Luis Caputo

Wonderful postales de la selva

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Si algún turista desprevenido observó las redes sociales durante los últimos días en Misiones, pudo haberse llevado impresiones erróneas. Los recortes de las publicaciones pueden inducir a entusiasmos y frustraciones exacerbadas. Lo sabe hasta el propio Mark Zuckerberg, quien tuvo que pagar 17 mil millones de dólares para frenar una investigación en Estados Unidos que lo acusa de diseñar intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los usuarios.

En las últimas horas, cientos de reels y fotos en redes sociales describieron pequeños trozos de la superficie política y económica que se estaba discutiendo en Misiones. Por unos días, Puerto Iguazú fue nuevamente el epicentro de la política y la economía de la Argentina, en momentos en los que resurgió el interés del Gobierno por la soberanía de Malvinas. 

La ciudad de las Cataratas acogió a la 47 Convención de Ejecutivos de Finanzas de la Argentina, con la presencia de CEOS y CFOs de las empresas líderes de la Argentina, con un disparador: “De la estabilidad al crecimiento”. Se dijo mucho en las exposiciones, pero lo más rico sucedió fuera de los escenarios. 

Pese al escenario amistoso, para quienes siguieron con atención las distintas exposiciones, quedó flotando la idea de que la estabilidad es necesaria, pero no alcanza para garantizar el crecimiento. Algunos se preguntaron incluso si la economía argentina atraviesa hoy una relativa estabilidad, cuando hay vastos sectores en los que persiste el rojo que contrasta con el verde de la energía, la minería y algunos sectores exportadores. 

La expectativa estuvo puesta en las presencias del ministro de Economía, Luis Caputo, del de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos en sus presentaciones intentaron despejar cualquier duda y redoblaron la apuesta para convencer a un auditorio casi convencido. Sin embargo, Caputo admitió que hay “distintas velocidades” en la economía, aunque las definió “como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico”.

La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó. Esta vez el ministro de Economía no puso fechas a la concreción de los resultados, aunque prometió bajar “más impuestos” en 2027 si se logra la reelección. 

También disertaron la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y, finalmente, el propio Javier Milei, quien cerró el encuentro en lo que fue su primera visita presidencial a Misiones, en la que fue recibido con los honores de una protesta de productores yerbateros, muchos de los cuales hace apenas tres años celebraron su victoria motosierra en mano.

El viernes lo esperaron al costado de la ruta, pero no hubo ni un amague de escuchar sus planteos (apenas pudieron entregar una nota a la secretaria de Presidencia y a los diputados libertarios Samantha Steckler, Walter Baez y Osvaldo Manzoni). Sturzenegger se encargó de enterrar cualquier atisbo de comprensión:  “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.

“Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.

Economis le planteó al ministro que el reclamo era de productores y no de la industria, a la que sí le va razonablemente mejor desde la desregulación del mercado. Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.

“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.

Seguramente Sturzenegger no prestó atención a la exposición de Raúl Karaben, socio de la cooperativa Piporé y el único empresario misionero que expuso ante el IAEF. 

Karaben no se refugió en el costado exitoso del negocio exitoso de la cooperativa, que lleva la yerba incluso a las Islas Malvinas. Cuando describió la situación interna, eligió una definición sincera: “El precio está para el tujes”. Según el empresario, el productor percibe apenas un tercio de lo que cobraba cuatro años atrás y esos ingresos “no le alcanzan para lo más mínimo”.

El ajuste, advirtió, recae primero sobre el eslabón más débil. “Pierde el más chiquito”. Son cerca de 12.000 productores y son ellos, especialmente los de menor escala, quienes atraviesan el momento más crítico. Pero el impacto alcanza finalmente a toda la cadena. “Estamos mal porque la yerba está mal. El mal precio es para todos”, resumió.

Justamente, para atender al “más chiquito”, en la Legislatura provincial comenzó a tomar forma la declaración de una Emergencia Yerbatera por 360 días, una iniciativa que busca dotar a Misiones de herramientas para fijar un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde producida en explotaciones de hasta 50 hectáreas. El valor deberá contemplar los costos productivos, la mano de obra, las obligaciones tributarias y previsionales, además de un margen de rentabilidad que garantice la continuidad de las chacras. El proyecto incorpora mecanismos de fiscalización, trazabilidad, sanciones y actualización periódica. Mientras se discute una respuesta estructural para una crisis que golpea el corazón de la economía provincial, Misiones también decidió hacerse cargo de sus consecuencias sociales más urgentes: en octubre, 14.000 familias tareferas recibirán asistencia alimentaria financiada con recursos provinciales, junto con atención médica, vacunación y seguimiento escolar.

