licitación pública

Bernardo de Irigoyen invertirá $240 millones en sus escenarios deportivos y cancha de hockey de césped sintético

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Bernardo de Irigoyen prepara una inversión de $240 millones para renovar dos de sus principales espacios deportivos municipales, con una apuesta que alcanza tanto al hockey como al principal campo de deportes de la localidad fronteriza.

A través de la Resolución Nº 66, firmada el 19 de agosto, el municipio puso en marcha los procedimientos administrativos para dos licitaciones públicas destinadas a la provisión, traslado y colocación de césped.

La inversión más importante será para la Cancha Municipal de Hockey, donde se proyecta colocar césped sintético con un presupuesto oficial de $140 millones.

La segunda intervención tendrá como destino el Campo Principal Municipal de Deportes, que recibirá césped natural mediante otra contratación presupuestada en $100 millones.

En conjunto, las dos licitaciones representan una inversión oficial prevista de $240 millones para infraestructura deportiva.

La Licitación Pública Nº 01/2026 fue autorizada originalmente mediante la Ordenanza Nº 12/2026 y tiene como objeto la provisión, traslado y colocación del nuevo césped sintético destinado a la cancha municipal de hockey.

El presupuesto oficial fue fijado en $140 millones.

La obra apunta a mejorar las condiciones de una disciplina para la cual la superficie de juego representa un componente determinante de la infraestructura. El salto desde una cancha convencional hacia una superficie sintética permite contar con un escenario específicamente preparado para la práctica del hockey.

La Resolución Nº 66 aprueba formalmente el edicto de convocatoria y el modelo que deberá utilizarse para el acto de apertura de las propuestas.

En paralelo, la Municipalidad avanzará con la Licitación Pública Nº 02/2026, autorizada por la Ordenanza Nº 13/2026.

En este caso se destinarán $100 millones a la provisión, traslado y colocación de césped natural en el Campo Principal Municipal de Deportes de Bernardo de Irigoyen.

La intervención apunta a mejorar otro de los escenarios centrales para la actividad deportiva de la ciudad.

El municipio fundamentó ambas contrataciones en el interés comunitario de mejorar la infraestructura pública y disponer de espacios adecuados para la práctica deportiva.

Para la intervención de $100 millones en el Campo Principal Municipal de Deportes, la Municipalidad estableció que los pliegos podrán consultarse y obtenerse sin costo a partir del 25 de agosto.

Las empresas interesadas tendrán plazo para presentar sus propuestas hasta el 14 de septiembre de 2026 a las 11, mediante sobre cerrado en la Mesa de Entradas General del municipio.

Media hora después, a las 11.30, se realizará el acto público de apertura de sobres en el Honorable Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen.

La convocatoria establece que no serán admitidas propuestas ingresadas después del horario límite.

Qué deberán acreditar las empresas

La resolución también fija un conjunto de exigencias para quienes pretendan participar de cualquiera de las dos contrataciones.

Entre otras condiciones, los oferentes deberán acreditar CUIT, inscripción ante ARCA y la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), certificado para contratar, domicilio legal y real y la correspondiente garantía de mantenimiento de la oferta.

También deberán presentar la propuesta económica y precisar los plazos previstos para el inicio, ejecución, provisión o instalación de los trabajos.

Uno de los requisitos establecidos por el municipio es que las empresas estén inscriptas o tengan avanzado el trámite de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores del Estado de Misiones, conforme a la Ley VII – Nº 11.

Una vez abiertas las ofertas, toda la documentación será analizada por una Comisión de Preadjudicación, que deberá evaluar los componentes técnicos, legales, económicos y financieros antes de emitir su dictamen.

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Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

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La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

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Privatización de Corredores Viales: precalifican ofertas y definen quién administrará ocho corredores estratégicos

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El Ministerio de Economía dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. al aprobar la primera etapa de la licitación nacional e internacional que permitirá concesionar ocho de los principales corredores viales del país. La medida habilita el avance hacia la apertura de las ofertas económicas y acerca al Gobierno a uno de los procesos de infraestructura más relevantes impulsados desde la sanción de la Ley Bases.

La Resolución 1024/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, valida el trabajo realizado por la comisión evaluadora, precalifica a las empresas que cumplieron los requisitos técnicos y financieros y deja fuera de competencia a dos ofertas por incumplimientos en la documentación económica exigida en los pliegos.

La licitación forma parte del proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., empresa que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742. El objetivo oficial es reemplazar el actual esquema estatal por concesiones privadas bajo el régimen de obra pública por peaje, transfiriendo al sector privado la construcción, mantenimiento, explotación y ampliación de la infraestructura vial.

La denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III” comprende ocho grandes corredores: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Se trata de rutas nacionales estratégicas para el transporte de cargas, las exportaciones agroindustriales y la conectividad entre regiones productivas.

En total participaron 22 grupos empresarios que presentaron 50 ofertas para los distintos corredores, reflejando un elevado nivel de competencia en un negocio considerado clave para el desarrollo de la infraestructura logística del país.

