Manuel Adorni

Costo marginal

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“El ajuste lo paga la política, jaja”. El posteo en redes sociales de Victoria Villarruel, la titular del Senado, se burla del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el paseo con su esposa en Nueva York en medio de una gira oficial. 

La ironía del comentario no pasó inadvertida: en pocas palabras, la Vicepresidenta condensó una crítica implícita al relato de austeridad del Gobierno y dejó expuestas, una vez más, las fisuras internas que atraviesan al oficialismo mientras se discute hasta dónde llega -y a quién alcanza realmente- el ajuste.

Argentina Week no será recordada por la lluvia de inversiones generada, sino por el affaire Adorni, que fue a “deslomarse” a Nueva York en compañía de su esposa, a quien subió al avión presidencial contradiciendo el decreto que él mismo anunció hace unas pocas semanas, que limitaba el número de funcionarios en los viajes y excluía a familiares y amigos.

El paseo puede costarle caro al jefe de Gabinete y hombre de confianza de Karina y Javier Milei. No por los reproches que los hermanos puedan hacerle -salieron a “bancarlo” en forma instantánea-, sino porque el desliz daña el contrato tácito con la sociedad: los libertarios prometían “ser mejores” y el paseo por la Gran Manzana, pagado “con la del contribuyente” es una réplica del deterioro de la casta a la que se vino a combatir. 

El Presidente ensayó una suerte de defensa de Adorni y su esposa con un argumento economicista que no alcanza a cubrir -ni a entender- la magnitud del problema: “Costo marginal”, dijo Milei y sus acólitos salieron a repetirlo como un mantra. ¿Qué es el costo marginal? Como el avión debía volar a Estados Unidos y sobraba un asiento, la esposa de Adorni no significó un gasto extra. Mismo argumento podrían ahora utilizar kirchneristas residuales y futuros inquilinos de la Casa Rosada. Incluso, si el avión de todos modos iba a ir a Río Gallegos, no había nada de malo en llevar los diarios a Cristina. Era un costo marginal irreprochable según la lógica presidencial. 

Sin embargo, lo está en discusión no es una fórmula matemática, sino la ética de un funcionario que hace lo contrario a lo que pregona desde el atril. La estatura moral se derrumba por eso, no por un puñado de dólares extra. 

La fractura expone a Adorni con gustos que no condicen con su nivel de ingresos. Viajes en avión privado pagados por el Estado, como confesó su amigo a quien visitó en Punta del Este y gastos de tarjeta de crédito que no coinciden con su sueldo. Un repaso de movimientos de consumo de acceso público muestra un dato difícil de pasar por alto: tras la victoria legislativa de fines de octubre de 2025, los gastos con tarjetas atribuidas a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, se dispararon.

Solo con una tarjeta del Banco Galicia, Adorni habría registrado consumos cercanos a los 30 millones de pesos frente a ingresos por unos 10,5 millones. En paralelo, la tarjeta a nombre de Angeletti suma gastos por más de 65 millones en los últimos meses, sin ingresos conocidos en ese período. En total, entre ambos plásticos, los consumos entre agosto y enero rondarían los 115 millones de pesos contra ingresos declarados cercanos a los 21 millones. Un contraste que, al menos, merece explicaciones que no sean ecuaciones matemáticas ni evasivas. Fin. 

En definitiva, el affaire Adorni rompe la conexión que le quedaba intacta al Gobierno: la promesa de borrar a la casta del poder. Sin ese acuerdo electoral, la alianza libertaria no tiene muchos más éxitos que mostrar, por más que el relato se esmere en contar éxitos donde no los hay. Incluso, el presidente tiene más problemas para explicar su vínculo con el escándalo $Libra y aparecen contactos fluidos entre él y los promotores, junto a su hermana, quien tiene su propio escándalo con la Andis. Manchas que quitan lo impoluto. 

La inflación lejos está de ser contenida y ya lleva diez meses consecutivos en alza, con un acumulado de 280 por ciento desde que asumió en diciembre de 2023. En febrero marcó 2,9 por ciento, muy lejos de las promesas optimistas de llegar a cero en el segundo semestre. Pese a la nula emisión y el inédito ajuste, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la ausencia de éxitos en la contención de los precios, en que la economía atraviesa “un proceso de corrección de precios relativos” tras “dos décadas de acumular distorsiones”. Para agosto, septiembre u octubre, insistió, la inflación será cero. 

