El Gobierno nacional decidió modificar la distribución de los límites de endeudamiento previstos en el Presupuesto 2026 para darle mayor margen a las operaciones de corto plazo. El Ministerio de Economía reasignó saldos que permanecían disponibles para financiarse a 180 días y tres años hacia instrumentos con un plazo mínimo de amortización de 90 días, luego de que se agotaran los cupos establecidos para otros vencimientos.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1499/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y modifica la planilla anexa al artículo 44 de la Ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional. El cambio apunta a adaptar la autorización presupuestaria a la estrategia de financiamiento que deberá ejecutar el Tesoro durante los últimos meses del ejercicio.
El dato central de la medida es que no se amplía el techo total de endeudamiento aprobado por el Congreso. Lo que cambia es la distribución de ese margen entre distintos plazos de amortización. En términos prácticos, Economía libera capacidad para realizar más colocaciones con vencimiento mínimo a 90 días utilizando autorizaciones que todavía no habían sido afectadas en otros segmentos.
La resolución explica que los montos autorizados para operaciones con plazos mínimos de 360 días, 18 meses y dos años ya se encuentran agotados. En paralelo, permanecían saldos sin utilizar correspondientes a los tramos de 180 días y tres años. Frente a esa situación, el Palacio de Hacienda resolvió trasladarlos al segmento de 90 días con el objetivo de “optimizar el uso de esta autorización” para las emisiones que deban concretarse hasta el cierre del ejercicio fiscal.
La reasignación muestra, de este modo, una adaptación de la estructura de financiamiento a las necesidades operativas del Tesoro. En lugar de mantener capacidad de endeudamiento inmovilizada en plazos para los cuales ya no existe margen disponible, la normativa permite utilizar esos recursos presupuestarios dentro de un horizonte temporal más corto.
El destino del financiamiento también permanece sin cambios. Las operaciones de crédito público, ya sea mediante títulos o préstamos, están autorizadas exclusivamente para atender servicios de la deuda y gastos no operativos. Por lo tanto, la resolución no habilita un nuevo destino de los fondos ni modifica el monto global aprobado por la Ley de Presupuesto.
La nueva distribución establece un límite de $61,415 billones para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días, mientras que el tramo de 180 días queda en $19,913 billones. Para los vencimientos mínimos de 360 días, 18 meses y dos años se mantienen $31,224 billones en cada categoría; el segmento de tres años queda en $12,343 billones y el de cuatro años en $31,224 billones. La planilla oficial que integra la resolución detalla estos montos y confirma que corresponden a operaciones de la Administración Central destinadas al servicio de la deuda y gastos no operativos.
La modificación tiene una consecuencia concreta sobre la gestión financiera: el Tesoro contará con mayor flexibilidad para recurrir a colocaciones de corto plazo durante el tramo final de 2026. Esto resulta relevante en un escenario en el que el Gobierno debe administrar vencimientos y necesidades de caja sin incrementar, por esta vía, el límite total de deuda autorizado.
El movimiento también deja expuesta una característica de la estrategia financiera oficial: la importancia creciente de administrar los plazos de vencimiento y la disponibilidad efectiva de cada cupo presupuestario. Cuando las autorizaciones para determinados horizontes se agotan, la capacidad de reasignar saldos permite evitar que recursos aprobados por el Presupuesto queden sin utilización mientras existen necesidades de financiamiento en otros segmentos.
Desde la perspectiva fiscal, la diferencia entre aumentar el endeudamiento autorizado y redistribuir su composición temporal resulta clave. La resolución pertenece al segundo supuesto: modifica dónde puede utilizarse el margen disponible, pero mantiene intacto el monto total autorizado por el Congreso. El propio texto normativo establece expresamente que la medida no altera ese importe.
El efecto final dependerá, sin embargo, de las condiciones en las que el Tesoro consiga colocar los instrumentos. Contar con mayor autorización para deuda a 90 días no implica, por sí mismo, que todas esas operaciones vayan a concretarse ni determina el costo financiero que tendrán. La variable decisiva será la capacidad del Gobierno para renovar los vencimientos y sostener el acceso al mercado en condiciones compatibles con su estrategia de reducción del déficit y administración de la deuda.
En ese sentido, la resolución funciona menos como una nueva autorización de endeudamiento que como una herramienta de gestión del financiamiento público. Economía reacomoda los casilleros disponibles para llegar al final del ejercicio con mayor margen operativo, sin modificar el volumen total de deuda que el Presupuesto 2026 permite tomar.
