Luis Caputo

El Tesoro captó $4,49 billones en una licitación con fuerte demanda y combinó pesos, CER y dólar linked

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La Secretaría de Finanzas adjudicó $4,49 billones en la licitación realizada el miércoles 12 de agosto, sobre un total de ofertas por $6,49 billones. La operación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y una reapertura del Bonar 2029, en una estrategia que buscó atender distintas preferencias de cobertura y rendimiento dentro del mercado local.

El resultado implica que el Tesoro aceptó aproximadamente el 69% del valor efectivo ofertado en los instrumentos denominados en pesos y dólar linked. En total se recibieron 3.978 ofertas: 3.594 correspondieron a títulos en pesos y 384 a instrumentos vinculados al dólar. El valor efectivo ofertado alcanzó los $6,485 billones y el adjudicado llegó a $4,492 billones, tomando para los títulos denominados en dólares el tipo de cambio de referencia del 11 de agosto, de $1.492,179 por dólar.

La mayor parte de la colocación se concentró en la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, cuya reapertura recibió ofertas por un valor nominal de $3,631 billones. El Gobierno adjudicó $2,724 billones de valor nominal, equivalentes a $3,286 billones de valor efectivo, a un precio de corte de $1.206,31 por cada $1.000 de valor nominal y una TIREA de 28,54%. Con la nueva colocación, el monto nominal en circulación de este instrumento pasó a $6,504 billones.

El segundo instrumento en pesos fue una nueva Letra del Tesoro ajustada por CER, con vencimiento el 29 de enero de 2027. La demanda alcanzó $1,238 billones de valor nominal, mientras que se adjudicaron $659.715 millones, por un valor efectivo de $646.521 millones. El precio de corte quedó en $980 por cada $1.000 de valor nominal y la TIREA fue de 4,51%.

La licitación también mostró demanda por cobertura frente a la evolución del dólar. En la Letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 se ofertaron USD 301 millones de valor nominal y se adjudicaron USD 159 millones, por un valor efectivo equivalente a $234.411 millones. El precio de corte fue de USD 991 por cada USD 1.000 y la TIREA alcanzó 7,33%.

Para la nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, las ofertas también alcanzaron USD 301 millones, mientras que Finanzas adjudicó USD 221 millones. El valor efectivo equivalente fue de $324.511 millones, con un precio de corte de USD 986 por cada USD 1.000 y una TIREA de 6,91%.

El componente en moneda estadounidense tuvo además una colocación específica del Bonar 2029. El Tesoro recibió ofertas por USD 71,16 millones de valor efectivo y adjudicó USD 46,89 millones. La reapertura del Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6%, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, tuvo un precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal, una TNA de 8,39% y una TIREA de 8,72%.

En este último instrumento se aplicó un prorrateo de 60,148011569324% sobre las ofertas recibidas al precio de corte. El mecanismo permitió distribuir la adjudicación entre los inversores ante una demanda superior al monto efectivamente colocado.

La operación dejó además una segunda instancia abierta para este jueves 13 de agosto. Entre las 11 y las 13, el Gobierno habilitará una segunda vuelta para el Bonar 2029, por adhesión y al mismo precio de corte de USD 937,85 por cada USD 1.000 de valor nominal. En esa instancia podrá colocarse hasta un valor nominal de USD 50 millones y podrán participar personas humanas o jurídicas mediante el sistema de licitaciones.

Desde el punto de vista financiero, la licitación permite observar cómo el Tesoro está distribuyendo su estrategia de financiamiento entre instrumentos con distintos perfiles de riesgo y cobertura. La tasa fija ofrece previsibilidad nominal para el inversor, el CER incorpora protección frente a la inflación y las letras dólar linked trasladan al rendimiento la evolución del tipo de cambio aplicable. La coexistencia de estos instrumentos permite al Estado captar fondos sin depender de una única fuente de demanda y, al mismo tiempo, ofrece al mercado alternativas para posicionarse frente a diferentes escenarios macroeconómicos.