En su exposición, Karaben evitó atribuir el derrumbe exclusivamente a las decisiones del Gobierno nacional. “¿Es producto del Gobierno? No. La yerba tiene ciclos”, sostuvo. Señaló que el mercado pasó de una etapa de escasez a otra de sobreoferta: la producción aumentó de unos 800 millones a aproximadamente 980 millones de kilos y, con más materia prima disponible, el precio se desmoronó.

“¿La responsabilidad la tiene el Gobierno nacional? No, pero sí, porque no hace nada para atender la problemática”, planteó. La frase condensó su diagnóstico: el Estado no creó por sí solo la crisis, pero tampoco puede desentenderse de sus consecuencias sobre miles de familias productoras. Sturzenegger hizo oídos sordos. Economis le preguntó ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate? La respuesta fue terminante. “No, no, no”. En voz baja, hasta los libertarios locales admiten que el ministro no tolera críticas a sus dogmas. 

No fue la única voz crítica. El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana.Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal, que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.

Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino. “Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. La de Goerling no es una voz opositora. De hecho, el senador trabaja para diagramar una alianza con los libertarios para las elecciones de 2027. Las encuestas, muestran en el PRO, lo posicionan por encima del ex tenista Diego Hartfield y el diputado Adrián Núñez, quienes también aspiran a ser candidatos a gobernador. Nuñez quiere ser él quien encabece la eventual fórmula de la alianza. 

Milei ignoró las críticas en su presentación, cerca de las 19 del viernes. Llegó apenas unos minutos antes a Iguazú y tuvo que atravesar una ruta cargada de manifestantes yerbateros y de otras organizaciones. La única mención fue al “potencial productivo” de Misiones. El Presidente redobló todas las apuestas.  No habrá correcciones motivadas por la protesta social ni por el calendario electoral. Habrá más ajuste, más apertura económica, nuevas reformas y una profundización del rumbo iniciado en diciembre de 2023.

Yo acá entré por el bronce. Toda mi vida estuve predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”, sentenció.

Reivindicó la necesidad de separar “el ruido de los fundamentos”, un principio que consideró central para las finanzas y para la conducción del Estado. “Estamos llenos de gente ruidosa que se queja. Si quieren hacer una omelette, tienen que romper los huevos. Si hay un entramado prebendario, van a patalear. Es así”, afirmó.

También buscó presentar su permanencia en la política como una misión acotada. Dijo que renunció a la jubilación presidencial y definió su vínculo con el Estado como “un contrato por cuatro años, con opción a ocho”. Después, aseguró, pretende volver a ganarse la vida en el sector privado.

“Si por capricho electoral modificara mi forma de actuar, mis conferencias y todo lo que dije durante mi vida pasarían a valer cero. Voy a redoblar la ortodoxia. No voy a cambiar la política hasta derrotar la inflación”, sostuvo.

El tramo más político del discurso estuvo dedicado a las elecciones de 2027. Milei se mostró convencido de que La Libertad Avanza volverá a imponerse y aseguró que un resultado similar al conseguido en los últimos comicios le permitiría obtener la mayoría en Diputados y quedar a solamente dos senadores del quórum propio en la Cámara alta.

“El año que viene les vamos a ganar, porque dudo que los argentinos sean tan tontos como para querer volver al pasado”, lanzó.

La eventual construcción de una mayoría parlamentaria aparece como la llave para una segunda oleada reformista. “Si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abróchense los cinturones porque ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”, adelantó.

El Presidente calificó a su administración como “la mejor gestión económica de los últimos cien años en la Argentina” y acusó al peronismo y a la oposición de “mover permanentemente el arco” para evitar reconocer los resultados.

Según su interpretación, la economía acumulará un crecimiento cercano al 20 por ciento en cuatro años, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y “quintuplicando” el desempeño argentino de los cien años anteriores.

