Luis Caputo

Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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El peso argentino resiste el shock y entra en el top 5 de monedas más estables en medio de la guerra

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En medio de la escalada geopolítica en Medio Oriente y del salto en los precios del petróleo, el peso argentino aparece entre las monedas con mejor desempeño relativo frente al dólar. Mientras gran parte de las divisas del mundo registran fuertes depreciaciones por la búsqueda de refugio en activos seguros, la moneda local figura entre las cinco que menos se debilitaron desde el inicio del conflicto.

De acuerdo con datos de mercado, el ranking lo encabeza el shekel israelí, que se aprecia cerca de 0,7% frente al dólar. Luego se ubican el dólar canadiense, con una suba de 0,4%, y el dólar de Hong Kong, prácticamente estable. En cuarto lugar aparece la lira turca, con una depreciación de 0,3%, mientras que el peso argentino ocupa el quinto puesto, con una caída moderada de 0,4% desde el cierre de febrero.

Aunque el saldo es levemente negativo, el desempeño resulta destacado si se lo compara con el de otras monedas relevantes como el euro, el franco suizo o el yuan chino, que mostraron mayores caídas frente al dólar en medio de la incertidumbre global.

En América Latina, además, el peso argentino exhibe el mejor resultado relativo: divisas como el peso chileno, el sol peruano, el peso mexicano y el real brasileño acumulan depreciaciones que llegan hasta 5,3% en el mismo período.

Energía y materias primas, claves en la resistencia

Según el análisis de Guardian Capital, varias de las monedas que logran resistir la presión del dólar pertenecen a economías con fuerte vínculo con las materias primas, cuyos precios se dispararon tras las tensiones en el Estrecho de Ormuz, una ruta por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

En el caso argentino, la diferencia radica en el cambio estructural del sector energético. Gracias a la expansión de Vaca Muerta, el país pasó de ser importador a exportador neto de energía, lo que mejora la balanza comercial cuando el petróleo sube.

En ese escenario, los mayores precios internacionales del crudo anticipan más ingreso de dólares vía exportaciones, lo que contribuye a sostener al peso.

El flujo de dólares y las tasas, otro sostén

El economista Gustavo Ber sostiene que la relativa estabilidad del peso también se explica por el flujo de ingreso de divisas al mercado local, junto con tasas de interés elevadas que siguen atrayendo capitales financieros.

Estos factores ayudan a amortiguar el impacto del fortalecimiento global del dólar, impulsado por la búsqueda de refugio de los inversores en momentos de incertidumbre internacional.

Desde el equipo económico del Gobierno también minimizan el impacto del conflicto. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó desde Nueva York que la guerra en Medio Oriente no generó presión significativa sobre el mercado cambiario.

“Estamos ante uno de los mayores shocks externos de los últimos tiempos y el dólar no se movió. Lo importante es tener una macro sólida. En otro contexto, hubiera generado una debacle”, sostuvo.

La intervención del Banco Central

Los analistas de GMA Capital señalan que el comportamiento del peso también estuvo influido por la actividad del Banco Central en los mercados financieros.

Durante la última semana, la autoridad monetaria moderó el ritmo de compras de reservas, con un promedio cercano a US$62 millones diarios, mientras en el mercado de futuros de dólar se registraron volúmenes elevados de contratos en el corto plazo y una baja en las tasas implícitas, señales que sugieren intervenciones oficiales para limitar la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Agro y energía: los dólares que vienen

Hacia adelante, el desempeño del peso dependerá en gran medida de cuánto se prolongue la tensión global. Sin embargo, el mercado anticipa que la oferta de divisas podría fortalecerse en los próximos meses.

La soja, principal fuente de ingreso de dólares del país, sube cerca de 6% desde el inicio del conflicto y acumula un avance de 17% en lo que va del año, con precios cercanos a US$450 por tonelada. Las exportaciones del complejo agroindustrial podrían ubicarse entre US$34.000 millones y US$36.000 millones en 2026.

A esto se suma el sector energético. En 2025 la balanza comercial energética registró un superávit récord de US$7.800 millones, y las proyecciones para este año, antes del conflicto, estimaban entre US$8.000 millones y US$10.000 millones. Con el petróleo en alza, el ingreso de divisas podría superar esas previsiones.

Un escenario todavía desafiante

Pese a la resiliencia reciente, el panorama cambiario sigue condicionado por la evolución del conflicto global. Si la tensión se prolonga, el equipo económico podría intensificar su presencia en el mercado de futuros de dólar para moderar eventuales presiones.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la combinación de mayor oferta de dólares del agro, exportaciones energéticas en expansión y tasas altas continúe sosteniendo la estabilidad relativa del peso frente a un contexto internacional volátil.