La resolución conjunta publicada este jueves formalizó, además, las emisiones y ampliaciones necesarias para instrumentar la licitación. Entre ellas se encuentra una nueva Letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026, una Letra ajustada por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 y las ampliaciones de la letra dólar linked de septiembre, la letra capitalizable de noviembre y el Bonar 2029.

El dato central para el mercado, sin embargo, es la magnitud de la demanda: sobre $6,49 billones ofrecidos, el Tesoro decidió adjudicar $4,49 billones. La colocación confirma que, aun con distintos instrumentos y horizontes, existe profundidad suficiente para que el Gobierno pueda renovar y administrar parte de sus necesidades financieras mediante el mercado local, mientras los inversores siguen demandando alternativas tanto en pesos como vinculadas al dólar y a la inflación.

Comunicado Resultados 20260812 by CristianMilciades

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Reforma del BCRA: el oficialismo consiguió dictamen y busca blindar la política monetaria frente al Tesoro

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El oficialismo consiguió este miércoles en Diputados el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un paso clave para uno de los proyectos institucionales centrales del programa económico de Javier Milei. La iniciativa, que mantiene prácticamente sin cambios el texto enviado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto, con el 26 de agosto como fecha tentativa para su tratamiento.

El despacho reunió 42 firmas de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El avance se produjo después de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda que comenzó atravesado por cruces políticos y terminó con la salida de los diputados de Unión por la Patria.

La discusión expuso una diferencia relevante incluso dentro del arco que acompaña al Gobierno. Eduardo Falcone, del MID, decidió no firmar el dictamen y cuestionó el tono de las intervenciones de algunos economistas invitados. El diputado consideró que las exposiciones de Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira se apartaron del carácter técnico que esperaba de la reunión y las calificó como una provocación innecesaria.

La tensión obligó incluso a diputados libertarios a pedir disculpas a representantes del PRO, la UCR y el MID. Fernando de Andreis, del PRO, también manifestó su desacuerdo con el contenido político de las primeras exposiciones, aunque dejó en claro que su espacio mantiene el respaldo al proyecto porque considera que la reforma institucional del BCRA resulta necesaria.

El episodio revela una cuestión política de fondo: el oficialismo consiguió construir una mayoría para avanzar con la reforma, pero la discusión sobre el Banco Central atraviesa incluso a sus propios aliados. La coincidencia parlamentaria se encuentra en la necesidad de limitar la utilización del organismo como fuente de financiamiento del Estado, mientras persisten diferencias sobre el alcance de sus objetivos y el grado de autonomía que debería tener frente al Poder Ejecutivo.

El núcleo de la reforma consiste en redefinir la misión del BCRA. El proyecto establece como objetivo central “la preservación del valor de la moneda nacional” y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la Carta Orgánica durante la reforma de 2012, bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont y durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El cambio no es meramente semántico. En términos institucionales, busca modificar la función que el Banco Central debe cumplir dentro del esquema económico y reducir el margen para que la autoridad monetaria persiga simultáneamente objetivos potencialmente contradictorios. La propuesta oficial parte de una premisa: una moneda estable requiere que la política monetaria no quede subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

La segunda transformación sustancial es la prohibición de financiar al Tesoro. El proyecto busca cerrar los mecanismos mediante los cuales el Banco Central puede asistir al Estado a través de adelantos transitorios y otros instrumentos. La iniciativa también contempla un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

La reforma incluye, además, modificaciones en el tratamiento de las reservas de libre disponibilidad y en la distribución de utilidades del BCRA. El paquete apunta a modificar la relación patrimonial y financiera entre el Banco Central y el Tesoro, una de las cuestiones más sensibles de la arquitectura monetaria argentina.

Otro aspecto relevante está relacionado con la estabilidad de las autoridades de la entidad. La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. La decisión del Poder Ejecutivo deberá sustentarse en causales específicas y contar con la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

Ese mecanismo introduce una barrera institucional adicional frente a cambios discrecionales en la conducción de la autoridad monetaria. El principio es que una mayor estabilidad de sus autoridades debería contribuir a reducir la interferencia política sobre las decisiones monetarias.