Al final, efectivamente soy especialista en crecimiento, con o sin dinero”, ironizó.

Milei presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como la plataforma de un flujo de capitales “que nunca se vio en el país”. Aseguró que existen proyectos aprobados por 45.000 millones de dólares y otros 150.000 millones pendientes de evaluación.

Las inversiones se concentran, según enumeró, en energía, minería y siderurgia. El Presidente vinculó ese proceso con la posibilidad de que la Argentina recupere peso geopolítico y fortalezca su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Otro de los ejes fue el mercado laboral. Milei aseguró que la ocupación se mantuvo estable y que durante su administración se crearon 500.000 puestos de trabajo, una cifra que contradice los datos oficiales que marcan que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo y 30.633 empleadores. Pero Milei cuestionó las mediciones concentradas exclusivamente en el empleo formal y rechazó que el trabajo informal deba ser descartado como una ocupación de menor valor. “No es de calidad robar. Trabajar está bien”, afirmó.

También desestimó la idea de una economía funcionando “a dos velocidades” comohabía admitido minutos antes el ministro de Economía. Según explicó, quienes utilizan esa definición “no saben nada de equilibrio general”, porque cualquier shock económico genera movimientos diferentes entre sectores, como si la economía fuera “una coctelera”.

La euforia presidencial contrastó con una llamativa frialdad en el auditorio. Hubo escasos y tibios aplausos y muchos de los asistentes estaban más atentos a las pantallas del celular que al discurso del libertario que cerró con el tradicional “Viva la Libertad Carajo”. 

Milei abandonó rápido el Loi Suites para irse a otro hotel de las 600 hectáreas de Iguazú. En el Falls lo esperaban militantes y dirigentes que realizaron allí otra jornada de la “escuelita” libertaria. Esa es la foto que eligió mostrar el Presidente, recibido con vítores, aplausos y un festejo de campeón. “Gracias Misiones”, se despidió Milei con esa imagen abundante. 

Pero no todo se mostró en las redes. Uno de los expositores en el encuentro del IAEF fue el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, quien se mostró menos exultante con el andar de la economía. Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

“Para mí es un error de diagnóstico (del Gobierno) creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó. 

Nuevamente, lo más rico de su visita no estuvo ante las cámaras, sino detrás. En otro hotel de las 600 hectáreas, Brito se reunió con una treintena de empresarios de distintos sectores de Misiones para analizar el escenario económico nacional y provincial. 

Brito desplegó en el almuerzo una mirada profundamente desarrollista. Déficit cero sí y retoques orientados a la producción. Sin cargar tintas, cuestionó la idea libertaria de que “el Estado empieza y termina en las cuentas del Estado y no en la gente” y en cambio, consideró que el Estado debe tener un rol de diseñar estrategias y articular con diversos sectores. 

En la sobremesa, el ex presidente de River no confirmó si se meterá de lleno en política, pero planteó la idea de un país distinto y pidió información sobre la situación misionera, provincia con la que el Banco tiene una conexión especial. 

La reunión organizada por el empresario turístico Juan Manuel Zorraquin y el tealero Jonathan Klimiuk tuvo a representantes yerbateros, madereros, de la energía, de automotores y un puñado de dirigentes políticos. 

Los empresarios plantearon el acceso al crédito y la cuestión impositiva como claves para el desarrollo local. 

En esa línea, el Gobierno provincial está atendiendo esas demandas. Hace unos días hubo un encuentro con empresarios de concesionarios de autos en los que se analizaron alternativas para aliviar la presión fiscal y empardar costos con otras provincias. Se trabaja en el impuesto al Parque Automotor, algunas rebajas y también en una solución al reclamo constante por los saldos a favor, tema que sobrevoló varias veces en el encuentro del IAEF, donde el economista Daniel Artana calificó a Misiones como “la campeona en no devolver”.

Pero el propio gobernador Hugo Passalacqua, anfitrión y orador en el encuentro de ejecutivos, expuso su visión. “Misiones es la provincia 13 en presión fiscal, estamos en mitad de tabla, con una política razonable y con cosas a corregir”. El dato adquiere otra dimensión cuando se miran los números: la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas.

