ley de manejo del fuego

La batalla de los elementos

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Otra victoria como esta y estamos perdidos”. La frase fue pronunciada por el rey Pirro de Epiro en el año 279 a. C tras vencer a los romanos en la batalla de Ásculo, debido a la enorme cantidad de soldados propios que perdió en el combate.

La cita nunca perdió vigencia y sirve para describir el estado de situación tras la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei para seducir a potenciales inversores. 

La ley diseñada por Federico Sturzenegger obtuvo la media sanción en el Senado, pero reducida a una mera hojarasca, como “El Coloso” gusta llamar a las normas que no son de su agrado. 

El diario de sesiones dirá que la ley fue aprobada por 37 votos contra 33 rechazos, pero el resultado, en verdad, fue desastroso para el Gobierno. Perdió en todos los niveles posibles, en el ámbito legislativo, pero peor aún, en la pulseada política, en la calle y hasta en las redes sociales, su elemento favorito. Hasta Tini Stoessel, usualmente inexpresiva en cuestiones políticas,  usó sus redes para manifestarse en contra. Lo mismo hizo Lisandro Martínez, el defensor de la Scalonetta. Faltó Messi. Pero sí se anotó Antonela Roccuzzo, quien le dio like a una publicación que rechazaba el proyecto oficial. 

Quedó flotando la sensación de que se despertó una bestia dormida. La política también se desperezó, aunque es pretensioso que algún dirigente se adjudique poderes de convencimiento como el que le quieren atribuir a Sergio Tomás Massa. Los gobernadores fueron clave para frenar la ley, incluso los que la Casa Rosada consideraba aliados constantes. 

El misionero Hugo Passalacqua se puso, literalmente, la gorra: “Lo que amamos no se vende”, se podía leer en la visera que usó en la Fiesta del Azúcar Rubio, en Mojón Grande. Horas antes de la sesión, remarcó en un video: “Nuestra posición es clara, no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.

Passalacqua rompió con el alineamiento automático y los senadores misioneristas fueron los que activaron la reacción en cadena. Habían recibido el pedido del Gobernador de votar en contra de la ley. Sonia Rojas Decut ya había anticipado su oposición al capítulo tercero, de la extranjerización de la tierra. Carlos Arce emitió un comunicado horas antes de la sesión. Tras ese posicionamiento, senadores de otras provincias comenzaron a anticipar su rechazo, lo que obligó a Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, a dar de baja el capítulo entero para salvar la ley. 

La perenne, apenas unas horas antes se había jactado de ganar por un voto. En la sesión quedó en evidencia que contó mal los porotos y la ley estuvo a punto de fracasar. También hubo que quitar del paquete la reforma a la ley del Manejo del Fuego, que el Gobierno quería desesperadamente derrumbar. La norma actual impide -por 30 años para zonas agropecuarias, pastizales o matorrales o 60 para áreas sensibles- modificar el uso del suelo después de un incendio, para evitar que la especulación inmobiliaria devore humedales, montes o estepas patagónicas. La resistencia en las calles y de diversos actores ambientalistas forzó el rechazo de los senadores. No ayudó demasiado al Gobierno la revelación de que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch maneja una empresa dedicada a vender propiedades a extranjeros. 

¿Por qué eran importantes ambos capítulos para Misiones? La flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros tendría un enorme impacto en un territorio tan pequeño. Hoy Misiones ya tiene el 11 por ciento de la tierra en manos extranjeras, pero hay varios departamentos por encima del límite, con Iguazú al tope con casi 39 por ciento. Habilitar la extranjerización del acceso a recursos naturales como el agua, atenta contra la identidad misionera, lo mismo que implica un riesgo para la biodiversidad custodiada. Los libertarios, como antes el macrismo, promocionan el plan Maizar para extender la frontera agraria y la crisis de la yerba mate volvió a colocar en la vulnerabilidad a miles de pequeños productores. Razones que explican la resistencia política ejercida por Passalacqua y diversos espacios políticos, incluido un colectivo de ex legisladores de diversas corrientes, que firmó un comunicado conjunto.