Los defensores de la reforma llevaron al debate una interpretación particularmente dura sobre la historia monetaria argentina. Boggiano sostuvo que los gobiernos utilizaron históricamente la inflación como mecanismo de financiamiento y cuestionó que la Carta Orgánica de 2012 haya asignado al Banco Central múltiples objetivos.

Castiñeira, asesor económico del Presidente, planteó una crítica similar y vinculó directamente la utilización de las reservas y la emisión monetaria con el financiamiento de los desequilibrios fiscales. Para ambos economistas, la reforma debe funcionar como una barrera institucional frente a la posibilidad de que futuros gobiernos vuelvan a recurrir al Banco Central para cubrir déficits.

Héctor Rubini llevó la discusión a un terreno comparativo. Según explicó, durante el período 2017-2026 los países de la región con bancos centrales con menor interferencia política —mencionó a Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay— registraron una inflación promedio mensual de 0,4%, frente al 4,2% de Argentina en el mismo período.

La comparación permite colocar la discusión sobre independencia monetaria en un contexto regional. El desafío no consiste solamente en prohibir la emisión destinada al Tesoro, sino en construir una institución con credibilidad suficiente para que los agentes económicos crean que las reglas monetarias no serán modificadas cada vez que cambien las necesidades fiscales o electorales.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, reforzó esa mirada al señalar que una inflación de un dígito no debería ser considerada un resultado extraordinario. Para el economista, una Carta Orgánica que otorgue mayor independencia al Banco Central permitiría reducir el margen de emisión cuando la demanda de pesos no la justifique.

El argumento oficial encuentra, sin embargo, una objeción institucional que quedó expuesta durante el plenario. Falcone planteó que la autoridad monetaria no debería limitarse exclusivamente a la preservación del valor de la moneda y propuso incorporar otros objetivos, en una línea similar al mandato dual de la Reserva Federal estadounidense.

La discusión sobre los objetivos del Banco Central es particularmente relevante porque define qué ocurre cuando estabilidad monetaria, empleo, crecimiento y estabilidad financiera entran en tensión. Una autoridad monetaria con un mandato estrecho tiene mayor claridad sobre su función, pero también menos herramientas para ponderar objetivos económicos diversos. Una con múltiples objetivos dispone de mayor flexibilidad, aunque puede enfrentar mayores dificultades para establecer prioridades y medir responsabilidades.

Falcone también cuestionó que el Congreso intervenga en la remoción de autoridades pero no tenga una participación equivalente en su designación. Su propuesta apunta a que ambas instancias requieran aprobación parlamentaria, una modificación que elevaría el nivel de consenso político necesario para conformar la conducción del organismo.

La controversia, en ese punto, trasciende la discusión entre oficialismo y oposición. La independencia del Banco Central no depende únicamente de impedir la asistencia financiera al Tesoro. También requiere definir quién designa a sus autoridades, cuánto duran sus mandatos, bajo qué circunstancias pueden ser removidas, qué objetivos deben perseguir y cómo rinden cuentas frente a la sociedad.

La experiencia argentina agrega un componente decisivo: la credibilidad. Las recurrentes crisis monetarias, cambios regulatorios y episodios de confiscación de ahorros dejaron una huella profunda sobre las decisiones de hogares y empresas. Por eso, una reforma institucional puede tener efectos económicos concretos solamente si logra modificar expectativas y generar confianza sostenida en las reglas.

Para el Gobierno, la reforma de la Carta Orgánica constituye una pieza complementaria de su estrategia de estabilización. La disciplina fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del Tesoro pueden reducir las presiones inflacionarias, pero el resultado de largo plazo dependerá de que esas restricciones sobrevivan a los cambios de administración.

Ese es precisamente el punto donde la reforma puede adquirir impacto social. Una moneda que conserve su valor no es solamente una meta macroeconómica: afecta el poder adquisitivo de los salarios, el valor de los ahorros, el costo del crédito y la capacidad de las empresas para planificar inversiones. Del mismo modo, limitar el financiamiento monetario del déficit puede reducir una fuente histórica de inflación, pero obliga al Estado a resolver sus desequilibrios mediante decisiones fiscales explícitas.

