LESA HUMANIDAD

Lesa humanidad: pidieron 21 años de prisión para Carlos Carvallo

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Este miércoles se realizó de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía provincial Carlos Carvallo, quien fuera locutor de radio en Misiones y está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar, en Paraná. La fiscalía solicitó 11 años de prisión, mientras que las querellas peticionaron una pena de 21 años y la defensa, la absolución.

La audiencia se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas, con algunos inconvenientes de conexión en el medio. El juez federal Pablo Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia. En ese sentido, dijo que no podía viajar a Paraná desde Concepción del Uruguay, donde está su juzgado de origen, dada la calificación de la capital provincial como zona de transmisión comunitaria de coronavirus.

Estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien fue el denunciante de Carvallo. Ramat pudo identificar al expolicía provincial como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná, relata la crónica del diario Uno de Entre Ríos.

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces a Ramat y lo sometió a torturas y amenazas, además de mantenerlo en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por lo tanto pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

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Fernández recibió a representantes de organismos de Derechos Humanos

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El presidente Alberto Fernández dialogó hoy en la Casa de Gobierno con representantes de organismos de Derechos Humanos que forman parte del Instituto Espacio Memoria y entre los que se encontraban Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Ana María Careaga y Beinusz Szmukler.

En una reunión que calificaron como “cordial y amable”, los organismos pidieron por la revalorización del Instituto Espacio Memoria, que se encarga de analizar los archivos de organismos del Estado relacionados con la última dictadura militar.

También le transmitieron su preocupación por la “lentitud” con la que se desarrollan los procesos judiciales sobre delitos de lesa humanidad y hablaron sobre la situación social del país y de América Latina.

Entre los presentes se encontraban, además, Alcira Argumedo, Stella Calloni, Lita Stantic, Irma Medina, Oscar Stellez, Daniel Domergue y Ana Fernández.

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Rosenkrantz defendió su voto: “El ‘Nunca más’ no se puede aplicar a cualquier costo”

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En el acto de ‘Justicia 2020’, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, el único que votó en disidencia ayer en un caso en el que el tribunal falló en contra de la aplicación del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad, aprovechó su discurso para hace una defensa de su voto a favor. “El compromiso expresado en el Nunca Más -más allá de su importancia en la historia argentina- no puede ser puesto en práctica de cualquier modo ni a cualquier costo porque no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de la ley y de la Constitución”, afirmó poco antes de que tomara la palabra el presidente Mauricio Macri.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se refirió a su voto en disidencia en un caso en el que el máximo tribunal falló en contra de la aplicación del 2×1 a quienes son condenados por delitos de lesa humanidad. Lo hizo durante el discurso que pronunció en el CCK en el acto organizado por el Ministerio de Justicia para presentar las conclusiones del programa ‘Justicia 2020’ a tres años del comienzo de su implementación.
“El compromiso expresado en el Nunca Más -más allá de su importancia en la historia argentina- no puede ser puesto en práctica de cualquier modo ni a cualquier costo porque no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de la ley y de la Constitución”, afirmó Rosenkrantz.
Luego del discurso del ministro de la Corte cerró el acto el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien resaltó que “la participación ciudadana es el espíritu de Justicia 2020”. “Nos enriquece como sociedad y eleva la calidad de nuestras políticas”, señaló. El jefe de Estado remarcó además la importancia de una “justicia ágil en la que podamos confiar, que sea cercana, moderna transparente e independiente”.
El Presidente destacó el rol central que ahora tienen las víctimas en el proceso penal tras la aprobación de más de 20 leyes que formaron parte de las iniciativas del programa Justicia 2020. El primer mandatario también elogió los resultados obtenidos a partir de la implementación de la ley de flagrancia que permite llegar a una sentencia en muy poco tiempo.
Por su parte el Ministro de Justicia, Germán Garavano afirmó que “el desafío es que Justicia 2020 e sté alineado con la agenda 2030 de Naciones Unidas que promueve la resolución de controversias para lograr sociedades más pacíficas, e inclusivas y el acceso universal a la justicia”. Asimismo, invitó a los jueces a apropiarse del programa al señalar que “es la propia Justicia la que tiene que llevar adelante la transformación”.
El primer expositor fue el coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, quien presentó los resultados de los tres años del Programa. Esta iniciativa promueve, entre otros temas, la adopción de nuevas tecnologías en los poderes judiciales de todo el país, la transparencia a través de políticas de Gobierno Abierto y el acceso a la información mediante el expediente electrónico, con la finalidad de generar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Una de las modificaciones impulsadas por este programa del Ministerio de Justicia de la Nación es la implementación de la or alidad en los procesos civiles. Esta modalidad ya es utilizada en nueve provincias, logrando en la provincia de Buenos Aires reducir la duración de los procesos de seis años a seis meses. Está previsto que a fines de 2019 la mitad de los jueces civiles del país esté utilizando esta herramienta.
Del acto, que se realizó en la Sala Argentina del CCK, participaron familiares de víctimas de delitos; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. También estuvieron presentes los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Chaco, Domingo Peppo; legisladores nacionales y provinciales, jueces de todas las instancias nacionales, provinciales y federales, fiscales, defensores y funcionarios nacionales y provinciales.

