Luis Caputo

Bausili ratificó el plan económico y descartó priorizar el fin del cepo para empresas

Compartí esta noticia !

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ratificó este lunes la continuidad del programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que la inflación seguirá en descenso, en una señal política destinada a reforzar la estrategia económica de la administración de Javier Milei.

Durante una conferencia realizada en el Salón Bosch del BCRA para presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los estados contables del ejercicio 2025, el funcionario dejó además una definición relevante para el sector privado: el levantamiento del cepo cambiario para empresas no figura entre las prioridades inmediatas de la autoridad monetaria.

La exposición, compartida con el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, buscó transmitir estabilidad en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. Según planteó Bausili, Argentina logró atravesar ese escenario sin repetir episodios de estrés cambiario observados en otros momentos de crisis.

“El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas domésticas cayeron y el superávit energético actuó como amortiguador”, sostuvo el titular del BCRA al describir el comportamiento reciente de la economía local.

El Gobierno sostiene el esquema cambiario para empresas

Uno de los mensajes más sensibles para el mercado fue la confirmación de que el Banco Central no considera prioritario flexibilizar las restricciones cambiarias que aún afectan a personas jurídicas.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó Bausili.

La definición implica que continuarán vigentes mecanismos regulatorios como las limitaciones para operar simultáneamente en mercados oficiales y financieros durante períodos determinados. Según explicó el funcionario, la prioridad oficial es garantizar el funcionamiento del comercio exterior y evitar tensiones sobre las reservas.

Incluso, ante consultas sobre la posibilidad de mantener el esquema actual por tiempo indefinido, Bausili respondió que “podría quedar así”, dando a entender que el Gobierno no considera el cepo corporativo como un obstáculo inmediato para la dinámica económica.

La posición marca una diferencia respecto de la flexibilización otorgada a personas físicas desde abril de 2025 y confirma que la apertura cambiaria avanza de manera segmentada y bajo control del Banco Central.

Inflación, empleo y reforma laboral

En paralelo, el titular del Central insistió en que el proceso de desaceleración inflacionaria continuará durante los próximos meses. El Gobierno interpreta ese comportamiento como el principal sostén político y económico del programa libertario.

Bausili vinculó además la baja de la pobreza registrada en el segundo semestre de 2025 con la reducción de la inflación. Según indicó, el BCRA estima que casi seis puntos porcentuales de esa caída estuvieron directamente asociados a la estabilización monetaria.

Sobre el mercado laboral, reconoció que hubo deterioro en el empleo formal, aunque señaló que la reciente Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso apunta a revertir esa tendencia y dinamizar la contratación registrada.

Según los datos presentados durante la conferencia, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel que el funcionario calificó como históricamente bajo, aunque superior al del año anterior.

Otro de los puntos abordados fue la continuidad del swap con China, cuyo vencimiento opera en agosto. Bausili confirmó que el Gobierno negocia una extensión “en los mismos términos”, sin modificaciones estructurales.

El funcionario también relativizó el peso del denominado “carry trade” en el sistema financiero argentino y aseguró que las inversiones especulativas de corto plazo representan una porción marginal del mercado local.

Según explicó, el stock estimado de inversiones de no residentes en títulos públicos de corto plazo ronda los USD 2.000 millones sobre un mercado de capitales cercano a USD 60.000 millones.

Además, defendió las restricciones existentes para desalentar el ingreso de capitales golondrina y sostuvo que el esquema argentino es, incluso, más flexible que el de otros países de la región donde las empresas ni siquiera pueden operar cuentas en dólares localmente.

Estabilidad como activo central del oficialismo

La conferencia del Banco Central tuvo un fuerte componente político. Más allá de los datos técnicos, el mensaje central apuntó a consolidar la idea de continuidad y previsibilidad del programa económico en un momento donde el Gobierno busca fortalecer expectativas de estabilidad.

La frase de Bausili —“no hay manera de cambiar el rumbo”— funcionó como una señal hacia el mercado, el empresariado y los actores financieros que siguen de cerca la sostenibilidad del esquema cambiario y fiscal.

