Luis Caputo

El Gobierno flexibiliza el apretón monetario: menos encajes y más crédito para pymes

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Caputo y Bausili confirman que se relajará el “súper apretón monetario” con el objetivo de recomponer el crédito y sostener la actividad

En una señal política y económica luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el equipo económico encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili confirmó que se suavizará el apretón monetario aplicado en los últimos meses. La decisión incluye una baja de tasas de interés y una flexibilización en las exigencias a los bancos para recomponer la oferta de crédito al sector productivo, en especial a las pymes, golpeadas por la escasez de pesos.

El viraje se explica por dos factores: la presión política tras la derrota electoral y el impacto negativo que generó la política de tasas altísimas en la economía real.

Durante los últimos meses, el Banco Central había llevado las tasas de pases a niveles superiores al 60% anual, en línea con la estrategia de “súper apretón monetario” para contener la inflación y estabilizar el dólar dentro de la banda cambiaria acordada con el FMI.

El esquema había contribuido a mantener la calma en el frente cambiario —el dólar mayorista cerró ayer en $1.432, apenas por debajo del techo de la banda fijado en $1.460—, pero generó una fuerte contracción del crédito y asfixió financieramente a las empresas.

El apretón monetario era transitorio. Ahora vamos hacia una situación de mayor normalidad”, reconoció Bausili en una entrevista pública.

Medidas anunciadas: baja de tasas y alivio a los bancos

El Banco Central dispuso esta semana una reducción de diez puntos en la tasa de pases con las entidades financieras, además de disminuir los rendimientos de las Lecap en la última licitación.

En paralelo, el Gobierno anticipó que habrá una revisión de las exigencias de encajes diarios, que obligaban a los bancos a inmovilizar más del 50% de sus depósitos en el BCRA. Esta normativa había incrementado la volatilidad en el mercado y presionado al alza las tasas activas.

La medida apunta a que las entidades dispongan de más liquidez para prestar al sector privado a tasas más bajas, en un contexto donde las pymes y empresas industriales advertían por el corte en las líneas de financiamiento de corto plazo.

“Las compañías se encontraron con situaciones muy complicadas por la escasez de pesos y el nivel de tasas. Queremos que los bancos tengan mayor disponibilidad para acompañar la recuperación”, enfatizó Caputo.

El viraje en la política monetaria podría marcar un punto de inflexión en la relación con el sector productivo, aliviando el costo financiero en momentos de recesión. Sin embargo, analistas advierten que la decisión abre un nuevo frente de riesgos: si la baja de tasas no está acompañada por disciplina fiscal, podría reavivar la presión inflacionaria.

Por ahora, la estrategia del Gobierno descansa en la estabilidad cambiaria y en la credibilidad de la banda del dólar, cuyo techo en torno a los $1.460 funciona como ancla. El desafío será sostener esa calma sin perder el apoyo del FMI, que monitorea de cerca el cumplimiento de las metas monetarias y fiscales.

En lo político, el anuncio busca mostrar sensibilidad ante el voto de castigo recibido en Buenos Aires y enviar un mensaje de distensión hacia el empresariado y los gobernadores, que reclamaban un cambio de rumbo para evitar que la recesión erosione la gobernabilidad.

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Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores

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El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia

El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.

En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.

El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.

Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo

El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.

La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.

El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.

En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Más tensión en la relación Nación-provincias

Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.

La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.

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El Gobierno cubre vacancias en Industria y Pymes con Lavigne y refuerza la centralización en Economía

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 650/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el licenciado Pablo Agustín Lavigne —actual secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía— asumirá de forma transitoria las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes desde agosto tras la renuncia de Marcos Ayerra y Esteban Marzorati.

El movimiento busca garantizar la continuidad de la gestión en áreas clave para el entramado productivo y evitar la paralización de trámites vinculados con Pymes, emprendedores y sectores industriales estratégicos.

Vacancias críticas en el Ministerio de Economía

La decisión se origina en el Decreto 589/2025, que aceptó las renuncias de Marcos Ayerra (Pymes y Economía del Conocimiento) y Esteban Marzorati (Industria y Comercio). Ambos funcionarios habían sido designados a fines de 2023, pero dejaron su cargo en medio de un proceso de reorganización interna en la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo.

Frente a esas vacancias, el Ejecutivo resolvió otorgar las competencias a Lavigne, designado en diciembre de 2024 como Secretario de Coordinación de Producción (Decreto 1098/24), área que ya tenía entre sus funciones asistir al ministro en la definición de objetivos y políticas para Pymes, emprendedores, economía del conocimiento, industria y comercio.

Según el decreto, esta reasignación no implica erogación adicional para el Estado Nacional y se mantendrán vigentes los mecanismos de reemplazo específicos que ya estuvieran previstos para la firma de despachos.

Alcance de las nuevas funciones de Lavigne

El artículo 1° del decreto dispone que Lavigne ejercerá las competencias de las dos secretarías en vacancia “hasta tanto se cubran las vacantes”.
El artículo 2° aclara que lo dispuesto no se aplicará en los casos donde exista reemplazo específico ya designado.
El artículo 3° enfatiza que la medida “no genera erogación presupuestaria adicional alguna para el Estado Nacional”.