Entre los oferentes precalificados aparecen algunas de las principales constructoras argentinas, como José Cartellone Construcciones Civiles, Benito Roggio e Hijos, Panedile, Supercemento, CPC, José J. Chediack, Lemiro Pablo Pietroboni, Luciano Construcciones, además de diversas uniones transitorias conformadas específicamente para competir en diferentes tramos.

La resolución también confirmó la exclusión de las propuestas presentadas por la UTE integrada por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. Según explicó el Ministerio de Economía, la empresa intentó incorporar documentación económico-financiera nueva durante la etapa de subsanación, algo que la comisión evaluadora consideró incompatible con las reglas del proceso licitatorio.

El Gobierno rechazó además la impugnación presentada por esa unión empresaria y dispuso la pérdida de la garantía constituida para cuestionar el dictamen de precalificación, al considerar que aceptar la nueva documentación hubiera vulnerado el principio de igualdad entre todos los participantes.

Con la etapa técnica concluida, el cronograma continúa este martes 22 de julio con la apertura de los sobres económicos a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. Allí comenzará la definición sobre qué empresas quedarán finalmente a cargo de cada uno de los corredores concesionados.

El proceso constituye uno de los pilares de la reorganización del sistema vial nacional impulsada por el Gobierno. La administración nacional sostiene que el nuevo esquema permitirá atraer inversiones privadas para mejorar el estado de las rutas, incorporar tecnología, optimizar el mantenimiento y reducir la participación del Estado en la gestión operativa.

Sin embargo, el avance del proceso también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el nuevo modelo en el costo de los peajes, la continuidad de las obras y el equilibrio entre rentabilidad privada y prestación de un servicio público esencial para millones de usuarios y para el transporte de la producción argentina.

Para provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, la licitación reviste especial importancia debido a que los corredores Litoral, Mesopotámico y Noreste concentran buena parte del movimiento de cargas vinculado con las economías regionales, el comercio exterior y la actividad turística. La calidad de esas rutas incide directamente sobre los costos logísticos, la competitividad de las exportaciones y la seguridad vial.

La resolución aprobada por Economía representa, así, un paso decisivo hacia la adjudicación definitiva de las concesiones, en un proceso que redefinirá durante los próximos años quién administra una parte sustancial de la red vial nacional y bajo qué condiciones se financiarán las inversiones en infraestructura.

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Avanza la licitación para la concesión del Puerto de Posadas

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La concesión del Puerto de Posadas dio un nuevo paso este martes con la apertura del sobre N°1 correspondiente a la licitación pública para la explotación de la terminal portuaria. El acto se realizó en el Ministerio de Hacienda de Misiones, con la participación de la Comisión Evaluadora y de los oferentes, dando continuidad al proceso que definirá quién estará a cargo de la administración, operación e inversión en una de las principales infraestructuras logísticas de la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, tras la apertura de la documentación administrativa comienza ahora la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, un procedimiento previsto en el cronograma licitatorio antes de avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas y la eventual adjudicación.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para consolidar al Puerto de Posadas como un nodo logístico de referencia en el corredor fluvial Paraná-Paraguay, buscando ampliar la capacidad de movimiento de cargas y reducir los costos de transporte para las economías regionales.

Una concesión de largo plazo

El pliego prevé una concesión por 15 años, con posibilidad de renovación. Durante ese período, el concesionario deberá asumir las inversiones necesarias para el desarrollo de la infraestructura, además de la operación, mantenimiento y administración integral de la terminal.

El esquema apunta a incorporar capital privado para acelerar el crecimiento del puerto sin que el Estado deba afrontar directamente las inversiones requeridas para ampliar su capacidad operativa.

Entre los objetivos centrales de la concesión figuran:

  • Incrementar la capacidad operativa del puerto.
  • Reducir los costos logísticos para el sector productivo.
  • Mejorar la eficiencia en las operaciones de carga y descarga.
  • Fortalecer las exportaciones de las empresas misioneras.
  • Consolidar la integración regional mediante el corredor fluvial Paraná-Paraguay.

Competitividad para las economías regionales

Desde el Gobierno provincial sostienen que la modernización del Puerto de Posadas constituye una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de la producción misionera, especialmente en actividades con fuerte perfil exportador como la industria forestal, la yerba mate, el té, el tabaco y otros complejos agroindustriales.

El transporte fluvial permite movilizar grandes volúmenes de carga con menores costos respecto del transporte exclusivamente terrestre, una ventaja que cobra mayor relevancia para una provincia ubicada a más de mil kilómetros de los principales puertos marítimos del país.

La expectativa oficial es que una operación más eficiente contribuya a disminuir costos logísticos, ampliar mercados y generar mejores condiciones para las empresas exportadoras.

Una apuesta a la integración regional

Además del impacto económico directo, la Provincia considera que la concesión fortalecerá la inserción de Misiones dentro del corredor Paraná-Paraguay, una de las principales vías de transporte de cargas de Sudamérica.