El dictamen conseguido por el oficialismo abre ahora una etapa diferente. La discusión en el recinto deberá determinar si la mayoría construida en comisión se sostiene y, eventualmente, qué modificaciones pueden introducirse al proyecto. El oficialismo ya consiguió el primer objetivo político; el desafío siguiente será transformar una mayoría parlamentaria circunstancial en un consenso institucional suficientemente amplio como para que las reglas del Banco Central no vuelvan a quedar atadas al ciclo electoral.

En última instancia, la reforma busca resolver un problema que Argentina arrastra desde hace décadas: cómo evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar desequilibrios fiscales y cómo construir una institución capaz de sostener el valor de la moneda aun cuando las necesidades políticas presionen en sentido contrario. La verdadera prueba de la nueva Carta Orgánica no estará en su aprobación, sino en si consigue sobrevivir al próximo gobierno que enfrente una crisis y tenga incentivos para volver a utilizar al Banco Central como caja.

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Caputo anticipó inversiones por hasta US$50.000 millones y aseguró que no habrá tensión cambiaria en 2027

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El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió la Bolsa de Comercio de Córdoba para transmitir una señal de confianza sobre el horizonte económico argentino: anticipó nuevos anuncios de inversiones bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta US$50.000 millones y aseguró que el flujo de dólares permitirá atravesar 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales, sin las tensiones cambiarias que caracterizaron otros ciclos electorales.

La magnitud del anuncio permite dimensionar el rol que el Gobierno pretende asignarle al RIGI. Caputo explicó que hasta ahora fueron aprobados 23 proyectos por US$49.766 millones, sobre un universo de 43 iniciativas presentadas por US$148.229 millones. Es decir, los proyectos aprobados representan aproximadamente un tercio de las inversiones postuladas, según los datos expuestos por el ministro.

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad”, sostuvo Caputo ante empresarios cordobeses. Y anticipó que próximamente se conocerán nuevos proyectos que podrían llevar el monto de inversiones a una escala de hasta US$50.000 millones adicionales.

El dato relevante para la economía argentina no reside solamente en el volumen anunciado, sino en su potencial efecto sobre el flujo futuro de divisas. El Gobierno busca que las grandes inversiones vinculadas a energía, minería, infraestructura y otros sectores estratégicos generen una oferta de dólares capaz de acompañar el crecimiento de la actividad sin reproducir los ciclos de escasez cambiaria que históricamente terminaron en restricciones, devaluaciones o crisis externas.

Sobre ese punto, Caputo fue categórico al descartar un escenario de turbulencias cambiarias en 2027. “El flujo de dólares es cada vez más alto, esto garantiza que no vamos a tener problemas en el tipo de cambio, como supimos tener en el pasado”, afirmó. Para el ministro, el ingreso creciente de inversiones permitirá que la economía llegue al próximo proceso electoral con una posición externa diferente a la de otros años electorales.

La apuesta supone, de todos modos, una condición central: que los proyectos anunciados se transformen efectivamente en desembolsos, producción, exportaciones y generación de empleo. La diferencia entre capital comprometido y capital efectivamente invertido será uno de los indicadores determinantes para evaluar si el RIGI consigue convertirse en una herramienta estructural de expansión de la capacidad productiva argentina.

Caputo también utilizó su exposición para abordar uno de los problemas menos visibles de la economía argentina: la persistencia de la desconfianza. A 25 años del corralito, el ministro sostuvo que aquella experiencia todavía influye en las decisiones financieras de los hogares y explicó que una parte de los argentinos mantiene dólares fuera del sistema bancario por temor a que una nueva crisis vuelva a restringir el acceso a sus depósitos.

“Nos han estado haciendo bullying por años”, resumió, al referirse a una cultura económica construida alrededor del miedo a la moneda nacional, los bancos y las instituciones. Su diagnóstico es que la dolarización de los ahorros no puede entenderse únicamente como una preferencia financiera, sino también como el resultado acumulado de crisis, confiscaciones, controles y cambios abruptos en las reglas de juego.