El impacto de los precios se visualiza en la caída del consumo.En febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas pymes cayeron 5,6% interanual, con un acumulado del 5,2% en lo que va del año.
El informe de la Came es contundente: “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El relato se agranda en la voz del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó que el modelo destruya empleo y, por el contrario, aseguró que en dos años se crearon 400 mil empleos. Los propios números oficiales lo desmienten, pero para el siempre presente funcionario, el dato no mata relato. Sin embargo, hay 200.941 empleos registrados menos desde que asumió Javier Milei. En paralelo, hay un fuerte incremento de la informalidad y el empleo asalariado representa apenas el 71,9 por ciento de los ocupados totales, cuando hace un año eran de 74,8%. El boom del Delivery o chofer de App. Los únicos sectores que están generando empleo son los vinculados a Vaca Muerta y las finanzas. 

Sturzenegger tiene a la yerba como un fetiche. En Argentina Week aseguró que la eliminación de la autoridad regulatoria del sector y de su capacidad para fijar precios redujo a la mitad el valor del producto para el consumidor -en realidad, aumentó por debajo de la inflación-, al tiempo que impulsó un aumento del 29% en la producción durante 2024 y llevó a casi 58 millones de kilos las exportaciones en 2025, un récord histórico.

En esa mezcolanza, Sturzenegger omite que la producción está hundida en la miseria y que la propia industria atraviesa momentos delicados.

El semáforo de Coninagro revela un mapa muy distinto a lo que exhibe Sturzenegger. Son ocho las economías que están en rojo, dos más que el mes pasado y apenas cuatro en verde y siete en amarillo. La yerba mate está en rojo desde la desregulación del mercado en diciembre de 2023. Se desplomaron los precios de la materia prima y, aunque la industria recuperó presencia en el mercado interno y bate récord de exportaciones, también atraviesa una crisis por encarecimiento de costos operativos, como energía y combustible y una menor rentabilidad. El argumento tiene números concretos: en conjunto, las principales industrias yerbateras deben a los bancos 230 mil millones de pesos, el equivalente al 83 por ciento de la canchada en stock.

Las consecuencias del “éxito” de Sturzenegger se sienten en la provincia. No sólo en la yerba mate, sino en el té y el sector forestal, con caída de exportaciones y rentabilidad por el suelo. La Provincia intenta contener a los distintos sectores con las pocas herramientas que tiene. La yerba es la mayor preocupación por el volumen de productores afectados, aunque son pocas las alternativas para mejorar su situación. El precio de referencia, que sugirió Misiones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, tuvo una recepción negativa en la industria. El principal argumento fue que se trata de un mercado privado en el que cada empresa tiene estructuras de costos diferentes, por lo que consideran difícil establecer un valor único.

En la reunión con la industria que se hizo esta semana, el Gobierno insistió en que contar con un valor orientativo podría ayudar a ordenar el mercado y a sostener el sistema productivo frente a las distorsiones actuales.

Además, los funcionarios señalaron que un precio de referencia permitiría mejorar las condiciones de financiamiento del sector, ya que hoy las empresas enfrentan dificultades para obtener crédito mediante warrants debido a la ausencia de valores de mercado claros para la yerba mate.

En ese marco también se mencionó la implementación de herramientas de monitoreo y trazabilidad como el CeTYM, impulsado tras la desregulación del sector, con el objetivo de seguir la evolución de la cadena yerbatera.

La Provincia sabe que las herramientas con las que cuenta son pocas. Pero el gobernador Hugo Passalacqua se muestra decidido a utilizarlas a fondo para sostener el equilibrio interno. Promoción para el turismo en Perú, obras públicas en la medida que se pueda y austeridad al máximo, como la prohibición de compras de nuevos vehículos para el Estado, forman parte de la misma preocupación: sostener el empleo.

La realidad, esa que en Buenos Aires se esmeran en combatir, marca que Misiones registró en diciembre de 2025 unos 98.721 trabajadores en el sector privado formal, con un descenso del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 403 empleos.

De este modo, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo misionero en este segmento, ya que de los doce meses del año solo creció en tres (enero con +0,2%, abril con +0,5% y mayo con +0,2%), en tanto que cayó en los otros nueve meses, con descensos consecutivos entre junio y  diciembre. El saldo del año en Misiones fue negativo en 4.675 empleos.