Caídos los capítulos de Tierra y Fuego, el Gobierno se quedó apenas con la normativa referida al encarecimiento de las expropiaciones y los desalojos exprés, pero ésta última norma regirá únicamente para Capital Federal si no se adhieren las provincias. Muy poco para semejante traspié. Más de cuatro meses de desgaste, cuatro sesiones fallidas y 17 borradores.

En el Gobierno nadie quiere asumir los costos. Bullrich acusa a Sturzenegger de ser demasiado pretencioso con los planes de reforma y El Coloso tambalea, lo mismo que las garantías de aprobación de la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI y el régimen de Zona Fría. Se dice que se frenará una segunda oleada de desregulación por el temor libertario a poner en riesgo el plan reelección, para la que Milei dice ya tener elegido al candidato a vice. La actual, Victoria Villarruel, es protagonista de la guerra fría con el Presidente y podría ser candidata presidencial, según adelantó Miguel Ángel Pichetto.

Pero el plan de reelección enfrenta hoy mismo otros riesgos: el agotamiento de la sociedad, una inflación que no se deja domar -marcó 2,9 por ciento en Capital Federal y encendió todas las alarmas- y una pobreza que volvió a subir al 30% en el primer trimestre según la Universidad Católica Argentina.  

Todas las encuestas empiezan a contar la misma historia. Cambian las consultoras, las preguntas y los porcentajes, pero el clima se repite. Domina el pesimismo económico y la bronca y la tristeza superan largamente a la esperanza. Milei todavía conserva un núcleo duro considerable, pero el problema está fuera de ese perímetro. Cuando más de la mitad de la sociedad dice estar peor, seis de cada diez quieren un cambio de Gobierno y el rechazo presidencial empieza a convertirse en un techo electoral, la discusión deja de ser sobre comunicación, relato o “batalla cultural”. 

Ahí aparece la paradoja que puede definir 2027. Milei llegó al poder porque consiguió convertir el hartazgo en esperanza; ahora corre el riesgo de que ese mismo hartazgo encuentre otro vehículo político. Ya no puede responsabilizar indefinidamente a “la casta”, al kirchnerismo o a la herencia recibida porque, después de años en la Casa Rosada, la realidad empieza a ser suya. Y mientras el oficialismo se enfrenta a ese desgaste, el peronismo descubre que ni siquiera necesita enamorar todavía: le alcanza, por ahora, con que crezca el desencanto. 

Hay un dato adicional que empieza a modificar el tablero y que hasta hace pocos meses parecía improbable: Axel Kicillof aparece por primera vez arriba en varias mediciones -Zuban & Córdoba lo registra por primera vez- y se consolida como el dirigente opositor con mayor capacidad de disputar el centro de la escena, a pesar de las zancadillas constantes de Máximo Kirchner y La Cámpora. Zuban Córdoba muestra al peronismo con 31,3% de intención de voto contra 28% de La Libertad Avanza. En paralelo, el Presidente acumula 61,3% de imagen negativa, su Gobierno llega al 65,3% de desaprobación y el 61,9% dice que votaría por un cambio del Gobierno actual.

Por primera vez desde la llegada de Milei al poder, el descontento empieza a encontrar enfrente una referencia política competitiva

Y quizás allí esté el dato más incómodo para el oficialismo. Milei conserva un piso electoral duro, pero también construyó un techo de rechazo cada vez más difícil de perforar: Zentrix mide 58,5% de imagen negativa y apenas 30,9% positiva, mientras otras encuestas colocan a Kicillof por encima del Presidente. 

Hay otro indicador que completa el cuadro y acaso sea más significativo porque mide algo más profundo que la popularidad de un dirigente: la confianza en el Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en apenas 1,94 puntos sobre cinco. Además, el nivel de confianza en el mes 31 de Milei resulta 3,9% inferior al que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia. La señal se vuelve difícil de relativizar. Ya no es una encuesta adversa ni una mala semana: son distintos termómetros marcando la misma fiebre. El Gobierno conserva poder, iniciativa y un núcleo electoral fiel, pero está perdiendo el activo que hizo posible la experiencia libertaria: la expectativa de que el sacrificio de hoy necesariamente desembocaría en un mañana mejor. 

La batalla de los elementos también dejó claro que el Gobierno nacional depende más de los gobernadores que éstos del Presidente. 

En Misiones el Gobernador puso fin al alineamiento automático que caracterizó los tiempos de la Renovación en relación con el Gobierno nacional. 