La medida entra en vigencia desde el 9 de septiembre, fecha en la que fue dictada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El anexo oficial que acompaña la resolución fue emitido por la Secretaría de Finanzas y forma parte de la nueva distribución de los límites de crédito público previstos en el artículo 44 de la Ley 27.798.
El Gobierno nacional suspendió la obligación que pesaba sobre YPF para desprenderse de su participación accionaria en Metrogas, en una decisión que despeja un obstáculo regulatorio para la operación mediante la cual la petrolera estatal acordó vender su participación en la distribuidora a Edenor por US$ 780 millones.
La medida fue adoptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Resolución 1469/2026, que hizo lugar parcialmente al recurso presentado por YPF contra una resolución del entonces Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y contra una orden de 2016 que exigía adecuar la composición accionaria de Metrogas a las restricciones previstas en la Ley 24.076.
El punto central de la resolución es que esa obligación de desinversión queda suspendida hasta que finalice la vigencia del Plan Gas.Ar o hasta que se perfeccione el proceso de venta actualmente en curso, lo que ocurra primero. En los hechos, el Gobierno evita que una orden administrativa de casi una década de antigüedad interfiera con la salida de YPF de Metrogas, operación que ya tiene un comprador identificado y cuyo cierre depende de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
La decisión tiene una consecuencia inmediata sobre una de las principales operaciones corporativas del sector energético argentino. YPF había informado que el 10 de agosto aceptó la oferta de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) para adquirir el 70% del capital y los derechos de voto que posee en Metrogas, además de un 5% de participación en Metroenergía. El acuerdo contempla la salida total de YPF de ambas sociedades y establece un precio de US$ 780 millones.
El cierre de la transacción todavía no es automático. Entre las condiciones precedentes figura la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables, incluida la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que concentra las funciones que anteriormente estaban bajo la órbita del ENARGAS.
El argumento que cambió el escenario
La discusión regulatoria tiene su origen en la prohibición de integración vertical establecida por el artículo 34 de la Ley 24.076. Esa norma impide que un productor de gas, o una empresa controlada o controlante de un productor, tenga una participación controlante en una sociedad habilitada como distribuidora.
El objetivo de esa separación es evitar que una misma estructura empresarial controle simultáneamente la producción y la distribución y pueda utilizar esa posición para favorecer operaciones entre compañías vinculadas, con eventuales efectos sobre la competencia y, particularmente, sobre el precio que finalmente afrontan los usuarios.
YPF había argumentado que las condiciones del mercado que justificaron aquella exigencia cambiaron sustancialmente. Cuando ENARGAS ordenó en 2016 que Metrogas adecuara su estructura accionaria, el organismo planteaba la necesidad de avanzar hacia una normalización del mercado gasífero y contemplaba un escenario de mayor libertad en la negociación de precios entre productores y distribuidoras.
Ese escenario, según el análisis incorporado ahora por Economía, no se concretó de la manera prevista. Por el contrario, desde 2020 el Plan Gas.Ar estableció un esquema de abastecimiento con mecanismos regulatorios sobre volúmenes, precios, compradores, compensaciones y traslado de costos a las tarifas.
La dimensión de ese esquema resulta particularmente significativa: de acuerdo con el informe de la Dirección de Tarifas y Regalías citado en la resolución, aproximadamente el 68% de la producción nacional de gas correspondiente al período enero de 2024-marzo de 2026 provino de contratos celebrados dentro del Plan Gas.Ar.
El dato es utilizado por Economía para sostener que el esquema regulado mantiene una incidencia estructural sobre el mercado y que, bajo esas condiciones, las posibilidades de que una relación accionaria entre YPF y Metrogas genere acuerdos preferenciales capaces de perjudicar a los usuarios se encuentran sustancialmente limitadas.
Además, el informe oficial señala que durante 2024 y 2025 no se registraron adquisiciones de gas de YPF por parte de Metrogas bajo modalidades spot o fuera del esquema principal de abastecimiento estructurado por el Plan Gas.Ar.
Una suspensión, no una autorización definitiva
La resolución no elimina la discusión sobre la participación accionaria ni determina que YPF pueda permanecer indefinidamente como accionista de Metrogas. Lo que hace es suspender los efectos de las decisiones administrativas que imponían la desinversión, mientras se mantiene vigente el esquema regulatorio o hasta que se concrete la operación de venta.
