Manuel Adorni

Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la evolución de su patrimonio: hipotecó el departamento donde residía previamente en la ciudad de Buenos Aires y obtuvo un préstamo de 100.000 dólares, según registros oficiales.

La operación fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024, una fecha que no pasa desapercibida: ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, figura como compradora de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones introduce un dato clave para reconstruir la dinámica financiera del funcionario.

El crédito fue otorgado por dos personas físicas: Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Ambas figuran como acreedoras en la estructura de financiamiento del matrimonio.

No se trata de la única carga sobre el inmueble. El departamento ubicado en Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, ya contaba con una hipoteca previa por 75.000 dólares, inscripta en 2014 a favor de la vendedora original. Es decir, el activo presenta doble gravamen, un dato relevante al analizar la consistencia patrimonial.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció deudas con ambas acreedoras, aunque por montos significativamente menores en términos nominales: 43,86 millones de pesos con Molina de Cancio y 7,74 millones con Cancio. La brecha entre los valores declarados y el monto total del crédito hipotecario abre interrogantes sobre la valuación y el registro de las obligaciones.

La figura de Molina de Cancio tampoco es menor: se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal, que hasta 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La operatoria se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial. El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, citó como testigo a la escribana interviniente en estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, quien además participó en la compra de otras propiedades del funcionario.

La fiscalía solicitó la documentación completa de las transacciones, lo que permitirá reconstruir los flujos de pago, las condiciones de los créditos y la estructura de garantías.

El caso se inscribe en una secuencia más amplia. Días atrás trascendió que Adorni adquirió en 2025 un departamento en Caballito de aproximadamente 200 metros cuadrados, financiado en gran parte —cerca del 90%— mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras del inmueble.

A esto se suma la incorporación de una vivienda en un country y la compra de una camioneta Jeep Compass en marzo de 2024, pocos meses después de asumir como vocero presidencial.

En conjunto, las operaciones delinean un esquema de financiamiento basado en créditos privados garantizados con hipotecas, que creció en paralelo a su paso por la función pública y que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

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Cada vez más complicado: Manuel Adorni inicia su estrategia judicial para presentarse en Comodoro Py

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La Justicia federal avanza sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una investigación que combina sospechas de enriquecimiento ilícito, operaciones inmobiliarias bajo análisis y viajes internacionales que generan más dudas que respuestas. En el centro de la escena aparece la escribana Adriana Nechevenko, quien se presenta esta semana en tribunales de Comodoro Py, al igual que el propio funcionario, que también deberá dar explicaciones ante la Justicia.

El expediente pone especial foco en la adquisición de un departamento en Caballito, escriturado en noviembre pasado, para el cual Adorni habría recibido un préstamo de 200 mil dólares de dos mujeres: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La situación generó sospechas luego de que una de ellas afirmara públicamente no conocer al funcionario, lo que encendió alarmas en la investigación judicial sobre el origen de los fondos.

La declaración tanto de Nechevenko como de Adorni será clave para determinar el próximo paso del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes evalúan citar a las supuestas prestamistas o incluso imputarlas. Además, también se analiza el testimonio del anterior propietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, para esclarecer el valor real de la operación, ya que el precio declarado estaría por debajo del mercado.

En paralelo, otra causa investiga un vuelo privado que Adorni tomó hacia Punta del Este durante los feriados de carnaval, junto a su entorno cercano. También se suman sospechas sobre un presunto viaje a Aruba y el financiamiento de su regreso desde Nueva York tras participar en la Argentina Week, lo que abre interrogantes sobre posibles irregularidades en el uso de fondos.

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta bajar el impacto político del caso y ratifica al funcionario en su cargo, en los tribunales aseguran que la investigación continuará con celeridad. Con múltiples frentes abiertos y pruebas en evaluación, el futuro judicial de Adorni se vuelve cada vez más incierto.

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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste

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El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.

El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.

Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.

A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.

En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.

El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.

Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.

Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.

En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.

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La Sociedad Rural presiona por medidas para el agro ante la suba de costos

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este martes en Casa Rosada con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un encuentro que volvió a poner en primer plano la tensión entre el Gobierno y uno de los sectores clave de la economía. La cita tuvo un eje concreto: el aumento de costos que enfrenta el agro y la necesidad de medidas para sostener la competitividad. En un contexto económico todavía inestable, el planteo del campo introduce una pregunta estratégica: ¿el oficialismo ajustará su política para evitar fricciones con un actor central en la generación de divisas?

Costos en alza y reclamo de previsibilidad

Durante la reunión, la SRA expuso “las principales preocupaciones de los productores”, con foco en el encarecimiento de insumos y gastos operativos. El diagnóstico del sector es claro: la suba de costos, impulsada en particular por el aumento del gasoil y los fertilizantes, ya impacta en la rentabilidad y podría condicionar decisiones productivas en las próximas campañas.

El planteo no se limitó a un diagnóstico. La entidad pidió avanzar en medidas que “devuelvan competitividad” y generen “reglas claras y previsibles” para sostener inversiones. En un “año desafiante”, atravesado además por factores internacionales, el reclamo apunta a reducir la incertidumbre.

El Gobierno, por ahora, no explicitó respuestas. Pero el solo hecho de la reunión muestra que el tema ingresó en la agenda de gestión.

Un vínculo estratégico en construcción

El encuentro se inscribe en una relación históricamente sensible entre el poder político y el sector agropecuario. La SRA representa a un actor con peso estructural en la economía argentina, tanto por su capacidad productiva como por su rol en el ingreso de divisas.

En este caso, el reclamo se produce en un momento donde el Gobierno necesita sostener el flujo exportador y evitar señales de conflicto con sectores productivos. La demanda de competitividad no es abstracta: se traduce en márgenes, decisiones de siembra y volumen de producción futura.

El pedido de previsibilidad, además, tiene una dimensión institucional. Supone reglas estables que permitan proyectar inversiones en un contexto donde los costos se mueven con rapidez.

Presión sin ruptura

El tono del planteo sugiere una estrategia de presión sin confrontación abierta. La SRA expone sus demandas, pero lo hace en el marco de un canal institucional activo con el Gobierno.

Para el oficialismo, el desafío es equilibrar variables. Por un lado, sostener su esquema económico. Por otro, atender un sector que advierte sobre el impacto directo de los costos en la producción.

En términos políticos, el agro conserva capacidad de influencia. No solo por su peso económico, sino porque sus decisiones impactan en indicadores clave como exportaciones, ingreso de dólares y actividad.

La ausencia de definiciones oficiales tras el encuentro deja el tablero abierto. El diálogo está activo, pero las respuestas aún no aparecen.

Decisiones productivas en el horizonte

El punto crítico se ubica en las próximas campañas. Si el aumento de costos se traduce en menor rentabilidad, las decisiones de inversión podrían ajustarse, con efectos en cadena sobre la producción.

El Gobierno deberá definir si introduce medidas específicas para el sector o si mantiene su actual esquema sin cambios. En ese cruce se juega más que una discusión sectorial: se define el vínculo con uno de los motores tradicionales de la economía.

Por ahora, el encuentro marca un canal abierto. La reacción oficial, en cambio, todavía está por escribirse.

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