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El Gobierno fija presupuestos con superávit para Aerolíneas Argentinas, Intercargo y EANA y busca sostener el “déficit cero” en el sector aeronáutico

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El Gobierno nacional aprobó los presupuestos 2026 de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), tres compañías estatales clave del sistema aerocomercial argentino. Las decisiones quedaron formalizadas el 6 de marzo a través de resoluciones del Ministerio de Economía, que habilitan los planes de acción y los cálculos presupuestarios para el próximo ejercicio.

El dato central que busca exhibir la administración económica es político además de contable: las tres empresas proyectan superávit financiero en 2026 y, según la planificación oficial, no requerirán transferencias del Tesoro para sostener sus operaciones. La señal se alinea con la política de gasto restrictivo impulsada desde el Ministerio de Economía y refuerza un mensaje que el Gobierno intenta instalar en torno a las empresas públicas: funcionamiento con equilibrio fiscal mientras permanece abierta la discusión sobre su eventual privatización.

La pregunta que se abre ahora es doble. Por un lado, si estas proyecciones se sostendrán en un sector atravesado por tensiones laborales y demandas salariales. Por otro, si el ordenamiento financiero de las compañías funciona como antesala de futuras definiciones sobre su propiedad.

El marco institucional: empresas públicas bajo la lógica del equilibrio fiscal

Las resoluciones que aprobaron los presupuestos se dictaron en el marco del régimen presupuestario para empresas públicas previsto por la Ley 24.156, que regula la planificación financiera de entes estatales fuera de la administración central.

En la práctica, esto implica que cada empresa presenta un plan de acción y presupuesto anual que debe recibir aval del Ministerio de Economía. En esta ocasión, el enfoque adoptado por la cartera económica responde a una directriz general: operaciones autosustentables y gasto contenido.

La suma de las tres compañías proyecta gastos operativos por $3.869.858.214.471. Sobre ese nivel de actividad, el Gobierno estima un ahorro de $173.563.914.841, lo que derivaría en un superávit financiero consolidado de $40.749.146.484.

Detrás de esos números se encuentra la lógica central de la política económica: limitar el uso de recursos del Tesoro para empresas estatales y demostrar que el sistema aerocomercial público puede operar sin subsidios directos.

Aerolíneas Argentinas: superávit con inversiones que presionan las cuentas

Dentro del esquema aeronáutico estatal, Aerolíneas Argentinas concentra el mayor volumen presupuestario. Para 2026, el Gobierno aprobó ingresos operativos por $3.725.414.963.686 y gastos por $3.548.847.856.125, lo que arrojaría un resultado operativo positivo de $176.567.107.561.

En términos económicos, el ahorro estimado alcanza $90.967.011.104, mientras que el superávit financiero proyectado asciende a $32.870.702.081.

Sin embargo, la ecuación muestra un matiz relevante: el margen superavitario sería 7,7% menor al del ejercicio anterior, en parte por inversiones de capital vinculadas a la renovación de la flota. El plan financiero contempla la incorporación de nuevas aeronaves para responder al crecimiento de la demanda y a las limitaciones que genera la antigüedad de parte de la flota.

Esa combinación —equilibrio fiscal con inversión en infraestructura— define el desafío central de la aerolínea estatal para el próximo año.

Intercargo: rentabilidad en un mercado ahora competitivo

La empresa encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos también tendrá proyecciones positivas en 2026.

El presupuesto aprobado prevé ingresos operativos por $126.417.438.752 y gastos por $117.775.929.686, lo que generaría una ganancia operativa de $8.641.509.066.

El resultado económico proyectado alcanza $7.713.932.808, mientras que el superávit financiero estimado asciende a $7.828.539.207.

La situación de Intercargo tiene un componente político adicional. En los últimos meses la empresa quedó expuesta a un nuevo escenario regulatorio: la política de “Cielos Abiertos” habilitó la entrada de múltiples operadores privados en el servicio de handling, lo que terminó con la exclusividad operativa que mantenía la compañía estatal.

En ese contexto, el Gobierno busca que Intercargo recupere capacidad de generar recursos propios antes de avanzar en definiciones más estructurales sobre su futuro.

EANA: superávit mínimo en medio de inversiones en infraestructura

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) —responsable de la gestión del tráfico aéreo y el control de navegación— también proyecta números positivos, aunque con un margen mucho más reducido.