La diferencia es relevante. El Gobierno no está aprobando por esta vía la permanencia de YPF como accionista controlante de la distribuidora, sino evitando que una obligación anterior produzca un cambio intempestivo en el control de una compañía encargada de prestar un servicio público esencial.
En ese punto aparece el argumento de mayor peso institucional de la resolución. Economía sostiene que una ejecución inmediata de la orden de desinversión podría generar un cambio de control en Metrogas susceptible de afectar la prestación del servicio de distribución de gas natural.
La resolución recupera así una lógica de periodismo de soluciones aplicada a la política regulatoria: ante una tensión entre una norma de competencia y la continuidad de un servicio esencial, la salida adoptada es transitoria y busca preservar la prestación mientras el organismo regulador analiza las condiciones definitivas.
El Ministerio de Economía recuerda que la Ley 24.076 obliga al Estado a proteger los derechos de los consumidores, garantizar el abastecimiento y la continuidad del suministro, preservar la seguridad del sistema y procurar tarifas justas y razonables. Sobre esa base, considera que los riesgos potenciales de ejecutar inmediatamente la desinversión podrían ser superiores a los de suspender sus efectos.
Edenor queda en el centro de la operación
Mientras tanto, el proceso de venta avanza sobre una estructura empresarial diferente. Edenor ofreció US$ 780 millones por la participación de YPF en Metrogas y Metroenergía, operación que permitiría a la petrolera desprenderse completamente de ambas inversiones.
Para Edenor, la adquisición supone una expansión significativa dentro de la cadena energética, al incorporar una posición de control sobre una de las principales distribuidoras de gas del país. Para YPF, en cambio, representa una operación de desinversión que concentra recursos y reduce su exposición accionaria en el segmento de distribución.
Pero la transacción deberá atravesar todavía el filtro regulatorio. La propia resolución establece que el ENRGE deberá analizar los potenciales efectos de la participación accionaria de YPF en función de las facultades que le otorga la Ley 24.076.
La cuestión de fondo, por lo tanto, no desaparece: cambia de escenario. La vieja disputa sobre la integración vertical entre producción y distribución queda temporalmente desplazada por una operación concreta de salida de YPF y eventual cambio de control de Metrogas.
El Gobierno decidió, en ese marco, evitar que una exigencia formulada en otro contexto regulatorio fuerce una desinversión por fuera del proceso competitivo que YPF ya inició y que cuenta con un comprador definido. La suspensión tendrá vigencia hasta el final del Plan Gas.Ar, el 31 de diciembre de 2028, o hasta que se perfeccione la venta, lo que ocurra primero.
La próxima instancia clave será, entonces, la evaluación regulatoria de la operación YPF-Edenor. Allí se definirá si el cambio de control cumple con las condiciones exigidas por el marco del gas y, fundamentalmente, si la transferencia puede concretarse preservando tres objetivos que atraviesan toda la resolución: continuidad del servicio, protección de los usuarios y competencia en el mercado energético.
El Gobierno puso en marcha el mecanismo financiero con el que busca ampliar la oferta del crédito hipotecario para las familias que buscan acceder a una primera vivienda. En la primera licitación de fondos del esquema participaron 18 bancos, se presentaron 42 posturas y finalmente 13 entidades resultaron adjudicatarias de un total de $200.000 millones.
La subasta, instrumentada por la ANSES y comunicada por el Banco Central (BCRA), recibió ofertas por $258.640 millones. La diferencia entre el monto ofertado y el adjudicado muestra que existió demanda de fondeo por encima del volumen previsto para este primer tramo.
El mecanismo forma parte del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) mediante sucesivas licitaciones. El objetivo es que ese fondeo de mayor plazo permita a los bancos ampliar la cantidad de préstamos hipotecarios disponibles para las familias.
Cómo se distribuyeron los primeros $200.000 millones
El primer llamado quedó dividido en dos tramos con diferentes plazos y condiciones financieras. El primero tiene un plazo de un año y concentró $35.570.677.389, con una tasa equivalente a UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%.
El segundo tramo, de mayor volumen, alcanza $164.429.322.611 y tiene un plazo de cinco años, con una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.
