Bajo la Decisión Administrativa N° 20/2026, el Gobierno Nacional oficializó un recorte superior a los 53 millones de pesos en las partidas destinadas al Parque Nacional Iguazú y la Reserva Campo San Juan. Para Misiones, esta poda presupuestaria no solo compromete la custodia del 52% de la biodiversidad del país, sino que vulnera la operatividad del principal imán de divisas del NEA, en un contexto donde el mantenimiento de la infraestructura es crítico para la seguridad del visitante y la integridad del ecosistema.
El gobernador Hugo Passalacqua elevó un reclamo formal ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, advirtiendo que la reducción de $41.715.920 para Iguazú y $12.123.088 para Campo San Juan lesiona la sostenibilidad de la Selva Paranaense. En términos macroeconómicos regionales, el Parque Nacional Iguazú funciona como una unidad superavitaria: su recaudación por tickets sostiene históricamente el sistema federal de áreas protegidas. Retraer inversión en el nodo generador de recursos es, técnica y políticamente, una descapitalización de un activo estratégico que garantiza servicios ecosistémicos vitales para la producción agroindustrial de la provincia.
Impactos proyectados: de la conservación al bolsillo
El gobernador Hugo Passalacqua presentó la posición de Misiones ante el Gobierno nacional por la reducción presupuestaria destinada a la Administración de Parques Nacionales. A través de dos notas enviadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario provincial manifestó preocupación por el impacto de la medida sobre el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan.
En ambas misivas, Passalacqua expresó su “profunda preocupación por la Decisión Administrativa N° 20/2026, que modifica el presupuesto Ley N° 27.798”. Además, señaló que la medida establece una reducción presupuestaria para la conservación y administración de los mencionados parques. Según detalló, los recortes alcanzan sumas de 41.715.920 pesos y 12.123.088 pesos respectivamente.
El mandatario provincial sostuvo que “el Parque Nacional Iguazú, una de las Maravillas Naturales del Mundo, constituye un motor económico de la región y junto a la Reserva Campo San Juan, ecosistema de transición vital, se integran con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Misiones, que en su conjunto resguardan el remanente protegido más grande y mejor conservado de la Selva Paranaense, área que posee el 52 % de la biodiversidad de la República Argentina”.
“Este recorte presupuestario afecta de manera grave y directa a la sostenibilidad de los trabajos de conservación, seguridad y vigilancia del manejo de estas áreas, en un contexto donde la protección de la biodiversidad debe ser una prioridad estratégica”, añadió en las cartas.
Una medida que puede afectar gravemente al ecosistema
Durante el acto por el aniversario de Almafuerte, el gobernador Passalacqua volvió a referirse al recorte de fondos destinado al Parque Nacional Iguazú. “El recorte que hicieron en el parque nacional asciende a decenas de millones y afecta de manera muy grave su sostenimiento. Me duele profundamente, porque rompe el ecosistema. Es grave, muy grave”, enfatizó.
“Si se nos cae el Parque Nacional, estamos en problemas. Más allá del turismo —obviamente—, voy mucho más allá: se lesiona todo el ecosistema. Son 70 mil hectáreas de selva pura; es un orgullo nacional”, comentó.
El mandatario también señaló que “el Parque Nacional Iguazú con su ticket solventa todos los demás parques nacionales. Hacer esto es un tiro en el pie”. Finalmente, remarcó que el funcionamiento del ecosistema misionero sostiene actividades productivas y económicas en distintos municipios de la provincia.
El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida combina ampliaciones puntuales de gasto previsional con recortes por casi $3 billones en distintas partidas del Estado nacional para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por el presidente Javier Milei.
El ajuste se produce en un contexto diferente al del inicio de gestión. Según los datos citados en el reporte, la caída de la inflación y el deterioro de la recaudación tributaria redujeron el margen que el Gobierno había utilizado en 2024 para licuar gasto público. La discusión fiscal ahora se traslada a un terreno más delicado: qué partidas sostener, cuáles reducir y cuánto impacto político puede absorber la administración nacional.