El Gobernador aprovechó el encuentro para reunirse con directivos de la Unión Industrial Argentina con quienes analizó algunos planteos impositivos y recordó que ya puso en marcha una batería de medidas para aliviar la presión, como la corrección del anticipo de Ingresos Brutos, el fin de la denominada Aduana Paralela y retenciones automáticas. “Estamos haciendo un esfuerzo, falta, pero estamos haciendo”, señaló. 

En esa corrección puede anotarse el fin de la prohibición del glifosato, impulsado por Passalacqua y aprobado por unanimidad en la Legislatura este jueves. Incluso Carlos Rovira votó a favor de la ley, pese a que hace apenas tres años había sido el principal impulsor del bloqueo para imponer el uso de bioinsumos. 

Esa decisión había generado el rechazo de buena parte del sector productivo, lo que también alimentó la pertenencia de espacios opositores. Ahora los ánimos se distendieron. Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), definió el nuevo escenario: “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”.

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Caputo prometió bajar impuestos, pero postergó la reforma integral para un segundo mandato de Milei

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno nacional proyecta reducir en otro punto la presión impositiva durante 2027, aunque aclaró que una reforma tributaria integral requerirá un acuerdo profundo con las provincias y quedará como uno de los grandes objetivos para un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Durante su participación en el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en Puerto Iguazú, Caputo reconoció que la Argentina arrastra una estructura tributaria “malísima”, atravesada por impuestos distorsivos en los tres niveles del Estado.

El ministro aseguró que la Nación ya redujo la presión tributaria en tres puntos desde el comienzo de la gestión libertaria, pero admitió que todavía persisten gravámenes que castigan la producción, la inversión y la formalidad.

Entre ellos apuntó especialmente contra Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, reconoció que las provincias construyeron una fuerte dependencia de esos recursos ante la inestabilidad de las transferencias nacionales y las recurrentes crisis fiscales.

“Le preguntás a cualquier gobernador y te va a decir que era la única forma de defenderse”, señaló. Según Caputo, los impuestos provinciales llegan a representar alrededor del 80 por ciento de los ingresos propios en muchas jurisdicciones.

Por esa razón, sostuvo que una reforma tributaria de fondo no podrá resolverse exclusivamente desde Buenos Aires. Será necesario sentar a la Nación y a las provincias en una misma mesa para redefinir la distribución de los recursos y reemplazar gradualmente los tributos más perjudiciales.

“La reforma de fondo va a requerir sentarnos con las provincias y hacer un cambio profundo. Eso va a llegar para el segundo mandato”, afirmó.

Mientras tanto, adelantó que el Gobierno continuará bajando impuestos en la medida en que el superávit fiscal lo permita. “El año que viene vamos a bajar un punto más”, prometió.

Caputo también defendió la recuperación desigual de los distintos sectores productivos. Rechazó que las distintas velocidades constituyan necesariamente un problema y las definió como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico.

El ministro recordó que el período de mayor caída industrial se produjo durante el último año y medio de la administración anterior, cuando la actividad fabril retrocedió catorce puntos en medio del desorden macroeconómico, la falta de precios de referencia y la brecha cambiaria.

Para explicar el potencial que, a su entender, permaneció desaprovechado, recurrió a una metáfora futbolística: la Argentina tenía a “Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco de suplentes”.

En esa comparación ubicó a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento, sectores que estuvieron condicionados durante años y que ahora comenzaron a ganar protagonismo.

“Energía y minería estaban pisadas. Ahora les das la posibilidad de surgir y van a arrancar”, planteó. Para Caputo, el crecimiento de esas actividades no perjudica al resto del entramado productivo, sino que aporta divisas, inversiones, empleo y mayor previsibilidad para toda la economía.

El ministro sostuvo que durante décadas el desempeño de las empresas estuvo sometido a la discrecionalidad del funcionario de turno, que decidía mediante permisos, cupos, regulaciones o acceso diferencial al mercado cambiario quién podía crecer y quién quedaba relegado.

La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó.

Caputo admitió que la transformación beneficiará más rápidamente a algunas actividades que a otras, pero insistió en que se trata de un movimiento inevitable dentro de una economía que abandona restricciones acumuladas durante años.

Otro de los ejes de la presentación fueron los vencimientos de deuda, que durante el próximo período alcanzarán los 23.000 millones de dólares.

