Comenzó juicio Brigada de Infantería VII, el más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó a juzgar hoy a 10 exmilitares y exgendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23, en el décimo juicio por delitos de este tipo que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y acusados.

En la zona del tribunal, referentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes se concentraron para seguir el juicio y exigir “justicia y condena a los genocidas”.

La manifestación incluía a víctimas y familiares y la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Pietragalla ingresó al edificio judicial sin hacer declaraciones, acompañado por el senador provincial José “Pitín” Aragón (PJ), y saludó a los manifestantes y al subsecretario de Derechos Humanos de la la provincia, Manuel Cuevas.

El referente de la Agrupación HIJOS Daniel Cian dijo en diálogo con la prensa que los imputados “ocupaban cargos muy importantes, capitanes, tenientes y coroneles que estaban a cargo de las órdenes represivas en todo el nordeste”.

“Somos muchos y vamos a estar acompañando a las víctimas el tiempo que dure el juicio”, indicó el referente.

El juicio abarca los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y con responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de la propia Corrientes: los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.

Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los exintegrantes de Gendarmería Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.

Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.

Mientras De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones; el resto serán juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad.

Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate, y en ese lapso de tiempo dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados del proceso por problemas de salud.

Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.

Por el Ministerio Público actuará el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.

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Desde 2006, fueron condenadas 1.117 personas por delitos de lesa humanidad

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Un informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, indicó que desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente.

La información corresponde a un informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que fue publicado hoy en la página “Fiscales”, dependiente de la Procuración General de la Nación.

El trabajo releva diferentes variables relacionadas a las personas imputadas, a las causas judiciales y a los tiempos que insumen las diferentes etapas del proceso, y las compara en perspectiva.

“Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento”, se sostiene en uno de los lineamientos del relevamiento, que consigna que en 2022 “la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior (21 contra 20)”.

“Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene.

Por otro lado, la PCCH destaca que en relación con las personas juzgadas, se observa “una tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016”.

Los datos incluidos en el informe fueron producidos por la PCCH a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país.

Fuentes de la Procuración indicaron que el “el informe está actualizado al 5 de diciembre de 2022 y se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal”.

Actualmente hay 643 causas en trámite en las que son investigadas por delitos de lesa humanidad -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3.640 personas, se detalla.

Durante 2022, tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias con el siguiente detalle: 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y Comisaría de Ramos Mejía), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, mega causa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.

Durante 2022, y hasta el cierre del informe, se iniciaron 18 juicios orales, de los cuales 8 continúan con el debate en curso y 10 obtuvieron sentencia.

En tanto, existen 349 causas registradas en las que aún no se ha dictado sentencia y en las que el estado de la investigación se encuentra en distintas fases.

En tanto, 275 se encuentran en instrucción y 62 dispuestas para la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023 y 56 aún esperan fijación de juicio.

La PCCH señala que los datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye el mayor volumen de causas, representando el 43% del total”, dado que “la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe”.

Otro dato relevante que refiere el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado el año pasado.

En cuanto a las 294 causas en las que se ha dictado sentencia, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso.

En cuanto a las condenadas, se registraron este año 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas.

“Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021 (74). Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020”, sostuvo el relevamiento.

En ese sentido, desde la Procuraduría se señaló que “continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia”.

Al respecto se consigna que hay en la actualidad 482 se encuentran personas procesadas por delitos de lesa humanidad; 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas, en tanto que unas 558 imputados tienen pedidos de indagatoria que aún no se efectuaron.

“Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad; 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura. Del universo total de personas bajo investigación, son 1.506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% de estas últimas se encuentra con arresto domiciliario, y el y el 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico”, de acuerdo a lo detallado en el informe.

La PCCH señala demás que la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado forma parte de la política criminal del Ministerio Público Fiscal y que “se los considera delitos autónomos y se busca visibilizarlos y establecer responsabilidades”.

Por eso este el pasado 14 de noviembre, la Procuración emitió la Resolución 557/2012 en la cual se instruye a las y los fiscales a “adoptar las acciones necesarias para el juzgamiento de esos delitos”.

Desde entonces, “se ha registrado un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan esos delitos, que demuestran que “las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado”.

Sin embargo, desde 2013 a la actualidad no se ha superado el dictado de cinco sentencias con estas características por año.

Al cierre del informe estadístico, el 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual, y esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.

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Murió el genocida Etchecolatz, condenado en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad

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El exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la última dictadura cívico militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció hoy a los 93 años. Será recordado en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

Etchecolatz murió a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron a Télam fuentes de las querellas en su contra.

