jue. Feb 19th, 2026

LEY DE SEMILLAS

Julián Domínguez planteó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas”

By Cristian Milciades 4 años ago
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Julián Domínguez planteó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas” y convocó a “profundizar el desarrollo de la biotecnología” ante el cambio climático

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó que “Argentina necesita una nueva ley de semillas que nos ponga al ritmo de los países de la región”, durante su exposición en el Encuentro Anual del Comité de los Bajos Submeridionales que se realizó en la ciudad de Santiago del Estero, que también contó con la participación del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Omar Perotti; de Chaco, Jorge Capitanich; y del ministro del interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Durante el encuentro que se desarrolló en el Centro de Convenciones provincial FORUM, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que “el eje central de la política de la Argentina durante los próximos 10 años tiene que ir por el desarrollo del conocimiento y la biotecnología aplicada a la producción”.

“Esa es nuestra convicción y la senda de trabajo que impulsamos desde la cartera que me encomendó el Presidente Alberto Fernández. Frente a las consecuencias del cambio climático sobre nuestros sistemas productivos , estamos abordando una estrategia nacional que tiene una fuerte impronta en investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías, mientras en simultáneo se avanza con la ejecución de las obras de infraestructura necesarias”, continuó.

Los bajos submeridionales constituyen un sistema hidrológico de más de 54 mil kilómetros cuadrados entre las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, que tiene un importante potencial para generar valor a partir del crecimiento productivo de cada una de las microrregiones que componen el área. También es un área que se caracteriza por la alternancia de inundaciones y sequías en breves lapsos de tiempo, que ocasionan graves consecuencias sociales, productivas y ambientales.

En la reunión, Julián Domínguez se refirió al trabajo coordinado con los gobiernos de Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco en conjunto con los productores y la labor de los equipos técnicos del Ministerio y del INTA para realizar diagnósticos productivos de cada microrregión de los Bajos Submeridionales que permitan diseñar un proyecto de desarrollo que potencie su productividad.

“Vemos una extraordinaria oportunidad en la región, por la fuerte institucionalidad agropecuaria en las tres provincias; por las facultades de agronomía y veterinaria y colegios secundarios agropecuarios, con enorme vocación, pero también necesitamos un nuevo instrumento normativo que permita mejorar los rendimientos y la productividad”, expresó el respecto el titular de la cartera agropecuaria.

Participaron también del encuentro el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el Subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ariel Martínez; el Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Martin Pollera; y equipos técnicos del Ministerio de Obras Publicas que encabeza Gabriel Katopodis.

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La Facultad de Agronomía de La Plata fundamentó su oposición al proyecto de la Ley de Semillas

