Manuel Adorni

Obras viales, saneamiento y economías regionales: la respuesta de Adorni a los reclamos de los diputados de Encuentro Misionero

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La diputada nacional por el Bloque Encuentro Misionero, Yamila Ruiz, interpeló al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, durante el informe de gestión que el funcionario brindó este miércoles en la Cámara de Diputados. El eje del planteo fue el incumplimiento de obras comprometidas por el Gobierno nacional en un convenio firmado en junio de 2024 entre el gobernador de Misiones y el entonces ministro Guillermo Francos.

Esas obras fueron ratificadas en 2025 en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas y, según la diputada, permanecen sin avances hasta la fecha.

La lista de obras reclamadas por Ruiz abarcó una amplia variedad de intervenciones viales y de infraestructura en distintos puntos de la provincia. Entre ellas figuran la travesía urbana de Posadas sobre la ruta nacional 12, el acceso al Aeropuerto Internacional de Posadas, la garita kilómetro 10 de la ruta nacional 105 y el servicio de conservación y mantenimiento del corredor 3 de la ruta 12. También incluyó la autovía del tramo Posadas-San Ignacio de la ruta nacional 12.

El reclamo se extendió a obras con impacto en municipios del interior provincial. Ruiz mencionó el puente sobre la ruta 14 en el límite con Corrientes en San José, la obra de abastecimiento de agua potable en Corpus, las tomas sobre el río Iguazú y los desagües cloacales en Aristóbulo del Valle. Completó la lista con la ruta de acceso a Azara, los tramos de la ruta 12 entre San Ignacio y Jardín América, Puerto Rico y Montecarlo, obras en Puerto Esperanza y Puerto Arroyo, el acceso a Tobuna desde la ruta 14 y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Las obras en ejecución con financiamiento nacional

En su respuesta, Adorni precisó que el acuerdo con Misiones establece una distinción entre obras a cargo del Estado nacional y obras a cargo de la provincia. En ese marco, confirmó que tres obras de saneamiento tienen ejecución en curso con financiamiento nacional: los desagües cloacales de Apóstoles, los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle y el saneamiento del arroyo Itá. Las tres obras tendrán finalización en el transcurso del año 2027.

La respuesta del Jefe de Gabinete indicó además que el presupuesto 2026 contempla obras viales estratégicas para la conectividad y la seguridad vial en la provincia. En la ruta nacional 12 figura la obra de la travesía urbana de Posadas, en el tramo acceso aeropuerto-Garita kilómetro 10, empalme con la ruta nacional 105. También se incorpora una obra de seguridad vinculada al soterramiento de calzada en la intersección con la avenida San Martín.

Para la ruta nacional 105, el Gobierno nacional contempla la autovía San José-Posadas en el tramo comprendido entre la rotonda de la ruta nacional 12 y la rotonda de la ruta nacional 14. La inclusión de estas obras en el presupuesto 2026 implica que cuentan con partida asignada, aunque Adorni no precisó fechas de inicio ni de finalización para cada una de ellas.

En materia vial, la respuesta del Jefe de Gabinete también detalló tareas en curso a cargo de Vialidad Nacional. En la ruta nacional 14 y en el acceso sur se ejecutan tareas por administración de bacheos. Además, el Estado nacional adjudicó una compra de mezcla asfáltica en la ruta nacional 14 entre los kilómetros 1093 y 1127, y en la ruta nacional 101 entre los kilómetros 0 y 89.

Mantenimiento de rutas y tareas en ejecución

Adorni informó que en las rutas nacionales 12, 14 y 101 el Estado nacional ejecuta tareas de mantenimiento que incluyen corte de pasto, desmalezado y cortafuegos, limpieza de banquinas, cauces, alcantarillas y señalamiento horizontal y vertical. Esas intervenciones tienen encuadre en la ejecución de obras nacionales priorizadas para el año 2026, según el detalle efectuado en la pregunta 80 del informe de gestión.

