LESA HUMANIDAD

Detienen a Carlos Carvallo, prófugo por delitos de Lesa Humanidad

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El locutor Carlos Carvallo, quien trabajaba en Misiones en FM Show, figuraba a la cabeza del listado de represores prófugos y por él se ofrecía una recompensa. El oficial que operó en Entre Ríos y Santa Fe durante la última dictadura, vino a Misiones a “camuflarse” como periodista, hasta que su nombre apareció en una causa y desde entonces, estaba fugado.
La detención lo realizó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Carvallo estaba en la casa de su hermana ubicada en la chacra 132 del barrio Santa Rita de Posadas.
El periodista y conductor radial Carlos Carvallo, estaba prófugo desde 2014, y fue acusado de secuestros y cometer torturas en Paraná, durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como agente de la Policía de Entre Ríos y agente de Inteligencia.

Carvallo está imputado en la causa Área Paraná y aparece en el listado de informantes del Batallón 601 como “agente de reunión”.
Bajo el Expediente FPO 8001-14 el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, emitió la orden de detención del locutor en el marco de la denominada megacausa Area Paraná por violaciones a los derechos humanos. La Justicia quiere determinar la participación del ex candidato a Intendente de Garupá por la UCR, durante la última Dictadura cívico-militar como presunto “Agente de Reunión”.
El dirigente de ATE Entre Ríos, Manuel Ramat señaló varias veces a Carlos Carvallo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y torturó.
El dirigente relató que en junio de 1976, fue asesinado su hermano, Raúl, en Campana. A los dos o tres días allanaron su casa en Paraná, en presencia de su familia, incluida su hija de 4 meses.Uno de los miembros de la patota era un oficial de la Policía de Entre Ríos de apellido Carvallo, quien luego lo torturaría y que ahora –dijo– vive en Formosa o Misiones y trabaja de locutor.
 

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Virasoro: Segunda jornada del juicio por el secuestro y desaparición de trabajadores durante la Dictadura

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Ayer,  comenzó el juicio en el que  se investiga la privación ilegítima de la libertad a delegados del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y trabajadores rurales (FATRE) de Virasoro durante la dictadura militar. Desde el pdomingo se realizó una vigilia para esperar el juicio.
ANRed – La investigación por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura militar en las instalaciones de la empresa yerbatera Las Marías en Corrientes tiene fecha de Juicio fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal. Fué el 1 de julio, y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni son los encargados de escuchar los alegatos y dictar sentencia en la causa que investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los Sindicatos de Industrias de la Alimentación (STIA) y de Trabajadores rurales (FATRE) de la localidad de Virasoro.
En el proceso intervendrán, además, los fiscales Flavio Adrián Ferrini y Juan Martín García. Las audiencias se realizarán en la misma localidad de Gobernador Virasoro.
En este debate llega como único imputado el general de división (RE) Héctor María Torres Queirel, sindicado como coautor de la desaparición del trabajador yerbatero, Marcelo Peralta.
La empresa yerbatera dueña de Taragüí, La Unión, La Merced y Mañanita es señalada por participar en la comisión de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado.
El caso, tuvo elevaciones a juicio en 2010, 2012 y 2014 pero nunca se llegó a la instancia de debate y las exigencias de justicia de las víctimas y familiares continuaron frustradas.
Finalmente el Tribunal Oral Federal de Corrientes comunicó oficialmente el cronograma de testimonios. A lo largo de tres días (2, 3 y 4 de julio) declararán más de quince ex trabajadores, víctimas y familiares.
También lo harán cerca de una decena de ex oficiales militares, ex soldados y policías.
Participación necesaria
La empresa participó del proceso represivo al brindar información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas e instigar las detenciones de trabajadores y sindicalistas.
Las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores de Las Marías se fueron acumulando en los últimos doce años en distintos juzgados y corrieron sinuosos infortunios.
Ahora el juicio se hará con un sólo imputado, Héctor Torres Queirel y por una única víctima, Marcelo Peralta, ex trabajador rural de Las Marías, todavía desaparecido. Se lo acusa del secuestro de Peralta, ocurrido el 29 de junio de 1977. Peralta vivía con su esposa y su pequeña hija en una vivienda ubicada dentro de la propiedad del imputado.
El proceso de conflictividad en Las Marías explotó con una huelga en 1974 y con la llegada de la dictadura la venganza patronal con el secuestro de más de una decena de trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE).
Entre febrero y julio de 1977, otros ocho trabajadores fueron secuestrados, dos de los cuales permanecen desaparecidos. El informe sobre Responsabilidad Empresarial narra cómo la empresa participó del proceso represivo al brindar información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas e instigar las detenciones.
El cronograma de las audiencias
La primera audiencia se realizó ayer a las 8.30. El primero que debería comparecer es el imputado, junto a su abogado Néstor Irazusta, quien seguramente no hará uso de la palabra como sucede en todos los juicios. Despues los ex trabajadores y familiares tendrán la oportunidad de expresar su verdad y reconstruir los hechos represivos contra los trabajadores y el sindicato
El 4 de julio, último día del debate, están citados oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial principal de la policía Arcenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Ángel Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionicio Cáceres, Lorenzo Ramos Chilotegui, Alejandro Segundo Balleve y el comisario general retirado Walter Ramírez.

