Manuel Adorni

Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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En la era Javier Milei, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas

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La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Estado sumó un nuevo capítulo. Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, la entidad financiera concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones realizadas en ese período. Esto implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a integrantes de una categoría sometida a controles especiales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El dato permite dimensionar por primera vez la magnitud de una operatoria que comenzó a ser observada tras conocerse que varios funcionarios nacionales habían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre los casos que trascendieron públicamente figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

La controversia excede a esos nombres. El universo de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, magistrados, fiscales, autoridades militares, embajadores y otros cargos jerárquicos, además de familiares directos y ex funcionarios alcanzados por la normativa de la UIF. Sin embargo, también deja fuera a algunos cargos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no abarcar a todos los beneficiarios con vínculos con la administración nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 en la línea hipotecaria “+ Hogares”. La actualización incorporó expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una definición que no figuraba en la normativa vigente durante la gestión anterior. Esa modificación motivó una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, que actualmente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El Gobierno intentó relativizar el impacto del caso. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan una porción mínima del total de créditos otorgados. Sin embargo, la información oficial entregada por el Banco Nación muestra que la cantidad de beneficiarios alcanzados por la categoría PEP es significativamente superior a los casos que se conocieron públicamente.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos y si la modificación de la normativa pudo favorecer a determinados sectores de la administración pública. Paralelamente, continúan las investigaciones y pedidos de información sobre la evolución patrimonial de algunos funcionarios nacionales que accedieron a estas líneas crediticias. Entre ellos figura el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo incremento patrimonial sigue bajo análisis público y judicial, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine irregularidades.

Más allá de las definiciones judiciales futuras, el dato central es que los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente no constituyen casos aislados. La información oficial revela una operatoria de alcance mucho más amplio dentro de un universo regulado y monitoreado por el propio sistema financiero, reabriendo el debate sobre los criterios de acceso al crédito en el principal banco público del país.

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El country de Adorni: contratista ratificó cobros por US$245 mil

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La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo elemento de peso: el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La documentación fue entregada el viernes pasado, cuando Tabar se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py. Allí aportó recibos y facturas vinculadas a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizada durante la obra. Según trascendió, todos los comprobantes coinciden con el monto señalado en su primera declaración.

De acuerdo con el testimonio del empresario, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de ejecución y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación.

Las refacciones se habrían desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad asentada en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se realizaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional alcanzó los 13 mil dólares durante el período que duraron los trabajos.

Como parte del expediente, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron en la obra: albañiles, plomeros y electricistas. Esa información podría resultar clave para reconstruir la trazabilidad de los pagos y verificar si los desembolsos declarados guardan consistencia con la evolución patrimonial del funcionario.

La causa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni tanto para la compra como para la remodelación de sus propiedades. En concreto, la Justicia intenta establecer si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete durante los últimos años.

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Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.

La resolución judicial incluye una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial, entre ellas la verificación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas un año. También se solicitaron sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni desde su desembarco en la función pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimas elecciones, Francisco Adorni obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se incorporó al bloque de La Libertad Avanza.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque esta semana fue subrogado por Casanello, quien avanzó con las primeras medidas patrimoniales.

Por su parte, Manuel Adorni también enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal aclaró que esa causa no forma parte de este expediente, ya que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

En un dictamen de 19 páginas, Marijuan precisó que la pesquisa se concentrará exclusivamente sobre Francisco Adorni. Como primer paso, convocó a Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso el cruce de información en organismos nacionales, provinciales y municipales.

Entre los pedidos más sensibles figura el requerimiento a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá informar declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras desde 2020 hasta la actualidad. También deberá precisar si el dirigente adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro bonaerense deberán informar sobre propiedades, impuestos activos, operaciones realizadas y titularidad de bienes.

El Banco Central también recibió un pedido de información reservado para que releve cuentas bancarias, depósitos, transferencias, movimientos en efectivo, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos, compra de divisas y tenencias financieras a nombre del legislador.

En paralelo, el Banco Provincia deberá ampliar la información sobre el crédito hipotecario detectado en la denuncia, detallando cronograma de pagos, refinanciaciones, saldos y toda la documentación respaldatoria.

La Justicia también pidió informes a Migraciones sobre salidas del país, a la Inspección General de Justicia sobre participación en sociedades comerciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elaborar un informe patrimonial, financiero y societario integral.

Además, Marijuan solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa que involucra a Manuel Adorni para determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y bajo qué carácter.

La investigación recién comienza, pero la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario marca un avance de peso en una causa que puede tener alto impacto político dentro del oficialismo libertario.

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Nuevos contratos, pagos en efectivo y más dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló en el country Indio Cuá. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aportó nuevos contratos, conversaciones de WhatsApp y detalles de pagos realizados en efectivo y en dólares, que amplían el foco sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.

La Justicia ya había detectado que Adorni había pagado 13.000 dólares por el alquiler de una casa en ese barrio privado mientras remodelaba otra propiedad adquirida en el mismo lugar por 120.000 dólares. Ese contrato abarcó desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 y coincidió con una refacción integral de la vivienda propia, obra que estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y que demandó una inversión estimada en 245.000 dólares entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, Rodríguez reveló que ese contrato se extendió de manera verbal por tres meses más debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese trimestre adicional, Adorni pagó otros 2.400 dólares.

Pero no fue el único alquiler. El testigo también confirmó que ya le había alquilado la misma propiedad anteriormente, en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. En ese caso, Adorni pasó enero y febrero de 2024 en Indio Cuá, ya como vocero presidencial designado, por un monto de 5.600 dólares.

Con ambos contratos y la extensión posterior, el actual jefe de Gabinete y su familia habrían alquilado la vivienda durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, todos abonados en efectivo y en moneda extranjera, según declaró el propietario. A esa cifra se suman las expensas de los dos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos mensuales cada uno.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo junto con el fiscal Pollicita, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados. El funcionario mantuvo congelado su salario en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año, cuando se le duplicó la remuneración.

La Justicia también analiza los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. A pedido de la fiscalía, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un cruce integral entre ingresos y egresos para detectar eventuales inconsistencias patrimoniales.

Según la reconstrucción del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380.000 dólares solo en el segmento inmobiliario, mientras que las deudas declaradas junto a su esposa superarían los 335.000 dólares, con vencimientos mayoritarios previstos para noviembre de este año.

Hasta el momento, Manuel Adorni no presentó explicaciones formales ante la Justicia. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas, y el propio funcionario adelantó que será entonces cuando brindará el detalle completo de su patrimonio.

El caso se volvió uno de los frentes más sensibles para el oficialismo, no solo por el peso político del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete, sino porque la investigación pone bajo observación la coherencia entre los ingresos públicos y un nivel de gastos que, al menos en los papeles judiciales, comienza a mostrar más preguntas que respuestas.

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