Luis Caputo

El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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Misiones celebra la ampliación de la Zona Franca a Posadas y Bernardo de Irigoyen

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El Frente Renovador de la Concordia expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno nacional de autorizar la expansión de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia los pasos fronterizos de Posadas–Encarnación y Bernardo de Irigoyen–Dionisio Cerqueira, a través de la Resolución 1449/2025.

Se trata de un reclamo histórico del espacio político misionero, que desde hace más de dos décadas sostiene la necesidad de contar con herramientas para equilibrar las asimetrías con los países vecinos y potenciar el desarrollo de las comunidades fronterizas.

La creación de la Zona Franca de Puerto Iguazú, durante la gobernación de Carlos Rovira y mediante el Decreto 1882/2002, marcó el inicio de este camino. Desde entonces, el régimen demostró ser una herramienta eficaz para generar empleo, inversión, turismo y crecimiento económico.

En 2024, el gobernador Hugo Passalacqua presentó formalmente al Ministerio de Economía la solicitud de expansión, con el objetivo de brindar igualdad de condiciones a Posadas y Bernardo de Irigoyen frente a los regímenes especiales vigentes en Paraguay y Brasil. “Hoy, gracias a esa gestión, la Nación acompañó a Misiones con una decisión estratégica que beneficiará a miles de familias”, destacaron desde el Frente Renovador.

La fuerza política consideró que este logro debe interpretarse como una política de Estado sostenida en el tiempo, que enlaza distintas gestiones renovadoras bajo una misma visión: transformar las fronteras en motores de desarrollo y oportunidades para todos los misioneros.

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Más Dutys: Economía autorizó Zonas Francas para Posadas y Bernardo de Irigoyen

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Nadie lo esperaba en el Gobierno ni entre los empresarios. El tema había salido de la agenda hasta que hoy el Boletín Oficial trajo la novedad: en lugar de la Zona Aduanera Especial que se gestionó durante años y la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó la expansión de la Zona Franca, que ya funciona en Iguazú, a Posadas y Bernardo de Irigoyen, dos ciudades de frontera, con Paraguay y Brasil. 

La diferencia no es sólo semántica, aunque la Provincia hizo gestiones por las dos opciones. Una zona franca, como la autorizada, tiene un único concesionario -en el caso de Iguazú es el Duty Free Shop-, mientras que lo que buscaba -y sigue reclamando- la Provincia es una zona aduanera especial, con libre ingreso de mercaderías e impuestos diferenciales para exportación, con el objetivo de mejorar competitividad y que todas las ciudades puedan competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil. Incluso, cuando el ex presidente Mauricio Macri propuso un esquema similar, en el marco de las negociaciones por el artículo 10 de la ley Pymes, la Provincia insistió con el esquema general.

El gobernador Hugo Passalacqua había reactivado las gestiones el año pasado, con un documento enviado a Caputo, que terminó siendo aprobado por el ministro de Economía.

En el sector comercial recibieron la noticia con sorpresa. Un integrante de la Cámara de Comercio de Posadas reconoció que el tema ya había sido prácticamente olvidado y expresó su preocupación por la “nueva competencia” libre de impuestos que se generará para los negocios que no estén en dentro del esquema. 

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial amplía la zona franca ya existente en Puerto Iguazú. Esa zona funciona desde 2002 bajo un concesionario y ahora, con esta disposición, se autoriza su extensión para habilitar locales también en Posadas y en Bernardo de Irigoyen

Aunque la norma busca mejorar competitividad en las ciudades de frontera -Encarnación goza una política fiscal laxa y Bernardo de Irigoyen convive con Lojas Free-, es una solución parcial a los problemas de frontera económica que sufre Misiones. Para los comercios que no entren y para las demás ciudades fronterizas, no habrá ningún beneficio directo y sumarán un nuevo competidor a las asimetrías, inflación y Shein. Es que Brasil tiene lojas free en casi todas las ciudades de frontera con Misiones, mientras que Paraguay ofrece un IVA a la mitad que en Argentina.

En contraste, se espera que en los nuevos duty se generen puestos de trabajo -en Iguazú hay 600 empleos y llegó a haber mil cuando el tipo de cambio resultó conveniente-, aumento del flujo de turistas, y productos de primera marca que estarán al acceso de todos, con un cupo de 300 dólares por persona.

La resolución del ministerio de Economía amplía la zona franca para las actividades de almacenaje, comerciales al por menor, de servicio e industriales de exportación, en las mismas condiciones que se encuentra actualmente en Puerto Iguazú. Si bien la norma no define con precisión la ubicación geográfica dentro de ambos municipios, es de esperar que la zona esté ubicada cerca de los puestos de frontera.

