lun. Jul 20th, 2026

Manuel Adorni

Goerling escala la ofensiva contra Adorni: pide interpelarlo en el Senado y plantea su remoción si no comparece

By Economis Redacción 4 semanas ago
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La tensión política entre el PRO y el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo. El senador nacional por Misiones, Martín Goerling, presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a comparecer ante el Senado el próximo 2 de julio, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y presuntas inconsistencias detectadas entre sus declaraciones juradas y manifestaciones públicas.

La iniciativa marca una señal política de alto voltaje dentro del PRO y profundiza las diferencias con La Libertad Avanza en un momento de creciente tensión parlamentaria. Goerling, quien preside el bloque amarillo en la Cámara alta, no sólo impulsa la interpelación del funcionario sino que además propone que, en caso de que Adorni no concurra al recinto, el Senado avance directamente en el tratamiento de una moción de remoción prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Según el texto presentado este 24 de junio, el Senado debería convocar a Adorni para ser interpelado respecto de “omisiones e inconsistencias” que habrían surgido entre sus declaraciones patrimoniales, las correcciones posteriores reconocidas públicamente y sus exposiciones ante la Cámara de Diputados.

El proyecto también solicita que el jefe de Gabinete explique qué medidas adoptó desde su función institucional frente a lo que el documento describe como el reconocimiento público de una situación de evasión fiscal, al tiempo que señala que el origen lícito de determinados fondos aún no habría sido acreditado.

La iniciativa lleva la firma de Goerling y fue ingresada formalmente este martes en la Cámara alta.

La movida del senador misionero se produce apenas horas después de una votación significativa en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque PRO acompañó el emplazamiento impulsado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para acelerar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

El dato político no pasó inadvertido. Aunque los diputados del PRO rechazaron avanzar directamente con una moción de censura, sí votaron de manera unánime a favor de emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que trate el asunto sin dilaciones.

Esa posición comenzó a mostrar un mayor distanciamiento respecto de la estrategia parlamentaria del oficialismo y sus aliados. Ahora, el proyecto de Goerling en el Senado profundiza esa línea y eleva la presión sobre el jefe de Gabinete.

Qué dice el proyecto

El texto presentado por el senador misionero establece cuatro puntos centrales:

  • Convocar a Manuel Adorni al Senado el 2 de julio.
  • Requerir explicaciones sobre su evolución patrimonial y declaraciones juradas.
  • Solicitar informes sobre las medidas adoptadas desde la Jefatura de Gabinete frente a las irregularidades denunciadas.
  • Avanzar en una moción de remoción si el funcionario no concurre a la citación.

La presentación adquiere especial relevancia porque proviene del presidente del bloque PRO en el Senado y se produce en medio de una creciente discusión sobre el vínculo entre el partido fundado por Mauricio Macri y el Gobierno de Javier Milei.

Mientras en Diputados el PRO ya había mostrado señales de autonomía al respaldar el emplazamiento promovido por Ferraro, la iniciativa de Goerling abre un nuevo frente institucional que podría derivar en uno de los debates políticos más sensibles de las próximas semanas.

La presentación del legislador misionero reconfigura el escenario parlamentario. Hasta ahora, los cuestionamientos a Adorni se concentraban principalmente en sectores de la oposición dialoguista y de la Coalición Cívica. La decisión del PRO de acompañar mecanismos formales de control y ahora impulsar una interpelación desde el Senado introduce un factor de incertidumbre sobre la solidez de los acuerdos legislativos que venían sosteniendo al oficialismo. Con la convocatoria propuesta para el 2 de julio, la discusión promete convertirse en uno de los principales focos de atención de la agenda política nacional.

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Milei avanza sobre el financiamiento sindical y abre un nuevo frente con la CGT

By Redacción Economis 4 semanas ago
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La ofensiva del Gobierno nacional sobre el esquema de relaciones laborales sumó un nuevo capítulo con potencial impacto político y económico. A través de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la administración de Javier Milei avanzó sobre uno de los pilares históricos del poder sindical: el financiamiento derivado de los convenios colectivos de trabajo. La medida amenaza con reducir significativamente los ingresos de los gremios y expone las dificultades de la CGT para articular una respuesta unificada frente a una estrategia oficial que apunta directamente a las estructuras de poder sindical.