La decisión de mantener controles para empresas también revela que el oficialismo prioriza preservar el equilibrio externo antes que avanzar hacia una liberalización total del mercado de cambios. Ese equilibrio aparece hoy como una de las principales variables que monitorea el Gobierno para evitar tensiones sobre reservas y tipo de cambio.

En provincias con fuerte dependencia del comercio exterior y economías regionales, como Misiones, la continuidad de restricciones cambiarias para empresas mantiene relevancia sobre sectores exportadores e importadores que operan con insumos dolarizados.

Aunque el BCRA aseguró que las importaciones funcionan con fluidez y que las exportaciones mantienen niveles elevados, el sostenimiento del actual esquema cambiario seguirá siendo una variable observada por industrias, forestales, yerbateras y firmas vinculadas al comercio fronterizo del NEA.

También el comportamiento de la inflación continuará teniendo impacto directo sobre consumo, costos logísticos y actividad comercial en una región particularmente sensible a las variaciones de precios y al tipo de cambio.

El Gobierno busca mostrar que la etapa de emergencia quedó atrás y que el programa económico ingresó en una fase de consolidación. Sin embargo, el propio Bausili reconoció que persisten riesgos internacionales asociados al conflicto en Medio Oriente y a eventuales tensiones comerciales globales.

La evolución de la inflación, la dinámica del empleo formal, la estabilidad cambiaria y la renovación del swap con China aparecen como variables centrales para medir si el esquema oficial logra sostenerse sin sobresaltos durante la segunda mitad del año.

Compartí esta noticia !

Caputo sostuvo el superávit fiscal en abril y el Gobierno refuerza su ancla económica pese a la caída de retenciones

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril y ratificó el equilibrio de las cuentas públicas como eje central de su programa económico. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero favorable de $268.103 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $364.741 millones.

Con este resultado, el superávit financiero acumulado en los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó aproximadamente el 0,2% del Producto Bruto Interno (PIB), mientras que el superávit primario llegó al 0,5% del PIB. Para la administración de Javier Milei, el dato funciona como una señal política y financiera en un escenario todavía marcado por la desaceleración económica y la presión sobre la actividad industrial.

El equilibrio fiscal sigue siendo el eje del programa económico

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el resultado confirma la continuidad del “ancla fiscal”, uno de los pilares del esquema económico que impulsa el Gobierno. El Ministerio de Economía remarcó que el desempeño se logró pese al pago de intereses y en un contexto donde algunos ingresos asociados al comercio exterior mostraron retrocesos.

Los ingresos totales del SPN durante abril alcanzaron los $13,4 billones, con una suba interanual del 29,6%. La recaudación tributaria creció 26,9% interanual, impulsada principalmente por el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el IVA neto de reintegros.

Sin embargo, los Derechos de Exportación registraron una caída de 17,4% interanual. El dato adquiere relevancia política porque las retenciones continúan siendo una fuente sensible de recursos fiscales y reflejan, además, el impacto de la dinámica del comercio exterior y de la actividad agroexportadora.

Del lado del gasto, el Gobierno informó que los gastos primarios ascendieron a $12,7 billones, con un incremento interanual del 34,5%.

Las prestaciones sociales representaron el principal componente, con erogaciones por $8,09 billones, mientras que las remuneraciones del sector público alcanzaron $1,62 billones.

Uno de los puntos que más creció fueron los subsidios económicos, que aumentaron en $701.872 millones. Según Economía, la suba estuvo vinculada al pago de gastos asociados a transacciones energéticas correspondientes a marzo y abonadas durante la primera semana de abril.

También se destacó el crecimiento del gasto de capital, que alcanzó $420.661 millones, con una variación interanual de 123,2%. Descontando aportes a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron 69,5%.

El dato introduce un matiz relevante dentro de la estrategia oficial: mientras el Gobierno mantiene el discurso de austeridad y ajuste fiscal, también busca mostrar capacidad de sostener determinados niveles de inversión y compromisos operativos del Estado.