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Lesa Humanidad: en Virasoro juzgarán al ex intendente de Facto Héctor Torres Queirel

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El próximo 2 de julio comenzará el juicio por delitos de Lesa humanidad en la localidad de Gobernador Virasoro (Corrientes). La causa es por la desaparición y muerte de Marcelo Peralta y el imputado es el ex intendente Héctor Torres Queirel.
Los miembros de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres emitieron un comunicado donde ratifican el acompañamiento de forma activa a la realización de este juicio que se inicia el lunes 2 de julio en Virasoro donde se juzgará la desaparición y muerte de Marcelo Peralta, imputado Héctor Torres Queirel, ex intendente de facto de Virasoro y dueño de la Estancia María Leida, donde se produjeron los hechos.
En un comunicado expresaron que “el tiempo y la complicidad político judicial conspiran con la verdad, pero aspiramos a que el juicio nos aproxime a los verdaderos responsables, en muchos de los casos, por desaparición física o insania sabemos que no serán juzgados, pero los juicios nos ayudarán a reconstruir la verdad histórica”.
Recordaron que las víctimas del Terrorismo de Estado en Virasoro se caracterizaron por ser compañeros trabajadores representantes gremiales de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (Fatre), “todos ellos empleados o relacionados de alguna manera con el establecimiento yerbatero “Las Marías” como el caso de Lito Arguello, director de escuela, perseguido por proporcionar un espacio en su escuela para que funcionen las asambleas que crearon los sindicatos de Fatre y STia. Permanecen desaparecidos Neris Pérez y Marcelo Peralta el primero secretario y el segundo delegado de Fatre”.
Según esta Asociación en todos los casos se desprende la responsabilidad directa de sus dueños,” los hermanos Navajas Artaza. El establecimiento yerbatero Las Marías se transformó en un emblema de la complicidad empresarial económica de la dictadura. La pata civil necesaria para implementar el modelo neoliberal. Somos conscientes del miedo y la presión que ejerce en toda la zona el estableciente yerbatero, por lo que los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales estaremos presentes para acompañar a las víctimas que tanto tiempo, por artilugios legales y del poder que conservan en democracia, esperaron este momento, lamentablemente muchas víctimas ya no están, pero seremos sus voces y su fuerza”.
“Esperamos que los jueces prioricen la verdad y la justicia y se animan a condenar por delitos de Lesa Humanidad a los grades poderes económicos de nuestro país, sin ellos jamás hubieran logrado su cometido los militares. Cada día, con cada testimonio, con cada investigación, con cada prueba aportada, tenemos más certeza que nuestro país vivió un golpe cívico militar, en donde la responsabilidad económica juega un papel determinante. Solo pedimos que se garantice la ejecución de un juicio justo, para lograr esta tardía justicia, en memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos”.
Firman éste comunicado: Carlos Sandoval Secretario Asociación Por la Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres – María Alejandra Mumbach Presidente

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Más del 63% de las causas por delitos de lesa humanidad no fueron resueltas

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Según datos de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad a cargo de Jorge Auat, de los 599 trámites judiciales por delitos cometidos durante la última dictadura, en 203 hubo sentencias, 278 siguen en instrucción, 103 tienen pedido de elevación a juicio y 15 se encuentran actualmente en la etapa de juzgamiento.
Las cifras relevadas hasta el 15 de marzo pasado revelan que 381 causas todavía no encuentran Justicia, lo que implica que a 42 años del último golpe cívico militar más del 63% de los expedientes abiertos contra genocidas todavía no fueron resueltos.
Las anteriores estadísticas informadas por la Procuración de Auat cerraron al 10 de octubre de 2017. Hasta ese momento, había 287 causas en instrucción, 117 con elevación a juicio, 193 con sentencia y 16 en proceso de enjuiciamiento. La comparación de los datos permite concluir que en 157 días se logró sentencias en 10 causas, pero que la marcha de la Justicia avanza a paso lento.