La decisión del Ejecutivo introduce cambios profundos en el sistema de aportes y contribuciones que durante décadas constituyeron una fuente central de recursos para sindicatos, institutos de capacitación, mutuales y entidades vinculadas al movimiento obrero. El nuevo marco fija un tope del 2% sobre las retenciones salariales destinadas a aportes convencionales y, además, elimina la continuidad automática de numerosos mecanismos de financiamiento que permanecían vigentes aun cuando los convenios colectivos hubieran vencido.

La medida llega en un contexto de debilitamiento progresivo del sindicalismo tradicional. La caída del empleo formal, la reducción de la afiliación gremial y la creciente fragmentación del mercado laboral ya venían erosionando la capacidad financiera de muchas organizaciones. Ahora, la reglamentación acelera ese proceso al obligar a sindicatos y cámaras empresarias a renegociar acuerdos que durante años funcionaron como una fuente estable de ingresos.

El núcleo de la disputa se encuentra en la reinterpretación del principio de ultraactividad. Históricamente, los convenios colectivos continuaban aplicándose una vez vencidos hasta la firma de un nuevo acuerdo. La reforma impulsada por el Gobierno mantiene la vigencia de las cláusulas normativas que protegen derechos de los trabajadores, pero limita la continuidad de las cláusulas obligacionales, es decir, aquellas vinculadas a aportes económicos, fondos sectoriales y mecanismos de financiamiento institucional.

En términos prácticos, numerosos recursos que hoy reciben los sindicatos podrían desaparecer si no son ratificados en nuevas negociaciones paritarias. Aportes solidarios de trabajadores no afiliados, contribuciones empresariales, fondos de capacitación, institutos de formación y diversas estructuras creadas al amparo de los convenios colectivos quedarán sujetas a revisión.

La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero y bajo la órbita política de Federico Sturzenegger, comenzó además a notificar formalmente a sindicatos y cámaras empresarias para que inicien procesos de renegociación colectiva. La decisión se sustenta en el artículo 137 de la Ley 27.802 y en el Decreto 407/2026, que reglamenta los mecanismos para actualizar o ratificar convenios vencidos.

Detrás de la discusión jurídica se esconde una batalla política de mayor profundidad. El Gobierno busca debilitar estructuras corporativas que considera parte del entramado de privilegios construido durante décadas, mientras procura presentar la reforma como una medida favorable para los trabajadores, argumentando que reduce cargas que terminaban financiando aparatos sindicales antes que beneficios directos para los asalariados.

La estrategia coloca a la CGT en una situación incómoda. A diferencia de otros conflictos recientes, el impacto de estas modificaciones no recae directamente sobre salarios o condiciones laborales, sino sobre los ingresos de las propias organizaciones sindicales. Esa característica dificulta la construcción de un discurso capaz de movilizar a las bases y explica, en parte, la cautela que exhiben los principales dirigentes cegetistas.

El impacto económico podría ser significativo. Diversas estimaciones del sector sindical sostienen que los cambios afectarían recursos que históricamente representaron cientos de millones de dólares anuales para el conjunto de las organizaciones gremiales. La reducción de esos ingresos no solo compromete estructuras administrativas y programas de asistencia, sino también la capacidad política de los sindicatos para sostener su influencia en la negociación colectiva y en la vida pública.

En este escenario, la reforma laboral deja de ser únicamente una discusión técnica sobre convenios y aportes. Se convierte en una pieza central de la disputa por el poder entre el Gobierno libertario y las organizaciones sindicales. La diferencia respecto de otros enfrentamientos históricos es que esta vez la confrontación no se libra en las calles ni en las paritarias, sino en la arquitectura financiera que sostiene al movimiento obrero organizado.

Con la reglamentación ya en marcha y las primeras notificaciones enviadas, el Ejecutivo parece decidido a avanzar sobre una de las últimas grandes cajas de poder corporativo de la Argentina. La incógnita es si la CGT encontrará una estrategia para resistir el avance o si la transformación del sistema sindical terminará consolidándose como una de las reformas estructurales más profundas de la era Milei.