El resultado fiscal tiene una dimensión política central para la Casa Rosada. En un contexto donde el oficialismo necesita sostener confianza en los mercados y mostrar capacidad de pago, el superávit aparece como una herramienta de legitimación económica.

Luis Caputo reforzó esa línea al afirmar que el equilibrio se sostiene mediante “una estricta administración del gasto público” y aseguró que el objetivo es combinar orden fiscal con reducción de impuestos y cumplimiento de compromisos financieros.

La administración nacional intenta construir una narrativa de estabilidad basada en la disciplina presupuestaria, incluso cuando algunos indicadores de actividad todavía muestran debilidad. La caída en los ingresos por retenciones y el aumento de subsidios energéticos revelan, no obstante, que el margen fiscal continúa condicionado por variables sensibles de la economía real.

Impacto económico y señales para las provincias

El sostenimiento del superávit también tiene implicancias para las provincias y los sectores productivos. La reducción de transferencias corrientes al sector público —que cayeron 18,6% interanual— mantiene bajo presión a las administraciones subnacionales, especialmente aquellas con menor autonomía financiera.

En el caso de Misiones y el NEA, el comportamiento de los recursos vinculados al consumo interno y a la actividad exportadora seguirá siendo un factor clave. La caída en derechos de exportación y la evolución de la recaudación tributaria nacional pueden impactar indirectamente sobre el flujo de recursos y el ritmo de actividad regional.

Al mismo tiempo, el incremento del gasto de capital podría convertirse en una variable a seguir para evaluar si el Gobierno sostiene niveles de inversión pública selectiva en infraestructura o energía durante los próximos meses.

El resultado de abril fortalece la estrategia oficial de mostrar consistencia fiscal en medio de un escenario económico todavía frágil. Sin embargo, el equilibrio dependerá de múltiples factores: la evolución de la actividad, la recaudación, el costo energético y la capacidad del Gobierno de sostener el superávit sin profundizar tensiones sobre el entramado productivo y las provincias.

El comportamiento de las exportaciones, la dinámica inflacionaria y el nivel de gasto en subsidios aparecerán como variables decisivas para medir hasta dónde puede sostenerse el actual esquema fiscal en la segunda mitad del año.

Compartí esta noticia !

Privatización de AySA: el Gobierno acelera la venta del 90%

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación nacional e internacional para privatizar el 90% de las acciones de AySA, la empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento en el AMBA. La operación, instrumentada mediante la Resolución 704/2026, marca uno de los movimientos más profundos del programa de desestatización impulsado por Javier Milei y abre una nueva etapa para el esquema de infraestructura pública en Argentina.

La decisión excede el área metropolitana de Buenos Aires. Aunque Misiones no depende de AySA, el proceso funciona como una señal política y económica hacia todo el sistema de empresas públicas y concesiones de servicios del país: energía, rutas, logística, transporte y saneamiento quedan bajo un nuevo paradigma donde el capital privado pasa a ocupar el rol central en la expansión de infraestructura.

Para el sector empresario del NEA, el dato relevante no es solamente la venta de una compañía. El mercado interpreta que el Gobierno busca consolidar un modelo donde el Estado reduzca subsidios operativos y traslade inversión y riesgo al sector privado. Ese cambio tiene impacto potencial sobre costos, tarifas y financiamiento federal.

Un proceso “sin precio base” y con exigencias internacionales

La licitación será de etapa múltiple y sin precio base, una decisión que busca maximizar competencia entre operadores globales. El cronograma establece que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto de 2026.

El pliego fija condiciones técnicas y financieras elevadas para los interesados: Operadores con experiencia mínima de cinco años en servicios de agua y cloacas. Antecedentes en ciudades de al menos 1,5 millones de habitantes. Capacidad de estructurar financiamiento por US$ 150 millones en la última década. Patrimonio neto mínimo de US$ 300 millones o activos bajo gestión superiores a US$ 1.000 millones para fondos de inversión.