La reconstrucción de esa confianza aparece así como uno de los desafíos centrales de la política económica. Una economía puede estabilizar determinadas variables macroeconómicas, pero si los hogares y las empresas continúan actuando bajo la premisa de que las reglas pueden cambiar de manera repentina, el ahorro permanece fuera del sistema, el crédito se encarece y la inversión pierde profundidad.

En su lectura, las crisis argentinas tampoco fueron exclusivamente fenómenos económicos. Caputo sostuvo que detrás de cada desequilibrio que terminó en una crisis hubo decisiones políticas que evitaron abordar los problemas estructurales. Desde esa perspectiva, el objetivo oficial consiste en modificar esa dinámica mediante estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y reglas que permitan recuperar previsibilidad.

El ministro trasladó esa misma lógica al debate sobre la industria, aunque con una interpretación que vuelve a generar controversia. Cuestionó el desempeño del sector durante los años de tarifas subsidiadas y sostuvo que, pese a los niveles de protección y subsidios, la industria cayó alrededor de 10%, al igual que otros sectores como el comercio y la construcción.

La discusión plantea una cuestión que excede la disputa política sobre si la industria está creciendo o cayendo: qué modelo productivo puede sostenerse cuando los costos internos se encuentran desacoplados de los precios internacionales y qué condiciones necesita la producción argentina para competir sin depender indefinidamente de subsidios.

Caputo argumentó que durante años se utilizaron recursos equivalentes a cerca de 15 puntos del Producto Interno Bruto sin que ese esfuerzo se tradujera en una infraestructura acorde. Su crítica apunta a que el gasto público no logró generar una plataforma suficiente para reducir costos logísticos y mejorar la productividad.

El Gobierno pretende modificar esa ecuación mediante una mayor participación privada en infraestructura. Caputo anticipó que en los próximos dos años podría registrarse un cambio significativo en la infraestructura nacional a partir de las concesiones de rutas y del financiamiento de organismos multilaterales canalizado en conjunto con las provincias.

El vínculo con los gobernadores ocupa un lugar creciente en la estrategia del ministro. Después de las elecciones legislativas de 2025, Caputo reconoció la necesidad de involucrarse más directamente en la negociación política y comenzó a participar con mayor frecuencia de las reuniones de la mesa política de Casa Rosada y de actividades en el interior del país. La visita a Córdoba y el viaje previsto a Catamarca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, forman parte de esa nueva dinámica.

El dato político no es menor: la construcción de infraestructura requiere coordinación con provincias que, en muchos casos, están gobernadas por dirigentes de espacios opositores al Gobierno nacional. Caputo destacó precisamente esa convivencia institucional como una condición posible cuando existe un objetivo compartido de desarrollo.

Para el Norte Grande, donde la infraestructura energética y vial constituye uno de los principales reclamos de los gobernadores, esa coordinación puede adquirir una dimensión concreta. El desafío será transformar el diálogo político en proyectos financiables, obras ejecutables y una reducción verificable de los costos que hoy limitan la competitividad de las economías regionales.

La exposición de Caputo también tuvo un capítulo electoral. El ministro descartó que el kirchnerismo pueda regresar al poder y cuestionó las posibilidades de una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su argumento se apoyó en las dificultades que, según planteó, existen para construir una confluencia entre Kicillof, Cristina Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa y los gobernadores vinculados al peronismo.

Sin embargo, el núcleo económico de su mensaje estuvo lejos de esa disputa. Caputo buscó instalar que 2027 no será necesariamente otro año de tensión cambiaria y que el Gobierno no recurrirá a un esquema de estímulo fiscal de corto plazo para obtener rédito electoral. La apuesta oficial es que el crecimiento, la inversión y la estabilidad sean los factores que construyan expectativas positivas.

El verdadero test de esa estrategia será su capacidad para trasladar la mejora macroeconómica a la microeconomía. El ingreso de capitales puede ampliar la capacidad productiva; el RIGI puede acelerar inversiones; las concesiones pueden mejorar infraestructura y el equilibrio fiscal puede reducir la vulnerabilidad externa. Pero el impacto social dependerá de que esas variables terminen expresándose en más empleo privado, salarios reales, crédito, productividad y oportunidades para las empresas argentinas.