La estructura permite extender el horizonte del fondeo bancario, un factor relevante para un mercado hipotecario en el que los préstamos se otorgan a plazos mucho más extensos que los instrumentos tradicionales de financiamiento.
Cada entidad financiera puede ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. El esquema busca, de ese modo, distribuir el fondeo entre distintos participantes y evitar que una sola entidad concentre una porción excesiva de los recursos disponibles.
El resultado de esta primera licitación deja una señal sobre el interés del sistema financiero: las ofertas superaron en $58.640 millones el monto finalmente adjudicado. Ahora el punto central será determinar en qué medida ese fondeo se traduce en nuevos créditos para los hogares.
El FGS aporta liquidez, pero el banco asume el riesgo
Uno de los aspectos centrales del programa es la separación entre el fondeo y el riesgo crediticio. El Gobierno plantea que el FGS no será quien evalúe a los tomadores de los préstamos ni asumirá las consecuencias de eventuales incumplimientos.
La evaluación crediticia seguirá en manos de cada banco. Las entidades deberán analizar los ingresos, capacidad de pago y demás condiciones de cada solicitante antes de otorgar el préstamo hipotecario.
Caputo había explicado el criterio al presentar el programa: el FGS funciona como proveedor de liquidez para las entidades financieras, mientras que los bancos conservan la responsabilidad sobre la decisión de prestar y el riesgo asociado a cada operación.
La distinción resulta relevante para entender el alcance del esquema. El Estado no está otorgando directamente los créditos hipotecarios ni garantizando el repago de cada familia. Su intervención se concentra en facilitar a los bancos un fondeo de mayor plazo que pueda ampliar su capacidad de originación.
El desafío: que el fondeo llegue a la primera vivienda
El éxito de la política no se medirá únicamente por el volumen adjudicado en las licitaciones. La variable decisiva será la cantidad y las condiciones de los nuevos créditos hipotecarios que finalmente lleguen a las familias.
El programa parte de una restricción concreta: los bancos necesitan contar con instrumentos de financiamiento compatibles con préstamos hipotecarios de largo plazo. Al aportar liquidez mediante el FGS, el Gobierno busca reducir esa limitación y generar condiciones para que las entidades aumenten su oferta.
La primera licitación constituye, en ese sentido, el inicio de un proceso y no el resultado final. Los $200.000 millones adjudicados representan el primer tramo de un esquema que podría movilizar hasta $2 billones mediante sucesivas subastas.
También será determinante cómo se traslade el costo del fondeo a los créditos que ofrezcan los bancos. Las tasas adjudicadas, expresadas como UVA más un spread, forman parte de la estructura financiera que deberán considerar las entidades al diseñar sus productos hipotecarios.
Para las familias, la cuestión central estará en las condiciones concretas de acceso: monto financiable, plazo, tasa, relación entre cuota e ingresos y requisitos de calificación. Allí se definirá si una mayor disponibilidad de liquidez bancaria efectivamente amplía el universo de hogares que puede acceder a una primera vivienda.
La primera subasta deja así dos datos relevantes para el mercado hipotecario: hubo ofertas bancarias por encima del monto disponible y el Gobierno ya adjudicó los primeros $200.000 millones. El desafío siguiente será convertir ese fondeo en crédito efectivo y, a través de sucesivas licitaciones, construir una oferta hipotecaria de mayor escala y plazo.
El Banco Central puso en marcha el mecanismo mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a fondear a los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. La primera licitación contempla $200.000 millones y forma parte de un programa que prevé canalizar $2 billones hacia las entidades financieras, con el objetivo de sostener préstamos de largo plazo para la compra de viviendas.
La herramienta fue anunciada dos semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de un paquete destinado a recuperar el financiamiento hipotecario y, al mismo tiempo, apuntalar la actividad económica vinculada con la construcción y el acceso a la vivienda.
En esta primera operación, el FGS colocará los recursos en bancos mediante plazos fijos UVA, mientras que el Banco Central actuará como agente financiero de ANSES. El programa contempla diez licitaciones de $200.000 millones cada una, por un total de $2 billones, equivalentes a unos u$s1.300 millones.
El diseño busca atacar uno de los principales problemas del mercado hipotecario: la disponibilidad de fondeo a largo plazo. Los depósitos UVA tendrán plazos de uno y cinco años, con tasas mínimas de 2,5% y 4,5%, respectivamente. A cambio de acceder a esos recursos, las entidades deberán destinarlos a nuevas líneas hipotecarias bajo determinadas condiciones.