Además, el Gobierno excluyó explícitamente a empresas controladas por Estados extranjeros y a firmas sancionadas por organismos multilaterales.

La ingeniería jurídica revela otro dato clave: la Casa Rosada no busca únicamente vender acciones. El expediente habla de una “transformación refundacional” del servicio, con un nuevo contrato de concesión ya firmado entre el Estado y AySA antes de la transferencia accionaria.

Aunque AySA opera en Buenos Aires y el conurbano, el empresariado del interior sigue el proceso por tres razones concretas:

Cambio en la lógica de subsidios: La privatización implica una menor participación directa del Tesoro en el sostenimiento operativo de servicios públicos. Para provincias como Misiones, históricamente relegadas en obras nacionales de gran escala, la discusión pasa a ser cómo se redistribuyen los recursos fiscales liberados.

En términos económicos, el Gobierno apuesta a reducir gasto corriente nacional y mejorar equilibrio fiscal. El interrogante para las provincias es si eso derivará en mayor inversión federal productiva o en una profundización del esquema de autosustentabilidad provincial.

Señal para futuras privatizaciones y concesiones: El mercado interpreta la operación de AySA como un caso testigo para otros activos públicos. En el NEA, esto genera especial atención sobre: Corredores viales estratégicos para exportación forestal y yerbatera. Infraestructura energética. Puertos y logística fluvial. Sistemas de agua y saneamiento provinciales.

La lógica oficial es clara: capital privado a cambio de inversión y modernización. El problema estructural del norte argentino es que muchas veces la rentabilidad esperada por operadores internacionales no coincide con la escala económica regional.

Impacto indirecto sobre costos: El sector industrial misionero observa otra variable: la evolución tarifaria posterior a la privatización. El antecedente argentino muestra que los procesos de concesión suelen derivar en: recomposición de tarifas, reducción de subsidios, actualización por inflación y costos, y exigencias de inversión de rápida ejecución.

Ese esquema puede terminar trasladándose a otros servicios regulados. Para industrias intensivas en energía y logística —como madera, té, yerba o comercio transfronterizo— cualquier corrección tarifaria nacional impacta en competitividad.

Asimetrías: por qué el debate no es igual que en Buenos Aires

En el AMBA, AySA opera sobre una densidad poblacional enorme que permite economías de escala. En Misiones, el escenario es completamente distinto.

La provincia convive con: ciudades intermedias dispersas, alto costo logístico, infraestructura más cara por geografía, y competencia permanente con Paraguay y Brasil. Ahí aparecen las llamadas asimetrías fronterizas: diferencias cambiarias, impositivas y tarifarias entre países limítrofes que alteran consumo, comercio y competitividad.

Si el modelo nacional avanza hacia servicios con menor subsidio estatal y tarifas más alineadas al costo real, el impacto en provincias de frontera puede ser más sensible que en el centro del país. Un aumento de costos estructurales no sólo afecta hogares. También golpea: hoteles, gastronomía, comercio, industrias exportadoras, y cadenas agroindustriales.

La privatización de AySA tiene además un fuerte componente simbólico. El Gobierno eligió avanzar sobre una empresa emblemática de servicios públicos urbanos y hacerlo bajo un esquema internacional competitivo, utilizando la plataforma CONTRAT.AR y mecanismos de auditoría específicos.

El objetivo político es mostrar: previsibilidad regulatoria, apertura al capital extranjero, y continuidad del programa de reforma del Estado. Para los inversores, la señal relevante es que el Ejecutivo busca consolidar reglas permanentes antes del recambio electoral de 2027.

La discusión de fondo no será solamente quién compra AySA, sino bajo qué condiciones regulatorias operará el nuevo concesionario.

Hay tres variables que el sector privado monitorea: Velocidad de actualización tarifaria. Compromisos obligatorios de inversión. Capacidad política para sostener contratos de largo plazo.

