licitación pública

Privatización vial: se posterga la definición de las concesiones para la etapa tres que incluye a Misiones

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A través de la Resolución 607/2026, el Ministerio de Economía oficializó una prórroga en los plazos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. La nueva fecha de apertura de ofertas, fijada para el 22 de mayo, posterga la transferencia al sector privado de tramos críticos para la logística misionera, como el Corredor Mesopotámico y el Noreste, en un proceso que busca eliminar el déficit operativo de Corredores Viales S.A.

El Palacio de Hacienda, bajo la firma de Luis Caputo, introdujo la Circular Modificatoria N° 1 que recalibra el cronograma de la Etapa III del plan de privatizaciones. Esta fase es la más sensible para la estructura de costos del NEA, ya que abarca la administración, mantenimiento y ampliación de las arterias que conectan a Misiones con los centros de consumo y los puertos de exportación. El nuevo esquema bajo la Ley 17.520 (Concesión de Obra Pública) no solo implica la transferencia de la operación de peajes, sino que faculta a los nuevos adjudicatarios a desarrollar explotaciones colaterales para garantizar la rentabilidad de las unidades de negocio, un punto de inflexión para el sector logístico regional.

Implicancias en el esquema de costos y servicios

Para el empresariado misionero, la transición de una gestión estatal deficitaria a una concesión privada bajo el modelo de “Red Federal” conlleva una serie de vectores de impacto directo:

Logística y Fletes: La calidad del mantenimiento en el Tramo Mesopotámico es determinante para la competitividad de la madera y la yerba mate. Un retraso en las obras de infraestructura vial se traduce en mayores costos de amortización de flota y tiempos de tránsito incrementados.

Tarifas de Peaje: El nuevo modelo busca el equilibrio fiscal eliminando subsidios nacionales. Esto anticipa una readecuación tarifaria basada en costos operativos reales, impactando directamente en el costo por kilómetro transportado.

Inversión en Seguridad Vial: La licitación incluye la obligación de realizar obras de ampliación y conservación, fundamentales para reducir la siniestralidad en rutas que, por el relieve misionero, exigen intervenciones constantes que el Estado Nacional ha postergado.

Misiones y el desafío de la integración

A diferencia de los corredores del centro del país (como el Tramo Centro o Cuyo), el Corredor Noreste y Mesopotámico opera como el cordón umbilical de una provincia con el 90% de su frontera internacional. Mientras en Buenos Aires las rutas tienen un carácter predominantemente de consumo interno, en el NEA son rutas de exportación y tránsito internacional (Mercosur). La eficiencia de estas concesiones definirá si Misiones puede capitalizar las asimetrías fronterizas a través de un comercio más fluido con Brasil y Paraguay o si, por el contrario, la infraestructura se convierte en un cuello de botella.

Voces y perspectivas del sector

Desde las cámaras de transporte y la industria maderera, la expectativa es de cautela propositiva. Si bien la eliminación del déficit de las empresas públicas es un objetivo macroeconómico compartido, la preocupación radica en la transparencia de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. Los tomadores de decisiones locales priorizan que los ingresos generados por los peajes en la región se reinviertan efectivamente en los tramos del NEA y no se desvíen para subsidiar corredores con menor densidad de carga pero mayor peso político en el centro del país.

Escenario a mediano plazo

La apertura de sobres del 22 de mayo será el termómetro del interés real del capital privado por el riesgo argentino en infraestructura. Habrá que monitorear de cerca la solvencia de los grupos adjudicatarios y el cumplimiento de los planes de inversión inicial. Para el bolsillo del misionero, el impacto se sentirá no solo en el costo de los viajes particulares, sino en la traslación de los nuevos cuadros tarifarios de peaje a los precios de góndola, dada la dependencia absoluta del transporte terrestre para el abastecimiento de la provincia.