By Redacción Economis 7 años ago
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Fue en el marco de la Sesión Ordinaria Nº 57 del Consejo Directivo, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sentó una postura crítica respecto a la Ley de Semillas que es tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. El texto asegura que el proyecto impulsado por el oficialismo responde a los intereses de las empresas biotecnológicas transnacionales. De este modo, se convirtió en la primera facultad de agronomía en rechazar la iniciativa.
La Facultad de Ciencias Agrarias elaboró un documento que fue consensuado luego de escuchar a un panel de expertos. El texto final advierte que el proyecto impulsado por Cambiemos contradice normas vigentes, incluso algunas consagradas en tratados internacionales, y sume al Estado a cumplir “el rol de garante de los intereses de las empresas para el cobro de las regalías o canon tecnológico”.
En un comunicado, el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Agrarias asegura que no se debe hacer una “lectura ingenua” de la Ley de Semillas y señala que debe ser “contextualizada en los actuales ejes centrales estratégicos de las empresas transnacionales, que en términos generales basan sus acciones en la petición prioritaria de patentes de invenciones biotecnológicas incorporadas en variedades vegetales transgénicas, y las prácticas contractuales impuestas a los agricultores a partir de su posición dominante en el mercado de semillas y biotecnología vegetal”.
“La controversia sobre la ley de semillas es parte de la política de profundización de los derechos de propiedad intelectual promovida en las últimas décadas a nivel internacional por las grandes potencias, que además incluyen el tema como parte ineludible de los acuerdos comerciales, lo que se explica por ser el instrumento de apropiación económica del conocimiento que a la vez permite absorber las rentas de las innovaciones tecnológicas y controlar cadenas productivas enteras”, expresa.
Y subraya: “En el ámbito vegetal y de los recursos genéticos, esto es particularmente trascendente, por la dependencia de todo el proceso productivo de los materiales de reproducción”.
“Pero en esta materia no existe un único régimen de propiedad intelectual. El sistema típico de protección de obtención de variedades vegetales es el llamado técnicamente “Derecho del obtentor vegetal” (DOV), y este es el consagrado en la Ley de Semillas vigente”, alega.
Actualmente hay seis proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación: tres del oficialismo (propuestos por Cornelia Schmidt Liermann; Alejandro Echegaray, Alcira Terada y Orieta Vera Gonzalez); uno del diputado santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), otro elaborado por Ruiz Aragón y otros (PJ-FPV) y un proyecto de la Federación Agraria Argentina (FAA).
“El proyecto que acompaña el oficialismo, que tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, reúne una serie de aspectos que nos preocupan”, señala el documento aprobado por el Consejo Directivo y enumera:
– Nuevo artículo N° 27 que proyecta limitar el uso de semilla propia y sólo como excepción a los agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios.
– El mayor alcance del derecho reconocido al obtentor de variedades que se refleja fundamentalmente afectando el derecho de uso propio del agricultor, esto es, de la utilización como semillas ó material de reproducción, de parte del producto cosechado por la siembra de la variedad vegetal protegida. Así, los obtentores, generalmente compañías semilleras, quieren eliminar o restringir éste derecho de uso propio, y alternativamente gravar cada resiembra con el pago de “regalías” a su favor.
– Al hablar de “excepción del agricultor” para aludir a la posibilidad del agricultor de utilizar sus propias semillas en sucesivas siembras, queda clara la intencionalidad de la propuesta, pues en nuestro sistema vigente, el uso de la semilla por el agricultor es un acto libre porque el obtentor no tiene la exclusividad sobre la utilización para nuevas siembras del material de reproducción.
– El artículo 15 bis nos presenta al Instituto Nacional de Semillas (INASE) que asume el rol de garante de los intereses de las empresas para el cobro de las regalías o canon tecnológico. En éste sentido el Instituto podrá acceder a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, y disponer de las tomas de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar el origen de la semilla. También le da la potestad al INASE de “fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual”
– Permite que se reconozca como “CREACION FITOGENETICA u OBTENCIÓN VEGETAL” al material vegetal obtenido por descubrimiento; lo que convalida la privatización de semillas criollas y nativas. Las semillas criollas no pueden ser descubiertas porque todas se han ido desarrollando a través de las prácticas de agricultores y agricultoras a lo largo de la historia de selección y adaptación humana.
– El Estado financia con nuestros impuestos los intereses de las grandes empresas. El artículo 10 inc. K, establece que se incorpora como parte de las “Deducciones Especiales de Tercera Categoría” de la Ley de Impuestos a las Ganancias la posibilidad de los productores a descontar una vez y media los importes abonados en conceptos de adquisición de semillas fiscalizadas. Esto implica que el pago de las regalías a las semillas fiscalizadas será financiado por el Estado Argentino, subsidiando indirectamente a las multinacionales del agro.
– ¿A qué marco normativo debemos adherir como país? Una nueva Ley de Semillas debe respetar la Ley de Patentes respecto a la no patentabilidad de genes así como los convenios ADPIC y UPOV 78. En cambio sí se adhiere a UPOV del año 1991,se establece que el titular de una variedad tiene derechos exclusivos de realizar cualquier acto con el material de reproducción de la variedad y, por lo tanto, todos quedan sujetos a la autorización del dueño sobre cómo usar la semilla.