El conjunto de obras confirmadas por Adorni no cubre la totalidad de los reclamos formulados por Ruiz. La diputada había incluido en su interpelación obras sobre las que el Jefe de Gabinete no brindó respuesta específica, como el puente sobre la ruta 14 en San José, las tomas sobre el río Iguazú en Corpus y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Economías regionales, asimetrías de frontera y el acuerdo Mercosur-UE

Más allá de las obras, Ruiz planteó también una serie de reclamos vinculados al desarrollo productivo de la provincia. Preguntó si el Gobierno nacional tomará medidas específicas para fortalecer a las economías regionales misioneras —yerba mate, té y madera— mediante reducción o compensación impositiva, en un contexto que la diputada describió como “una crisis fuerte” para esos sectores.

La representante de Encuentro Misionero puso además sobre la mesa el problema de las asimetrías de frontera. Señaló que el 80% de los límites geográficos de Misiones son con Brasil y Paraguay, lo que genera una competencia de precios casi imposible de sostener para los productores locales. En ese marco, preguntó si el Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer una zona aduanera libre de impuestos, a la que definió como “un reclamo histórico de Misiones”.

Ruiz consultó también si Misiones tendrá prioridad en la cobertura de cupos de operaciones comerciales en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La respuesta de Adorni fue categórica: el tratado no estipula cupos ni cuotas preferenciales para ninguna provincia. “El acceso a la exportación y el mercado de la Unión Europea depende de la competitividad de cada productor o exportador”, precisó el Jefe de Gabinete, y remitió a las respuestas 354 y 762 del informe escrito para mayor detalle sobre las cuotas del acuerdo.

Los reclamos sobre economías regionales, asimetrías de frontera y zona aduanera especial no tuvieron respuesta directa en el informe oral de Adorni. La diputada Ruiz planteó esas demandas como parte de una agenda estructural que el bloque Encuentro Misionero impulsa desde hace años a través de proyectos de ley, sin que hasta el momento hayan tenido resolución en el ámbito nacional.

El intercambio entre Ruiz y Adorni dejó un mapa parcial de compromisos cumplidos y reclamos sin respuesta concreta. Las tres obras de saneamiento en ejecución y la inclusión de intervenciones viales en el presupuesto 2026 representan avances, pero la brecha entre la lista de obras reclamadas y las confirmadas por el Jefe de Gabinete da cuenta de una agenda pendiente que Misiones continúa sosteniendo ante el Gobierno nacional.

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Adorni: “No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados para responder a las acusaciones sobre su patrimonio y su situación judicial. En una intervención atravesada por la tensión política, aseguró que “no hubo delito” y sostuvo que las denuncias en su contra fueron archivadas por la Justicia, al tiempo que derivó las explicaciones de fondo al ámbito judicial.

La exposición se dio en el Congreso, en el marco de su obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, el tramo final del discurso se concentró en su defensa personal frente a cuestionamientos opositores, lo que reconfiguró el eje político de la sesión.

En los minutos finales de su extensa exposición de más de una hora y media ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se apartó del balance de la marcha del Gobierno para referirse a su situación personal y patrimonial, en respuesta a cuestionamientos formulados por legisladores de la oposición.

Entre la obligación constitucional y la defensa personal

El informe de gestión está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a rendir cuentas ante el Congreso. En ese contexto, Adorni planteó que varios de los cuestionamientos excedían ese marco y correspondían al ámbito judicial.

El Informe 145 que Manuel Adorni envió a la Cámara de Diputados dejó al descubierto una estrategia defensiva clara: frente a las preguntas más sensibles sobre su situación patrimonial, la de su esposa y el episodio del criptoactivo $LIBRA, el jefe de Gabinete evitó dar explicaciones de fondo y trasladó la responsabilidad casi por completo al Poder Judicial.

Según lo expuesto, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya intervinieron en el caso vinculado a su patrimonio y a la participación de su esposa en un viaje oficial. De acuerdo a su versión, la causa fue archivada y no se detectaron irregularidades ni uso de recursos públicos.

El funcionario remarcó que los bienes familiares forman parte de anexos reservados de la declaración jurada, en línea con la normativa vigente, lo que limita la divulgación pública de esa información.

Qué explicó y qué evitó detallar

Durante su intervención, Adorni afirmó que su esposa viajó como invitada en un tramo de un vuelo oficial y regresó en un vuelo comercial, y que no hubo gastos para el Estado. También aseguró que todos sus viajes personales fueron financiados con recursos propios.