Nacido en la ciudad de Azul el 1 de mayo de 1929, Etchecolatz muere con múltiples condenas a prisión perpetua, acusado por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante una serie de sentencias dictadas entre los años 1996 y 2022, que fueron unificadas en una pena única de reclusión.

La novena condena a cadena perpetua le llegó en mayo de este año cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre ellas Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices.

Su nombre quedó asociado también con la desaparición de López, en plena democracia, luego que la declaración judicial del albañil en 2006 como testigo fuera determinante en una causa en contra del expolicía, y por la cual fue condenado a reclusión perpetua.

Años después, el 24 de octubre de 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha.

Mientras se leía esa sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.

Además fue condenado por el secuestro y asesinato de los estudiantes que fueron víctimas en la denominada ‘Noche de los Lápices“, y por la apropiación de menores.

En su haber judicial contó además con el beneficio de la Ley de Obediencia Debida pero tras la anulación de las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado.

Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977, cargo desde el cual coordinó los grupos de tareas así como los 21 centros clandestinos de detención que integraban el Circuito Camps, donde luego se comprobó que existió la mayor cantidad de detenidos desaparecidos del país.

Llegó a escribir un libro donde cuestionó el trabajo de la Conadep, bajo el título “La otra campana del Nunca Más”, y siempre que pudo se ufanó de haber participado de la “guerra contra la subversión”.

Hasta el 2006 contó con el beneficio de la prisión domiciliaria lo que en ese año le fue revocado por poseer armas de fuego. No obstante en el 2017 volvió a contar con ese beneficio -que se hizo efectivo solo dos meses- hasta que en el 2018 fue revocado nuevamente.

Ese mismo año sufrió un escrache en su casa del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, cuando la asociación de vecinos del bosque, se movilizó y se apostó en su casa, en una recordada protesta de la que participó la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida.

Casado, con una esposa que brindó diversas entrevistas en apoyo de su marido, el expolicía tuvo una hija, Mariana D. quién se cambió el apellido y marchó en 2018 junto a 500.000 personas contra el 2×1, pidiendo que su padre cumpla la condena en una cárcel común.

“Es un ser infame, no un loco”, declaró la joven.

“Por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo”, fue una de sus provocativas declaraciones en el marco de los numerosos juicios que enfrentó.

La muerte lo encontró a los 93 años en una cárcel común pese a que a principios de junio había sido beneficiado nuevamente con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud.

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Aumentan recompensas a quienes brinden datos sobre siete acusados por delitos de lesa humanidad

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El Ministerio de Seguridad dispuso aumentar el monto de las recompensas de dos a cinco millones de pesos para quienes brinden informaciones sobre siete prófugos, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Así lo estableció hoy la Resolución 159/2022 publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, que incrementa las retribuciones para las personas que otorguen informaciones sobre Emilio Alberto Rimoldi, Jorge Luis García, Héctor Adán Giménez, Jorge Linares Gallo, Eduardo Rebechi, César Heriberto Peralta y Carlos Gabriel Jesús Isach.

Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente al 134 con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia, según se indica en la normativa.

“El pago de la recompensa será realizado en el ministerio o en el lugar que designe, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, se informó.

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El Estado Argentino pide disculpas ante la CIDH en un caso de violencia de género

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El 23 de septiembre a las 11.30hs el Estado argentino firmará el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género. En esta oportunidad, además, se realizará el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y el pedido de disculpas por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana Rosales y sus hijas, Abril y Mayka.
La actividad tendrá lugar en la ex ESMA y estará encabezada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y autoridades de la provincia de Neuquén, jurisdicción donde ocurrieron los hechos del caso. También participarán la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la Primera Vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón.
La firma de este Acuerdo es una conquista de Ivana, Abril, allegadas y allegados, quienes vienen luchando por conseguir justicia y reparación. A la vez, refleja el profundo compromiso del Estado Nacional en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, en especial en materia de prevención y erradicación de las violencias de género.
El acto será transmitido en vivo a través de YouTube: youtube.com/sdhargentina
El caso
Tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su ex cónyuge y padre de sus hijxs en 2002, la justicia provincial sometió a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas.
El tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos. Ivana presentó entonces una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS. En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén.
Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de la violencia perpetrada por su ex pareja. Su hija Abril tomó entonces como propio el proceso ante la CIDH.
Medidas de reparación
En septiembre de 2019, Neuquén asumió una serie de compromisos de reparación, que ahora con la firma del acuerdo con el Estado Nacional se complementan con medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género.
El Acuerdo que se firmará el 23 incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, por ejemplo:
▶️ El compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia;
▶️ Medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género;
▶️ Políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención,
▶️ Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática;
▶️ Políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables,
▶️Implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia, entre otras.

▶️ Efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

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