El límite que cambia la ecuación para los bancos
El punto central del esquema es la tasa que deberán ofrecer las entidades beneficiarias. Los créditos financiados con recursos del FGS tendrán un costo máximo de UVA + 7,5%, lo que puede modificar la estrategia comercial de aquellos bancos que actualmente ofrecen préstamos por encima de ese nivel.
Cada entidad podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto disponible en cada licitación. Una vez recibido el fondeo, contará con un plazo de 90 días para transformar esos recursos en nuevos créditos hipotecarios.
La regla introduce una relación directa entre el financiamiento que reciben los bancos y el crédito que deben colocar. No se trata solamente de aportar liquidez al sistema financiero: el objetivo es que ese fondeo se traduzca en nuevas operaciones destinadas a la compra de viviendas.
Para las entidades que ya ofrecen créditos a UVA + 7,5% o por debajo de ese nivel, el incentivo es diferente. El programa puede representar principalmente una fuente de financiamiento de mayor plazo, sin que necesariamente implique una reducción adicional de las tasas que cobran a sus clientes.
El mercado espera los primeros créditos hacia fin de año
La implementación también abre interrogantes entre los bancos. Uno de los puntos que todavía genera dudas es si las entidades podrán ofrecer tasas superiores a los mínimos establecidos para los plazos fijos UVA con el propósito de captar una mayor proporción de los fondos disponibles en las subastas.
Otro aspecto pendiente es el tratamiento de quienes ya tomaron préstamos hipotecarios a tasas superiores al nuevo límite. También resta determinar cuánto tiempo demandará el proceso entre la adjudicación de los fondos, su disponibilidad efectiva para los bancos y la aprobación de los nuevos préstamos.
Si el cronograma se desarrolla según las previsiones de las entidades, los primeros créditos financiados bajo este mecanismo podrían comenzar a otorgarse entre noviembre y diciembre.
El impacto potencial no es menor. El programa fue diseñado para alcanzar a más de 10.000 viviendas y busca ampliar la disponibilidad de crédito en un mercado que durante 2026 muestra una contracción respecto del año anterior.
Un mercado que perdió volumen
El fondeo llega en un momento en que el crédito hipotecario atraviesa una etapa de menor dinamismo. Actualmente, el monto promedio de los préstamos ronda los u$s75.000, equivalentes a cerca de $100 millones, mientras que los plazos promedio se ubican en aproximadamente 23 años y las tasas se encuentran cercanas al 7%.
La evolución de las operaciones muestra la magnitud del desafío. Durante 2025 se otorgaron alrededor de 44.000 créditos hipotecarios, mientras que para 2026 se proyectan unos 30.000 préstamos. De concretarse esa previsión, el mercado registraría una caída cercana al 34% interanual.
En ese contexto, el programa del FGS intenta recomponer una pieza clave del mercado: el financiamiento de largo plazo. Para que el esquema tenga impacto sobre la demanda habitacional, sin embargo, no alcanza con aumentar los fondos disponibles. La condición decisiva será que esos recursos efectivamente se conviertan en créditos, con tasas y plazos compatibles con la capacidad de pago de los hogares.
La apuesta oficial combina así dos objetivos. Por un lado, ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda. Por otro, utilizar recursos de largo plazo para darle mayor profundidad a un mercado hipotecario que todavía permanece lejos de los niveles necesarios para convertirse en un canal relevante de financiamiento habitacional.
La primera licitación será, en ese sentido, una prueba concreta del mecanismo. El volumen adjudicado, la cantidad de bancos participantes y, sobre todo, la velocidad con la que los $200.000 millones se transformen en nuevas hipotecas permitirán medir si el esquema logra superar el problema central del mercado: no solo disponer de dinero, sino convertirlo en vivienda financiada a largo plazo.
Si algún turista desprevenido observó las redes sociales durante los últimos días en Misiones, pudo haberse llevado impresiones erróneas. Los recortes de las publicaciones pueden inducir a entusiasmos y frustraciones exacerbadas. Lo sabe hasta el propio Mark Zuckerberg, quien tuvo que pagar 17 mil millones de dólares para frenar una investigación en Estados Unidos que lo acusa de diseñar intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los usuarios.