En relación a su patrimonio, sostuvo que cumplió con la presentación de declaraciones juradas y anticipó que presentará una nueva en la fecha correspondiente. Insistió en que no existió ocultamiento de bienes.

El mismo criterio se aplica a las preguntas referidas al crecimiento patrimonial del propio Adorni. El informe no niega la existencia de investigaciones ni cuestionamientos, pero evita explicarlos: no hay referencias a ingresos, actividades previas, préstamos, donaciones ni mecanismos de financiación. La respuesta oficial se limita a remarcar que el asunto está bajo análisis judicial y que cualquier ampliación podría afectar derechos individuales.

El planteo se vuelve todavía más explícito cuando el informe aborda el caso del criptoactivo $LIBRA, episodio que derivó en una causa penal en la Justicia federal. Como “consideración preliminar de carácter general”, la Jefatura de Gabinete remarca que “los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso”, identificada como la Causa Nº 574/2025 y sus acumuladas. En ese marco, advierte que “la divulgación de determinada información por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

A partir de esa premisa, el informe rechaza responder una serie de preguntas clave. En primer lugar, niega la existencia de acuerdos, contratos, memorandos o cartas de intención entre el Estado, el Presidente o funcionarios del Ejecutivo y los empresarios vinculados al proyecto. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, afirma el texto, y sostiene que tampoco hay documentación que acredite pagos, honorarios o contraprestaciones.

Respecto de los documentos, chats o facturas mencionados en distintos pedidos de informes, la respuesta oficial es tajante: se trata, según el Ejecutivo, de “filtraciones periodísticas de material agregado a la causa judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Por ese motivo, concluye que “no es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.

El informe también se pronuncia sobre las reuniones mantenidas en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas que luego fueron vinculadas al caso $LIBRA. Allí señala que esos encuentros “han sido debidamente informados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública” y que las audiencias “fueron registradas conforme los procedimientos establecidos por la normativa de transparencia”.

Respaldo interno y disputa con la oposición

La estrategia del jefe de Gabinete dejó dos movimientos políticos claros. Por un lado, consolidó el respaldo del núcleo del Gobierno, que sostuvo una defensa cerrada frente a las denuncias. Por otro, profundizó la tensión con la oposición, que buscó instalar el tema patrimonial como eje de control político.

El oficialismo se alineó en torno a la idea de que las denuncias forman parte de una disputa política, mientras que desde bloques opositores se insistió en la falta de respuestas concretas. En ese equilibrio, el Gobierno refuerza una narrativa de institucionalidad basada en la división de poderes, al tiempo que limita el debate político sobre el contenido de las acusaciones.

Adorni, agradeció explícitamente al presidente Javier Milei por su respaldo. “Quiero agradecer al Presidente de la Nación, Javier Milei, por su presencia y por haberme dado el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros”, señaló, y extendió el reconocimiento a los ministros y equipos de Gobierno.

Por último, respondió a las críticas sobre su ausencia en el Congreso durante las semanas previas. “En las últimas semanas, algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, concluyó.

Señal indirecta sobre transparencia y clima de inversión

Aunque el eje del planteo fue político, la discusión sobre transparencia y patrimonio de funcionarios tiene impacto indirecto en el clima económico. La previsibilidad institucional y la percepción de integridad en la gestión pública son variables observadas por inversores y actores económicos.

La falta de definiciones detalladas puede mantener abierta la incertidumbre en ciertos sectores, mientras que el Gobierno apuesta a que el respaldo judicial cierre el tema en el corto plazo.

No hubo referencias específicas a provincias o regiones. Sin embargo, el debate sobre transparencia, control legislativo y funcionamiento institucional tiene impacto transversal en todo el país, incluyendo Misiones y el NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición también condicionan la dinámica política local.

Justicia, Congreso y disputa política

El escenario queda condicionado por dos variables. Por un lado, la evolución de las causas judiciales en trámite, que definirán si las denuncias avanzan o se archivan definitivamente. Por otro, la capacidad de la oposición para sostener el tema en la agenda parlamentaria.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su estrategia: respaldo político interno, defensa pública y remisión a la Justicia como árbitro final. El desarrollo de ese equilibrio marcará el tono de la relación entre Ejecutivo y Congreso en los próximos meses.

