específicos figuran:
- Instituto de Previsión Social (IPS): $667.672 millones.
- Parque de la Salud: $440.531 millones.
- Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) y Infopro, con montos menores pero estratégicos en la agenda ambiental y forestal.
- Dirección General de Rentas (DGR): $161.994 millones, con mandato de avanzar en la digitalización fiscal.
Además, se crea un Fondo de Financiamiento Educativo Provincial vinculado a la coparticipación federal, lo que refuerza la autonomía en el sostenimiento del sistema educativo.
