Luis Caputo

Superávit fiscal: el Estado cerró agosto con $635.529 millones a favor

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El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit financiero de $635.529 millones, después de afrontar intereses de deuda por $1,35 billones. El resultado surgió de un superávit primario de $1.990.322 millones y permitió sostener el saldo positivo de las cuentas públicas por octavo mes consecutivo. Según los datos oficiales, el resultado financiero acumulado en los primeros ocho meses equivale a aproximadamente 0,2% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 1,1%.

El Ministerio de Economía informó además que el resultado financiero de agosto fue 62,8% superior al registrado en el mismo mes del año anterior. En términos nominales, los ingresos totales alcanzaron $15,03 billones, con un crecimiento interanual de 32,2%, mientras que los gastos primarios llegaron a $13,04 billones, un 32,9% más que un año atrás.

La diferencia entre el resultado primario y el financiero permite observar el peso de los intereses. En agosto, el Estado obtuvo casi $2 billones antes del pago de intereses y terminó con un excedente de $635.529 millones después de computar $1.354.793 millones en intereses netos de las tenencias intra sector público. La dinámica muestra que el equilibrio fiscal no depende solamente de la evolución del gasto primario, sino también del costo financiero de la deuda.

Un ajuste que no fue uniforme

En términos reales, el gasto primario se redujo 0,5% interanual durante agosto. Pero detrás de esa variación agregada hubo comportamientos diferentes entre las principales partidas. Las transferencias a universidades aumentaron 9,7% real, mientras que las prestaciones del PAMI crecieron 4,9%, la Asignación Universal por Hijo avanzó 4,7% y las pensiones no contributivas lo hicieron 4,2%.

Los datos oficiales muestran además que las prestaciones sociales totalizaron $8,4 billones durante el mes, con una suba nominal de 33,7%. Los subsidios económicos alcanzaron $1,27 billones y crecieron 36,7% interanual, en un contexto que el Ministerio de Economía vinculó con mayores costos de generación energética derivados de la crisis en Medio Oriente. Las remuneraciones sumaron $1,6 billones, con un incremento nominal de 24%.

También hubo un aumento significativo del gasto de capital. Las erogaciones destinadas a este concepto llegaron a $403.965 millones, 90,3% más que en agosto del año pasado, con incidencia de obras viales y trabajos vinculados al complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff, según la información oficial.

La lectura de estas cifras muestra que el sostenimiento del resultado fiscal convive con una recomposición dentro del propio gasto público. Mientras el gasto primario total tuvo una baja real marginal, algunas partidas vinculadas con educación, prestaciones sociales e inversión mostraron incrementos por encima de la inflación.

El superávit como ancla de la política económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a presentar el resultado como parte de la estrategia de consolidación fiscal del Gobierno. Según su planteo, el orden de las cuentas públicas se alcanzó mediante una reducción del gasto acompañada por una disminución acumulada de impuestos equivalente a alrededor de 3% del PBI.

El Gobierno sostiene que la continuidad del superávit constituye una condición para estabilizar las variables macroeconómicas y avanzar sobre la inflación y el poder adquisitivo. Esa es una interpretación de política económica del Ejecutivo; el dato verificable es que el SPN mantiene un resultado financiero positivo y que el acumulado hasta agosto representa alrededor de 0,2% del PBI.

El próximo paso de la agenda fiscal estará atravesado además por el programa con el Fondo Monetario Internacional. Una misión técnica del organismo tiene previsto iniciar el 21 de septiembre la tercera revisión del programa vigente, con especial atención sobre las metas fiscales y la acumulación de reservas.

En paralelo, el Gobierno incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 la previsión de un cuarto año consecutivo de superávit financiero. Caputo había señalado días atrás que, de concretarse, se trataría de un período de cuatro ejercicios con resultado financiero positivo sin que el país se encuentre en default, una caracterización que el propio Gobierno utiliza para describir la trayectoria fiscal proyectada.