El presupuesto aprobado contempla ingresos operativos por $278.117.399.589 y gastos por $203.234.428.660, lo que deja un resultado operativo de $74.882.970.929.

No obstante, el resultado financiero final se reduce considerablemente por el peso de las inversiones en infraestructura: el superávit proyectado se ubica en apenas $49.905.196.

El dato refleja la naturaleza del organismo. A diferencia de las otras empresas del sector, EANA requiere inversiones constantes en tecnología y sistemas de navegación, lo que altera su equilibrio financiero incluso cuando el resultado operativo es amplio.

Un sector en equilibrio contable, pero con tensiones abiertas

La aprobación de los presupuestos llega en un contexto donde el sistema aerocomercial estatal atraviesa tensiones laborales. Los trabajadores de las tres compañías mantienen reclamos por recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Esa variable introduce un factor de incertidumbre sobre las proyecciones financieras. Cualquier modificación significativa en los costos laborales podría alterar el equilibrio que el Ministerio de Economía proyecta para el próximo año.

Al mismo tiempo, el debate sobre posibles privatizaciones sigue presente en el horizonte político. Aunque el Gobierno aprobó los presupuestos bajo el supuesto de continuidad operativa estatal, las tres empresas han sido mencionadas anteriormente dentro de los activos potencialmente privatizables.

Lo que se juega en el mediano plazo

Las resoluciones que habilitan los presupuestos 2026 funcionan como una señal de ordenamiento financiero. El Gobierno busca mostrar que el sector aerocomercial estatal puede sostenerse sin asistencia directa del Tesoro.

Pero ese equilibrio contable también puede tener una lectura estratégica: empresas con balances positivos resultan más atractivas para eventuales procesos de apertura al capital privado.

Por ahora, la prioridad oficial parece ser otra: mantener el déficit cero en las compañías del sector aeronáutico y sostener la operación diaria del sistema aerocomercial.

Si ese objetivo se mantiene durante 2026, el debate sobre el futuro institucional de estas empresas —continuidad estatal, asociación con privados o privatización— podría adquirir un nuevo contexto en los próximos meses.

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El Gobierno busca USD 250 millones más con el Bonar 2027 para enfrentar vencimientos clave

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El Ministerio de Economía intenta consolidar financiamiento en dólares mientras se acerca un pago de deuda por USD 4.200 millones

El equipo económico que conduce Luis Caputo volverá esta semana al mercado financiero con un objetivo concreto: captar otros USD 250 millones mediante el Bonar 2027 (AO27) para reforzar la caja del Tesoro de cara al vencimiento de deuda de USD 4.200 millones previsto para julio. La operación, que forma parte de una estrategia de colocaciones quincenales, no es sólo un movimiento técnico de financiamiento: funciona como un test político y financiero para el modelo que el Gobierno intenta consolidar tras meses de restricciones de crédito externo.

El antecedente inmediato alimenta el optimismo oficial. En la primera licitación del instrumento, la Secretaría de Finanzas logró captar USD 250 millones con una tasa menor a la esperada, en un contexto de fuerte demanda. El resultado dejó una señal que el Ministerio de Economía busca capitalizar: existe liquidez en dólares dentro del sistema financiero local y el Gobierno pretende canalizarla hacia deuda pública. La pregunta ahora es si ese interés se sostendrá o si el mercado exigirá rendimientos más altos a medida que avance el programa de emisiones.

Un test para el esquema de financiamiento del Gobierno

La estrategia oficial gira alrededor de una hipótesis central: existe un volumen elevado de dólares ociosos en el sistema financiero local, concentrado en depósitos privados en dólares, fondos comunes de inversión y cuentas de inversores minoristas.

Con ese diagnóstico, el Ministerio de Economía diseñó un esquema gradual de emisiones. El plan contempla licitaciones cada 15 días con un límite de USD 250 millones por subasta, hasta alcanzar un tope total de USD 2.000 millones.

El primer paso dejó señales que el Gobierno interpreta como positivas. Según el resultado oficial de la subasta inicial, las ofertas alcanzaron USD 868 millones, es decir 5,79 veces el monto finalmente adjudicado. En términos relativos, la demanda superó en 479% el volumen colocado.

El comportamiento del mercado secundario reforzó esa lectura. El rendimiento del Bonar 2027 descendió al 5,64%, por debajo del 5,89% que marcó la tasa de corte de la licitación, una señal que los analistas interpretan como indicio de demanda sostenida.