Desde que asumió Milei, en tanto, la caída es de 10.152 empleos (-9,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia  presenta la sexta caída más fuerte del país. A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación  luego de los impactos de la pandemia. 

Empleo privado registrado en el NEA – Diciembre

Provincia 2024 2025 Variación
Misiones 99,6 95 -4,7%
Corrientes 80,1 78,1 -4,3%
Chaco 73,7 70,5 -4,3%
Formosa 22,5 22,1 -1,8%

Misiones: el empleo privado registrado cerró diciembre con 95 mil puestos, lo que implica una caída de 4,7% interanual. El nivel representa 10.152 empleos menos (-9,3%) respecto de noviembre de 2023.

En el ámbito nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual  en diciembre, perdiendo 12.399 asalariados privados en todo el país respecto al mes  anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Minería (-1,0%), Hoteles y Restaurantes (-0,6%) e Industria Manufacturera (-0,5%), entre otros. 

A nivel acumulado de la era Milei (diciembre 2025 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 200.941 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%).

Raro el contraste. Sturzenegger jura que se crearon 200 mil empleos por año desde que llegó Milei. La realidad, esa que se empecina en decir otra cosa, marca que son pocos los sectores con saldo positivo. La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal clara de enfriamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en enero en apenas 53,6%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 55%. El dato no solo confirma una caída interanual, sino que además representa el peor inicio de año para la actividad industrial desde la crisis económica de 2002.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada en las fábricas está efectivamente en uso. Cuando ese porcentaje desciende, significa que las plantas industriales trabajan por debajo de su potencial, ya sea por caída de la demanda, aumento de importaciones o dificultades macroeconómicas que afectan la producción.

Los sectores más golpeados por la caída de la demanda y el cambio en el escenario comercial son la industria automotriz, que operó en enero con apenas el 24% de su capacidad instalada, mientras que los productos textiles utilizaron solo el 23,7%. La metalmecánica -excluyendo automotores- registró un nivel del 31,4%, el sector de caucho y plástico 36,1% y los productos minerales no metálicos 45,5%.

La caída más marcada se observa en la metalmecánica, donde el uso de capacidad instalada descendió desde el 38,1% de enero de 2025 hasta el 31,4% en el inicio de 2026. El informe vincula este retroceso principalmente con la fuerte reducción en la fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, dos segmentos que experimentaron una contracción significativa de la producción.

La industria automotriz también refleja un deterioro considerable. Con apenas el 24% de su capacidad en uso, el sector registra una caída significativa frente al 34,8% del mismo mes del año pasado. La producción de vehículos retrocedió más de 30% interanual, lo que explica buena parte del menor dinamismo industrial.

Algo similar ocurre con el sector textil, que en enero utilizó apenas el 23,7% de su capacidad instalada. La caída responde principalmente a la disminución en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que registraron retrocesos superiores al 30% interanual.

El 53,6% de utilización de capacidad instalada registrado en enero refleja que casi la mitad de la capacidad productiva del sector industrial permanece ociosa. Para encontrar un inicio de año con un nivel inferior hay que remontarse a enero de 2002, en pleno colapso económico de la Argentina, cuando la industria utilizaba apenas el 48,2% de su capacidad productiva.

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La casta viaja en avión presidencial

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En medio del ajuste más duro de las últimas décadas, mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, el gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” vuelve a quedar atrapado en sus propias contradicciones. La austeridad parece ser un mandato exclusivo para la sociedad. Para quienes gobiernan, en cambio, las reglas parecen ser otras.

El episodio más reciente tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viajó a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial acompañado por su esposa, que no es funcionaria pública ni tenía ninguna responsabilidad institucional en la misión. El viaje se realizó en el avión presidencial, es decir, con recursos del Estado.

La explicación oficial fue tan simple como provocadora: se estaba “deslomando” y quiso que lo acompañara. En cualquier contexto la justificación sería difícil de defender, pero en una Argentina atravesada por la recesión, la caída del consumo, el deterioro salarial y el crecimiento del desempleo, el episodio adquiere otra dimensión. Porque mientras el gobierno exige sacrificios permanentes a la sociedad, sus propios funcionarios parecen moverse con una lógica de privilegios que recuerda demasiado a aquello que decían combatir.