“El cierre de los datos del año 2017 mostró una reactivación en la cantidad de sentencias dictadas, que fueron finalmente 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006”, destacó el informe de los fiscales, que destacaron que ese ritmo “da muestras de avance frente a los signos de estancamiento que se detectaban en informes anteriores”.
Al mismo tiempo, la Procuración remarcó las “serias demoras que atraviesa el proceso” de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. “Los datos muestran que aún resta avanzar con un número importante de causas que se encuentran en instrucción y más de 100 que se encuentran listas para llegar a juicio”, recalcaron.
• Los trámites
En las 599 causas en trámite son investigados 2.985 imputados, aunque algunos ya fallecieron. Desde 2006, cuando se registró la primera condena por delitos de lesa humanidad en el país, donde fue condenado Julio Héctor Simón “el Turco Julián”, se obtuvieron 203 sentencias. Las 27 sentencias del año pasado no solo marcan un récord histórico. “Este número final evidencia que se ha interrumpido la tendencia decreciente que se presentaba hasta 2016”, indicó el reporte.
“Si bien el total de sentencias 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, lo cierto es que respecto de las restantes 397 causas, en las que aún no se ha dictado sentencia, el estado de la investigación aún presenta serias demoras”, subrayaron.
De las 15 causas en juicio 12 están en debate oral y tres en plenario, en los casos de juicios que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal.
De los 103 expedientes elevados a juicio suman 103, en sólo seis ya se fijó la fecha del inicio del debate.
Las 278 causas en instrucción, un 47% del total, es una cifra “estable” respecto de los últimos tres años. “Las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio, lo cual implica que la mayoría de las causas en trámite están muy lejos de obtener sentencia”, remarcaron.
• Los imputados
Actualmente existen 2.479 personas imputadas por delitos de lesa humanidad, mientras que 506 fallecieron durante el transcurso de la investigación. Del total de sentenciados (977), 867 fueron condenados y 110 absueltos. “Sólo el 24% de los condenados (211) tienen sentencia firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 11% (12)”, indicaron. Al día de hoy, 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia.
De lo que no recibieron sentencia, unos 694 están procesados, de los cuales 54 fueron apartados temporalmente de la investigación por incapacidad, mientras que a 157 se les dictó falta de mérito: 73 fueron sobreseídos. Todavía hay 541 personas vinculadas a crímenes de la dictadura sin resolución procesal.

• En sus casas
Según los datos de la Procuración especializada, casi 20% de los imputados por lesa humanidad cumplen arrestos en sus casas. En total, 1.034 personas fueron detenidas por estas causas. Unas 580 están bajo arresto domiciliario y 411 permanecen en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
En tanto, 43 personas se encuentran apresados en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad. “Esta cifra la componen mayoritariamente aquellas personas alojadas en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Tanto en los diagnósticos de 2016 como de 2017, desde la PCCH habíamos expresado nuestra preocupación por la rehabilitación de esta dependencia sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura en 2013”, sostuvieron.
Fuente Fiscales.gov

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Carlos Carvallo sigue en la nómina de los más buscados por delitos de lesa humanidad

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El gobierno nacional restableció recompensas para dar con 30 prófugos imputados por la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La medida, que tendrá una vigencia de 12 meses, fue dispuesta a través de la resolución 1268/2017 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Patricia Bullrich, y fija el monto ofrecido en $ 500.000.

La nómina de prófugos está integrada por 30 personas y la recompensa es por datos que brinden por cada uno de ellos.

La lista la componen Ricardo Aleks, Carlos Alberto Arroyo, Walter Tomás Eichhorn, Héctor Adán Giménez, Luis Esteban Kyburg, Jorge Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, José Luis Piedra, Humberto Romero Tello, Alberto Horacio Silva, Eduardo Rebechi, Horacio González Llanos, Carlos Luis Carvallo y Guillermo Campanille.

 

Ofrecen $ 500.000 por 30 prófugos imputados por delitos de lesa humanidad by Juan Carlos Arguello on Scribd


También están en el listado detallado en la resolución publicada hoy Emilio Alberto Rimoldi Fraga, César Heriberto Peralta, Roberto Raúl Squiro, Carlos Gabriel Jesús Isach, Fernando Federico Delgado, Jorge Luis García, Teodoro Aníbal Gauto, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Tuttolomundo, Angel Ervino Spada y Miguel Ángel García Moreno.

La disposición informa que “las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al 0800-555-5065 o al número 134”.

Finalmente, el texto precisa que el pago de la recompensa de medio millón de pesos será realizado “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada preservando la identidad del aportante”.

 
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