Para el Gobierno, ese dato tiene un valor político adicional: confirma —al menos en esta primera etapa— que el mercado local está dispuesto a financiar al Tesoro en dólares, incluso en ausencia de acceso pleno al crédito internacional.

El desafío estructural: cubrir un vencimiento de USD 4.200 millones

La necesidad de financiamiento no es menor. El pago de deuda previsto para julio representa uno de los compromisos más relevantes del calendario financiero del año.

Incluso si el plan oficial alcanzara su máximo potencial —es decir, USD 2.000 millones emitidos mediante el Bonar 2027— el Tesoro todavía debería cubrir al menos USD 1.800 millones adicionales, considerando el nivel actual de los depósitos en dólares.

En ese marco, cada licitación se convierte en una pieza dentro de un rompecabezas más amplio: garantizar liquidez sin alterar el equilibrio financiero ni presionar el mercado cambiario.

La arquitectura del nuevo bono busca justamente responder a esa lógica. El Bonar 2027 ofrece cupones mensuales, una amortización bullet —que concentra el pago al vencimiento— y una duration acotada de 1,57, características que apuntan a atraer inversores interesados en flujos de corto plazo y riesgo moderado.

Liquidez financiera y correlación de incentivos

El contexto actual del sistema financiero explica parte del interés por estos instrumentos. Los depósitos privados en dólares se mantienen en niveles récord, mientras que los fondos comunes de inversión en moneda extranjera manejan un volumen considerable de liquidez.

Ese escenario le da margen al Gobierno para sostener su estrategia de financiamiento local. En términos políticos, también le permite evitar —al menos por ahora— dos escenarios más complejos: recurrir a financiamiento extraordinario o generar presión sobre el mercado cambiario.

Sin embargo, el equilibrio es delicado. Analistas advierten que si la demanda comenzara a agotarse, las próximas licitaciones podrían requerir tasas de corte más altas para completar el cupo de emisión.

Ahí aparece el rasgo central del diseño oficial: la gradualidad. El Ministerio de Economía busca que el ritmo de emisiones permita que los nuevos ahorros en dólares del sistema financiero se vayan canalizando hacia el bono, evitando saltos abruptos en tasas o precios.

Lo que se juega en las próximas licitaciones

La próxima subasta del Bonar 2027 funcionará como un nuevo termómetro del vínculo entre el Gobierno y el mercado financiero local.

Si la demanda se mantiene sólida, el equipo económico podría consolidar una herramienta clave para financiar los vencimientos de deuda sin depender exclusivamente de organismos internacionales o crédito externo. En cambio, si el interés se diluye, el esquema gradual podría enfrentar sus primeros límites.

Más allá de la cifra puntual —otros USD 250 millones en esta licitación— lo que está en juego es la credibilidad del mecanismo que el Ministerio de Economía diseñó para administrar el calendario de pagos en dólares.

El mercado, por ahora, mostró disposición a participar. La incógnita es cuánto durará ese margen.

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Caputo defendió el modelo económico y relativizó el “riesgo kuka” en un foro empresarial en Mendoza

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves 5 de marzo el rumbo económico del Gobierno y buscó reforzar la confianza del sector privado durante su exposición en el 7° Foro de Inversiones y Negocios realizado en Mendoza. En ese escenario, el funcionario volvió a mencionar el llamado “riesgo kuka” como uno de los factores que explican la suba del riesgo país, aunque al mismo tiempo relativizó su existencia al sostener que el kirchnerismo “va camino a ser una minoría” y que su regreso al poder es improbable.

La doble afirmación dejó planteada una tensión política y financiera: si el propio ministro considera improbable ese escenario electoral, ¿por qué los mercados lo seguirían tomando como un factor de riesgo? El interrogante atraviesa el diagnóstico oficial sobre la persistente desconfianza que todavía condiciona el financiamiento argentino.

Caputo aprovechó el foro organizado por el gobierno de Mendoza para enviar una señal de continuidad del programa económico del Gobierno nacional. “No hay razón para ser pesimistas”, aseguró ante empresarios e inversores, al tiempo que sostuvo que la actual estabilidad macroeconómica responde a una “decisión política” del presidente Javier Milei y su equipo económico.

Un discurso centrado en la reconstrucción de confianza

El eje del mensaje oficial giró alrededor de la necesidad de reconstruir la confianza, un concepto que el ministro repitió como condición indispensable para acelerar la recuperación económica.

Según su exposición, Argentina arrastra décadas de desconfianza institucional y financiera, lo que limita la velocidad de crecimiento incluso en contextos de estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el funcionario sostuvo que el actual programa económico se diferencia de etapas anteriores porque el orden fiscal y monetario no surge de una crisis, sino de una decisión política deliberada.

