Luis Caputo

Rutas nacionales, cómo es el plan de concesiones que busca inversión privada y cero subsidios

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El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.

Etapa I en ejecución y arranque operativo

La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.

Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.

Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente

La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:

  • Tramo Oriental: 682,28 km
  • Tramo Conexión: 59,43 km
  • Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
  • Tramo Pampa: 546,65 km
  • Tramo Centro: 681,92 km
  • Tramo Mesopotámico: 276,11 km
  • Tramo Centro Norte: 536,43 km
  • Tramo Noroeste: 596,52 km
  • Tramo Litoral: 546,74 km
  • Tramo Noreste: 456,22 km
  • Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
  • Tramo Cuyo: 329,09 km
  • Tramo Mediterráneo: 672,32 km
  • Tramo Portuario Sur: 636,75 km
  • Tramo Portuario Norte: 528,04 km
  • Tramo Puntano: 720 km

El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.

Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios

La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.

Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.

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Tras 25 años, la UE habilitó la firma del acuerdo con el Mercosur y Milei habló de “buenas noticias”

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El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para avanzar con la firma del acuerdo Mercosur–UE, un paso clave tras 25 años de negociaciones que, según destacó el Ejecutivo, ampliará exportaciones, atraerá inversiones y acelerará el crecimiento económico. El tratado se firmará el 17 de enero en Paraguay y abre el acceso preferencial a uno de los mercados más grandes del mundo.

Un aval político decisivo tras 25 años de negociación

El presidente Javier Milei celebró el visto bueno del Consejo Europeo con un mensaje contundente: “Siguen las buenas noticias. Fin”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el avance como “histórico” y remarcó su impacto práctico para la economía argentina.

En redes sociales, Caputo confirmó que la Argentina firmará el acuerdo el próximo 17 de enero en Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, subrayó el rol del Presidente y del equipo diplomático y económico en la concreción del entendimiento, al señalar que permitirá una Argentina “cada vez más libre y más próspera”.

Desde la Cancillería, Pablo Quirno sostuvo que “todos ganamos” y proyectó más comercio, más inversión y más empleo, al tiempo que ratificó la fecha de firma. El Gobierno tomó el avance como un logro propio, enmarcado en una estrategia de inserción internacional basada en reglas claras y previsibilidad.

Acceso preferencial, aranceles y reglas de comercio

Según precisó Caputo, el acuerdo permitirá a los productos argentinos acceder a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa el 20% del PBI mundial. En términos arancelarios, destacó que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo.

El ministro afirmó que el tratado “nivelará a la Argentina” frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania. Además, remarcó que habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria, con disposiciones de rápido despacho, facilidades para productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros.

Para el Palacio de Hacienda, el acuerdo también facilitará la integración de las PYMES en las cadenas globales de valor, mediante medidas de facilitación del comercio. “Generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos”, aseguró Caputo, quien cerró: “Seguimos trabajando para generar más trabajo e incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”.

Qué aprobó la Unión Europea y cuáles son los próximos pasos

El Consejo de la Unión Europea aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con el Mercosur, despejando un obstáculo central para la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. De concretarse, podría crearse la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

El respaldo se logró tras concesiones a Italia, que semanas atrás había puesto en riesgo la aprobación. Así se evitó la conformación de una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, donde se requiere el apoyo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque. Con ese escollo superado, quedó habilitada la firma por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, prevista para este lunes en Asunción.

El proceso, sin embargo, aún no concluye. El Parlamento Europeo deberá aprobar el tratado en las próximas semanas antes de su entrada en vigor. En ese ámbito, unos 150 eurodiputados (sobre un total de 720) anticiparon que podrían recurrir a la justicia para intentar frenar su aplicación, lo que abre un nuevo frente político e institucional en la etapa final del acuerdo.

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Cambios en la Aduana de Ezeiza, ARCA renovó toda la cúpula

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El Gobierno avanzó con una renovación integral de la conducción de la Aduana de Ezeiza y designó a Gustavo Mariezcurrena como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero. La decisión, formalizada el 6 de enero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se inscribe en la reconfiguración del organismo tras la llegada de Andrés Vázquez a su conducción y tiene impacto directo sobre el control aduanero en la principal terminal aeroportuaria del país.

Reordenamiento en Ezeiza tras el recambio en la conducción de ARCA

Luego de los cambios en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo dispuso una renovación total de las autoridades de la Aduana de Ezeiza. La medida responde a la nueva etapa iniciada el 15 de diciembre, cuando Andrés Vázquez asumió al frente de ARCA en reemplazo de Juan Pazo, tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición firmada el 6 de enero, ARCA designó a Gustavo Mariezcurrena como jefe del Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza. El nuevo responsable del área responde políticamente a Vázquez y tendrá bajo su órbita la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria de la Argentina, un punto neurálgico para el control de comercio exterior, pasajeros y equipajes.