Caputo buscó despejar las dudas sobre la capacidad de pago y aseguró que el programa financiero está cerrado con un año y medio de anticipación. Según destacó, se trataría de una situación inédita para la Argentina reciente.

“No tenemos necesidad de salir al mercado financiero internacional”, afirmó. El ministro aclaró que el Gobierno podrá refinanciar vencimientos, pero únicamente cuando encuentre condiciones convenientes y tasas suficientemente bajas.

Caputo reveló que el equipo económico recibió propuestas de financiamiento con costos hasta 200 puntos básicos inferiores a las condiciones disponibles en el mercado. “Hemos cerrado el financiamiento”, insistió.

La afirmación apunta a reducir la incertidumbre sobre los compromisos externos y a evitar que el calendario de deuda vuelva a condicionar el programa económico.

Mora, bancos y un límite al rescate estatal

El ministro también se refirió al aumento de la mora de familias y empresas. Lo describió como parte de un proceso de aprendizaje de un sistema financiero que, durante años, tuvo pocos incentivos para prestar al sector privado porque encontraba rentabilidad en el financiamiento al Estado.

Caputo rechazó de plano la posibilidad de utilizar recursos públicos para compensar a las entidades que otorgaron créditos de manera deficiente.

“No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, sostuvo. A su entender, rescatar a los bancos por una mala evaluación de sus clientes sería una medida “populista e inmoral”, tanto para quienes cumplen con sus obligaciones como para el conjunto de los contribuyentes.

El ministro aseguró que las entidades están respondiendo mediante refinanciaciones, extensión de plazos y reducción de tasas. Como ejemplo, señaló que el Banco Nación concretó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento.

Para Caputo, esa conducta no responde solamente a una decisión de acompañamiento, sino también a la lógica del propio negocio bancario: refinanciar puede ser más conveniente que ejecutar una deuda o asumir una pérdida definitiva.

Aunque reconoció la existencia del problema, descartó que la mora represente una amenaza para la estabilidad financiera. Estimó que equivale aproximadamente a un punto del producto y remarcó que deberá resolverse entre las entidades y sus clientes.

“No es un problema sistémico. Es un problema que tiene que resolverse entre privados”, concluyó.

“Me importa tres pitos lo que digan”

Caputo también rechazó los pronósticos que anticipan un escenario de tensión económica y cambiaria durante el próximo año. Con una expresión poco habitual para un ministro de Economía, buscó quitarles dramatismo a las advertencias: “Me importa tres pitos lo que digan. Va a ser un año que no tendrá nada que ver con lo que se está diciendo. Va a ser súper tranquilo”.

De todos modos, aclaró que su responsabilidad no consiste solamente en confiar en el rumbo oficial, sino en preparar al Gobierno frente a las expectativas y los temores del mercado. “No importa lo que pienso yo, me preparo para lo que piensa la gente”, señaló.

El ministro afirmó que la Argentina llegará al próximo proceso electoral en una posición mucho más sólida que en 2025, especialmente en materia cambiaria. Como respaldo mencionó la acumulación de 15.000 millones de dólares de reservas y la disponibilidad del swap con China.

“Nos preparamos para el peor de los escenarios, pero no va a pasar”, aseguró.

Caputo reconoció que la oposición tiene capacidad para instalar incertidumbre y generar episodios de tensión. Sin embargo, consideró que el margen para provocar una crisis se reduce cuando las cuentas públicas, la emisión monetaria y el frente cambiario permanecen bajo control.

“La oposición es buena generando crisis, pero si tenés la macroeconomía en orden no es tan fácil desestabilizar”, sentenció. Para el ministro, el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de las reservas funcionarán como las principales defensas ante cualquier intento de trasladar la disputa política al terreno financiero.

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Caputo: “Nos deslomamos para que este cambio continúe”

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“Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una suerte de revival de la frase fallida de Manuel Adorni. Según el ministro, los elogios que recibe el rumbo argentino en el exterior constituyen una señal de que el país avanza en la dirección correcta, aunque reconoció que los efectos positivos todavía demandarán tiempo y paciencia para alcanzar al conjunto de la sociedad. 