En las últimas horas, cientos de reels y fotos en redes sociales describieron pequeños trozos de la superficie política y económica que se estaba discutiendo en Misiones. Por unos días, Puerto Iguazú fue nuevamente el epicentro de la política y la economía de la Argentina, en momentos en los que resurgió el interés del Gobierno por la soberanía de Malvinas.
La ciudad de las Cataratas acogió a la 47 Convención de Ejecutivos de Finanzas de la Argentina, con la presencia de CEOS y CFOs de las empresas líderes de la Argentina, con un disparador: “De la estabilidad al crecimiento”. Se dijo mucho en las exposiciones, pero lo más rico sucedió fuera de los escenarios.
Pese al escenario amistoso, para quienes siguieron con atención las distintas exposiciones, quedó flotando la idea de que la estabilidad es necesaria, pero no alcanza para garantizar el crecimiento. Algunos se preguntaron incluso si la economía argentina atraviesa hoy una relativa estabilidad, cuando hay vastos sectores en los que persiste el rojo que contrasta con el verde de la energía, la minería y algunos sectores exportadores.
La expectativa estuvo puesta en las presencias del ministro de Economía, Luis Caputo, del de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos en sus presentaciones intentaron despejar cualquier duda y redoblaron la apuesta para convencer a un auditorio casi convencido. Sin embargo, Caputo admitió que hay “distintas velocidades” en la economía, aunque las definió “como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico”.
La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó. Esta vez el ministro de Economía no puso fechas a la concreción de los resultados, aunque prometió bajar “más impuestos” en 2027 si se logra la reelección.
También disertaron la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y, finalmente, el propio Javier Milei, quien cerró el encuentro en lo que fue su primera visita presidencial a Misiones, en la que fue recibido con los honores de una protesta de productores yerbateros, muchos de los cuales hace apenas tres años celebraron su victoria motosierra en mano.
El viernes lo esperaron al costado de la ruta, pero no hubo ni un amague de escuchar sus planteos (apenas pudieron entregar una nota a la secretaria de Presidencia y a los diputados libertarios Samantha Steckler, Walter Baez y Osvaldo Manzoni). Sturzenegger se encargó de enterrar cualquier atisbo de comprensión: “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.
“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.
“Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.
Economis le planteó al ministro que el reclamo era de productores y no de la industria, a la que sí le va razonablemente mejor desde la desregulación del mercado. Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.
“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.
Seguramente Sturzenegger no prestó atención a la exposición de Raúl Karaben, socio de la cooperativa Piporé y el único empresario misionero que expuso ante el IAEF.
Karaben no se refugió en el costado exitoso del negocio exitoso de la cooperativa, que lleva la yerba incluso a las Islas Malvinas. Cuando describió la situación interna, eligió una definición sincera: “El precio está para el tujes”. Según el empresario, el productor percibe apenas un tercio de lo que cobraba cuatro años atrás y esos ingresos “no le alcanzan para lo más mínimo”.
El ajuste, advirtió, recae primero sobre el eslabón más débil. “Pierde el más chiquito”. Son cerca de 12.000 productores y son ellos, especialmente los de menor escala, quienes atraviesan el momento más crítico. Pero el impacto alcanza finalmente a toda la cadena. “Estamos mal porque la yerba está mal. El mal precio es para todos”, resumió.
Justamente, para atender al “más chiquito”, en la Legislatura provincial comenzó a tomar forma la declaración de una Emergencia Yerbatera por 360 días, una iniciativa que busca dotar a Misiones de herramientas para fijar un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde producida en explotaciones de hasta 50 hectáreas. El valor deberá contemplar los costos productivos, la mano de obra, las obligaciones tributarias y previsionales, además de un margen de rentabilidad que garantice la continuidad de las chacras. El proyecto incorpora mecanismos de fiscalización, trazabilidad, sanciones y actualización periódica. Mientras se discute una respuesta estructural para una crisis que golpea el corazón de la economía provincial, Misiones también decidió hacerse cargo de sus consecuencias sociales más urgentes: en octubre, 14.000 familias tareferas recibirán asistencia alimentaria financiada con recursos provinciales, junto con atención médica, vacunación y seguimiento escolar.
En su exposición, Karaben evitó atribuir el derrumbe exclusivamente a las decisiones del Gobierno nacional. “¿Es producto del Gobierno? No. La yerba tiene ciclos”, sostuvo. Señaló que el mercado pasó de una etapa de escasez a otra de sobreoferta: la producción aumentó de unos 800 millones a aproximadamente 980 millones de kilos y, con más materia prima disponible, el precio se desmoronó.
