Manuel Adorni

Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

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La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Bajo la lupa judicial, Adorni se sumó al régimen de Inocencia Fiscal

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La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro de la escena a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar la regularización fiscal de contribuyentes.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó este miércoles su incorporación al esquema simplificado para el período fiscal 2025. El trámite se concretó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo procedimiento.

La decisión adquiere relevancia política porque ocurre en momentos en que la situación patrimonial del funcionario es observada por la Justicia Federal. Además, se produce antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Qué implica el régimen simplificado

El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.

El mecanismo permite presentar declaraciones juradas con menos exigencias formales y simplifica la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador.

Su principal atractivo es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas bajo este esquema.

En la práctica, el beneficio limita futuras revisiones sobre períodos fiscales anteriores, siempre que la información declarada resulte consistente y no existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria.

La adhesión no implica un blanqueo de capitales. Tampoco supone la exteriorización automática de activos no declarados.

Además, el régimen no impide investigaciones por otros delitos. Entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción.

La situación de Adorni

Los registros oficiales muestran que Adorni desarrolla actividades económicas desde 2013.

Su actividad principal figura como prestación de servicios personales. También registra actividades vinculadas al asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría y servicios de información.

El funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020. Ahora optó por migrar al esquema simplificado para el ejercicio fiscal 2025.

La decisión generó preguntas sobre las razones del cambio. Distintas fuentes judiciales señalan que el movimiento será analizado junto con otros elementos patrimoniales y fiscales que actualmente forman parte de investigaciones en curso.

Desde el entorno oficial remarcan que se trata de una herramienta legal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

Otros funcionarios que ingresaron al régimen

La adhesión de Adorni no es un caso aislado. A partir de registros de ARCA, se estableció que varios funcionarios nacionales también optaron por el esquema simplificado. Entre ellos aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se incorporó en abril.

También figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía.

La nómina incluye además a Santiago Oría, responsable audiovisual de la Presidencia; Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

También se registró la adhesión de Juan Alberto Pazo, uno de los impulsores de la reglamentación del régimen.

A ellos se sumó recientemente José Luis Espert, eyectado del oficialismo en medio del escándalo por financiamiento narco, quien realizó el trámite un día antes que Adorni.

Transparencia y costo político

El caso de Adorni tiene una dimensión política adicional. Como principal vocero del Gobierno durante gran parte de la gestión y actual jefe de Gabinete, fue una de las figuras encargadas de defender el discurso oficial de transparencia, austeridad fiscal y control del gasto público.

Por eso, su incorporación al régimen simplificado genera debate político. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta legal y abierta a todos los contribuyentes, sectores críticos señalan que la decisión ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la evolución patrimonial de funcionarios nacionales.

En los próximos meses, la adhesión será evaluada junto con la documentación fiscal, patrimonial y financiera que distintas áreas del Estado y la Justicia analizan sobre el funcionario y su entorno familiar.

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La esposa de Adorni accedió al régimen de “inocencia fiscal” mientras se investiga el patrimonio familiar

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La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que trascendiera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente su incorporación al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, una herramienta creada para permitir la declaración de ingresos y activos que no habían sido exteriorizados previamente ante el fisco.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti realizó el trámite el pasado 31 de mayo, pocos días antes de que Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial correspondiente al último ejercicio.

La adhesión se concretó bajo el marco de la Ley 27.799, normativa que establece un mecanismo de regularización para contribuyentes que buscan normalizar situaciones fiscales pendientes sin afrontar consecuencias penales ni antecedentes tributarios derivados de esas inconsistencias. El régimen contempla la actualización de declaraciones y obligaciones impositivas, aunque no constituye una exención total de responsabilidades económicas.

Un movimiento que adquiere relevancia política

La decisión cobra especial relevancia por el lugar que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional. Como una de las principales voces de la administración de Javier Milei y actual jefe de Gabinete, ha sido uno de los funcionarios más activos en la defensa de las políticas de transparencia, reducción del gasto público y control de la gestión estatal.

En ese contexto, la regularización fiscal de su cónyuge genera interrogantes sobre la evolución patrimonial del grupo familiar y abre un debate político respecto de la consistencia entre el discurso oficial y las situaciones particulares de quienes integran la primera línea del Gobierno.

La documentación oficial indica que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017, dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, su inscripción en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias recién se formalizó en octubre de 2025.

Ese desfase temporal entre el desarrollo de actividad económica y la registración tributaria completa es uno de los elementos que observan tanto especialistas tributarios como los investigadores judiciales que siguen la evolución patrimonial de la familia.

Qué permite el régimen de regularización

La Ley 27.799 habilita un esquema simplificado para que contribuyentes puedan declarar ingresos o activos previamente no exteriorizados, regularizando su situación ante la autoridad fiscal.

La constancia emitida por ARCA confirma la adhesión de Angeletti para el período fiscal 2025, aunque la información vinculada a montos, bienes declarados o activos incorporados permanece protegida por el secreto fiscal.

Por esa razón, no existe información pública sobre el volumen de recursos regularizados ni sobre el origen de los ingresos alcanzados por el régimen.

Tampoco se conocen los motivos específicos que llevaron a la esposa del funcionario a realizar el trámite en este momento, ni si la decisión respondió a una revisión patrimonial voluntaria, recomendaciones de asesores fiscales o a la creciente exposición pública derivada de las investigaciones judiciales.

La investigación patrimonial

La presentación se produce en paralelo a una causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan distintas operaciones patrimoniales vinculadas al entorno familiar de Adorni.

Entre los movimientos bajo análisis figuran adquisiciones inmobiliarias, acuerdos de financiación privada, gastos de refacción y consumos con tarjetas de crédito.

Uno de los expedientes examina la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada durante 2025. Según la documentación judicial, la operación incluyó un desembolso inicial en efectivo y un financiamiento privado acordado con las vendedoras.

También se encuentra bajo revisión la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde se investiga la estructura financiera utilizada para concretar la compra y posteriores trabajos de remodelación.

A ello se suman gastos vinculados a viajes nacionales e internacionales, así como consumos registrados mediante tarjetas de crédito durante el último año.

Expectativa por la declaración jurada

La atención ahora se concentra en la próxima presentación patrimonial de Adorni, que permitirá contrastar la evolución de los activos familiares con la información disponible en los expedientes judiciales y administrativos.

Hasta el momento, no se conocen observaciones formales por parte de ARCA respecto de la adhesión al régimen ni existen conclusiones judiciales definitivas sobre los movimientos patrimoniales investigados.

Sin embargo, la incorporación de Angeletti al esquema de regularización fiscal agrega un nuevo elemento de análisis en una causa que continúa avanzando y que mantiene bajo observación la evolución económica de uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

La combinación entre regularización tributaria, operaciones patrimoniales de magnitud y el rol institucional de Adorni garantiza que el caso seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política y judicial de las próximas semanas.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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