Con la implosión de ese espacio, Passalacqua asumió un nuevo liderazgo que prioriza el interés misionero. El nuevo concepto concitó una enorme adhesión, incluso de extrapartidarios, entre ellos varios dirigentes radicales que podrían sumarse en las próximas horas. De todos modos, el tiempo de (re) organización se termina. El próximo lunes, el 17 de agosto, marcará el inicio de una nueva fase que tendrá definiciones y acciones que identificarán el nuevo tiempo. Habrá que estar atentos a las palabras y a la foto.

El Movimiento por lo que viene tendrá un debut legislativo bastante más contundente de lo que sugerían los cálculos iniciales. El nuevo bloque arrancará con 17 diputados provinciales, bajo la presidencia de Juan José Szychowski, cuando el objetivo original era reunir al menos ocho bancas que funcionaran como respaldo político de la gestión provincial. El número final duplica aquella expectativa y convierte al espacio en la primera minoría dentro de la nueva configuración de la Legislatura misionera. Además, la nómina incorpora figuras de procedencias políticas diversas, una señal de que el armado pretende trascender las fronteras partidarias tradicionales.

El bloque estará integrado por Juan Alberto Ahumada, Alejandro Fabián Arnhold -ex presidente del bloque renovador-, Aryhatne Nicold Bahr, Roberto Hugo Benítez, Rudi Samuel Bundziak, Sara Carolina Butvilofki, Anazul Centeno, Rita Marina Flores, Waldovino Enio Lemes, María del Carmen Méndez Ason, Blanca Raquel Núñez, José Luis Pastori, Juan Manuel Rodríguez, Roque Soboczinski, Arabela Azul María Soler, Juan José Szychowski y Alicia Beatriz Zalesak. 

El bloque Encuentro Misionero quedará bajo la conducción de Carlos Rovira, con tres legisladores, incluido el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías. 

Pero la onda expansiva generada por la irrupción del Movimiento, amenaza con extenderse. En el Concejo Deliberante de Posadas, el nombre Encuentro Misionero va camino a diluirse. El intendente Leonardo Stelatto tendrá bloque propio en una alternativa intermedia, el ex presidente del Cuerpo, Jair Dib tiene espacio unipersonal y quedan tres concejales que evalúan su futuro. En Oberá el ex bloque renovador migró masivamente. En el Senado, Sonia Rojas Decut armó un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones. En Diputados podrían imitarla.

El debut del nuevo bloque, que será presidido por Juan José Szychowski, será con el análisis del Presupuesto provincial diseñado por Passalacqua. Tomará estado parlamentario el próximo jueves y como dato saliente, a diferencia de las políticas nacionales, blinda la inversión social, a la que se destina el 63 por ciento de los recursos. La preocupación de Passalacqua es compartida por la Iglesia: el viernes, en la misa central en homenaje a San Cayetano, el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez no usó eufemismos: “Queremos subrayar que nos genera mucha preocupación que aquellos que tienen responsabilidades de todo tipo en la sociedad, por ahí no entiendan la importancia que tiene el trabajo para el pueblo, para la gente, para los ciudadanos”, planteó.

“Cuando se piensa en una Argentina mejor por ahí se piensa en una especie de macroeconomía o de proyectos económicos”, señaló. Y cerró: “Proyectos económicos donde cierran los números, pero donde la gente no está. No nos sirve cuando la gente no está”.

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El Senado aprobó la ley de Propiedad Privada, pero quedaron a salvo la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego

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El Senado de la Nación dio media sanción a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el texto que finalmente salió de la Cámara alta quedó sustancialmente recortado respecto del proyecto original del Gobierno. Después de casi doce horas de debate y negociaciones, la iniciativa fue aprobada en general por 37 votos afirmativos y 33 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Para Misiones, sin embargo, el dato político y ambiental más relevante está en aquello que no fue aprobado.

El oficialismo debió eliminar los dos capítulos que habían despertado mayor resistencia en la provincia: la reforma de la Ley de Tierras -que tenía los votos en contra de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

La eliminación del capítulo referido a la extranjerización de tierras ya había sido acordada antes de llegar a la votación. Pero durante la extensa sesión del jueves se produjo una segunda modificación decisiva: ante la falta de votos suficientes, La Libertad Avanza retiró también el capítulo que pretendía modificar el régimen vigente para los inmuebles afectados por incendios.