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La Corte Suprema rechazó el 2×1 para delitos de lesa humanidad

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El máximo tribunal determinó que el beneficio no es aplicable a ese tipo de delitos. El presidente Carlos Rosenkrantz fue el único que votó en disidencia.
La Corte Suprema determinó que el beneficio del cálculo del 2×1 no es aplicable a penas por delitos de lesa humanidad.
De esa manera, tal como había anticipado Ámbito Financiero, el tribunal revocó el fallo que había dado a conocer en 2017 y que benefició al represor Luis Muiña en el 2×1.
La Corte adoptó esta decisión por cuatro votos contra uno, con la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.

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“Carvallo estaba absolutamente acorralado, hacía meses sabíamos sus movimientos”

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Marcelo Boykens, coordinador del Registro Único por la Verdad de la provincia de Entre Ríos, habló del trabajo que permitió dar con el paradero de Carlos Carvallo, detenido recientemente por delitos de Lesa Humidad.
Privación ilegal de la libertad y torturas. Estos delitos pesan sobre el otrora periodista de Posadas, oficio que lo camufló durante años y lo llevó a ser reconocido en los medios. Una profesión en la que se mostraba con hidalguía moral para cuestionar y que le permitió ser incluso candidato a intendente en la localidad de Garupá.
Carlos Carvallo no era ese periodista respetado. Era en realidad un torturador de los que abundaban en los años más negros de la historia Argentina, y que gracias a un trabajo de muchos años por recuperar la memoria y hacer justicia, será juzgado.
Mucha gente lo conocía en Misiones. Pero en Entre Ríos alguien lo reconoció como quien realmente fue, como quien realmente es.
El dirigente de ATE Entre Ríos, Manuel Ramat señaló varias veces a Carvallo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y torturó.


Relató que en junio de 1976, fue asesinado su hermano, Raúl, en Campana. A los dos o tres días allanaron su casa en Paraná, en presencia de su familia, incluida su hija de 4 meses. Uno de los miembros de la patota era un oficial de la Policía de Entre Ríos de apellido Carvallo, quien luego lo torturaría y que ahora –había dicho – vive en Formosa o Misiones y trabaja de locutor.
Marcelo Boykens, coordinador del Registro Único por la Verdad de esa provincia, contó que desde hacía cuatro años estaban en permanente contacto con la justicia de Misiones.
“Sabemos que estaba absolutamente acorralado, hacía varios meses se sabía de sus movimientos, sus vinculaciones, ya no podía sustentarse, se requiere de mucha logística para estar tanto tiempo fuera de la vida social. Se lo estaba cerrando, no podía usar tarjeta, no podía sacar dinero de los bancos, lo mismo su familia”.
Precisó que Carvallo operaba dentro de la patota de la policía de Entre Ríos, “una patota que nos está costando mucho reconstruir y creemos que Carvallo es una de las piedras angulares de esa patota. Manuel Ramat, lo reconoció como su torturador”.
Sobre su situación y posible condena en una causa que recién comienza, explicó en el programa TDM de Canal 12, que la prisión domiciliaria le corresponde a los 70 años y una enfermedad que sea terminal o de agravamiento dentro de una unidad penal común. Carvallo rondará los 65 años.
“En lo que sí lo perjudica el haber estado prófugo es en la excarcelación porque estará con prisión preventiva hasta el juicio”.

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