El dato de agosto, por lo tanto, no es solamente una cifra mensual. Consolida una trayectoria fiscal que el Gobierno busca convertir en una regla permanente, mientras enfrenta el desafío de sostener el equilibrio de las cuentas públicas con una estructura de gasto en la que conviven recortes reales, aumentos de determinadas prestaciones, mayores erogaciones de capital y un costo financiero de la deuda que continúa absorbiendo una parte sustancial del resultado primario.

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Misiones cumplió las metas fiscales de 2025 y quedó fuera del plan de convergencia para provincias con desvíos

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Misiones cerró 2025 dentro de todas las reglas fiscales evaluadas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), en una revisión de las cuentas provinciales que dejó, al mismo tiempo, una señal sobre las dificultades que atraviesan otros distritos: 13 jurisdicciones incumplieron el límite establecido para la evolución del Gasto Corriente Primario.

El resultado fue analizado esta semana en Buenos Aires durante una nueva reunión del Consejo, encabezada por el ministro de Economía de la Nación y presidente del organismo, Luis Caputo, junto con representantes económicos y equipos técnicos de las provincias.

Para Misiones, la evaluación abarcó cinco aspectos centrales: presentación y publicación de la información fiscal en los plazos establecidos, evolución del Gasto Corriente Primario, comportamiento del empleo público, servicios de la deuda y promoción del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre los municipios.

La provincia cumplió los objetivos en todos esos parámetros.

Uno de los indicadores observados fue el tamaño del empleo público provincial medido en relación con la población. Al cierre de 2025, Misiones registró 53,5 cargos ocupados cada 1.000 habitantes, nivel que se mantuvo dentro de los objetivos establecidos por el régimen.

La revisión forma parte del sistema creado por la Ley 25.917 para establecer reglas comunes sobre la administración de las cuentas públicas de Nación y las provincias adheridas. El Consejo Federal es el órgano encargado de aplicar y monitorear ese régimen.

Trece jurisdicciones deberán corregir sus desvíos

El panorama no fue homogéneo entre las provincias. El seguimiento correspondiente al ejercicio 2025 determinó que 13 jurisdicciones incumplieron la regla vinculada con el Gasto Corriente Primario, uno de los principales parámetros utilizados para evaluar la evolución de las cuentas públicas.

Ante ese resultado, el Consejo aprobó la Resolución N.º 146, que crea el Programa de Convergencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

El mecanismo no elimina las reglas vigentes ni modifica los parámetros que deben cumplir las jurisdicciones. Establece, en cambio, una trayectoria para que aquellas provincias que registraron desvíos puedan corregirlos progresivamente y regresar al esquema de cumplimiento.

De ese modo, la evaluación dejó dos escenarios diferenciados: las jurisdicciones que cerraron 2025 dentro de los parámetros establecidos -entre ellas Misiones- y aquellas que deberán aplicar medidas de convergencia sobre sus cuentas.

Caputo presentó las pautas del Presupuesto 2027

La reunión tuvo además como telón de fondo la discusión del Presupuesto Nacional 2027, presentado esta semana por el Gobierno nacional.

Caputo expuso ante los representantes provinciales las principales variables macrofiscales utilizadas para elaborar el proyecto. El escenario oficial contempla para 2027 una inflación promedio del 21,1%, un tipo de cambio promedio de $1.728 por dólar, un crecimiento de la economía del 4% y una mejora real de los salarios del 3%.

El ministro también adelantó cambios incorporados al proyecto a partir de planteos realizados por gobernadores. Entre ellos mencionó una propuesta vinculada con el tratamiento impositivo de las obras de infraestructura vial, con el objetivo de reducir la carga tributaria asociada a esas inversiones.

El encuentro reunió además al secretario de Provincias, Carlos Guberman; al vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria; a la secretaria de Provincias, Valeria Sánchez; representantes del Comité Ejecutivo del CFRF y funcionarios y equipos técnicos de las jurisdicciones adheridas.