Así, la Ley de Manejo del Fuego no fue modificada y continúan vigentes las restricciones actuales sobre el cambio de uso de las superficies incendiadas. La normativa mantiene las limitaciones durante 30 años para determinadas superficies agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas, mientras que para bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales las restricciones pueden extenderse durante 60 años.

El objetivo de esas prohibiciones es evitar que un incendio, intencional o accidental, termine habilitando posteriormente negocios inmobiliarios o modificaciones del uso del suelo.

La permanencia de esas restricciones fue uno de los puntos centrales del debate ambiental. La reforma impulsada por el Ejecutivo pretendía modificar ese esquema bajo el argumento de que la legislación vigente podía terminar castigando también al propietario que hubiera sido víctima de un incendio. Sin embargo, durante la sesión fueron creciendo las objeciones por una eventual regresión de las normas de protección ambiental.

Con el correr de las horas quedó en evidencia que el oficialismo no tenía los votos necesarios para sostener ese capítulo. Finalmente, antes de la votación general, el miembro informante Agustín Coto anunció su retiro.

Con los capítulos de Tierras y Manejo del Fuego fuera del texto, los representantes misioneros acompañaron la iniciativa en la votación general.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron afirmativamente junto con el oficialismo, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. La votación general terminó con 37 votos positivos y 33 negativos.

El resultado debe leerse, sin embargo, junto con la negociación previa. Los representantes de Misiones habían anticipado su rechazo a los capítulos que afectaban la Ley de Tierras y la legislación sobre incendios.

En particular, la eliminación de la reforma de Tierras había sido precedida por una fuerte posición política de Misiones contra cualquier flexibilización que pudiera facilitar la extranjerización del territorio provincial.

La discusión tiene una sensibilidad especial para una provincia fronteriza como Misiones, rodeada en más del 90% de sus límites por Brasil y Paraguay y con recursos estratégicos vinculados al agua, la biodiversidad y la Selva Paranaense.

La retirada de ambos capítulos permitió así separar esos debates de las restantes reformas vinculadas a la propiedad privada.

Qué quedó finalmente de la ley

Después de la eliminación completa de los capítulos III y IV, el proyecto quedó concentrado fundamentalmente en tres grandes áreas: expropiaciones, desalojos y modernización de los registros inmobiliarios.

En materia de expropiaciones, la reforma establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública. La declaración deberá identificar de manera específica el objetivo perseguido y la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.

También introduce cambios en el régimen indemnizatorio. La compensación deberá considerar el valor objetivo del inmueble, tomando el valor de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños directos derivados de la expropiación.

El lucro cesante podrá incorporarse cuando sea consecuencia directa de la expropiación y esté respaldado por pruebas objetivas. El proyecto establece como regla un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario pueda demostrar fehacientemente una afectación superior.

Otro de los ejes centrales son los desalojos. Para los alquileres destinados a vivienda, antes de iniciar una demanda por falta de pago el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y concederle un plazo no inferior a diez días corridos para cancelar la deuda.

Vencido ese período, y ante la falta de restitución del inmueble, podrá iniciarse una acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación procesal correspondiente.

La iniciativa también contempla modificaciones destinadas a modernizar y digitalizar los procedimientos de los registros de la propiedad inmueble.

Un proyecto mucho más reducido que el original

La media sanción llegó después de un recorrido legislativo particularmente complejo. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional atravesó numerosos cambios desde que obtuvo dictamen. Durante las negociaciones parlamentarias circularon múltiples versiones y el oficialismo fue modificando el articulado para intentar reunir los votos necesarios.

La primera gran concesión fue la eliminación del capítulo III, que modificaba la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La segunda ocurrió prácticamente sobre el cierre de la sesión.

El capítulo sobre Manejo del Fuego comenzó el debate todavía dentro del proyecto, pero fue perdiendo respaldo a medida que avanzaban las intervenciones. Senadores de distintas bancadas advirtieron sobre el impacto ambiental que podría generar la modificación. La resistencia terminó haciendo inviable su aprobación.