El Gobierno amplió pagos previsionales y financió retiros en ANSES
Uno de los cambios centrales del decreto presupuestario fue la ampliación de $500.000 millones para cancelar sentencias judiciales previsionales y acuerdos vinculados con jubilaciones. El nuevo techo autorizado asciende a: $712.288 millones
La ampliación responde a retroactivos derivados de ajustes sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES.
Al mismo tiempo, el Gobierno incorporó: $162.000 millones destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES.
El programa busca reducir estructura administrativa mediante retiros voluntarios y establece restricciones para quienes adhieran, incluyendo la imposibilidad de volver al sector público nacional durante el plazo fijado y la renuncia a tutela sindical en caso de cargos gremiales.
La mayor poda cayó sobre subsidios y programas de infraestructura
El ajuste más fuerte se concentró en partidas vinculadas a subsidios económicos y gasto de capital.
Entre los principales recortes aparecen:
$1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”
$359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía
$320.671 millones en infraestructura para desarrollo deportivo
$97.104 millones para obras sobre la Ruta Nacional 38
$78.711 millones en compensación salarial docente
$63.021 millones en programas de cáncer
$55.465 millones en integración social y ciudadanía
$39.442 millones en integración socio-urbana
La Administración Central terminó con un recorte neto de: $2,5 billones
A eso se sumaron mayores ingresos por: $565.000 millones
Según lo informado, el resultado eleva la meta de superávit fiscal a: $3,2 billones
El ajuste entra en otra etapa: menos licuación y más administración fina
El trasfondo económico de la medida refleja un cambio importante en la dinámica fiscal del Gobierno.
Durante 2024, la alta inflación funcionó como mecanismo indirecto de reducción del gasto real. Esa herramienta perdió potencia en 2026 por dos factores mencionados en el reporte: desaceleración inflacionaria, y caída de la recaudación.
El economista Isidro Guardarucci, de FIEL, advirtió que el superávit ya no depende únicamente de grandes recortes lineales, sino de una “gestión fina” del gasto público.
Según los datos citados: la recaudación tributaria cayó 8% real en el primer trimestre, equivalente a unos $3 billones menos respecto de 2025, mientras el gasto retrocedió 5,1% real. El IVA aparece como uno de los tributos más afectados, con una caída cercana a: $0,9 billones
El escenario obliga al Ejecutivo a administrar tensiones más complejas que en el inicio de mandato: universidades en recomposición presupuestaria, subsidios que dejan de caer y provincias con menor margen financiero.
El Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios
La modificación también incluyó incrementos para el Consejo de la Magistratura.
Las partidas adicionadas contemplan: $115.194 millones para gastos de personal, y $22.000 millones para bienes de uso vinculados a la Justicia de Máxima Instancia.
Según el texto oficial, la reasignación busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.
Menos obra pública y presión sobre las provincias
Aunque la decisión tiene alcance nacional, el ajuste sobre infraestructura, subsidios y transferencias repercute especialmente en provincias periféricas como Misiones.
La reducción de partidas vinculadas a: integración socio-urbana, obras públicas, energía, y transferencias puede impactar sobre la capacidad de financiamiento de proyectos locales y sobre la actividad económica vinculada a construcción y servicios.
El informe también menciona que las transferencias corrientes a provincias cayeron: 27% real
Para distritos del NEA, donde el peso de la coparticipación y los recursos nacionales tiene mayor incidencia relativa, el endurecimiento fiscal agrega presión sobre presupuestos provinciales y municipales.
El Gobierno busca sostener el superávit mientras cae la recaudación
La modificación presupuestaria expone la prioridad política de la administración Milei: preservar el equilibrio fiscal incluso en un escenario económico menos favorable.
El desafío ahora es distinto al de 2024. El margen para recortar gasto sin afectar áreas sensibles parece reducirse mientras la actividad económica y el consumo muestran señales de desaceleración.