“¿La responsabilidad la tiene el Gobierno nacional? No, pero sí, porque no hace nada para atender la problemática”, planteó. La frase condensó su diagnóstico: el Estado no creó por sí solo la crisis, pero tampoco puede desentenderse de sus consecuencias sobre miles de familias productoras. Sturzenegger hizo oídos sordos. Economis le preguntó ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate? La respuesta fue terminante. “No, no, no”. En voz baja, hasta los libertarios locales admiten que el ministro no tolera críticas a sus dogmas.
No fue la única voz crítica. El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana. “Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal, que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.
Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino. “Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. La de Goerling no es una voz opositora. De hecho, el senador trabaja para diagramar una alianza con los libertarios para las elecciones de 2027. Las encuestas, muestran en el PRO, lo posicionan por encima del ex tenista Diego Hartfield y el diputado Adrián Núñez, quienes también aspiran a ser candidatos a gobernador. Nuñez quiere ser él quien encabece la eventual fórmula de la alianza.
Milei ignoró las críticas en su presentación, cerca de las 19 del viernes. Llegó apenas unos minutos antes a Iguazú y tuvo que atravesar una ruta cargada de manifestantes yerbateros y de otras organizaciones. La única mención fue al “potencial productivo” de Misiones. El Presidente redobló todas las apuestas. No habrá correcciones motivadas por la protesta social ni por el calendario electoral. Habrá más ajuste, más apertura económica, nuevas reformas y una profundización del rumbo iniciado en diciembre de 2023.
“Yo acá entré por el bronce. Toda mi vida estuve predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”, sentenció.
Reivindicó la necesidad de separar “el ruido de los fundamentos”, un principio que consideró central para las finanzas y para la conducción del Estado. “Estamos llenos de gente ruidosa que se queja. Si quieren hacer una omelette, tienen que romper los huevos. Si hay un entramado prebendario, van a patalear. Es así”, afirmó.
También buscó presentar su permanencia en la política como una misión acotada. Dijo que renunció a la jubilación presidencial y definió su vínculo con el Estado como “un contrato por cuatro años, con opción a ocho”. Después, aseguró, pretende volver a ganarse la vida en el sector privado.
“Si por capricho electoral modificara mi forma de actuar, mis conferencias y todo lo que dije durante mi vida pasarían a valer cero. Voy a redoblar la ortodoxia. No voy a cambiar la política hasta derrotar la inflación”, sostuvo.
El tramo más político del discurso estuvo dedicado a las elecciones de 2027. Milei se mostró convencido de que La Libertad Avanza volverá a imponerse y aseguró que un resultado similar al conseguido en los últimos comicios le permitiría obtener la mayoría en Diputados y quedar a solamente dos senadores del quórum propio en la Cámara alta.
“El año que viene les vamos a ganar, porque dudo que los argentinos sean tan tontos como para querer volver al pasado”, lanzó.
La eventual construcción de una mayoría parlamentaria aparece como la llave para una segunda oleada reformista. “Si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abróchense los cinturones porque ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”, adelantó.
El Presidente calificó a su administración como “la mejor gestión económica de los últimos cien años en la Argentina” y acusó al peronismo y a la oposición de “mover permanentemente el arco” para evitar reconocer los resultados.
Según su interpretación, la economía acumulará un crecimiento cercano al 20 por ciento en cuatro años, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y “quintuplicando” el desempeño argentino de los cien años anteriores.
“Al final, efectivamente soy especialista en crecimiento, con o sin dinero”, ironizó.
Milei presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como la plataforma de un flujo de capitales “que nunca se vio en el país”. Aseguró que existen proyectos aprobados por 45.000 millones de dólares y otros 150.000 millones pendientes de evaluación.
Las inversiones se concentran, según enumeró, en energía, minería y siderurgia. El Presidente vinculó ese proceso con la posibilidad de que la Argentina recupere peso geopolítico y fortalezca su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Otro de los ejes fue el mercado laboral. Milei aseguró que la ocupación se mantuvo estable y que durante su administración se crearon 500.000 puestos de trabajo, una cifra que contradice los datos oficiales que marcan que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo y 30.633 empleadores. Pero Milei cuestionó las mediciones concentradas exclusivamente en el empleo formal y rechazó que el trabajo informal deba ser descartado como una ocupación de menor valor. “No es de calidad robar. Trabajar está bien”, afirmó.