El resultado fue una ley sensiblemente distinta de aquella que había llegado originalmente al Congreso: desaparecieron dos capítulos completos y diez artículos respecto del texto previo a la sesión.

En la votación particular, el capítulo sobre expropiaciones fue aprobado por 37 votos contra 33. El capítulo referido a desalojos obtuvo 36 votos positivos, 33 negativos y una abstención. Los capítulos restantes también consiguieron las mayorías necesarias.

La protección contra el cambio de uso después de los incendios sigue vigente

Para Misiones, probablemente ésta sea una de las consecuencias más importantes de la negociación parlamentaria.

La eliminación del capítulo ambiental implica que no se alteran las restricciones actualmente establecidas para los terrenos afectados por incendios.

El régimen vigente fue diseñado precisamente para quitar incentivos económicos a la utilización del fuego como mecanismo previo a una transformación productiva o inmobiliaria del territorio.

El proyecto del Gobierno buscaba revisar esas limitaciones argumentando que la prohibición podía afectar durante décadas a propietarios que no hubieran provocado el incendio.

Sus críticos advertían, en cambio, que flexibilizar las restricciones podía volver a generar un incentivo económico para incendiar tierras y modificar posteriormente su destino.

Ese debate quedó, por ahora, cerrado. Ahora la discusión continuará en Diputados, donde deberá tratarse el texto aprobado por el Senado.

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Cayó la reforma a la ley de Tierras, pero la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada elimina protección ambiental clave

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El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió este miércoles una modificación de alto impacto político: el oficialismo retiró el capítulo que reformaba la Ley de Tierras, uno de los puntos que había generado un fuerte rechazo de provincias como Misiones. Sin embargo, el texto conserva otro apartado con importantes consecuencias ambientales, al modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

Mientras el debate público estuvo concentrado en la eliminación del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras, el proyecto mantiene intacto el capítulo IV, que introduce cambios sustanciales en la Ley 26.815 y elimina una de las principales restricciones incorporadas tras los incendios masivos registrados en distintas regiones del país.

La modificación más significativa consiste en la derogación del artículo 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego, incorporado en 2020 mediante la Ley 27.604.

Esa norma establecía que, durante un plazo de 30 años, las superficies incendiadas correspondientes a zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales o áreas periurbanas —tanto si el incendio era intencional como accidental— no podían destinarse a emprendimientos inmobiliarios, cambios de uso del suelo distintos del existente antes del incendio ni a actividades agropecuarias intensivas.

La finalidad de esa prohibición era clara: eliminar cualquier incentivo económico para provocar incendios con el objetivo de urbanizar terrenos, expandir la frontera agropecuaria o modificar el aprovechamiento de esas superficies.

Qué cambia el proyecto

El texto oficial elimina completamente esa protección para las áreas no boscosas.

En su reemplazo, el nuevo artículo 22 bis concentra las restricciones exclusivamente sobre los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y sobre los bosques no productivos protegidos por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal.

La nueva redacción mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo únicamente en esas superficies forestales, respetando las categorías de conservación definidas por cada provincia en sus ordenamientos territoriales.

La derogación del artículo 22 quáter implica que, una vez extinguido un incendio, esas superficies ya no estarán sujetas al bloqueo de 30 años para modificar su destino.

Diversas organizaciones ambientalistas habían respaldado esa restricción desde su incorporación en 2020, al considerar que funcionaba como un mecanismo de prevención indirecta frente a incendios provocados para obtener beneficios económicos posteriores.

En cambio, el Gobierno sostiene que la normativa vigente generaba restricciones excesivas sobre el derecho de propiedad y que la protección debe concentrarse en los bosques nativos, reforzando simultáneamente los mecanismos de prevención, investigación y restauración ambiental.

Misiones mantiene otra preocupación ambiental

Para Misiones, donde la conservación del patrimonio natural constituye una política de Estado y donde más de la mitad del Bosque Atlántico argentino se encuentra dentro de su territorio, la continuidad de este capítulo también genera interrogantes.

Si bien la provincia logró evitar que prosperara la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto mantiene modificaciones que reducen el alcance de una herramienta creada para desalentar incendios con fines especulativos en ecosistemas no forestales.