El mercado seguirá de cerca tres variables: evolución de la recaudación, capacidad del Gobierno para sostener el ajuste, y reacción de provincias, universidades y sectores alcanzados por los recortes.
La discusión fiscal dejó de girar únicamente sobre cuánto recortar. El eje empieza a desplazarse hacia dónde ajustar y cuánto costo político puede absorber el esquema de superávit permanente.
No perder centralidad. Encuentro Misionero comenzó a encender la chispa política, esa que permite discutir posiciones, buscar coincidencias y dejar de lado las disidencias en pos del bienestar general. El jueves último, antes del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados, en la Legislatura se vivió una reunión inusual, en la que los protagonistas fueron jóvenes, empresarios y profesionales.
Desde un jóven médico que lleva su voluntariado a las colonias -encontró rápida sociedad con un oftalmólogo que se ofreció a sumarse-, escritores, influencers hasta empresarios, con un denominador común: pensar y priorizar el desarrollo de Misiones. En ese escenario se presentó el manifiesto fundacional de Encuentro Misionero, en el que se proclama que es posible otra forma de hacer política: con proximidad, con gestión continua y “despreciando las disputas del poder central”.
Varios puntos resaltan en el manifiesto. La identidad que nace “desde la selva bordeada por ríos” y una definición que descarta la idea de “periferia”, y construye un espacio con rasgos propios con la determinación de seguir avanzando sin tutelas impuestas desde el país central.
Esa rebeldía atraviesa, destacó Carlos Rovira, los cimientos de la provincia, que fue una de las que declaró la Independencia un año antes que el país central, en el Congreso del Arroyo La China, en territorio oriental, donde hoy es Entre Ríos. Lejos de renegar de ese pasado, la propuesta de Encuentro Misionero se basa en capitalizar lo logrado, incorporando nuevas voces “sin abandonar lo que funciona”.
Es un reposicionamiento, una (re) evolución de la propia Renovación, que nació con la unidad de peronistas, radicales e independientes, superó la transversalidad y experimentó con fallidos blends y refresh.
La irrupción en el escenario político de esa evolución renovadora contrasta con la parálisis que exhibe hoy el Gobierno nacional, atado a la suerte de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de enriquecimiento, frivolidades y secretos palaciegos. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, lo defendió el Presidente. El [reiterado] respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, a esta altura preocupa hasta a los más convencidos por las consecuencias electorales que genera el desplome en las encuestas, que arrastra al propio Javier Milei. La primera advertencia fue de Patricia Bullrich, en un intento por despegarse del deterioro acelerado en las encuestas.
La desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. Siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada, revela el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba.
Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%. Manuel Adorni exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa. La corrupción que venían a desterrar, se convirtió en el principal foco de conflicto en el Gobierno, con Adorni como emblema que eclipsa otras causas, como $Libra, Andis o el 3% para la Primera Hermana.
Demian Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, amigo y economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei acaba de ser imputado por los gastos exorbitantes y lujosos realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa que presidía. Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.
También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Pagano -una de las libertarias más arrepentidas- también afirmó que Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Milei.
La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”. Lanari es misionero, hijo de Carlos Lanari, ex presidente de la Sociedad Rural Misiones y hermano de Enrique, quien también entró a trabajar en el Estado con la gestión libertaria. Es un apellido que se escuchó mucho en estos últimos años.
La Sociedad Rural de Lanari se alineó al proyecto macrista de convertir a Misiones en tierra a conquistar por la corporación Maizar, con el objetivo de exportar maíz a Brasil. Pretendían plantar 250 mil hectáreas, pero el proyecto quedó trunco por la resistencia de ambientalistas y la caída de Cambiemos. Ahora ese proyecto se retoma con los herederos libertarios -muchos ex macristas-, que quieren imponer el mismo plan, junto a soja y trigo para abastecer los pooles de siembra. El problema no es la soja ni el trigo, sino lo que trae aparejado. El macrismo, que también impulsaba la desregulación yerbatera que concretó la versión libertaria, nunca pudo explicar el impacto ambiental que traería aparejado ampliar la producción de maíz. Serían miles de litros de glifosato, lo mismo que demandaría la incorporación de trigo y de soja, que hoy no aparecen en el mapa productivo de Misiones. La dosis típica de glifosato oscila entre 2 y 4 litros por hectárea para malezas anuales, aunque puede aumentar hasta 15 o más litros en casos de alta resistencia o cultivos específicos
Misiones inició un camino inverso, con el objetivo de erradicar el uso de agroquímicos. Pero no es el único punto de fricción: el modelo sojero no es compatible con el minifundio misionero y sólo tiene rentabilidad en grandes extensiones. Y la renta no se quedaría en la chacra, sino en los capitales inversores.