El Consejo también avanzó con la evaluación de los Presupuestos provinciales 2026 y las proyecciones plurianuales 2026-2028, completando una revisión que no se limita al resultado de un ejercicio, sino que busca seguir la trayectoria de ingresos, gastos, deuda y empleo de cada jurisdicción.

Para Misiones, el cierre de 2025 dejó un dato concreto: la provincia atravesó la evaluación federal sin incumplimientos en ninguno de los parámetros analizados, mientras el Consejo abrió una instancia específica para que los distritos que se desviaron de las reglas fiscales vuelvan gradualmente a cumplirlas.

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Presupuesto 2027: el impuesto a los combustibles crecería 59,3% y presiona sobre el costo del surtidor

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El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional deja una señal concreta sobre uno de los precios que atraviesan toda la economía: los combustibles. La recaudación conjunta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) está proyectada en $12,2 billones para el próximo año, con un incremento nominal del 59,3%. La tasa más que duplica el crecimiento previsto para el conjunto de los tributos nacionales, estimado en 27,9%.

La diferencia no se explica solamente por una mayor actividad económica. El principal factor identificado en el proyecto es la actualización de las sumas fijas que componen estos impuestos. A diferencia de otros tributos que se calculan como porcentajes, el ICL y el IDC se determinan sobre montos fijos por unidad de combustible que deben actualizarse periódicamente de acuerdo con la evolución del IPC.

Ese mecanismo quedó parcialmente rezagado durante los últimos años. El Gobierno fue aplicando de manera escalonada actualizaciones correspondientes a períodos anteriores y, mediante el Decreto 829/2026, volvió a postergar hasta el 1 de octubre la entrada en vigencia de los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026.

El dato fiscal, por lo tanto, funciona también como una señal para el mercado de combustibles. Si el Estado espera recaudar $12,2 billones por estos impuestos, la normalización de los montos fijos pendientes constituye una pieza central de esa estimación. No implica que el impuesto sea el único componente que determine el precio final en el surtidor, pero sí que tendrá un peso creciente dentro de la estructura tributaria de las naftas y el gasoil.

La diferencia con el resto de la recaudación resulta significativa. Para 2027, el proyecto contempla un aumento de 28,2% en IVA, 30,5% en Ganancias, 39,2% en Derechos de Importación y Tasa de Estadística, 41,3% en Derechos de Exportación y 25,8% en Créditos y Débitos. En Seguridad Social, el incremento previsto es de 19,7%, mientras que Bienes Personales crecería apenas 7,5%. Frente a ese escenario, el 59,3% de Combustibles aparece como una variación particularmente elevada.

La explicación oficial combina la actualización de los gravámenes con las hipótesis macroeconómicas generales del Presupuesto: mayor actividad, crecimiento de los volúmenes de comercio exterior, aumento de las remuneraciones imponibles y del empleo, evolución de precios y tipo de cambio, además de una mayor recaudación asociada a los regímenes de facilidades de pago.

El contexto macroeconómico proyectado por el Gobierno también ayuda a dimensionar la apuesta. Para 2027, el Presupuesto contempla un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y una inflación promedio de 21,1%. El salario medio nominal subiría 25,4%, mientras que el dólar tendría una referencia de $1.847,6 para diciembre y de $1.728 como promedio anual.

En materia fiscal, la administración de Javier Milei proyecta mantener un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el objetivo es encadenar cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que la Argentina se encuentre en default. Se trata de una de las principales anclas del esquema presupuestario oficial.

La cuestión relevante para empresas y consumidores es cómo se absorberá el mayor componente tributario de los combustibles. El impacto no queda circunscripto al automovilista: el gasoil es un insumo directo para el transporte de cargas, la producción agropecuaria, la construcción y buena parte de las actividades que dependen de logística terrestre. En una economía regional como la del NEA, donde las distancias hacia los principales mercados agregan peso al costo logístico, cualquier incremento sostenido del combustible puede trasladarse a estructuras de costos más amplias.