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Las curiosidades del informe de gestión de Adorni en el Congreso

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes su informe de gestión ante la Cámara de Diputados con el respaldo directo del presidente Javier Milei y la cúpula del Gobierno nacional. La sesión, que comenzó pasadas las 10.40, combinó una exposición sin interrupciones formales con episodios de tensión política, expresados en gritos, gestos irónicos y una oposición que optó mayormente por el silencio mientras el oficialismo defendía variables económicas como la baja de la inflación y la estabilidad del dólar.

Informe de gestión bajo respaldo político pleno

La presentación del jefe de Gabinete se realizó en el marco de las obligaciones institucionales de rendición ante el Congreso. Sin embargo, el contexto político estuvo marcado por una fuerte escenificación de apoyo del Poder Ejecutivo.

En los palcos del recinto se ubicó la plana mayor del Gobierno, encabezada por Milei y la secretaria general Karina Milei, junto a ministros clave como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería). También participaron otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, consolidando una señal de respaldo político explícito al funcionario expositor.

La presencia del Presidente dentro del recinto, incluso durante la entonación del himno nacional, fue acompañada por manifestaciones de apoyo de legisladores oficialistas y militantes en los balcones.

Durante su intervención inicial, Adorni centró su discurso en indicadores macroeconómicos, destacando la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y las inversiones en sectores como minería y energía. Según lo expuesto, estos datos formaron parte del eje argumental del Gobierno para sostener su programa económico.

El funcionario evitó referirse a cuestionamientos sobre su patrimonio o viajes al exterior, temas que habían generado expectativas en la previa de la sesión.

Mientras tanto, la oposición adoptó una estrategia de bajo perfil durante la exposición. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques optaron por no interrumpir, limitándose en su mayoría a conversaciones internas o a seguir la sesión desde sus bancas sin intervenir.

Gestos simbólicos y disputa de narrativa

La sesión dejó una serie de episodios que reflejan el clima político dentro del recinto. El diputado Esteban Paulón llevó pochoclos como gesto irónico ante la expectativa de una sesión “picante”. Desde la izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman protagonizaron gritos dirigidos al oficialismo, mientras que Romina del Pla cuestionó al Presidente durante un tramo del debate.

También se registró un cruce cuando el diputado Aldo Leiva intentó entregar un mensaje crítico a Adorni, lo que derivó en una intervención de la diputada Lilia Lemoine.

El oficialismo respondió con aplausos en momentos clave del discurso, especialmente cuando el jefe de Gabinete hizo referencia a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En contraste, el peronismo mantuvo una postura contenida, en línea con una estrategia previa de no confrontar directamente durante la exposición.

La escena general mostró un oficialismo cohesionado en torno a la figura del jefe de Gabinete, con respaldo visible del Presidente y su equipo. Esta puesta en escena refuerza la centralidad del Ejecutivo en la agenda política y busca consolidar su narrativa económica dentro del Congreso.

Por otro lado, la decisión de la oposición de evitar interrupciones durante la exposición sugiere una estrategia de espera, orientada a trasladar el debate a instancias posteriores o a cuestionamientos más estructurados.

Los cruces aislados y gestos simbólicos funcionaron como expresión de disenso, pero sin alterar el desarrollo formal del informe.

El Gobierno sostiene su narrativa macro

El eje económico del discurso se apoyó en variables como la desaceleración inflacionaria y la estabilidad del dólar. También se mencionaron inversiones en sectores estratégicos, lo que el oficialismo utiliza como respaldo a su programa económico.

Sin anuncios concretos durante la sesión, el impacto inmediato se ubica en el plano discursivo, como parte de la construcción de expectativas en torno a la evolución de la economía.

Aunque la exposición no incluyó referencias específicas a Misiones o al NEA, la mención de inversiones en minería y energía podría tener implicancias indirectas para las economías regionales, en función de cómo se distribuyan esos proyectos y flujos de capital.

La estabilidad macroeconómica señalada por el Gobierno también aparece como un factor transversal que impacta en las provincias, especialmente en variables como precios, consumo y financiamiento.