En paralelo, las provincias observan si el nuevo ciclo de privatizaciones deriva en mayor infraestructura federal o en un retiro progresivo del Estado nacional de áreas estratégicas.

Compartí esta noticia !

Caputo usa utilidades del BCRA para cancelar deuda y acelerar el saneamiento del balance del Central

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación financiera orientada a recomponer el balance del Banco Central y reducir pasivos del Tesoro. Según informó el Ministerio de Economía, el BCRA puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a dividendos del ejercicio 2025, recursos que serán destinados en parte a reforzar depósitos oficiales y, principalmente, a cancelar Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria.

La medida implica la utilización de $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación reducirá la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto.

El restante de los fondos, unos $6 billones, será utilizado para constituir depósitos del Tesoro en el Banco Central, en un movimiento que el oficialismo presenta como parte de una estrategia de fortalecimiento patrimonial y estabilización monetaria.

El Gobierno apunta a desarmar uno de los pasivos históricos del BCRA

Las Letras Intransferibles fueron emitidas en años anteriores como mecanismo para compensar el uso de reservas internacionales por parte del Tesoro Nacional. Según explicó Economía, esos instrumentos reemplazaron activos líquidos —como dólares de reservas— por títulos “ilíquidos y sin valor de mercado”.

El comunicado oficial remarcó que esa operatoria había deteriorado el activo del Banco Central en un contexto de déficit fiscal y cierre del financiamiento voluntario. El Gobierno sostuvo además que, al inicio de diciembre de 2023, las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones.

La recompra de esos instrumentos aparece ahora como una de las piezas centrales del proceso de saneamiento del balance del BCRA iniciado por la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

El movimiento se conoció luego de que el Directorio del Banco Central aprobara los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio en el que la entidad registró una ganancia de $34,3 billones. Según los datos oficiales, el resultado implicó una mejora del 34% respecto de 2024, mientras que el patrimonio neto alcanzó los $51,3 billones.

El BCRA atribuyó parte de esa mejora al recupero generado por la recompra de Letras Intransferibles y al incremento de reservas internacionales, que ascendieron a USD 41.095 millones al cierre de 2025.

El organismo también vinculó la mejora patrimonial con operaciones financiadas mediante desembolsos del FMI, acuerdos REPO con bancos internacionales y la valorización del oro.

La operación tiene además una lectura institucional y política. El Gobierno intenta mostrar consistencia fiscal y capacidad de ordenamiento financiero en un contexto donde la acumulación de reservas y la credibilidad monetaria siguen siendo variables observadas por el mercado y los organismos internacionales.

La decisión de utilizar utilidades contables del BCRA para cancelar deuda intraestado busca además reducir uno de los principales cuestionamientos históricos sobre la calidad de los activos del Central.

En paralelo, el Banco Central informó que continuará durante 2026 con el proceso de saneamiento de su hoja de balance y con un programa de compra de reservas preanunciadas, apoyado —según indicó— en la remonetización de la economía.

Qué cambia para la economía real

Aunque la operación ocurre dentro del sector público, el movimiento tiene efectos indirectos sobre el esquema económico general. La reducción de pasivos del Tesoro y la recomposición patrimonial del BCRA apuntan a fortalecer la estabilidad monetaria y financiera, dos variables clave para la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.

También busca consolidar señales hacia acreedores e inversores en medio de un programa económico que mantiene el equilibrio fiscal como principal ancla.

El propio Banco Central destacó la reducción de intereses pagados por pasivos monetarios y la caída de los gastos de emisión, en línea con la política de contracción monetaria aplicada durante el último año.

Si el proceso de saneamiento financiero logra sostener la desaceleración inflacionaria y mejorar las condiciones de financiamiento, sectores productivos regionales podrían beneficiarse de una menor volatilidad cambiaria y monetaria. Sin embargo, el escenario todavía depende de variables externas, del nivel de reservas y de la capacidad oficial para sostener el equilibrio fiscal sin frenar la actividad.