El concesionario actual de Puerto Iguazú (Duty Free) recibe la extensión de su concesión pero está previsto que puedan existir locales comerciales o actividades industriales dentro de la zona, a través de la figura del “Usuario”, que  son las personas de existencia ideal o visible, nacionales o extranjeras, que adquieren derecho a desarrollar actividades dentro de la Zona Franca mediante convenio con el Concesionario. 

El esquema será similar al Duty Free Shop de Iguazú: espacios donde se pueden comercializar productos importados libres de ciertos impuestos, siempre que estén ubicados dentro o en las cercanías de las zonas primarias de control aduanero, como los puentes internacionales, explicó el especialista Carlos Nunes Velloso. 

Además, la norma incluye un reglamento para empresas usuarias que quieran participar en esta expansión. Allí se detallan los requisitos, condiciones y procedimientos que deberán cumplir para operar dentro de estas unidades de zona franca.

La norma publicada en el Boletín Oficial autoriza la expansión de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen. Esto significa que, bajo el mismo concesionario y reglamento, podrán instalarse recintos en esos pasos fronterizos, replicando el esquema de duty free shops y actividades autorizadas.El objetivo es equilibrar la competencia con los regímenes de las ciudades vecinas de Paraguay y Brasil, que cuentan con beneficios fiscales (como las lojas francas), y fortalecer la economía regional con base en turismo, comercio y servicios.

El Ministerio de Economía autorizó la expansión de la Zona Franca de Puerto Iguazú a los municipios de Posadas y Bernardo de Irigoyen, con el objetivo de mitigar las desventajas competitivas que enfrentan las ciudades misioneras respecto a los regímenes aduaneros vigentes en Brasil y Paraguay. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1449/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se complementa con la aprobación de un nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación para toda la zona franca provincial.

Expansión estratégica en frontera

La decisión se fundamenta en el artículo 39 de la Ley 24.331, que habilita a ampliar el espacio físico de las zonas francas cuando las circunstancias lo ameriten. En este caso, Misiones argumentó que su extensa frontera con Encarnación (Paraguay) y Dionisio Cerqueira (Brasil) la expone a regímenes comerciales más favorables en países vecinos, como las “Lojas Francas” brasileñas, donde se permite la venta minorista de productos importados sin gravámenes.

El Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Puerto Iguazú avaló la solicitud provincial, destacando que desde su inauguración el régimen mostró un impacto positivo en la economía local y en la atracción de turistas. “La medida propiciada mitigaría las consecuencias negativas derivadas de la existencia de regímenes aduaneros en países fronterizos, caracterizados por bajos aranceles de importación y exenciones tributarias”, señala el dictamen incorporado al expediente oficial.

Nuevo reglamento para la operatoria

El Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de Misiones (IF-2025-97858023-APN-SCP#MEC) establece un marco integral de reglas para las operaciones en los tres municipios. Entre los puntos centrales se dispone que:

  • Las mercaderías ingresadas estarán exentas de tributos de importación, salvo tasas por servicios efectivamente prestados.
  • Se habilitan actividades de almacenaje, servicios, comercialización e industriales, siempre que las industriales tengan destino exportador y no generen contaminación ambiental.
  • Se permitirá la venta minorista bajo control aduanero en tiendas libres destinadas a turistas que ingresen o egresen del país, respetando límites de equipaje y evitando finalidades comerciales.
  • Los usuarios de la zona franca podrán ser nacionales o extranjeros, y deberán firmar convenios con el concesionario que administre el área.
  • El Comité de Vigilancia controlará las operaciones, el cumplimiento normativo, el impacto ambiental y la transparencia en las tarifas y servicios.

Resolución 1449/2025 Ministerio de Economia by CristianMilciades

La Procuración del Tesoro de la Nación aclaró que la normativa no limita la zona franca a un espacio físico único ni exige contigüidad territorial, sino que la define como una “unidad jurídica” aplicable a distintas localizaciones dentro de una provincia. De este modo, la extensión a Posadas y Bernardo de Irigoyen respeta la letra de la ley y responde a criterios de equidad regional.

El Ministerio de Economía subrayó que la expansión busca “complementar la economía regional y potenciar el turismo”, uno de los principales motores de Misiones, al tiempo que se equilibra la competencia con los regímenes fronterizos. Para los sectores comerciales y turísticos locales, la medida representa una oportunidad de captar mayor flujo de consumidores, incrementar la oferta de bienes y diversificar actividades exportadoras.