El documento concluye con una serie de aportes que indican que la modificación de la Ley de Semillas necesariamente debería contener disposiciones relativas a derechos, limitaciones y “cláusulas antimonopólicas” porque “actualmente se están dando contratos abusivos con las multinacionales del agro que están afectando a numerosos agricultores”.
Además, pide mantener el “Uso Propio de todos los productores” (seguir adhiriendo a UPOV 78’ – Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales); no establecer un régimen de excepciones al pago de regalías extendidas que lesiona la libertad de los agricultores a seguir sembrando su propia semilla; establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla; determinar un marco específico integral que incorpore definiciones de semillas nativas y criollas; y declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas”.
Por último, aconseja “mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CoNaSe) y del Consejo Federal de Semillas; adaptar la Ley al nuevo marco normativo internacional con la ratificación de Argentina del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya accesorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica; establecer mecanismos de audiencias públicas que permitan ampliar la base de discusión entre los agentes del sistema agroalimentario y la población civil; y “buscar mecanismos que impidan el poder de la concentración de unos pocos”.
Fuente UNLP – InfoBlancoSobreNegro

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El proyecto del Gobierno para modificar la ley de semillas

By Redacción Economis 7 años ago
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Un semillero de negocios. Opinión de Gustavo Schrauf
Página12 –  En estos días vuelve a rondar por los pasillos del Congreso el rumor de que el Gobierno buscará modificar la actual Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Creo necesario, en función de la importancia de la semilla y el agro para el desarrollo de nuestro país, poner en discusión algunos de los argumentos que utiliza cierto sector empresarial del campo junto con el Gobierno para presionar y aprobar finalmente esta ley.
La semilla no es un insumo más en la agricultura, sino que es la llave más importante que determina el modo en que se producen los alimentos y, finalmente, qué es lo que come la sociedad en su conjunto. De la genética de la semilla depende el cuándo y el cómo se siembra, se maneja el cultivo, y se cosecha. Esto lo aprendieron rápidamente las empresas de la industria agroquímica que adquirieron casi todas las semilleras del mundo durante los últimos 20 años.
Por ejemplo: para el 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51, y Syngenta a 20. De ese modo se aseguran unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas venden al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables. Pero la concentración continuó y en el 2018 Bayer adquirió a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera. Esto hizo que actualmente sólo tres empresas en el mundo concentren el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos.
En este contexto se discuten en Argentina, bajo la intensa presión de estas empresas, las modificaciones a la Ley de Semillas. Se plantea que la Ley actual es vieja y que las modificaciones deberían promover las “inversiones” de las empresas semilleras en nuevos desarrollos para los agricultores argentinos. El eje de las modificaciones pasa por quitar a los productores el derecho de uso propio, es decir el productor deberá pagar por volver a utilizar una semilla que compró.
Mientras tanto, durante el debate de la Ley en la Comisión de Agricultura de Diputados se argumentó (por ejemplo) que en el Chaco sólo se siembra una variedad de algodón cuando años atrás se sembraban 30 cultivares diferentes; la explicación que se dio es que la actual Ley “desalienta la inversión”. Sin embargo, olvidaron plantear que –debido a la hiperconcentración del mercado– quien es dueño del cultivar (Bayer-Monsanto) no requiere de nuevos materiales ya que con uno solo monopoliza la producción. Es casi ingenuo creer que los productores argentinos y más aún los pequeños productores tendrán mayor acceso a las nuevas tecnologías si se cambia la Ley de Semillas.
Si nos planteamos como objetivo lograr un desarrollo productivo económico, social y ambientalmente sustentable, tenemos que tener como país la capacidad de decidir. La simbólica degradación del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva a Secretaría muestra que la orientación es depositar el desarrollo tecnológico en las empresas transnacionales, y no en un desarrollo nacional. La soberanía tecnológica es, entre otras cosas, poder tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Si este proyecto de ley se aprueba, esas decisiones relevantes no serán tomadas por los intereses del pueblo Argentino, sino por las ecuaciones económicas de estos tres grandes grupos empresarios.
Para que los productores argentinos tengan acceso a nuevas tecnologías se debe fortalecer el sistema científico tecnológico argentino. Aún en Estados Unidos, los conocimientos y las tecnologías agrícolas más relevantes fueron generadas por las universidades y los organismos públicos de investigación, y no por las empresas semilleras. Dar la libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, constituye un desafío para que los mejoradores generen cultivares que presenten cada vez nuevas ventajas productivas.
Se plantea que la Ley de Semillas es vieja y no contempla las nuevas tecnologías, sin embargo, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se hace mención alguna a las nuevas tecnologías genéticas. Tampoco se piensa en qué mejoramiento realizar y cuáles son los objetivos que como país productor de alimentos debemos tener.
Resulta imprescindible plantearse qué tipo de alimentos queremos generar, pensar no sólo en cantidad sino en calidad y en una producción saludable. Como se dijo al inicio de la nota, la semilla y su genética condiciona el cómo se produce y qué alimento se genera, esa es la discusión de fondo y el verdadero interés de las empresas transnacionales con el proyecto que se quiere sancionar. Debatir la Ley de Semillas nos debe dar la oportunidad para decidir de qué modo queremos producir, no puede ser un medio para que el país pierda más soberanía.
Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética, director del Criadero Cultivos del Sur, Facultad de Agronomía (UBA).