También desestimó la idea de una economía funcionando “a dos velocidades” comohabía admitido minutos antes el ministro de Economía. Según explicó, quienes utilizan esa definición “no saben nada de equilibrio general”, porque cualquier shock económico genera movimientos diferentes entre sectores, como si la economía fuera “una coctelera”.
La euforia presidencial contrastó con una llamativa frialdad en el auditorio. Hubo escasos y tibios aplausos y muchos de los asistentes estaban más atentos a las pantallas del celular que al discurso del libertario que cerró con el tradicional “Viva la Libertad Carajo”.
Milei abandonó rápido el Loi Suites para irse a otro hotel de las 600 hectáreas de Iguazú. En el Falls lo esperaban militantes y dirigentes que realizaron allí otra jornada de la “escuelita” libertaria. Esa es la foto que eligió mostrar el Presidente, recibido con vítores, aplausos y un festejo de campeón. “Gracias Misiones”, se despidió Milei con esa imagen abundante.
Pero no todo se mostró en las redes. Uno de los expositores en el encuentro del IAEF fue el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, quien se mostró menos exultante con el andar de la economía. Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.
“Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”.
“Para mí es un error de diagnóstico (del Gobierno) creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.
Nuevamente, lo más rico de su visita no estuvo ante las cámaras, sino detrás. En otro hotel de las 600 hectáreas, Brito se reunió con una treintena de empresarios de distintos sectores de Misiones para analizar el escenario económico nacional y provincial.
Brito desplegó en el almuerzo una mirada profundamente desarrollista. Déficit cero sí y retoques orientados a la producción. Sin cargar tintas, cuestionó la idea libertaria de que “el Estado empieza y termina en las cuentas del Estado y no en la gente” y en cambio, consideró que el Estado debe tener un rol de diseñar estrategias y articular con diversos sectores.
En la sobremesa, el ex presidente de River no confirmó si se meterá de lleno en política, pero planteó la idea de un país distinto y pidió información sobre la situación misionera, provincia con la que el Banco tiene una conexión especial.
La reunión organizada por el empresario turístico Juan Manuel Zorraquin y el tealero Jonathan Klimiuk tuvo a representantes yerbateros, madereros, de la energía, de automotores y un puñado de dirigentes políticos.
Los empresarios plantearon el acceso al crédito y la cuestión impositiva como claves para el desarrollo local.
En esa línea, el Gobierno provincial está atendiendo esas demandas. Hace unos días hubo un encuentro con empresarios de concesionarios de autos en los que se analizaron alternativas para aliviar la presión fiscal y empardar costos con otras provincias. Se trabaja en el impuesto al Parque Automotor, algunas rebajas y también en una solución al reclamo constante por los saldos a favor, tema que sobrevoló varias veces en el encuentro del IAEF, donde el economista Daniel Artana calificó a Misiones como “la campeona en no devolver”.
Pero el propio gobernador Hugo Passalacqua, anfitrión y orador en el encuentro de ejecutivos, expuso su visión. “Misiones es la provincia 13 en presión fiscal, estamos en mitad de tabla, con una política razonable y con cosas a corregir”. El dato adquiere otra dimensión cuando se miran los números: la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas.
El Gobernador aprovechó el encuentro para reunirse con directivos de la Unión Industrial Argentina con quienes analizó algunos planteos impositivos y recordó que ya puso en marcha una batería de medidas para aliviar la presión, como la corrección del anticipo de Ingresos Brutos, el fin de la denominada Aduana Paralela y retenciones automáticas. “Estamos haciendo un esfuerzo, falta, pero estamos haciendo”, señaló.
En esa corrección puede anotarse el fin de la prohibición del glifosato, impulsado por Passalacqua y aprobado por unanimidad en la Legislatura este jueves. Incluso Carlos Rovira votó a favor de la ley, pese a que hace apenas tres años había sido el principal impulsor del bloqueo para imponer el uso de bioinsumos.
Esa decisión había generado el rechazo de buena parte del sector productivo, lo que también alimentó la pertenencia de espacios opositores. Ahora los ánimos se distendieron. Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), definió el nuevo escenario: “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”.