Significaría la expulsión del pequeño productor de la chacra para darle entrada a dos o tres grandes grupos. Y también un profundo cambio de la provincia, tal como se la conoce, con rentabilidad para unos pocos. Pero de eso prefieren no hablar los promotores del modelo, ahora Adrián Núñez, antes Jerónimo Lagier. Sin embargo, están haciendo un trabajo de hormiga para sumar adhesiones, particularmente en el Alto Paraná, con el diputado Miguel Núñez como avanzada. Aunque la facción libertaria promete quedarse con el armado de “Misiones Productiva”.
Adorni, ex vocero devenido en Jefe de Gabinete está virtualmente callado, porque cada vez que enfrenta un micrófono -que no sea de los amigos-, es inevitable una pregunta sobre su nivel de gastos, la cascada de su piscina pagada cash en dólares black, sus flamantes propiedades o, incluso, su reciente distanciamiento con su esposa, que tomó distancia… por redes sociales. Una decadente novela libertaria con final incierto. Los únicos que todavía celebran al ex vocero son los misioneros Diego Hartfield, Adrián Núñez y Valeria Soczyuk.
En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, el viernes hubo una conferencia de prensa encabezada por Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Los empresarios hablan del riesgo Adorni”, inquirió un periodista. Y fue más allá: “¿Ustedes cobran sobresueldos? No hubo respuestas. Ni negativas.
Momento del día -Ministro, no creo que lleguen las inversiones, los empresarios hablan del RIESGO ADORNI. Mi otra pregunta: ustedes cobran sobresueldos? … -Nono, pregúntenme sobre el Super RIGI -Y lo de sobresueldos? -Dios mio… No se entendió el formato de la conferencia creo pic.twitter.com/E55DhRV5XS
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 8, 2026
El nuevo Super Rigi, anunciado de apuro y sin muchos detalles, no es otra cosa que más beneficios fiscales para los grandes capitales que inviertan en la Argentina, mientras que la economía real sufre una inédita caída, por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento exponencial de los costos de producción.
El Rigi original no tuvo la explosión esperada y se concentró únicamente en minerales o petróleo, mientras que el resto de las economías regionales sobrevive en una extensa agonía, tanta que hasta la Confederación Económica de la Mediana Empresa, que hasta ahora había mantenido un piadoso silencio, salió a pedir que el Gobierno tome medidas de reactivación y baje la presión impositiva.
Pese a los beneficios prometidos, de las 36 iniciativas presentadas en el Rigi original, hasta el momento, 22 continúan en evaluación oficial. En contraste, la Inversión Extranjera Directa está en niveles mínimos. Entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares y la fuga de capitales en Argentina ha registrado niveles históricos en 2025 y principios de 2026 superando los US$ 23.000-25.000 millones, por encima de 2018 y aproximándose a crisis severas.
Caputo no tiene respuestas más que evasivas y atribuye la desconfianza al “riesgo Kuka”, al mismo tiempo que niega cualquier posibilidad de que vuelvan a ganar las elecciones. Incluso culpó a la sociedad por el explosivo crecimiento de la morosidad bancaria. “La gente pensó que la inflación iba a licuar las deudas“, dijo sin atender la pérdida del poder adquisitivo generalizada.