El Gobierno exhibe la cancelación de Letras Intransferibles como una señal de normalización financiera y fortalecimiento institucional del Banco Central. Sin embargo, la consistencia de ese proceso seguirá atada a la evolución de reservas, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.

La atención del mercado ahora se concentra en cómo evolucionará la estrategia de acumulación de divisas y en qué medida el saneamiento del balance del BCRA puede traducirse en una mayor estabilidad económica durante 2026.

Compartí esta noticia !

El INDEC informó que la canasta básica subió 1,1% en abril y una familia tipo necesitó casi $1,47 millones para no ser pobre

Compartí esta noticia !

La desaceleración de la inflación convivió con un nuevo aumento de las líneas de pobreza e indigencia. La Canasta Básica Total trepó 2,5% mensual y consolidó una suba interanual de 32,4%, en un escenario donde el consumo sigue bajo presión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,1% en abril respecto de marzo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba de 2,5%. Con estos datos, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.469.786 para no caer bajo la línea de pobreza y $665.053 para cubrir únicamente los alimentos mínimos y no ser indigente.

La publicación se conoció en paralelo al dato de inflación de abril, que fue de 2,6%, y volvió a mostrar una desaceleración respecto de los meses previos. Sin embargo, la dinámica de las canastas sociales expone que el costo de sostener ingresos básicos continúa en niveles elevados, aun con menor presión inflacionaria.

Qué muestran las nuevas líneas de pobreza e indigencia

Según el organismo estadístico, la CBA acumuló una variación de 12,8% en lo que va de 2026 y de 32,4% en términos interanuales. La CBT, que incorpora además bienes y servicios no alimentarios, avanzó 12,3% en el año y también alcanzó un incremento interanual de 32,4%.

El informe detalla distintos escenarios familiares. En un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, se necesitaron $529.460 para cubrir la canasta alimentaria y $1.170.106 para acceder a la canasta total.

En tanto, para un hogar integrado por un hombre y una mujer de 30 años con tres hijos pequeños, el umbral de indigencia ascendió a $699.490 y el de pobreza alcanzó los $1.545.872.

El INDEC recordó que la CBA se calcula tomando como referencia los requerimientos nutricionales mínimos de un adulto equivalente, mientras que la CBT amplía esa base incorporando gastos no alimentarios mediante el coeficiente de Engel.

La diferencia entre la inflación general de abril y la evolución de las canastas revela una tensión económica que el Gobierno sigue monitoreando: la baja del índice general no implica automáticamente una recuperación del poder de compra.

Mientras la CBA mostró una variación mensual más moderada, la CBT avanzó casi al mismo ritmo que el IPC. Eso significa que servicios, transporte, educación, indumentaria y otros consumos esenciales continúan presionando sobre los ingresos familiares.

El dato adquiere relevancia política porque las canastas funcionan como referencia directa para medir pobreza e indigencia. También son variables sensibles en negociaciones salariales, asistencia social y actualización de ingresos.

El frente social sigue siendo una variable crítica para el Gobierno

La administración nacional viene sosteniendo como eje central de su estrategia económica la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal. Sin embargo, los números del INDEC muestran que el proceso todavía convive con niveles altos de exigencia para los hogares urbanos.

La suba de la CBT por encima de la CBA también deja entrever que el peso de los servicios y consumos no alimentarios mantiene tensión sobre las economías familiares, aun cuando algunos alimentos desaceleraron sus aumentos.

En ese contexto, la evolución del consumo privado, los salarios y la capacidad de recuperación del mercado interno aparecen como variables centrales para los próximos meses.

La desaceleración de la inflación abrió una nueva etapa para la política económica, pero las cifras de pobreza e indigencia continúan condicionadas por el comportamiento de los ingresos reales y del consumo.

El mercado y el Gobierno seguirán de cerca si la baja del IPC logra consolidarse en los próximos meses y si eso se traduce efectivamente en una mejora del poder adquisitivo. También habrá atención sobre el impacto de tarifas, salarios y actividad económica en la evolución futura de las canastas básicas.

canasta_05_26 INDEC by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin