Manuel Adorni

Imputaron a Demian Reidel por los gastos de lujo con tarjetas de crédito en Nucleoeléctrica

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El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, por presuntos gastos de carácter particular realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal durante el período en que estuvo al frente de la compañía. Milei lo considera un “amigo personal” y lo ha definido como uno de sus hombres de mayor confianza en temas económicos y tecnológicos.

La investigación también alcanza a integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a los titulares y usuarios de la cuenta corporativa N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en una causa que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal solicitó determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración” de esa tarjeta corporativa durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia surgió a partir del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.” elaborado como respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.

Según la presentación judicial, el reporte exhibía consumos que podrían resultar ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa. Además, el fiscal advirtió que el informe no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni aclaraba si los gastos habían sido realizados con una única tarjeta o mediante plásticos adicionales, ni incluía una rendición documentada que justificara el destino institucional de cada erogación.

Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

La fiscalía también remarcó que Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por lo que se atribuyó responsabilidad no solo a Reidel, sino también a los miembros del Directorio, la Sindicatura y los responsables del control interno de gastos corporativos, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes de control, vigilancia y autorización.

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo. También solicitó conocer la cantidad de plásticos asociados a la cuenta y determinar quién utilizó cada uno de ellos.

La causa suma un nuevo frente judicial para uno de los ex funcionarios más cercanos al núcleo económico del oficialismo, en medio de un escenario de fuerte escrutinio sobre el uso de recursos públicos dentro de empresas estatales.

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Desregulación fallida: El Estado declara fracasada la licitación de combustibles para la flota oficial

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La Jefatura de Gabinete, mediante la Decisión Administrativa 17/2026, declaró desierta y fracasada la licitación pública nacional para la provisión de combustibles a la flota oficial. La desestimación de las ofertas de YPF y Trafigura por incumplimientos técnicos expone las dificultades de implementar el nuevo régimen de libre competencia en un mercado aún condicionado por estructuras de costos rígidas.

El Gobierno Nacional dio un paso administrativo en falso en su estrategia de eliminar las prerrogativas de las empresas estatales. A través de la normativa publicada hoy, se confirmó que el proceso licitatorio bajo la modalidad de Acuerdo Marco no logró adjudicar ninguno de los doce renglones previstos. La descalificación de YPF Sociedad Anónima y Trafigura Argentina S.A. (operadora de Puma Energy) deja al Sector Público Nacional sin un contrato centralizado de suministro para los próximos dos años, forzando una revisión de los pliegos o una extensión de la precariedad en las contrataciones directas.

El fin del privilegio y el choque con la realidad operativa

Desde la derogación del Decreto 1189/2012, que obligaba a los organismos públicos a comprar exclusivamente a YPF, el Ejecutivo busca “procedimientos de selección competitivos”. Sin embargo, el dictamen de evaluación revela que los oferentes no lograron adaptarse a las nuevas especificaciones técnicas y requisitos económicos exigidos por la Oficina Nacional de Contrataciones.

Renglones fracasados: Ocho categorías que incluían combustibles para automotores y aeronaves fueron declaradas fracasadas por ofertas inadmisibles.

Ausencia de competencia: Cuatro renglones resultaron desiertos por falta total de interesados, evidenciando el escaso atractivo del pliego para los actores privados en el contexto actual.

Fallas formales: YPF fue excluida por condicionar especificaciones técnicas y no subsanar omisiones; Trafigura, por incumplir el requisito económico-financiero estipulado.

Logística de frontera y asimetrías

Para la provincia de Misiones, la falta de un acuerdo marco nacional tiene implicancias que exceden la mera burocracia de Buenos Aires. El funcionamiento de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura) y organismos como Parques Nacionales o Vialidad Nacional depende críticamente de la disponibilidad de combustible a granel en zonas remotas de la tierra colorada.

En una provincia signada por asimetrías fronterizas, donde el precio del combustible es un factor de competitividad sistémica, la atomización de las compras oficiales podría encarecer los costos logísticos del Estado en el interior. Mientras en el centro del país la logística es fluida, en el NEA la capilaridad de las estaciones de servicio y la infraestructura de almacenamiento a granel son limitadas, lo que requiere acuerdos de largo plazo para garantizar el abastecimiento en la frontera con Brasil y Paraguay.

Perspectivas para el sector productivo

La incapacidad del Estado para consolidar un proveedor único bajo reglas de mercado abierto envía una señal de alerta al sector empresarial:

Incertidumbre en Precios: La falta de un contrato de referencia podría generar disparidad de costos en los servicios que el Estado presta o concesiona.

Oportunidad para Privados: Si el Gobierno flexibiliza los pliegos en un segundo llamado, se abre una ventana para que petroleras con fuerte presencia regional en el NEA logren penetrar en un mercado antes cautivo de la petrolera estatal.

Presión sobre el surtidor: El desabastecimiento de flotas oficiales por vía mayorista suele trasladar la demanda a las estaciones de servicio minoristas, tensionando el stock disponible para el consumidor final y el sector productivo local.

Lo que hay que seguir de cerca

Es inminente un nuevo llamado a licitación con pliegos corregidos. La clave para los tomadores de decisiones será observar si el Ministerio de Economía autoriza una segmentación regional de la provisión. Esto permitiría a operadores locales participar en renglones específicos, evitando que las exigencias de una licitación nacional terminen, nuevamente, en un escenario de ofertas inadmisibles que paralice la operatividad del Estado en las provincias.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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Milei enfrenta su peor umbral político: 71,2% cree que hace falta un cambio de gobierno

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El gobierno de Javier Milei ingresó en mayo de 2026 en una zona de desgaste político estructural. No se trata ya de una oscilación coyuntural de la opinión pública ni de un mal mes aislado, sino de una consolidación de tendencia: la desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. En paralelo, siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada.

Así lo muestra el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba, elaborado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre una muestra nacional de 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95% .

La encuesta revela una administración que perdió iniciativa política, pero también una oposición que aún no logra apropiarse del descontento social.

El principal dato del relevamiento es que la desaprobación presidencial se sostiene en un piso alto y persistente. Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%.

A mitad de mandato, esos números colocan a la administración libertaria en una zona históricamente delicada para cualquier oficialismo argentino. 

La fractura de género

Uno de los datos más contundentes del informe aparece en la segmentación por género. Entre los hombres, Milei conserva una aprobación de 38,5%, con una desaprobación de 59,4%. Pero entre las mujeres el rechazo escala a 69,5%, mientras la aprobación cae a apenas 30,1%.

Casi siete de cada diez mujeres desaprueban la gestión y ocho de cada diez creen que hace falta un cambio de gobierno. Ese segmento aparece como el principal límite electoral del oficialismo hacia 2027. Sin recuperar terreno allí, La Libertad Avanza difícilmente pueda ampliar su techo político.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno cada vez más consolidado: el voto femenino se convirtió en el principal termómetro del desgaste presidencial.

La erosión no alcanza sólo a Milei, sino al conjunto del armado libertario. En el ranking de imagen de dirigentes nacionales, Patricia Bullrich aparece paradójicamente como la mejor posicionada dentro del universo oficialista, con 37,3% de imagen positiva y 55,5% negativa. El propio Javier Milei tiene 34,8% positiva y 60,6% negativa.

Más abajo aparecen Karina Milei, con 20,3% positiva y 66,3% negativa, y Manuel Adorni, quien exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa.

El dato de Adorni es particularmente relevante porque simboliza algo más profundo: el desgaste ya no es exclusivamente presidencial, sino también comunicacional. El vocero, que fue una de las piezas centrales del relato libertario, pasó de ser activo político a pasivo electoral.

La pregunta más política del estudio es directa: “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?

La respuesta es contundente: 71,2% dice que sí, apenas 21% está en desacuerdo y 7,8% no sabe.

Pero que exista una mayoría favorable a un cambio no significa que exista claridad sobre quién debería protagonizarlo.

La demanda de reemplazo es mucho más fuerte que la oferta de representación.

Entre mujeres, ese acuerdo sube a 76,9%; entre hombres, a 65,1%. La brecha vuelve a confirmar que el rechazo femenino es el principal problema político del oficialismo.

Incluso entre quienes votaron a Milei en el ballotage aparece una señal de alerta.

Ante la frase “Voté a Milei y me defraudó”, el 40,1% de sus propios votantes dice estar de acuerdo, mientras 49,7% está en desacuerdo .

Cuando cuatro de cada diez votantes propios reconocen decepción, el problema deja de ser opositor y pasa a ser identitario.

El peronismo lidera, pero sin hegemonía

En el escenario electoral presidencial 2027, el PJ/Fuerza Patria aparece primero con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. El PRO obtiene 5,4%, la izquierda 5,1%, la UCR 4,1%, el espacio de Victoria Villarruel 3,5% y las alianzas provinciales 3%. Sin embargo, el dato más alto después del peronismo es otro: 27,2% no sabe aún a quién votaría. Ese “no sabe” es hoy el verdadero territorio en disputa.

En un segundo escenario, con una alianza UCR-PRO-partidos provinciales consolidada, el PJ sube a 31,7%, La Libertad Avanza llega a 23,9%, esa coalición opositora marca 9,5% y el no sabe se mantiene altísimo en 30,5% .

En potencialidad de voto, Axel Kicillof aparece con el mejor desempeño: 44,1% dice que lo votaría, contra 43,8% que nunca lo haría. Sergio Massa registra 34,6% de intención favorable y Patricia Bullrich 32,4%.

Javier Milei, en cambio, exhibe un dato preocupante: sólo 31,4% dice que lo votaría nuevamente, mientras 57,2% asegura que no lo votaría .

La fotografía de mayo no muestra todavía un reemplazo político definido, pero sí una certeza social: una mayoría creciente ya no quiere continuidad.

La administración Milei enfrenta una doble dificultad: perdió aprobación y todavía no encuentra un nuevo relato que compense el deterioro económico, la caída del salario, el desgaste institucional y la frustración de parte de su propio electorado.

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El Gabinete de Milei se asegura aumentos de 123% y salarios de hasta $8 millones

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En la Casa Rosada lo llaman “descongelamiento salarial”, pero el impacto político es inevitable: mientras el presidente Javier Milei insiste en que mantiene congelado su sueldo desde que asumió, más de mil funcionarios de la primera línea del Estado nacional recibirán una recomposición acumulada del 123,8% en apenas cinco meses.

La medida quedó formalizada a través del decreto 931/2025, firmado el 2 de enero por Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y establece una fuerte actualización para ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos, presidentes de empresas públicas y responsables de entes autárquicos.

El objetivo oficial es equiparar los salarios de la alta conducción del Estado con los incrementos pactados en las paritarias del sector público, luego del congelamiento aplicado desde diciembre de 2023, en el inicio de la gestión libertaria.

Ministros arriba de los $8 millones

A partir de junio, los ministros y secretarios con rango ministerial cobrarán un sueldo bruto de $8.019.338, contra los $3.584.006 que percibían en diciembre de 2025. La suba acumulada alcanza así el 123,8%.

Los secretarios pasarán de $3.282.709 a $7.345.634, mientras que los subsecretarios escalarán de $2.981.513 a $6.761.656.

No se trata de un salto único, sino de una secuencia de aumentos escalonados mes a mes, que también impacta en más de 500 cargos jerárquicos de organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades con participación pública.

En total, la recomposición alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, gerentes de empresas públicas y titulares de organismos estratégicos, superando ampliamente el millar de funcionarios.

El propio decreto incorpora una cláusula de contención: si la Administración Pública Nacional registra déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de la plana mayor del Estado quedarán automáticamente congeladas.

Es decir, la continuidad de los aumentos dependerá directamente de uno de los principales pilares del programa económico libertario: el ajuste fiscal que se aplica al resto del Estado y los recortes al presupuesto, tanto operativo como de inversiones de los ministerios.

Pese al fuerte incremento, los salarios del Poder Ejecutivo siguen por debajo de los ingresos del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Diputados y senadores nacionales perciben remuneraciones brutas superiores a los $11 millones mensuales.

En la Justicia, los jueces de Cámara cobran entre $12 y $15 millones por mes, mientras que los jueces de Casación se ubican entre $13 y $16 millones. En la cima del sistema salarial estatal aparecen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con haberes que rondan los $20 millones mensuales.

Así, mientras el discurso oficial mantiene el foco en el ajuste y la austeridad, la primera línea del Estado empieza a recuperar poder adquisitivo a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública.

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