Esa caída de la actividad, obviamente se traduce en menor recaudación -ya van nueve meses consecutivos de caída real- y menos distribución de recursos federales a las provincias.
Sin embargo, la decisión política en Misiones es sostener la actividad económica con todas las herramientas disponibles. En esa línea se inscriben el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y la continuidad de medidas de alivio fiscal para inyectar flujo de caja, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes también están recibiendo atención.
La reedición de la línea de descuento de cheques a tasa cero con el Banco Macro para mejorar el precio de la materia prima yerbatera fue bien recibido por la industria, que necesita financiamiento barato. El objetivo es elevar el piso de la hoja verde a 301 pesos y el de la canchada 1.160 pesos. Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada. Pese a la urgencia libertaria por mostrar datos positivos que justifiquen los bemoles de la desregulación, la yerba mate atraviesa un momento crítico en el sector productivo y de expectativa en el consumo interno, que está por debajo de 2025 y de 2023, que fue el año récord y el último del mercado “regulado”. Solo las exportaciones salvan la ropa, aunque con una rentabilidad en jaque.
En el Gobierno provincial entienden que la yerba no será atendida por la Nación -lo descartó el propio Adorni- y que la estabilidad -difícil hablar de recuperación- es vital en el terreno, por eso las medidas de contención.
Nuevamente, es recuperar el centro de la escena, la iniciativa, que no haya reacciones, sino acciones. Esa parece ser la premisa en esta etapa preelectoral que vio nacer a Encuentro Misionero. Marcar la agenda política, parlamentaria y económica y ahí radica una de las principales diferencias con las oposiciones, que responden a una agenda externa, en la que Misiones aparece poco y nada o es considerada una zona “periférica” en los excel de Nación.
El año en la Legislatura arrancó con la toma de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que es mucho más severo que el que se discute en Nación. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.
Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas. Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.
La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa. El gobernador Hugo Passalacqua se adelantó y decretó la obligatoriedad de narcotests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
No será la única iniciativa que causará revuelo. Rovira, quien anticipó que Encuentro Misionero acompañará la eliminación de las PASO, deslizó la posibilidad de discutir la ley de Lemas actual para transformarla en una boleta única con ley de lemas por partido. El ex gobernador recordó que la ley de Lemas surgió de un acuerdo del viejo peronismo con el viejo radicalismo y que con él en el Gobierno, se suprimió el capítulo para gobernador, posibilidad que incorporó ahora Salta, curiosamente cuyo gobernador, Gustavo Saenz, es aliado libertario.
El contraste con la agenda opositora es notable. El jueves los libertarios debutaron con una gaffe llamativa: pretendían que un dictamen ya aprobado vuelva a comisión porque ellos no integraban la Cámara cuando se trató originalmente. Un capricho que se da de bruces contra los principios democráticos.
El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, por presuntos gastos de carácter particular realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal durante el período en que estuvo al frente de la compañía. Milei lo considera un “amigo personal” y lo ha definido como uno de sus hombres de mayor confianza en temas económicos y tecnológicos.
La investigación también alcanza a integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a los titulares y usuarios de la cuenta corporativa N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en una causa que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal solicitó determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración” de esa tarjeta corporativa durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
La denuncia surgió a partir del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.” elaborado como respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.
Según la presentación judicial, el reporte exhibía consumos que podrían resultar ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa. Además, el fiscal advirtió que el informe no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni aclaraba si los gastos habían sido realizados con una única tarjeta o mediante plásticos adicionales, ni incluía una rendición documentada que justificara el destino institucional de cada erogación.
Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.
También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
La fiscalía también remarcó que Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo que se atribuyó responsabilidad no solo a Reidel, sino también a los miembros del Directorio, la Sindicatura y los responsables del control interno de gastos corporativos, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes de control, vigilancia y autorización.
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo. También solicitó conocer la cantidad de plásticos asociados a la cuenta y determinar quién utilizó cada uno de ellos.
La causa suma un nuevo frente judicial para uno de los ex funcionarios más cercanos al núcleo económico del oficialismo, en medio de un escenario de fuerte escrutinio sobre el uso de recursos públicos dentro de empresas estatales.