Para ilustrar esa diferencia, Caputo recordó experiencias pasadas como la convertibilidad, que —según su interpretación— nació tras dos hiperinflaciones y el Plan Bonex, episodios que implicaron una fuerte licuación de salarios, jubilaciones y depósitos.

El ministro insistió en que el objetivo del actual Gobierno es romper ese ciclo histórico de estabilidad transitoria seguido de crisis. En esa línea, planteó que el equipo económico llegó con la intención de hacer “lo que Argentina no hizo en 120 años”.

Capitalismo de mercado y tensiones con el sector industrial

El discurso también incluyó una respuesta indirecta a las críticas de la UIA, que días atrás cuestionó el rumbo de la apertura comercial impulsada por el Gobierno.

Caputo rechazó que el modelo económico sea antiempresario y lo definió como “capitalismo de mercado”, aunque aclaró que el esquema favorece a quienes compiten en condiciones abiertas. En esa lógica, defendió la liberalización de importaciones y cuestionó los esquemas de protección industrial que encarecen productos para el consumidor.

El ministro sostuvo que obligar a los argentinos a pagar precios varias veces superiores a los internacionales —como en el caso de neumáticos o prendas de vestir— constituye una distorsión económica y social.

La discusión con la industria revela una de las tensiones estructurales del programa económico: la apertura comercial y la competencia internacional generan resistencia en sectores empresariales que reclaman una política industrial más activa.

Los dólares fuera del sistema y la apuesta a la formalización

Otro de los puntos centrales del discurso fue la necesidad de movilizar el ahorro en dólares que permanece fuera del sistema financiero.

Caputo señaló que el crecimiento económico podría acelerarse si esos recursos ingresaran al circuito formal. Según su planteo, el país dispone de capital suficiente, pero una parte significativa permanece inmovilizada por la desconfianza acumulada.

El ministro defendió en ese marco la Ley de Inocencia Fiscal, que ofrece protección legal a quienes decidan depositar sus ahorros en bancos o sociedades de bolsa mediante la adhesión al Régimen de Ganancias Simplificado.

Desde la perspectiva oficial, el ingreso de esos dólares permitiría expandir la inversión y el empleo sin recurrir a medidas de shock. El enfoque se apoya en dos pilares: superávit fiscal y reducción gradual de impuestos, con el objetivo de fortalecer la competitividad sin recurrir a devaluaciones.

“Devaluar es bajarle el salario a la gente”, sostuvo Caputo, al explicar que la estrategia del Gobierno apunta a mejorar la competitividad a través de la baja de la carga tributaria en los distintos niveles del Estado.

Inflación, crecimiento y el frente político

El ministro también vinculó la recuperación económica con el proceso de desinflación. Según detalló, la inflación anual se redujo de 211% a 32%, un descenso que —según su interpretación— refleja el impacto del superávit fiscal.

Aun así, admitió que el ritmo de mejora económica todavía no alcanza a todos los sectores. “Hay gente que todavía la está pasando mal”, reconoció, al señalar que la velocidad del crecimiento es clave para que la recuperación llegue a los segmentos más rezagados.

En el plano político, Caputo proyectó un cambio de ciclo electoral y minimizó la posibilidad de una recuperación del kirchnerismo. Según su análisis, ese espacio político se encamina a convertirse en “una minoría absoluta” y podría quedar “marginal” hacia 2031.

Esa afirmación convive con la narrativa oficial que vincula el riesgo país con el temor del mercado a un eventual retorno de ese espacio político. La coexistencia de ambos argumentos refleja una tensión discursiva dentro del propio diagnóstico económico.

Entre la narrativa económica y la credibilidad del mercado

La intervención del ministro buscó consolidar un relato de estabilidad macroeconómica y confianza futura ante un auditorio empresarial. Sin embargo, el desafío central sigue siendo el mismo que el propio Caputo describió: reconstruir la credibilidad en un país marcado por ciclos repetidos de crisis y ajustes.

La política económica del Gobierno apuesta a que el orden fiscal y la apertura del mercado generen las condiciones para una expansión sostenida. Pero esa estrategia convive con tensiones internas —como el debate con el sector industrial— y con un mercado financiero que todavía observa con cautela.

En ese equilibrio inestable se mueve hoy la agenda económica: entre la expectativa de consolidar un nuevo ciclo de estabilidad y la pregunta, todavía abierta, sobre cuánto tiempo tardará la confianza en traducirse en inversión y financiamiento.

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