Con esta decisión, Lavigne concentra temporalmente tres áreas neurálgicas dentro del Ministerio de Economía:

  • Industria y Comercio: políticas de producción, comercio exterior y estímulo a la competitividad.
  • Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento: programas de financiamiento, innovación y fomento de startups tecnológicas.
  • Coordinación de Producción: articulación de políticas generales en el sector productivo.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “mantener la continuidad administrativa y evitar la paralización de trámites en curso” en dos secretarías que intervienen en autorizaciones de importación, registros de programas productivos y asignación de beneficios fiscales para Pymes y emprendedores.

Aunque se presenta como una medida transitoria, la decisión concentra poder en un solo funcionario en un área sensible para la economía real, en un contexto de presión de cámaras empresarias que reclaman previsibilidad en el acceso al financiamiento, programas de innovación y reglas claras de comercio exterior.

De cara al futuro inmediato, la Casa Rosada deberá definir si designa nuevos titulares para esas secretarías o si mantiene este esquema de concentración en Lavigne como forma de compactar el organigrama.

  • En el sector Pyme: podrían valorarse los gestos de continuidad administrativa, aunque persiste la preocupación por la falta de conducción específica en un área históricamente sensible a las coyunturas económicas.
  • En la industria y el comercio exterior: las cámaras empresariales seguirán con atención la capacidad de gestión de Lavigne, sobre todo en temas como las licencias de importación y los regímenes de promoción industrial.
  • En el plano político: la oposición podría cuestionar la concentración de funciones como un signo de vaciamiento institucional, mientras el Gobierno lo defiende como un paso hacia la “eficiencia administrativa” y el ahorro de recursos.
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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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Lisandro Catalán asume en el Ministerio del Interior para recuperar la relación con las provincias

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El presidente Javier Milei oficializó la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en una decisión que busca consolidar el vínculo político con los gobernadores afines en plena antesala de las elecciones nacionales. La medida marca un cambio en la estrategia del Ejecutivo: diálogo selectivo, reformas estructurales y un armado federal restringido.

La decisión fue comunicada este miércoles en Casa Rosada tras una reunión encabezada por Milei, de la que participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Francos anunció la constitución de la Mesa Federal, integrada por Caputo y el flamante ministro Catalán, con el objetivo de retomar el diálogo político. Sin embargo, dejó en claro el alcance del esquema: “siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal… En esta nueva etapa, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, subrayó.

El mensaje expone una definición política que excluye de plano a los mandatarios opositores, en especial a los peronistas, como el bonaerense Axel Kicillof, quien días atrás había reclamado públicamente ser convocado a un encuentro.

Perfil y responsabilidades de Catalán

Hasta ahora, Catalán se desempeñaba como segundo de Francos, con responsabilidad directa en el vínculo con las provincias. Su promoción al rango ministerial supone un reconocimiento al rol que ya venía desempeñando, pero también un refuerzo institucional para centralizar el diálogo con los distritos.

El Ministerio del Interior, que bajo la administración libertaria había perdido protagonismo político, recupera peso en un contexto marcado por la necesidad de construir mayorías parlamentarias y garantizar gobernabilidad en el tramo final antes de las elecciones del 26 de octubre.

Con esta designación, Milei apuesta a un esquema de doble eje: Caputo concentrado en la viabilidad fiscal y económica, y Catalán en la articulación política con los aliados provinciales, dejando en evidencia que la estrategia de apertura hacia la oposición sigue limitada.

Reunión de Gabinete y prioridades electorales

La oficialización de Catalán coincidió con la tercera reunión de gabinete de la semana, convocada en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Allí participaron Karina Milei (Secretaría General), los ministros Caputo (Economía), Pettovello (Capital Humano), Sturzenegger (Desregulación), Werthein (Cancillería), Lugones (Salud), Cúneo Libarona (Justicia), Bullrich (Seguridad) y Petri (Defensa), además de los secretarios presidenciales Adorni (Comunicación) e Ibarzábal (Legal y Técnica).

La reunión dio continuidad a los encuentros de los días previos: uno con eje político y otro económico. Según fuentes oficiales, el objetivo inmediato es coordinar el cronograma de gestión con el inicio de la campaña electoral nacional, reforzando la nueva mesa política creada por Milei para ordenar la toma de decisiones estratégicas.

La designación de Catalán llega en un momento crítico: el Gobierno necesita recomponer puentes con las provincias aliadas para avanzar con su agenda de reformas y asegurar apoyo parlamentario. Al mismo tiempo, la exclusión explícita de gobernadores opositores podría tensar aún más la relación con distritos clave, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El gesto de Milei busca enviar una señal de fortaleza interna hacia su propio espacio político y hacia los mercados, que observan con cautela el escenario electoral y la capacidad del oficialismo de sostener gobernabilidad. No obstante, el riesgo político es evidente: consolidar un esquema de “gobernabilidad a la carta” que profundice la fragmentación política nacional.

Entre la campaña y la gobernabilidad

Con las elecciones del 26 de octubre en el horizonte, el Gobierno necesita mostrar orden político y previsibilidad económica. Catalán será clave en la coordinación con los gobernadores aliados para avanzar en reformas estructurales y sostener el discurso de “espíritu de cambio”.

El próximo paso será la activación plena de la Mesa Federal, que funcionará como ámbito de articulación Nación-provincias. El desafío inmediato es evitar que la estrategia de exclusión derive en mayores conflictos institucionales y complique la implementación de políticas en territorios gobernados por la oposición.

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