La Jefatura de Gabinete, mediante la Decisión Administrativa 17/2026, declaró desierta y fracasada la licitación pública nacional para la provisión de combustibles a la flota oficial. La desestimación de las ofertas de YPF y Trafigura por incumplimientos técnicos expone las dificultades de implementar el nuevo régimen de libre competencia en un mercado aún condicionado por estructuras de costos rígidas.
El Gobierno Nacional dio un paso administrativo en falso en su estrategia de eliminar las prerrogativas de las empresas estatales. A través de la normativa publicada hoy, se confirmó que el proceso licitatorio bajo la modalidad de Acuerdo Marco no logró adjudicar ninguno de los doce renglones previstos. La descalificación de YPF Sociedad Anónima y Trafigura Argentina S.A. (operadora de Puma Energy) deja al Sector Público Nacional sin un contrato centralizado de suministro para los próximos dos años, forzando una revisión de los pliegos o una extensión de la precariedad en las contrataciones directas.
El fin del privilegio y el choque con la realidad operativa
Desde la derogación del Decreto 1189/2012, que obligaba a los organismos públicos a comprar exclusivamente a YPF, el Ejecutivo busca “procedimientos de selección competitivos”. Sin embargo, el dictamen de evaluación revela que los oferentes no lograron adaptarse a las nuevas especificaciones técnicas y requisitos económicos exigidos por la Oficina Nacional de Contrataciones.
Renglones fracasados: Ocho categorías que incluían combustibles para automotores y aeronaves fueron declaradas fracasadas por ofertas inadmisibles.
Ausencia de competencia: Cuatro renglones resultaron desiertos por falta total de interesados, evidenciando el escaso atractivo del pliego para los actores privados en el contexto actual.
Fallas formales: YPF fue excluida por condicionar especificaciones técnicas y no subsanar omisiones; Trafigura, por incumplir el requisito económico-financiero estipulado.
Logística de frontera y asimetrías
Para la provincia de Misiones, la falta de un acuerdo marco nacional tiene implicancias que exceden la mera burocracia de Buenos Aires. El funcionamiento de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura) y organismos como Parques Nacionales o Vialidad Nacional depende críticamente de la disponibilidad de combustible a granel en zonas remotas de la tierra colorada.
En una provincia signada por asimetrías fronterizas, donde el precio del combustible es un factor de competitividad sistémica, la atomización de las compras oficiales podría encarecer los costos logísticos del Estado en el interior. Mientras en el centro del país la logística es fluida, en el NEA la capilaridad de las estaciones de servicio y la infraestructura de almacenamiento a granel son limitadas, lo que requiere acuerdos de largo plazo para garantizar el abastecimiento en la frontera con Brasil y Paraguay.
Perspectivas para el sector productivo
La incapacidad del Estado para consolidar un proveedor único bajo reglas de mercado abierto envía una señal de alerta al sector empresarial:
Incertidumbre en Precios: La falta de un contrato de referencia podría generar disparidad de costos en los servicios que el Estado presta o concesiona.
Oportunidad para Privados: Si el Gobierno flexibiliza los pliegos en un segundo llamado, se abre una ventana para que petroleras con fuerte presencia regional en el NEA logren penetrar en un mercado antes cautivo de la petrolera estatal.
Presión sobre el surtidor: El desabastecimiento de flotas oficiales por vía mayorista suele trasladar la demanda a las estaciones de servicio minoristas, tensionando el stock disponible para el consumidor final y el sector productivo local.
Lo que hay que seguir de cerca
Es inminente un nuevo llamado a licitación con pliegos corregidos. La clave para los tomadores de decisiones será observar si el Ministerio de Economía autoriza una segmentación regional de la provisión. Esto permitiría a operadores locales participar en renglones específicos, evitando que las exigencias de una licitación nacional terminen, nuevamente, en un escenario de ofertas inadmisibles que paralice la operatividad del Estado en las provincias.