La propia normativa contempla un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al área de influencia patagónica, integrada por Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Patagones y Malargüe. Ese régimen muestra que el diseño del impuesto reconoce que el impacto territorial del combustible no es uniforme.

El Presupuesto, además, proyecta exportaciones de bienes por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones durante 2027, con un saldo comercial de bienes de US$15.560 millones. La apuesta oficial combina crecimiento, expansión del comercio exterior y disciplina fiscal, pero parte de esa ecuación dependerá de cómo evolucionen los costos internos, entre ellos los energéticos.

Por eso, el salto de 59,3% en la recaudación de Combustibles debe leerse más como una señal sobre la recomposición de un impuesto atrasado que como una simple proyección de mayor consumo. El punto económico decisivo será cuánto de esa actualización queda absorbido por las empresas, cuánto se traslada a precios y cuánto termina impactando sobre la actividad. Para 2027, el surtidor vuelve a quedar conectado directamente con la política fiscal y con el costo de producir y transportar en la Argentina.

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Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento y 21,1% de inflación

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El Gobierno nacional presentó este martes el proyecto de Presupuesto 2027, con una hoja de ruta macroeconómica que combina crecimiento del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una mejora nominal del salario medio del 25,4%. El esquema también contempla un tipo de cambio promedio de $1.728 durante el año, exportaciones superiores a US$130.000 millones y un saldo favorable de bienes y servicios por encima de los US$15.000 millones.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará a transitar el debate parlamentario. Según lo informado, las primeras exposiciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda están previstas para el 7 de octubre, con la participación de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase.

El dato central de la propuesta es que el Ejecutivo vuelve a colocar el resultado fiscal como ancla del programa económico. El Gobierno sostiene que, si se cumplen las proyecciones, 2027 marcaría el cuarto año consecutivo con superávit financiero, una secuencia que el Ministerio de Economía presenta como inédita para un período sin default. El ministro Luis Caputo también vinculó este resultado con una estrategia orientada a sostener el equilibrio macroeconómico y ampliar la capacidad exportadora.

La pauta de crecimiento del 4% supone que la economía mantendrá durante 2027 una expansión suficiente para acompañar la recuperación de los ingresos y la actividad. En paralelo, la inflación promedio proyectada es de 21,1%, mientras que para diciembre de 2027 el proyecto contempla una variación interanual cercana al 18%. Esa diferencia entre promedio anual y dato de cierre resulta relevante para leer el supuesto de desinflación que sostiene las cuentas públicas.

El salario promedio aparece como una de las variables con mayor impacto sobre la economía cotidiana. El Presupuesto calcula una mejora nominal del 25,4%, por encima de la inflación promedio prevista. Si ambas trayectorias se concretaran, implicarían una recuperación del poder adquisitivo durante el año. La traducción efectiva de esa hipótesis, sin embargo, dependerá de la evolución del empleo, la informalidad, el crédito y la capacidad de los distintos sectores para trasladar la recuperación de ingresos a consumo e inversión.

El dólar también ocupa un lugar central en la arquitectura del proyecto. El Gobierno calcula un tipo de cambio promedio anual de $1.728 y, según la explicación oficial, ese valor no debe interpretarse como una predicción puntual de mercado, sino como el resultado de actualizar el tipo de cambio vigente por la inflación proyectada para 2027. Para diciembre, en tanto, el escenario contempla un valor de $1.847,60.

La referencia cambiaria tendrá efectos sobre buena parte de las variables presupuestarias: desde los recursos asociados al comercio exterior hasta las obligaciones denominadas en moneda extranjera. También funcionará como uno de los supuestos que deberán ser contrastados durante el debate parlamentario con la evolución efectiva de precios, actividad, reservas y mercado cambiario.