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Diputados: el oficialismo desactiva la ofensiva por Adorni y avanza con el “Súper RIGI” y los acuerdos con holdouts

By Redacción Economis 4 semanas ago
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La estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza volvió a exhibir una característica que se consolidó desde el inicio de la gestión de Javier Milei: la capacidad de construir mayorías circunstanciales con sectores dialoguistas para evitar derrotas políticas y, al mismo tiempo, avanzar con su propia agenda legislativa. En las últimas horas, el oficialismo logró neutralizar la sesión impulsada por la oposición para avanzar con iniciativas vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y despejó el escenario para sesionar este miércoles con proyectos considerados prioritarios para la Casa Rosada.

La maniobra se articuló mediante una combinación de decisiones reglamentarias y negociaciones políticas con bloques aliados. La primera señal fue la oficialización de la sesión solicitada por la oposición para este martes 23, cuyo objetivo era impulsar mecanismos parlamentarios relacionados con la situación patrimonial de Adorni. Sin embargo, casi en simultáneo, el oficialismo movió una pieza clave: convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes 30 con el objetivo de comenzar el tratamiento formal de todos los expedientes vinculados a ese tema.

La decisión alteró el tablero político. La oposición apostaba a utilizar la sesión para emplazar a la comisión y forzar el tratamiento de los proyectos. Con la convocatoria ya formalizada, ese argumento perdió fuerza y redujo considerablemente las posibilidades de construir una mayoría amplia. Sectores dialoguistas de la UCR y del PRO, que venían acompañando algunos planteos opositores, dejaron trascender que no acompañarían una estrategia de emplazamiento cuando la comisión ya tiene fecha de reunión establecida.

Detrás de esta resolución hubo un intenso trabajo de negociación desarrollado durante todo el fin de semana entre referentes libertarios y legisladores aliados. El objetivo no era solamente evitar una derrota este martes, sino también garantizar condiciones políticas para que la Cámara de Diputados pueda sesionar el miércoles sin sobresaltos ni intentos de alterar el temario oficial.

Desde el oficialismo consideran que la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales permite descomprimir tensiones con los bloques dialoguistas y ganar tiempo político. Además, la discusión sobre Adorni ingresará en un proceso legislativo ordinario, con reuniones informativas y etapas previas a cualquier dictamen, alejando la posibilidad de una resolución acelerada.

Con ese frente parcialmente controlado, La Libertad Avanza concentrará sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles al mediodía. Allí buscará avanzar con una agenda que combina política exterior, financiamiento y promoción de inversiones.

Entre los proyectos centrales figuran los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, considerados estratégicos para cerrar litigios pendientes vinculados a la deuda argentina y normalizar compromisos financieros heredados de procesos anteriores. Para el Ministerio de Economía, estos entendimientos representan un paso adicional en la estrategia de recuperación del crédito internacional y fortalecimiento de la confianza de los mercados.

El otro gran eje será la discusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido informalmente como “Súper RIGI”. La iniciativa apunta a ampliar y profundizar los beneficios previstos en el esquema original aprobado el año pasado, buscando atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para la transformación productiva del país.

La secuencia legislativa deja en evidencia una dinámica que se repite en el Congreso desde el inicio de la administración libertaria. Aunque La Libertad Avanza continúa lejos de contar con mayorías propias, ha logrado convertir su debilidad numérica en una capacidad de negociación que le permite bloquear iniciativas adversas y, simultáneamente, construir consensos mínimos para avanzar en los proyectos que considera prioritarios.

La disputa por el caso Adorni, lejos de cerrarse, ingresará ahora en una etapa de discusión institucional dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero, mientras tanto, el oficialismo consiguió su objetivo inmediato: evitar que la oposición monopolice la agenda parlamentaria y recuperar la iniciativa política en una semana clave para el Gobierno.

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Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

By Redacción Economis 4 semanas ago
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La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

By Economis Redacción 1 mes ago
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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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