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Etchevehere: “La fuerza del trabajo en conjunto encuentra soluciones y es momento de contar con una ley de semillas”

By Redacción Economis 8 años ago
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El Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, resaltó ayer la necesidad de tener una legislación actualizada que regule la propiedad intelectual de las semillas. Lo hizo en el Congreso de Aapresid y tras el pedido de la industria. Destacó que servirá para fomentar el desarrollo, y se sumó así a la presión de empresarios. Según Etchevehere, el proyecto oficial ya está en el seno de la Cámara de Diputados, y los legisladores de Cambiemos están buscando los consensos con sus pares de otros partidos para poder avanzar en la aprobación.
Durante el congreso de Aapresid, el Ministro de Agroindustria de la Nación propuso “consolidar a la agroindustria para promover la generación de empleos en cada rincón de la Argentina”.
El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó hoy que “es momento de tener una ley de semillas, porque necesitamos el marco institucional para fomentar el potencial que tenemos”, al participar de la apertura del XXVI Congreso Sustentología de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) realizado en Córdoba, junto al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, y al intendente de esa ciudad, Ramón Mestre.

El Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, resaltó ayer la necesidad de tener una legislación actualizada que regule la propiedad intelectual de las semillas.
Lo hizo durante su exposición en el 26° Congreso Sustentología de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que se desarrolla en Córdoba, y luego de una “presión” del sector privado que ayer mismo había conformado un grupo para influir en la temática y acelerar el tratamiento de la nueva ley. También, lo había mencionado el propio Presidente de Aapresid, Alejandro Petek, que en la apertura del congreso resaltó que la propuesta “sigue avanzando pero a paso lento”.
El ministro, ex Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recogió el guante y apuntó: “la fu erza del trabajo en conjunto encuentra soluciones y es momento de contar con una ley de semillas. Es necesario que se pague por la biotecnología y que todas las innovaciones puedan estar de inmediato al alcance de los productores”. En ese sentido, propuso consolidar a la agroindustria para promover la generación de empleos y destacó que “es momento de tener una ley de semillas, porque necesitamos el marco institucional para fomentar el potencial que tenemos”.
El funcionario estuvo junto al Gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, y al intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre.
Ayer mismo, unos 25 referentes del agro, entre los que se encuentran empresarios, economistas, especialistas en biotecnología, hasta líderes sociales, conformaron el Grupo Escaleno para defender la propiedad intelectual aplicada a las prácticas agrícolas. “Mucho de los avances ya logrados en productividad se han sustentado en el conoci miento incorporado a las semillas u órganos de multiplicación asexual a partir del trabajo de organizaciones públicas y privadas.
“Estos logros tienen un costo de desarrollo que debe ser cubierto por los distintos beneficiados”, reclamó en un documento.
En el mismo, criticaron que “lamentablemente el sistema productivo nacional a diferencia de la mayor parte de los grandes productores de granos internacionales no tiene vocación de defender la propiedad privada en la forma del conocimiento incorporado por los obtentores de cambios genéticos favorables en las semillas”.
Más allá del planteo, Petek optó por una mirada optimista: “tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y los de la ciencia en comprender los sistemas; si no, los ambientes van virando hacia formas menos productivas y más frágiles”, subrayó. Según Etchevehere el proyecto oficial ya está en el seno de la Cámara de Diputados, e l cual “fue producto del diálogo con todos los involucrados, en el que todas las partes cedieron algo”. Y que se busca los consensos entre los pares de los distintos partidos para avanzar en la votación. Al respecto contó que, por ejemplo, los investigadores del INTA “han generado en su historia más de 1000 variedades de semillas y, por muchas, está cobrando regalías en otros países, pero aquí no”.
También participaron de la jornada el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, en el panel “Políticas públicas para suelos sanos”; los subsecretarios de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, en el panel de “Políticas públicas para potenciar el trigo argentino en el mundo”, y el de Coordinación Política, Hugo Rossi en el panel “Riesgo climático: hacia una red integral de contención”. También estuvieron la directora de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, que disertó junto al presidente del Senasa, Ricardo Negri, sobre Promoción de la alimentación saludable; el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso y el presidente de Aapresid, Alejandro Petek.
El Congreso de Aapresid en números
Durante los tres días serán 25 plenarias, 150 talleres, más de 300 disertantes, un ecosistema AgTech en acción con su 1er Congreso en el país, un hall comercial, un parque de maquinarias y más de 6.000 asistentes.
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Los multiplicadores presentaron en el Congreso un proyecto de Ley de Semillas