Del discurso a la confrontación política

El desarrollo de la sesión deja abierto el interrogante sobre cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y la oposición en el Congreso. La estrategia de bajo perfil opositor durante el informe podría modificarse en futuras instancias legislativas.

También quedará bajo observación la consistencia entre las variables económicas destacadas por el Ejecutivo y su evolución en el corto plazo, así como la capacidad del Gobierno para sostener respaldo político en el ámbito parlamentario.

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Adorni defendió la desregulación yerbatera y descartó auxilio nacional para pequeños productores

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El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.

La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

“No intervención” y defensa del libre mercado

La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.

“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.

Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.

“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.

La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.

Nación no asistirá a los pequeños productores

Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.

“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.

Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.

La industria deberá financiarse con deuda nueva

Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.

La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.

“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.

La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.

A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.

“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.

En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.

La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.

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Adorni ratifica en el Congreso el cierre de la delegación Posadas del Banco Central

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La reestructuración del Banco Central de la República Argentina ya tiene impacto confirmado en Misiones. Durante su presentación ante el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó el cierre de la delegación Posadas del organismo monetario, una decisión que forma parte de un proceso de reducción de estructuras regionales impulsado por el Gobierno nacional.

Según explicó oficialmente el BCRA, la medida apunta a “aumentar la eficiencia de la distribución del efectivo en el país” y fue adoptada por resolución de su directorio con un criterio que calificaron como “100% técnico”, basado en factores geográficos y operativos como el tamaño de las bóvedas, la cantidad de personal asignado, el flujo de envíos y la demanda de movimiento de caudales.

En ese esquema, dejaron de operar doce agencias regionales de Tesoro: Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río Cuarto, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa.

La delegación de Posadas quedó así dentro del grupo de cierres definitivos, mientras que continuarán en funcionamiento únicamente los tesoros regionales de Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza, Rosario, Corrientes, Jujuy y Córdoba.

Menos efectivo, más pagos electrónicos

Desde el Banco Central explicaron que uno de los fundamentos centrales de la decisión es el cambio estructural en el uso del dinero físico en la economía argentina.

“El circulante históricamente representó el 6% del PBI y en la actualidad representa apenas el 2%”, señalaron desde la entidad. Esa caída, remarcaron, responde principalmente al crecimiento sostenido de los medios electrónicos de pago, las transferencias inmediatas, las billeteras virtuales y la menor dependencia del efectivo en las operaciones cotidianas.

En otras palabras, el Gobierno entiende que mantener una estructura territorial diseñada para una economía altamente bancarizada en efectivo dejó de tener sentido operativo y financiero.

Incluso, desde el BCRA señalaron que algunas de las agencias que fueron cerradas “recibían menos de un vuelo mensual”, lo que reforzó la decisión de avanzar en una concentración logística de los tesoros regionales.

Qué pasará con los trabajadores

Otro de los puntos sensibles de la medida era el futuro del personal afectado. El Banco Central informó que las 32 personas que se desempeñaban en las 12 agencias regionales cerradas no serán despedidas, sino que recibirán propuestas de relocalización.

La alternativa planteada es su traslado a la agencia regional más cercana a su provincia o bien a la sede central del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de Misiones, la referencia operativa más cercana quedará concentrada en Corrientes, lo que implica una reorganización logística y administrativa para el manejo regional del efectivo.

Un nuevo esquema para la operatoria financiera

El cierre de la delegación Posadas se inscribe dentro del proceso de ajuste del Estado nacional impulsado por el presidente Javier Milei, con foco en la reducción de costos operativos, eliminación de estructuras consideradas redundantes y centralización de funciones.

Para Misiones, la salida del BCRA de Posadas representa también una señal política e institucional relevante: se pierde presencia física de uno de los principales organismos financieros nacionales en una provincia históricamente estratégica por su ubicación de frontera y su dinámica comercial con Brasil y Paraguay.

Aunque desde Nación insisten en que se trata de una decisión puramente técnica y no de un retiro funcional, en el sector económico regional la medida abre interrogantes sobre la operatoria futura, especialmente en una provincia donde el movimiento de efectivo sigue teniendo peso en actividades comerciales, fronterizas y productivas.

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