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Hidrovía: el Gobierno avanza con la licitación y deja solo a dos oferentes en carrera tras filtrar la primera etapa

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la licitación de la Vía Navegable Troncal al aprobar, el 19 de abril de 2026, la primera etapa del proceso y dejar en carrera a solo dos oferentes. A través de la Resolución 21/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se precalificaron las propuestas de JAN DE NUL N.V. junto a SERVIMAGNUS S.A. y de DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que se declaró inadmisible la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA. La apertura del Sobre N° 2 —clave para definir la adjudicación— quedó fijada para el 22 de abril a las 13 horas. La decisión ordena el proceso, pero también delimita la competencia en una licitación estratégica: ¿se consolida un esquema de concentración o se garantiza competencia real en el control de la hidrovía?

Un proceso bajo control estatal y reglas estrictas

La licitación se enmarca en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, con el objetivo de modernizar, ampliar y mantener el sistema de señalización y dragado desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta el Río de la Plata exterior. Se trata de un corredor clave para el comercio exterior argentino.

El esquema institucional fue redefinido en 2025 con la creación de la ANPYN, que absorbió las funciones de la ex Subsecretaría de Puertos y de la Administración General de Puertos. Desde allí se centraliza la conducción del proceso licitatorio, con facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para llamar, evaluar y adjudicar.

Antes de llegar a esta instancia, el Gobierno habilitó una etapa de observaciones al pliego, con participación de actores del sector y recomendaciones internacionales. Ese proceso derivó en ajustes técnicos y en la apertura formal de la licitación a fines de 2025.

En febrero de 2026 se recibieron tres ofertas. Tras el análisis técnico del Sobre N° 1, la comisión evaluadora consideró admisibles dos propuestas y recomendó su precalificación. La tercera fue descartada por no cumplir un requisito clave: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta en los términos exigidos por el pliego.

Reglas formales y tensión con los oferentes

El rechazo de DTA ENGENHARIA LTDA no solo reduce la competencia, sino que expone el peso de las condiciones formales en el proceso. La empresa intentó cuestionar el dictamen de evaluación, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con los requisitos de impugnación, entre ellos la garantía correspondiente.

La resolución subraya un punto sensible: las instancias para cuestionar el pliego o las condiciones del proceso ya habían concluido. En ese marco, cualquier intento de revisión fuera de término es considerado improcedente.

El mensaje es claro: la administración prioriza la estabilidad jurídica del proceso y el respeto estricto a las reglas. Pero esa misma rigidez también redefine el escenario competitivo, dejando a dos actores en la instancia decisiva.

Impacto en la puja por la hidrovía

Con dos oferentes precalificados, la licitación entra en su fase más sensible. El Sobre N° 2 contendrá las variables económicas que definirán la adjudicación de una concesión que abarca dragado, señalización y mantenimiento de la principal vía de exportación del país.

La reducción de competidores puede tener efectos directos en la dinámica de la puja. Menos oferentes implica menor presión competitiva, aunque también puede interpretarse como un filtro que garantiza estándares técnicos y financieros.

Desde el punto de vista político, el Gobierno avanza con una licitación que considera estratégica para la economía nacional. El proceso busca combinar inversión privada con control estatal en un sector donde históricamente se concentran intereses económicos de alto impacto.

Definición inminente y foco en el resultado

La apertura del Sobre N° 2, prevista para el 22 de abril, marcará el inicio de la etapa final. Allí se pondrán en juego las condiciones económicas de las propuestas, incluyendo tarifas, peajes u otras formas de remuneración.

El proceso llega a esta instancia sin impugnaciones formales vigentes, lo que fortalece su validez administrativa. Sin embargo, la atención estará puesta en la transparencia de la adjudicación y en el equilibrio entre competencia y concentración.

La hidrovía vuelve a ser un eje de poder económico y político. La resolución ordena el procedimiento, pero la definición de fondo —quién controlará el principal corredor fluvial del país— todavía está en construcción.