By Redacción Economis 8 años ago
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La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) presentó en el Congreso un proyecto de ley para proteger a este eslabón de la cadena, no abarcado por las leyes actuales.
“Siempre se tuvo como premisa trabajar por una ley que respete los intereses de toda la cadena de simientes, en forma armónica y ordenada, para un funcionamiento virtuoso de la misma. Nuestro proyecto de ley, contempla la inclusión de un eslabón ineludible y estratégico en la cadena de semillas como es el semillero multiplicador, actor no descripto en la actual legislación”, explicó la Cámara a través de un comunicado
La iniciativa fue elaborada por un grupo de técnicos y especialistas de la comisión interna de CASEM y presentado por el diputado nacional por Santa Fé Luis Contigiani. Entre los puntos centrales, se destacan:
– Los multiplicadores deben tener libre acceso a todo cultivar inscripto, siguiendo las condiciones comerciales que establezca el criadero.
– El obtentor deberá permitir a los multiplicadores “tener la novedad” sobre las nuevas variedades que se ofrecerán al mercado, antes que los usuarios.
– Debe considerarse a la ley como de “orden público”, estableciéndose en forma expresa, la irrenunciabilidad de los derechos allí previstos, como forma de evitar la existencia en paralelo, de acuerdos privados que desconozcan los alcances y efectos de la ley.
– El Instituto Nacional de Semillas
(INASE) debe ser el único organismo autorizado para fiscalizar y regular el mercado de semillas, pudiendo establecer convenios de colaboración para las tareas de fiscalización o control, con Colegios Profesionales de Ingenieros Agrónomos. Además, el Inase debe ser el único organismo en llevar adelante la política nacional en semilla y único organismo con poder de policía.
– La creación de dos registros: a) de eventos biotecnológicos y de empresas generadoras de eventos biotecnológicos, aplicados a los vegetales; y b) de empresas ligadas a la producción a través del sistema de propagación agámica.
Además, la cámara señaló puntualizó que “la Bolsa de Semilla debe ser el único medio de retribución económica. Las Regalías deben comenzar y terminar en la semilla. El pago de la Regalía al Obtentor debe contemplar un criterio de integralidad, es decir que incluya el pago del germoplasma y el aporte de biotecnología que contenga la variedad, previo a su comercialización”.
Y ratificó que “el Sistema del Derecho del Obtentor Vegetal y UPOV 78, como el más adecuado para la protección de las innovaciones vegetales y como el único sistema de propiedad intelectual a la Ley de Variedades”.

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