Anexo Resolución 1449/2025 Ministerio de Economia by CristianMilciades

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Argentina obtiene préstamo del BCIE por USD 100 millones para reforzar la Prestación Alimentar

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Argentina asegura financiamiento por USD 100 millones del BCIE para reforzar la seguridad alimentaria

El Gobierno aprobó el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la cuarta fase del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. Los fondos estarán destinados principalmente a sostener la Prestación Alimentar y serán ejecutados por el Ministerio de Capital Humano.

Un préstamo clave para sostener políticas alimentarias

Mediante el Decreto 687/2025, publicado el 26 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo BCIE N° 2355, por el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará hasta USD 100 millones a la República Argentina.

El financiamiento respaldará la continuidad del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Fase IV, cuyo objetivo es garantizar recursos para la Prestación Alimentar, una de las principales herramientas de asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

El programa se organizará en cuatro componentes: 1) Apoyo a la Prestación Alimentar, 2) Auditoría Externa, 3) Imprevistos y 4) Comisión BCIE. La ejecución quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Condiciones financieras y marco institucional

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó la operación y concluyó que el préstamo tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, al considerarlo consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.

En paralelo, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que el costo financiero resulta inferior al que el país podría obtener en el mercado, lo que justifica el acuerdo en términos de eficiencia del endeudamiento.

El decreto faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas a firmar el contrato y su documentación complementaria. Asimismo, se autorizó al titular de Economía a introducir modificaciones que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos ni en los montos.

La aprobación del préstamo del BCIE refleja la estrategia del Gobierno de recurrir a organismos multilaterales para reforzar programas sociales clave en un contexto de restricciones fiscales.

El apoyo financiero permitirá sostener la Prestación Alimentar, política que apunta a garantizar la cobertura alimentaria básica de millones de familias en situación de pobreza. El desembolso, además, funcionará como un alivio fiscal al cubrir parte del costo de este programa en el presupuesto nacional.

El decreto, suscripto por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, marca la continuidad de la cooperación con el BCIE, organismo que ya financió fases anteriores del mismo programa.

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Economía aprobó el plan de AySA con superávit operativo y financiamiento estatal por $141.000 millones

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El Ministerio de Economía oficializó la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.), empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema financiero contempla ingresos por $1,32 billones, gastos operativos por $992.564 millones y un superávit financiero de $7.720 millones, según la Resolución 1423/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Un presupuesto con superávit operativo y apoyo estatal

El plan aprobado prevé: Ingresos de operación: $1.322.028.071.367. Gastos de operación: $992.564.402.903. Ganancia operativa: $329.463.668.464. Resultado económico (ahorro): $176.812.274.503. Resultado financiero (superávit): $7.720.290.143

Los documentos oficiales detallan que el superávit operativo será destinado a obras de mantenimiento y mejora, mientras que los gastos de capital alcanzarán los $357.201 millones. Para financiar parte de las obras estratégicas —entre ellas la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud), el Río Subterráneo Sur y el Colector Catonas— el Estado Nacional girará transferencias de capital por $141.437 millones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27.701 de Presupuesto General.

Inversiones, endeudamiento y producción

El presupuesto también habilita a la empresa a avanzar con un programa global de fideicomiso financiero por hasta $100.000 millones, con desembolsos estimados en $70.000 millones durante 2025.

En materia productiva, AySA estima para 2025: Producción de agua librada a red: 6.125 miles de m³ por día. Bombeo y tratamiento cloacal: 1.559 millones de m³ anuales. Pretratamiento cloacal: 746 millones de m³ anuales.

El gasto operativo incorpora un 27% de inflación anual proyectada y un tipo de cambio estimado en $1.287 por dólar a diciembre de 2025. Además, la masa salarial ascenderá a $289.322 millones, con una dotación de 6.092 empleados permanentes hacia fin de año.

Impacto económico e institucional

El plan de acción ratifica el rol estratégico de AySA como la principal empresa de servicios públicos del país. Su presupuesto no solo apunta a garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de las obras estructurales, sino también a sostener un esquema de Tarifa Social para los sectores más vulnerables, administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

En términos políticos, la decisión de Luis Caputo, ministro de Economía, envía una señal de estabilidad en la gestión de las empresas estatales en un año electoral, al mostrar que AySA puede proyectar superávit financiero pese al fuerte nivel de inversión requerido.

La ejecución de este presupuesto será clave para destrabar proyectos de gran impacto ambiental y urbano, como el Sistema Riachuelo, que busca reducir la contaminación del río homónimo y mejorar el saneamiento en la región sur del conurbano. Además, la combinación de financiamiento estatal y emisión de deuda marcará la pauta de sostenibilidad de AySA en los próximos ejercicios.

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