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El Gobierno avanza con la privatización del GNL: dos ofertas en carrera y definición clave el 21 de abril

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El proceso para privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) dio un paso concreto: dos empresas presentaron sus ofertas técnicas en la licitación impulsada por Energía Argentina (ENARSA), y el cronograma ya fija fechas críticas. El próximo lunes 13 de abril a las 9 se abrirán las propuestas económicas y la adjudicación está prevista para el 21 de abril. En un contexto de alta demanda energética y reformas estructurales en marcha, la decisión no es solo administrativa: define quién manejará un insumo clave para el invierno y hasta dónde el Gobierno avanza en su política de desregulación.

La señal es nítida. Aun con la expansión de Vaca Muerta, Argentina deberá importar unos 20 buques de GNL para sostener el abastecimiento durante los meses fríos. La pregunta que sobrevuela el proceso es si el traslado de esa operatoria al sector privado mejora eficiencia o abre un nuevo frente de discusión sobre el control de recursos estratégicos.

De la gestión estatal al operador privado

La licitación, gestionada por ENARSA, busca seleccionar un “agente comercializador–agregador” que asuma la importación del GNL y su venta como gas regasificado en el mercado interno. En términos prácticos, implica reemplazar la gestión directa del Estado en la terminal de regasificación de Escobar por un esquema donde el riesgo comercial y la operatoria quedan en manos privadas.

El proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, la evaluación técnica —ya cumplida con la presentación de dos oferentes—. Luego, la apertura del Sobre 2 con las propuestas económicas, que definirá la competitividad de cada oferta. El acto será transmitido por streaming, en línea con la intención oficial de dotar de visibilidad al procedimiento.

Detrás de este movimiento hay un marco normativo claro. La iniciativa se inscribe en la Ley Bases, que habilita la privatización de activos y operaciones de ENARSA y promueve la desinversión estatal en actividades consideradas transferibles al sector privado. El objetivo declarado es sustituir la intervención estatal por un esquema de competencia.

Energía, reformas y rediseño del Estado

La licitación del GNL no es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia más amplia de decisiones que impactan sobre toda la cadena energética. En paralelo, el Gobierno activó el proceso para vender su participación en CITELEC, controlante de TRANSENER, y avanzó con cambios regulatorios en el mercado de combustibles y gas.

El denominador común es el mismo: reducir la presencia del Estado en la operatoria comercial. En el caso del GNL, la decisión adquiere una dimensión particular porque se trata de un insumo crítico en momentos de alta demanda, cuando el sistema energético enfrenta sus mayores tensiones.

La lógica oficial plantea que el sector privado puede gestionar con mayor eficiencia estas operaciones. Sin embargo, la necesidad estructural de importar gas —aun con producción local en crecimiento— expone límites en la infraestructura de transporte y mantiene la dependencia de decisiones estratégicas en un mercado sensible.

Impacto de la licitación

El avance de esta licitación fortalece el perfil del Gobierno en su agenda de reformas estructurales y consolida su discurso de apertura económica. Al mismo tiempo, desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones hacia actores privados, que pasarán a tener un rol directo en el abastecimiento energético durante el invierno.

En términos de mercado, el cambio puede modificar incentivos y dinámicas de competencia en la comercialización de gas. En términos políticos, introduce un factor adicional en la discusión sobre soberanía energética y capacidad de regulación estatal, especialmente en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo y el gas.

La simultaneidad con otros procesos de privatización refuerza la idea de un rediseño integral del esquema energético, donde la intervención estatal se reduce y el sector privado gana terreno en eslabones clave.

Un proceso que se define, pero no se agota

El 21 de abril marcará un punto de cierre formal para la adjudicación del contrato, pero no necesariamente el final del debate. La implementación del nuevo esquema, la respuesta del mercado y el comportamiento del sistema durante el invierno serán variables decisivas para medir el impacto real de la medida.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en el resultado económico de las ofertas y en la capacidad del adjudicatario para garantizar abastecimiento sin sobresaltos. Pero también en algo más profundo: si este modelo logra consolidarse o si reabre tensiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.