La promesa de Caputo para 2027, en definitiva, no se reduce a que “no falten dólares”. Implica que la Argentina consiga transformar esos dólares en inversión productiva y que la inversión se traduzca en una economía con mayor capacidad de generar riqueza sin volver a depender de ciclos de endeudamiento, emisión o restricciones cambiarias. Allí estará la diferencia entre una estabilización transitoria y un cambio estructural.

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Definen en qué podrán invertir los recursos del Fondo de Asistencia Laboral

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El Gobierno nacional estableció el marco de inversión para los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que comenzará a operar el 1° de noviembre y que busca generar un fondo destinado a afrontar las prestaciones vinculadas con las indemnizaciones laborales. La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía delimitó los instrumentos financieros habilitados, fijó topes de concentración y estableció un piso de liquidez para garantizar que los recursos estén disponibles cuando deban utilizarse.

La norma, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que los fondos deberán administrarse bajo los principios de seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital. El objetivo declarado es doble: conservar el valor de los aportes realizados por los empleadores y asegurar la disponibilidad de recursos para atender las prestaciones previstas por la Ley 27.802.

El esquema acota de manera precisa el menú de inversiones. Los recursos del FAL solo podrán colocarse en títulos de deuda del Estado nacional, valores negociables de deuda emitidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas por empresas privadas en la Argentina.

Para la deuda provincial y porteña y las obligaciones negociables privadas, Economía estableció además un filtro de calidad crediticia. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados habilitados por la Comisión Nacional de Valores y tener una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo.

La resolución también habilita instrumentos con distintas modalidades de rendimiento. Podrán integrar las carteras activos a tasa fija, vinculados a la TAMAR, ajustados por CER o asociados a la evolución del tipo de cambio. También podrán incorporarse Bonos Duales, siempre que combinen alguna de estas alternativas de rendimiento.

El punto central del nuevo esquema está en los límites de concentración. Los depósitos colocados en una misma entidad financiera y sus vinculadas no podrán superar el 15% del patrimonio total del FAL. Para los títulos de deuda de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el techo será del 15% en conjunto y del 5% por cada jurisdicción.

En el caso de las obligaciones negociables, la exposición podrá alcanzar como máximo el 20% del patrimonio del fondo en forma agregada, mientras que el límite por emisor y sus empresas vinculadas será del 10%. A su vez, los instrumentos cuyo rendimiento esté vinculado total o parcialmente a la evolución del tipo de cambio tendrán un tope específico del 10% del patrimonio.

La regulación incorpora además una barrera contra posibles conflictos de interés. Las entidades habilitadas para administrar los recursos del FAL no podrán invertirlos en depósitos ni en valores negociables emitidos por ellas mismas, sus controlantes, controladas o vinculadas. La única excepción son los depósitos a la vista destinados a operaciones de carácter operativo y transitorio.

Otro de los mecanismos destinados a preservar la capacidad de pago es el requisito de liquidez mínima. Las entidades deberán mantener como mínimo el 10% del patrimonio total del FAL en activos considerados de alta liquidez y bajo riesgo de mercado. La norma permite computar para ese porcentaje depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo precancelables o con vencimiento remanente de hasta 30 días y Letras del Tesoro Nacional en pesos, a tasa fija o ajustadas por CER, con vencimiento remanente de hasta 90 días.

El requisito de liquidez está pensado para acompañar el momento en que los fondos deban transformarse en prestaciones. Si el porcentaje cae por debajo del 10% como consecuencia del pago de beneficios, la entidad administradora tendrá un plazo de 90 días corridos para recomponer el nivel mínimo.

La norma también establece que los activos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos. En el caso de los valores negociables, deberán ser emitidos y negociarse en mercados autorizados de la Argentina. De esta manera, el diseño busca mantener los recursos dentro del circuito financiero local y bajo el marco regulatorio establecido por la normativa del FAL.