El otro pilar de la estrategia es externo. El proyecto prevé exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de bienes y servicios mayor a US$15.000 millones. El Gobierno viene planteando que la expansión de las ventas externas de agroindustria, energía, minería, industria y servicios es una fuente central de generación de divisas y de sostenimiento del equilibrio macroeconómico.

Para las economías regionales, esa hipótesis abre una cuestión concreta: cuánto de esa expansión exportadora puede transformarse en mayor producción, inversión, empleo y demanda sobre las cadenas locales. El propio Gobierno viene impulsando reducciones progresivas de derechos de exportación para distintos complejos agroindustriales con el argumento de mejorar competitividad y estimular producción e inversión.

El Presupuesto también plantea una meta fiscal exigente. De acuerdo con las cifras difundidas sobre el proyecto, el Sector Público Nacional prevé para 2027 un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI, y un superávit financiero de $3,30 billones, equivalente al 0,2% del producto. La segunda cifra incorpora el pago de intereses de la deuda y, por eso, es una referencia particularmente relevante para evaluar la consistencia del programa.

La discusión parlamentaria tendrá así dos planos. Por un lado, deberá analizar las partidas concretas de gasto, inversión y funcionamiento del Estado. Por otro, deberá poner a prueba los supuestos macroeconómicos que sostienen la estimación de recursos y el resultado fiscal: crecimiento del 4%, inflación del 21,1%, expansión salarial del 25,4%, dólar promedio de $1.728 y fuerte crecimiento de las exportaciones.

Más que una simple planilla de ingresos y gastos, el Presupuesto 2027 funciona como la hoja de ruta con la que el Gobierno buscará convertir la estabilización fiscal y monetaria en crecimiento sostenido. El desafío será que esas variables macroeconómicas se traduzcan en mayor actividad productiva, inversión y capacidad de generación de empleo sin perder el equilibrio fiscal que el Ejecutivo convirtió nuevamente en el eje de su programa.

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“Esperaba que aplaudieran”, el insólito reclamo de Luis Caputo a los empresarios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió “no dejarse llevar por las ansiedades” y reclamó un aplauso por haber logrado el cuarto año con superávit fiscal.

El jefe del Palacio de Hacienda salió a replicar a quienes le piden cambios en el programa para “ponerle plata en el bolsillo a la gente” y sostuvo que “al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”.

“El camino correcto”

“Vamos a seguir haciendo las cosas bien”, resumió de cara al futuro Caputo al exponer en la celebración del Día de la Exportación.

“Estamos cambiando el modelo y aplicando lo que funciona en todas partes del mundo porque tenemos un presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, subrayó.

En ese sentido, Caputo remarcó: “Este es un proceso que requiere: uno, saber que estamos por el camino correcto, y dos, perseverar y no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento”.

Reclamo por aplausos

Al inicio de su presentación, Caputo destacó que el gobierno presentará el presupuesto 2027 con superávit financiero y será el cuarto año consecutivo con esta característica, además del primer período en la historia.

Al finalizar la frase, le reclamó al auditorio: “Esperaba que aplaudieran… pero nadie lo hizo”. Recién en ese momento se produjo el aplauso. También aseguró que el actual modelo “empuja las exportaciones” y negó que sea un modelo financiero en detrimento de la industria.

Caputo subrayó que se estima que 2026 termine con un saldo comercial superavitario en US$27.000 millones. El ministro afirmó que, por estos días, se enfrentan a un “shock externo brutal” con fuerte suba de la tasa de interés y aumento del precio del petróleo y de la energía.

“Previsibilidad”

“Hace tres años hubiésemos discutido si durábamos uno o dos minutos”, aseguró el ministro y agregó que se mantiene la estabilidad cambiaria y macroeconómica por la fortaleza que impone la disciplina fiscal.

Caputo dijo que la generación de dólares que ofrecen sectores como el petróleo, la energía, la minería y el agro asegura “estabilidad cambiaria y orden macro”, lo cual dota a la economía de una “previsibilidad” que favorece a todos los sectores.

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