La posibilidad de contar con un operador especializado, con capacidad de inversión y planificación de largo plazo, busca convertir al Puerto de Posadas en una plataforma logística más competitiva para el comercio nacional e internacional.

Con la apertura del primer sobre ya concretada, el proceso licitatorio ingresa ahora en su etapa de análisis técnico y administrativo, tras la cual se definirán los oferentes habilitados para avanzar en las siguientes instancias de la licitación.

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Intercargo: el Gobierno extiende plazos y ajusta el proceso de privatización

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El Ministerio de Economía introdujo nuevas modificaciones al proceso de privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión posterga la presentación de ofertas hasta el 25 de junio y ajusta aspectos procedimentales de la licitación nacional e internacional con la que el Estado busca vender el 100% de su participación accionaria.

La Resolución 833/2026 incorpora la Circular Modificatoria N°4 al pliego de la licitación pública que definirá el futuro de Intercargo. Aunque los cambios no alteran la estructura de la privatización, sí modifican plazos y mecanismos administrativos con un objetivo claro: ampliar márgenes para la participación de interesados y fortalecer la seguridad jurídica del proceso antes de la adjudicación.

La nueva hoja de ruta fija como fecha límite para consultas el 17 de junio y establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 25 de junio de 2026 a las 9:59 horas, mientras que la apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día.

Detrás de la actualización aparece una señal relevante para el mercado: el Gobierno continúa afinando las condiciones de venta de uno de los activos más importantes incluidos en el programa de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

Intercargo ocupa una posición central dentro del ecosistema aerocomercial argentino. La compañía presta servicios de rampa, una actividad que incluye asistencia a aeronaves en tierra, carga y descarga de equipajes, movimiento de mercancías y diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de vuelos comerciales.

La eficiencia de estos servicios impacta directamente sobre los costos operativos de aerolíneas, operadores logísticos, empresas exportadoras y terminales aeroportuarias.

Por esa razón, el proceso de privatización trasciende el debate patrimonial sobre la venta de una empresa estatal. Lo que está en discusión es la futura configuración de un servicio considerado crítico para la competitividad del sistema aerocomercial argentino.

Qué cambió en la licitación

Las modificaciones aprobadas por Economía buscan ordenar etapas administrativas que habían generado observaciones dentro del procedimiento.

Los principales cambios incluyen: prórroga de los plazos para consultas y presentación de ofertas. Adecuación de los tiempos de intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Reordenamiento de los plazos posteriores a la adjudicación. Ajustes en los tiempos previstos para la firma del contrato de compraventa.

Desde la perspectiva de los potenciales inversores, la extensión de los plazos suele interpretarse como una herramienta para mejorar la calidad y cantidad de oferentes, especialmente en procesos internacionales que requieren auditorías, análisis regulatorios y evaluaciones financieras complejas.

Más tiempo para estructurar ofertas

En los procesos de privatización, los cambios de cronograma no necesariamente reflejan dificultades. Muchas veces responden a la necesidad de ampliar la competencia y garantizar que los interesados cuenten con información suficiente para formular propuestas.

El propio Ministerio de Economía fundamentó la modificación en la necesidad de mejorar, ampliar y corregir aspectos del pliego para fortalecer los principios que rigen los procedimientos de privatización.

Para los inversores estratégicos, el valor de Intercargo no depende únicamente de sus activos actuales, sino también de la evolución futura del mercado aerocomercial argentino, de la dinámica del transporte de cargas aéreas y del crecimiento proyectado de la conectividad nacional e internacional.

El transporte aéreo de cargas adquiere relevancia creciente para productos de alto valor agregado, mercancías perecederas y sectores que requieren rapidez logística para acceder a mercados externos. En el NEA, donde la distancia respecto de los principales centros de consumo y exportación constituye un factor estructural de competitividad, cualquier mejora en la eficiencia aeroportuaria puede traducirse en menores costos operativos para determinados segmentos productivos.

La discusión no pasa únicamente por la propiedad de la empresa, sino por la capacidad del sistema para ofrecer servicios más eficientes, previsibles y alineados con estándares internacionales.

Un proceso observado por el mercado

La privatización de Intercargo se convirtió en uno de los casos testigo de la estrategia oficial de transformación de empresas públicas.

A diferencia de otros activos estatales, la compañía opera en una actividad directamente vinculada al comercio exterior, al turismo y a la conectividad empresarial. Por esa razón, el resultado de la licitación será observado tanto por el sector aerocomercial como por inversores interesados en infraestructura logística.

El próximo hito será la apertura de ofertas prevista para el 25 de junio. Más allá del valor económico que finalmente alcance la operación, el indicador más relevante para el mercado será el nivel de competencia logrado en la licitación. La cantidad y calidad de los oferentes permitirá medir el interés real que despiertan los activos argentinos dentro del actual proceso de reorganización del sector público y ofrecerá señales sobre las perspectivas de inversión en infraestructura logística y transporte.

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