La resolución también formalizó otros nombramientos clave en la estructura operativa y de fiscalización. Martín Currao fue designado jefe de Control y Fiscalización Operativa, mientras que Nicolás Vélis, quien ocupaba ese cargo hasta ahora, fue promovido para secundar a Mariezcurrena dentro del Departamento Operacional Aduanero.

Nuevas designaciones y reasignaciones internas en áreas sensibles

El reordenamiento incluyó además cambios en áreas estratégicas del control aduanero. Alejandra Rodríguez quedó a cargo del área de Control de Pista, en reemplazo de Gabriel Massimino, mientras que Martín Arias fue designado como nuevo responsable de Control de Equipaje, sustituyendo a Oscar Atilio Conti.

En paralelo, la disposición de ARCA relegó a otras funciones a funcionarios que hasta ahora ocupaban cargos jerárquicos. Salvador Rosselli, exjefe de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker pasaron a desempeñar tareas de menor jerarquía. En el caso de Beker, el texto de la resolución señala que “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía”.

La normativa fue firmada por la directora del área de Recursos Humanos de ARCA, Guadalupe González Sanguinetti. En sus fundamentos, se remarca que la normativa vigente otorga a la conducción del organismo facultades para “organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal”, y que la evaluación de la “oportunidad, mérito o conveniencia” de estas decisiones corresponde a la propia conducción de la agencia tributaria.

Continuidad de la política tributaria y perfil de la nueva conducción

La nueva conformación del área de control aduanero en Ezeiza se alinea con la gestión de Andrés Vázquez, designado por el Gobierno nacional tras la renuncia de Juan Pazo para regresar al sector privado. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se destacó que la llegada de Vázquez a ARCA debe interpretarse “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

Vázquez cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. Es Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con formación complementaria en control financiero y prevención del lavado de dinero, además de experiencia y capacitación en el plano internacional. Su perfil técnico y su paso previo por la DGI explican, en parte, el armado de un equipo de confianza en áreas clave como la Aduana de Ezeiza.

En paralelo, ARCA definió el reemplazo de Vázquez en la Dirección General Impositiva. Mariano Mengochea fue nombrado como nuevo titular del organismo recaudador interno, luego de haberse desempeñado desde octubre pasado como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. En ese rol, Mengochea secundaba al Director General en la ejecución y coordinación de acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con un lugar relevante dentro de la estructura de ARCA.

Impacto institucional y señales hacia el control aduanero

La renovación completa de la cúpula de la Aduana de Ezeiza constituye una señal institucional fuerte en materia de control, fiscalización y alineamiento interno. Ezeiza concentra una parte sustancial del movimiento de pasajeros, mercaderías y divisas, por lo que cualquier cambio en su conducción tiene implicancias directas en la política aduanera, la recaudación y la lucha contra maniobras irregulares.

Con este reordenamiento, el Gobierno refuerza la conducción política y técnica de uno de los puntos más sensibles del sistema aduanero, en línea con la estrategia general de ARCA y con el objetivo declarado de sostener la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras definidas por el Poder Ejecutivo.

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Caputo defendió el REPO del BCRA y aseguró que sirve para cancelar deuda, no para aumentarla

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A 48 horas de un vencimiento clave de deuda externa, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo por US$ 3.000 millones que tomó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante una operación de REPO con bancos internacionales. El funcionario aseguró que la operación no implica un aumento de la deuda, sino que permitirá cancelar obligaciones por US$ 4.300 millones que vencen este viernes 9 de enero, y aprovechó para diferenciar la estrategia financiera del actual Gobierno respecto de las gestiones kirchneristas.

La defensa del acuerdo se dio a través de redes sociales, en un tono confrontativo, donde Caputo afirmó que el kirchnerismo “ya no psicopatea a nadie” y sostuvo que la actual administración opera bajo un esquema de financiamiento neto negativo, en contraposición a los años de déficit fiscal y endeudamiento.

El REPO para cubrir vencimientos inmediatos

El ministro explicó que el REPO negociado por el BCRA con seis bancos internacionales tiene como objetivo exclusivo afrontar el vencimiento de deuda previsto para este viernes, correspondiente a bonos emitidos en agosto de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como resultado de la reestructuración encabezada por Martín Guzmán.

“El Gobierno tomó hoy US$ 3.000 millones para cancelar US$ 4.300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, escribió Caputo, en referencia a los conceptos utilizados por anteriores administraciones.

Según precisó, el préstamo tiene un plazo de 372 días (un año y 12 días) y devenga una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica una tasa anual del 7,4%.

Cruce político y diferenciación con el kirchnerismo

En su mensaje, el titular del Palacio de Hacienda buscó marcar una diferencia estructural entre el endeudamiento actual y el de los gobiernos anteriores. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, afirmó.

Caputo insistió en que, a diferencia de ese esquema, la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”, mientras que durante los gobiernos kirchneristas la deuda habría aumentado en US$ 300.000 millones, según expresó el funcionario.