Caputo defendió el programa de Javier Milei, aseguró que la Argentina transita el camino correcto y pidió paciencia ante una recuperación que todavía no llega a todos los hogares. Reconoció que dentro de dos años persistirán las dificultades para cubrir los gastos básicos y sostuvo que transformar el país demandará décadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, aunque acompañó el optimismo oficial con una advertencia que enfría las expectativas de una recuperación inmediata: dentro de dos años todavía habrá argentinos que no podrán llegar a fin de mes.

No puedo hacer magia”, respondió el funcionario al ser consultado por los sectores que aún no perciben las mejoras que el Gobierno atribuye a su programa económico. Caputo sostuvo que la Argentina “no va a ser Suiza en un año” y trasladó el horizonte de transformación estructural hacia las próximas dos décadas.

“Si no nos desviamos del camino, de acá a los próximos veinte años este va a ser otro país”, afirmó durante el encuentro Vientos de Cambio, realizado en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

El mensaje combinó una defensa cerrada de la política económica con un pedido explícito de paciencia. Según Caputo, el Gobierno eligió el rumbo correcto y ahora necesita perseverar para que los resultados alcancen progresivamente a una mayor parte de la sociedad.

El ministro admitió que la estabilización de algunos indicadores macroeconómicos no significa que las dificultades hayan desaparecido de los hogares. “Dentro de dos años también va a haber gente que no va a llegar a fin de mes. En Estados Unidos hay gente que no llega a fin de mes”, planteó.

Caputo argumentó que ningún gobierno puede revertir en apenas un año los problemas acumulados durante un siglo. En ese sentido, señaló que su responsabilidad consiste en reducir gradualmente la cantidad de personas cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir sus gastos mensuales.

“Yo no puedo hacer magia. Tengo que lograr que cada vez esos argentinos que no llegan a fin de mes sean menos”, insistió.

La declaración expuso la tensión que atraviesa el discurso económico oficial: mientras el Gobierno exhibe la desaceleración de la inflación, el ordenamiento fiscal y la reducción de la pobreza como señales de éxito, una parte considerable de la población continúa enfrentando salarios rezagados, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para sostener el consumo cotidiano.

Caputo aseguró que la pobreza “bajó a la mitad” y cuestionó que ese resultado no reciba suficiente reconocimiento. También rechazó las críticas sobre la falta de mejoras concretas y sostuvo que cualquier evaluación debe considerar cuál habría sido la situación del país si continuaba el programa económico anterior.

Si se observan los últimos veinte años, la Argentina fue un desastre. Si se mira hacia dónde vamos hoy, todo es para bien”, afirmó el también ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri. 

El titular del Palacio de Hacienda también defendió la integración de la Argentina al comercio internacional y descartó la posibilidad de sostener una economía cerrada.

“Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras. Argentina no tiene opción de no conectarse con el mundo”, expresó.

Caputo definió el proceso en marcha como una reconversión económica y afirmó que el respaldo al programa no se limita al Gobierno. Según aseguró, el rumbo también es valorado por empresarios y actores internacionales.

“Estamos seguros de que este es el camino correcto. Estamos seguros nosotros, en el exterior y los empresarios. Lo importante es la perseverancia”, señaló.

La respuesta a la Unión Industrial Argentina

Durante su exposición, Caputo también respondió al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien había acusado al Gobierno de desconocer la realidad del país y del entramado fabril.

El ministro rechazó el cuestionamiento y aseguró que mantiene conversaciones permanentes con representantes de diferentes sectores productivos.

“Nosotros vamos por lo que es moralmente justo”, afirmó. Además, sostuvo que habla con industriales “todas las semanas” y que las opiniones que recibe en esos encuentros no coinciden con la posición expresada por el vicepresidente de la entidad.

El cruce se produjo en medio de las tensiones entre el Gobierno y una parte de la industria nacional por la apertura comercial, la competencia de productos importados, los costos internos y la debilidad del mercado doméstico.

Caputo, sin embargo, ratificó que no habrá modificaciones sustanciales en la hoja de ruta. El planteo oficial es que la recuperación requiere tiempo y disciplina, aunque la promesa de bienestar generalizado quedó ahora ubicada en un horizonte mucho más extenso que el calendario electoral.