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El Gobierno lanza la privatización total de Intercargo y activa la licitación internacional

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El Gobierno dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales: autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta el servicio de rampa en aeropuertos. La medida quedó plasmada en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 8 de marzo, y pone en marcha el proceso concreto de privatización.

El dato no es solo administrativo. La decisión activa uno de los capítulos más sensibles del programa de desestatización impulsado por el oficialismo: la transferencia total de una empresa con rol operativo estratégico en la aviación comercial. En ese marco, la licitación abre una tensión de fondo: ¿se trata de un paso técnico dentro de un plan ya definido o de un movimiento con impacto directo en el equilibrio de poder dentro del sistema aerocomercial?

De la ley a la ejecución: cómo se estructura la privatización

El proceso tiene anclaje legal en la Ley 27.742, que declaró a Intercargo “sujeta a privatización”, y en el Decreto 198/2025, que autorizó la venta total del paquete accionario mediante licitación pública.

La resolución actual no crea el esquema, pero sí lo activa. En términos concretos: Se habilita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base para transferir el 100% de las acciones en manos del Estado. El procedimiento se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, bajo formato digital. El pliego de bases y condiciones ya está aprobado, con un precio base determinado por la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El cronograma fija hitos inmediatos: consultas hasta el 27 de abril de 2026 y presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, con apertura ese mismo día.

El diseño apunta a maximizar la concurrencia de oferentes, incluyendo operadores con experiencia en el sector, en línea con los principios de competencia y transparencia que exige el marco legal.

Hay un dato que no pasa inadvertido: no se prevén mecanismos de preferencia ni programas de propiedad participada, lo que refuerza la lógica de venta directa sin esquemas de participación laboral o sectorial.

Una pieza clave: la ruptura del esquema de exclusividad

El proceso de privatización no ocurre en el vacío. Está atado a una condición previa relevante: la rescisión del contrato de concesión vigente que le otorgaba a Intercargo la explotación exclusiva del servicio de rampa.

Ese contrato —histórico en el esquema aerocomercial— garantizaba a la empresa estatal un rol monopólico en la atención en tierra a aeronaves. Su finalización, ya en trámite, redefine el mapa del sector.

En términos políticos y regulatorios, el cambio es profundo: la privatización no solo implica vender una empresa, sino también desarmar un esquema de exclusividad construido durante décadas.

La Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedan como actores centrales en la implementación, con capacidad para ajustar aspectos técnicos, emitir circulares y requerir asistencia de la propia Intercargo durante el proceso.

Repercusiones: reforma estructural y señales al mercado

La decisión impacta en múltiples planos. En lo económico, envía una señal directa al mercado sobre la voluntad de avanzar con privatizaciones completas, sin esquemas híbridos.

En lo político, ordena el tablero interno: consolida la línea del Ministerio de Economía como ejecutor del programa de reformas, trasladando definiciones que ya estaban en la ley al terreno operativo.

Al mismo tiempo, la modalidad elegida —licitación internacional con base— apunta a atraer jugadores globales, lo que puede reconfigurar la estructura competitiva del servicio de rampa en el país.

La creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc” con miembros titulares y suplentes introduce un mecanismo institucional específico para el análisis de ofertas, aunque bajo un esquema donde la conducción política del proceso sigue concentrada.

Un proceso abierto con plazos cortos

La licitación ya tiene fechas. Y eso acelera el ritmo político del proceso.

En pocas semanas se sabrá qué nivel de interés genera la venta, cuántos oferentes participan y bajo qué condiciones. También comenzará a definirse el alcance real de la apertura del mercado de servicios aeroportuarios.

El Gobierno avanzó en la formalización, pero el desenlace todavía depende de variables abiertas: competencia efectiva, valuación, condiciones regulatorias y capacidad de ejecución.

La privatización de Intercargo deja de ser una declaración de intención y entra en fase concreta. Lo que ocurra en este proceso marcará no solo el destino de la empresa, sino también el ritmo y la profundidad de las próximas reformas en el sector público.

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Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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