El ministro agregó que el concepto de financiamiento neto positivo implicaba “festejar engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, y cerró su mensaje con una frase provocadora: “Besos para todos y sigan participando”.

Contexto financiero y señales al mercado

La defensa pública del REPO se produjo en un contexto de tensión financiera, con el mercado atento a la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos heredados sin regresar, por ahora, al mercado internacional de bonos. La operación permitió al Ejecutivo ganar margen de maniobra para cumplir el vencimiento inmediato, aunque a un costo financiero explícito.

El mensaje oficial busca instalar la idea de que la operación no incrementa el stock de deuda, sino que forma parte de una estrategia de ordenamiento macroeconómico basada en el equilibrio fiscal y la reducción de pasivos, en contraste con el enfoque de administraciones anteriores.

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Las represas del Comahue cambian de manos y refuerzan las cuentas del Tesoro

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El Ministerio de Economía apura el traspaso de las principales represas hidroeléctricas del Comahue en una semana decisiva para las finanzas públicas. Con la toma de posesión prevista para este jueves 8 de enero, el Gobierno busca asegurarse el ingreso de más de US$ 700 millones por la venta de las acciones de los complejos Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, fondos que resultan estratégicos para afrontar un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones previsto para el viernes inmediato.

La operación se apoya en la Resolución 2124/2025, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, y fue complementada esta semana por la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció un régimen excepcional y transitorio para garantizar la continuidad operativa y comercial de las centrales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el cambio de manos.

Reprivatización exprés y dólares urgentes para el Tesoro

Las cuatro represas del Comahue, cuyas concesiones originales vencieron en agosto de 2023 tras 30 años de privatización y fueron prorrogadas sucesivamente, ingresan ahora en la etapa final de su transferencia accionaria. El cronograma fijó como fecha límite de pago de las acciones el martes 6 de enero, mientras que la toma de posesión de las nuevas concesionarias se concretará el jueves 8 a las 12:00.

Según fuentes empresarias citadas en el proceso, hacia el lunes 5 de enero ya se había transferido más del 90% del monto total, y el resto se completaría dentro del plazo establecido. Aunque inicialmente el pago había sido fijado en pesos —obligando a las empresas a liquidar divisas en el mercado local—, finalmente se acordó que la transferencia pudiera realizarse directamente en dólares.

Desde el Gobierno confirmaron que “esta semana va a estar el pago”, en referencia al ingreso de los US$ 700 millones, que se convertirán en un refuerzo clave para las cuentas del ministro Luis Caputo en una semana marcada por fuertes exigencias financieras.

Quién se queda con cada represa y cuánto pagó

La adjudicación de los complejos se formalizó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, cuya preadjudicación fue dispuesta por la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía.

Los montos ofertados y adjudicatarios quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de US$ 245 millones.
  • El Chocón: otorgada al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., junto a MSU Green Energy y Orazul, por US$ 235.671.294.
  • Alicurá: adjudicada al grupo encabezado por Edison Holding S.A., con una oferta de US$ 162.040.002,17.
  • Cerros Colorados: quedó en manos del mismo grupo, por US$ 64.174.002,32.

En conjunto, las cuatro operaciones explican el ingreso de algo más de US$ 700 millones a las arcas del Estado nacional.

Transición regulada y continuidad en el Mercado Eléctrico Mayorista

Para evitar interrupciones en la operación del sistema eléctrico, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 7/2026 el 6 de enero, que habilita un régimen excepcional de continuidad automática como agentes del MEM para las nuevas concesionarias desde la fecha de toma de posesión.

La medida se apoya en el Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobado por la Resolución 61/1992, y en las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la Ley 24.065. El objetivo es asegurar la continuidad del despacho, la liquidación de transacciones y la administración de garantías, mientras se completa el trámite formal de cambio definitivo de titularidad.

La resolución instruye a CAMMESA a realizar las adecuaciones necesarias en materia de registración, representación comercial y liquidación, y otorga a las nuevas adjudicatarias un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para cumplir con la totalidad de los requisitos complementarios previstos en la normativa.

El texto aclara que el régimen tiene carácter “estrictamente transitorio e instrumental”, y no implica la aprobación definitiva del cambio de titularidad ni la modificación del régimen contractual establecido en la Resolución 2124/2025.

Impacto fiscal y señales al mercado

El ingreso de los dólares provenientes de las hidroeléctricas llega en un momento de alta sensibilidad financiera. Con un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones, los fondos de la reprivatización aportan aire al Tesoro y refuerzan la estrategia del Gobierno de monetizar activos para sostener el frente externo.

Al mismo tiempo, el esquema regulatorio dispuesto busca enviar una señal de previsibilidad al sector energético y a los agentes del MEM, garantizando que el cambio de concesionarios no afecte la operación ni la seguridad del sistema eléctrico.

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