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Caputo anticipó un proyecto para licitar 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

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El Gobierno de Javier Milei profundiza el proceso de privatización de las rutas nacionales y prepara un nuevo proyecto de ley para habilitar la licitación de más de 5.000 kilómetros bajo un esquema particular: las futuras concesiones estarán exentas de impuestos nacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

La iniciativa amplía una estrategia que ya comenzó con la transferencia de corredores viales al sector privado. El objetivo oficial es avanzar hacia un modelo en el que la operación y el mantenimiento de determinados tramos de la red nacional queden en manos de concesionarios, con reglas económicas específicas para hacer atractiva la inversión privada.

El nuevo proyecto deberá pasar por el Congreso, donde se definirá el marco legal para las futuras licitaciones. La particularidad anunciada por Caputo es la eliminación de impuestos nacionales para las rutas que ingresen en este esquema, una condición que modifica la ecuación económica de las concesiones y apunta a facilitar la participación privada.

El anuncio se produce después de que el Ejecutivo formalizara la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la privatización de Corredores Viales. Esos corredores suman más de 3.900 kilómetros y llevaron el total de rutas adjudicadas a más de 9.000 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno.

La nueva etapa vuelve a poner en discusión quién financia la infraestructura vial argentina. Durante décadas, el Estado nacional concentró buena parte de la responsabilidad sobre construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. El esquema que impulsa la administración de Milei busca trasladar progresivamente esa responsabilidad al sector privado mediante concesiones y mecanismos de explotación de los corredores.

El punto económico será determinar si las condiciones ofrecidas a los concesionarios se traducen en mayores inversiones y mejores niveles de mantenimiento sin generar un costo excesivo para los usuarios. La exención tributaria puede mejorar la rentabilidad de los proyectos, pero también abre un debate sobre la contraprestación que deberán asumir las empresas y sobre el esquema mediante el cual se financiará la conservación de las rutas.

Para las provincias, el proceso tiene una dimensión adicional. Las rutas nacionales constituyen infraestructura estratégica para la circulación de producción, el transporte de pasajeros y la conexión con los principales mercados. Por eso, cualquier cambio en el modelo de concesión puede tener efectos sobre los costos logísticos y la competitividad regional.

Entre las provincias alcanzadas por las concesiones ya adjudicadas aparecen Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La inclusión de Misiones resulta especialmente relevante por su condición de provincia periférica dentro del sistema logístico nacional y por la importancia de las rutas para conectar su producción con los grandes centros de consumo y las fronteras internacionales.

En ese contexto, la discusión no se limita al estado físico de las rutas. Para Misiones y el NEA, el costo y la previsibilidad del transporte son variables que impactan directamente sobre la estructura de costos de las empresas. Una concesión que garantice mantenimiento, transitabilidad y obras puede mejorar las condiciones logísticas; un esquema que incremente significativamente los costos de circulación podría producir el efecto contrario.

El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá recuperar una infraestructura que durante los últimos años acumuló problemas de mantenimiento. Caputo apuntó directamente contra las gestiones anteriores durante su exposición y cuestionó las críticas actuales sobre el estado de las rutas: “Verlos criticar me parece cómico”, afirmó.

Más allá de la disputa política, el nuevo esquema deberá medirse por resultados concretos. La variable central será si las concesiones logran sostener rutas transitables, reducir interrupciones, garantizar mantenimiento permanente y generar inversiones sin trasladar una carga desproporcionada a quienes utilizan la red vial.

La próxima discusión en el Congreso será, por lo tanto, decisiva. El proyecto no sólo definirá qué rutas pueden pasar a manos privadas, sino también bajo qué condiciones económicas, tributarias y contractuales se desarrollará una nueva etapa de la infraestructura vial argentina.

Con más de 9.000 kilómetros ya adjudicados y otros 5.000 kilómetros que el Gobierno pretende licitar, la privatización de rutas deja de ser una política puntual para convertirse en uno de los principales cambios estructurales de la infraestructura pública. Para las provincias atravesadas por esos corredores, el resultado se medirá menos por la propiedad de las rutas que por una cuestión concreta: cuánto costará mover personas y producción y qué calidad tendrá, en adelante, la red que sostiene esa circulación.

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La UIA reclama un puente productivo y advierte por el empleo industrial

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El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.

El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.

Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.

La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.

Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.

El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.

El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.

Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.

El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.

La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.

En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.

El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.

En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.

La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.

Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.

Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.

La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.

El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.

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