Economía contempló además qué sucede si un instrumento pierde posteriormente la calificación crediticia exigida. En ese supuesto, podrá permanecer en cartera hasta su vencimiento o ser vendido de manera ordenada dentro de un plazo máximo de 180 días corridos. Mientras subsista el incumplimiento, la entidad no podrá adquirir nuevos instrumentos del mismo emisor.

La Comisión Nacional de Valores tendrá ahora un papel operativo relevante. El organismo dispondrá de 45 días desde la entrada en vigencia de la resolución para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el régimen de inversiones.

El FAL comenzará a regir el 1° de noviembre bajo un esquema obligatorio para los empleadores privados. Según el diseño establecido por la Ley 27.802 y su reglamentación, los fondos tendrán como finalidad asistir al cumplimiento de las prestaciones laborales previstas por el nuevo régimen. Los recursos serán inembargables y cada empresa será titular de su propio fondo.

El financiamiento del mecanismo se realizará mediante una reasignación de contribuciones patronales vigentes, de acuerdo con el esquema previsto para el FAL: una alícuota del 2,5% de la remuneración mensual para las pymes y del 1% para las grandes empresas. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que el nuevo fondo no representa un incremento adicional de la carga patronal, sino una modificación en el destino de parte de los recursos existentes.

La arquitectura financiera definida por Economía apunta así a resolver uno de los principales desafíos del sistema: que el fondo pueda obtener rendimiento sin comprometer su capacidad para responder cuando aparezca una obligación laboral. La combinación de activos elegibles acotados, límites por emisor, requisitos de calificación y un mínimo de liquidez busca reducir el riesgo de que la búsqueda de rentabilidad termine afectando la disponibilidad del dinero destinado a las prestaciones.

En términos prácticos, el éxito del esquema dependerá de que esa disciplina de inversión se traduzca en fondos efectivamente disponibles cuando corresponda afrontar las obligaciones laborales. La regulación establece ahora las reglas financieras; el próximo paso será la implementación operativa por parte de las entidades habilitadas y la reglamentación complementaria que deberá emitir la CNV.

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Nación recaudó $1,5 billones para rutas, ejecutó apenas 26% y mantiene más de $1 billón en inversiones financieras

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La paralización de la obra pública nacional tiene una contracara financiera de dimensiones extraordinarias. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que tienen como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Sin embargo, solamente $394.406 millones llegaron efectivamente a ese objetivo.

Los datos surgen de una investigación de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, elaborada a partir de balances contables, informes mensuales de cuentas y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.

El resultado es una subejecución acumulada del 73,8% durante los primeros dos años y medio de la gestión libertaria. Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y reclamos de provincias y sectores productivos, el fideicomiso terminó mayo con más de $1 billón colocado en inversiones financieras.

La magnitud permite dimensionar una de las paradojas de la política de infraestructura nacional: no se trata únicamente de una caída de los recursos disponibles para las rutas. Una parte sustancial del dinero fue efectivamente recaudada, pero no llegó al asfalto.

De cada $100 recaudados, apenas $26 llegaron a las rutas

El comportamiento del SisVial muestra fuertes oscilaciones, pero una constante: la ejecución se mantuvo muy por debajo de la recaudación.

En 2024, ingresaron $360.238 millones y se ejecutaron apenas $40.668 millones, equivalente al 11,3%.

Durante 2025, la ejecución mejoró hasta el 39%: se aplicaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones.

Pero entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse. Sobre $450.500 millones recaudados, solamente $83.144 millones se destinaron al sistema vial: 18,5% del total.

Sumados los tres períodos, Nación recaudó $1,503 billones y ejecutó $394.406 millones. Es decir que, por cada $100 que ingresaron al sistema con destino vial, aproximadamente $26 fueron utilizados para ese propósito y $74 quedaron sin ejecutar.

Un impuesto con destino específico

El punto central de la investigación es la naturaleza de esos recursos. El SisVial es un subsistema del fideicomiso creado mediante el decreto 976/01 y recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad legal es financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.

El Ministerio de Economía funciona como autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario.

Según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, la afectación específica de los recursos buscó precisamente impedir que el dinero recaudado para infraestructura vial terminara absorbido por otros gastos del Estado.