De este modo, el debate parlamentario sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deja de centrarse exclusivamente en la propiedad de la tierra y abre otra discusión: hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente a incendios que, además del daño ecológico, pueden convertirse en una vía para transformar el uso del territorio.

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El Gobierno avanza con la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que desregula el uso de la tierra

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El Gobierno nacional dio un paso político clave al enviar al Senado el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una de las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. La iniciativa, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, modificar el régimen de expropiaciones y desarmar aspectos centrales de la ley de Manejo del Fuego, se instala como la primera pieza legislativa del paquete reformista. El dato no es menor: el oficialismo elige nuevamente la Cámara alta, donde ya demostró capacidad de construir mayorías, para iniciar un debate que toca intereses sensibles.

La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida el rumbo desregulador o si abre un nuevo foco de tensión política y territorial.

El corazón del proyecto: propiedad, tierras y desregulación

La iniciativa se estructura sobre varios ejes que buscan redefinir el alcance del derecho de propiedad en Argentina. En primer lugar, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, basado en la acreditación del título, con control judicial en todas las etapas pero con plazos más acotados. La señal es clara: acelerar desalojos y reducir tiempos procesales.

En paralelo, el proyecto elimina las limitaciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidas en 2011. El nuevo enfoque propone concentrar controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, desplazando el esquema general de restricciones vigente hasta ahora. En términos prácticos, se busca habilitar mayor flujo de inversión internacional en el sector agropecuario.

Otro punto central es la modificación de la ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los artículos que impedían vender tierras afectadas por incendios durante 60 años en áreas protegidas y que prohibían cambiar el uso de suelos agrícolas por 30 años. El Gobierno argumenta que esos plazos resultan “irrazonables” y que, en la práctica, no lograron los objetivos de restauración ambiental.

El proyecto también incluye una revisión del régimen de regularización dominial y ajustes en el sistema expropiatorio, reforzando garantías constitucionales pero con una lógica orientada a agilizar procesos.

Senado como base de poder y señal al mercado

La elección del Senado como cámara de origen no es casual. El oficialismo ya logró allí mayorías cercanas a los 40 votos en iniciativas clave, lo que le permitió avanzar con leyes como Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, reforma laboral y la ley de Glaciares, además de la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

En ese contexto, el envío de este proyecto refuerza una estrategia política: consolidar en la Cámara alta un núcleo de gobernabilidad legislativa para reformas estructurales. Al mismo tiempo, la iniciativa funciona como señal hacia sectores productivos, especialmente el agro, al plantear una apertura en materia de inversión y un esquema más flexible sobre el uso de la tierra.

Sin embargo, el impacto no es lineal. La eliminación de restricciones en tierras y la modificación del régimen de fuego pueden activar resistencias políticas y territoriales, en particular por el alcance que tienen sobre recursos naturales y regulaciones ambientales.

Una agenda que avanza, pero abre interrogantes

La “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” aparece como un movimiento coherente con la hoja de ruta del Gobierno: menos regulación, mayor apertura y simplificación normativa. Pero también instala un nuevo eje de discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá sostener su capacidad de negociación.

Queda por ver si el proyecto logra avanzar sin modificaciones o si el proceso legislativo introduce límites que reconfiguren su alcance. También será clave observar cómo impacta en la dinámica política con provincias y sectores productivos, especialmente en temas sensibles como el uso del suelo y la inversión extranjera.

En las próximas semanas, el debate en el Senado marcará si esta iniciativa se convierte en un punto de inflexión dentro del paquete de reformas o si funciona como un primer test para medir hasta dónde puede llegar la agenda de desregulación.

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Incendios forestales: promulgaron la ley de Manejo del Fuego

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La norma protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Manejo del Fuego que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La norma fue promulgada a través del Decreto 1038/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié.

La Ley 27.604 fue sancionada el 4 de diciembre pasado y modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, vinculado al manejo del fuego.

De esta forma, se especifica que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción” determinadas acciones.

Entre esas acciones que se prohíben se encuentran: “Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, así como “la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco se podrá proceder a “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales”; ni realizar “cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Además se incorpora -entre otras modificaciones- el artículo 22 quáter a la ley 26.815, de Manejo del Fuego que establece que “la prohibición establecida en el artículo 22 bis, será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

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