El mecanismo había sido implementado por exigencia del Banco Mundial para garantizar que esos fondos quedaran jurídicamente vinculados a las rutas.

Más de $1 billón en inversiones financieras

El dato más significativo aparece al observar qué ocurrió con los recursos que no fueron ejecutados.

Al 31 de mayo de 2026, la cartera de inversiones financieras del SisVial alcanzaba los $1.001.018 millones.

De ese monto:

$854.234 millones estaban colocados en títulos públicos, mientras que otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos.

La comparación con el ritmo de las obras resulta elocuente. Sólo durante marzo, el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales mientras su cartera financiera aumentó en $83.840 millones, al pasar de $785.136 millones a $868.976 millones.

Dos meses después ya había superado el billón de pesos. El esquema experimentó además una transformación durante 2025.

Hasta mediados de ese año, las inversiones se concentraban fundamentalmente en plazos fijos del Banco Nación. Pero desde julio comenzó a crecer con fuerza la participación de títulos públicos.

En junio representaban el 11,5% de la cartera; en julio saltaron al 61,5% y en agosto al 79,4%. Para diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones invertidos por el SisVial estaba colocado en letras del Tesoro.

Recursos para intervenir hasta 25.000 kilómetros

La dimensión del dinero retenido adquiere otra escala cuando se traduce a infraestructura.

Un economista especializado en asuntos públicos consultado por LA NACION calculó que, tomando como referencia el costo por kilómetro surgido de una licitación reciente de Vialidad Nacional, con los recursos acumulados en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas.

La cifra equivale aproximadamente a dos tercios de la red vial nacional, aunque el propio especialista aclaró que se trata de una estimación aproximada.

El contraste resulta particularmente relevante para las provincias y economías regionales, donde la infraestructura vial constituye un componente directo del costo logístico. El deterioro de las rutas no sólo impacta sobre seguridad y tiempos de viaje: también encarece el transporte de mercaderías, aumenta costos de mantenimiento y reduce competitividad.

Entre 65% y 70% de las rutas, en estado regular o malo

La acumulación financiera ocurre mientras crecen las advertencias sobre el estado de la infraestructura.

Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que vinculó con la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.

Los reclamos también comenzaron a multiplicarse entre los gobernadores. Alberto Weretilneck, de Río Negro, describió las rutas nacionales de su provincia como “heridas, rotas y olvidadas”, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, advirtió sobre el profundo deterioro de distintos corredores.

La problemática tiene una dimensión especialmente sensible para provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como Misiones, donde prácticamente toda la producción y el abastecimiento dependen del transporte terrestre y de corredores nacionales estratégicos.

Economía concentra las decisiones

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre estos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía.

El decreto 215/14 -según detalla la investigación- ubicó a la cartera conducida por Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de los fondos fiduciarios integrados con recursos nacionales. Posteriormente, una resolución ministerial delegó facultades en la Secretaría Legal y Administrativa, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda.

LA NACION consultó al ministro Caputo y a sus principales colaboradores sobre los desembolsos, las inversiones financieras y los criterios utilizados para seleccionar montos, instrumentos y plazos, pero no obtuvo respuestas antes de la publicación de la investigación.

Desde el Banco Nación, en tanto, señalaron que la entidad actúa únicamente como fiduciaria y ejecuta las instrucciones que recibe del Ministerio de Economía.

Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior consultado por el diario describió el funcionamiento como una lógica propia de una “mesa de dinero”: obra pública prácticamente detenida mientras los recursos disponibles se orientan hacia inversiones financieras hasta su eventual utilización.

Más de $1,03 billones que no llegaron al asfalto

El balance final sintetiza la magnitud del fenómeno. Al cierre de mayo, el SisVial mantenía $1.001.018 millones en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

En conjunto eran $1.038.779 millones que no habían sido volcados a infraestructura vial.

El dinero está. Pero, por ahora, una proporción sustancial permanece en activos financieros mientras el deterioro vial continúa trasladando costos a las provincias, las empresas, el transporte y los usuarios.

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