El problema, sin embargo, no se limita a un asiento en un avión oficial. Lo que empieza a quedar expuesto es un patrón más amplio: el uso del Estado y del poder para fines que poco tienen que ver con el interés público.

En los últimos días también volvieron a encenderse las alarmas por el caso de la criptomoneda $Libra, un proyecto que fue promovido en el ecosistema libertario y que terminó en denuncias de estafa tras dejar pérdidas millonarias. La novedad es que comenzaron a circular documentos y registros que vinculan directamente al presidente Javier Milei, a su hermana y a Santiago Caputo con la promoción del activo digital en etapas tempranas.

Aunque desde el gobierno intentan minimizar el asunto, el episodio alimenta sospechas sobre la relación entre política, promoción financiera y negocios privados en un entorno donde el marketing ideológico muchas veces se mezcla con apuestas especulativas de alto riesgo.

A ese clima se suman los viajes presidenciales que cada tanto generan controversia. Ahora fue a España para participar de un foro cripto-libertario, sin agenda institucional formal y con un fuerte componente político y personal. No es la primera vez que ocurre: varias giras internacionales del presidente han estado rodeadas de cuestionamientos por su carácter partidario o por su escasa relación con intereses concretos del país.

El contraste con la situación económica interna resulta inevitable. Mientras se multiplican los viajes, los gestos de alineamiento ideológico y las controversias, la economía real atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La inflación sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores, la recesión provoca cierres de empresas y suspensiones laborales, y el entramado industrial argentino se deteriora a un ritmo alarmante.

Cada vez más sectores hablan abiertamente de industricidio: fábricas que apagan máquinas, pymes que no pueden sostenerse y un mercado interno devastado por el ajuste.

En ese escenario, la imagen de funcionarios viajando con familiares en aviones oficiales, o en aviones privados, como es el caso de Adorni (otra vez), sin poder justificar el gasto, de criptomonedas promocionadas desde el universo político que terminan en escándalos financieros y de giras presidenciales con componentes personales o partidarios construye una postal incómoda para el discurso libertario.

Porque el gobierno que prometía terminar con los privilegios de la política empieza a reproducirlos con una naturalidad sorprendente.

Al final, la escena que emerge es bastante más simple de lo que el relato oficial intenta explicar: mientras la sociedad viaja en colectivo hacia el ajuste, la nueva casta parece haber encontrado su lugar en el avión presidencial.

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Adorni admitió que su esposa viajó en el avión presidencial: “Vengo a deslomarme a Estados Unidos y quería que me acompañe”

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial que incluyó actividades entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, en el marco del evento Argentina Week. La admisión llegó en medio de cuestionamientos de la oposición, que ya presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para conocer quién financió el traslado, qué rol cumplió dentro de la comitiva y bajo qué criterios se autorizó su presencia.

Mi mujer estaba en el avión presidencial”, reconoció el funcionario durante una entrevista televisiva. Según explicó, la inclusión de su pareja se produjo porque él mismo pidió que lo acompañara durante el viaje: “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y quería que me acompañe”.

El episodio, que inicialmente parecía un detalle logístico de la gira presidencial, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política en torno al uso de recursos oficiales y la conformación de las comitivas que participan en viajes internacionales del Gobierno.

Un viaje oficial bajo escrutinio político

La controversia se disparó después de que trascendiera una imagen de Angeletti junto a la delegación oficial durante una visita realizada el domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en Queens. La escena evidenció su presencia dentro del entorno que acompañó al presidente Javier Milei durante la gira en Estados Unidos.

Angeletti no ocupa ningún cargo en el Gobierno nacional. Se desempeña como coach ontológica y dicta cursos vinculados al desarrollo organizacional. Según explicó el propio jefe de Gabinete, ella ya tenía previsto viajar a Miami el 26 de febrero, pero ese plan se modificó cuando coincidió con la agenda oficial.

Presidencia la invitó. Era mi deseo que me acompañe”, sostuvo Adorni al justificar la decisión.

El funcionario insistió en que la presencia de su esposa no implicó costos adicionales para el Estado, argumento que busca neutralizar el cuestionamiento político que ya comenzó a escalar en el Congreso.

Pedido de informes en el Congreso

La explicación no cerró la discusión. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que el Gobierno detalle formalmente las condiciones del viaje.

El pedido solicita: Una copia del manifiesto del vuelo utilizado para trasladar a funcionarios a Estados Unidos. Confirmación sobre si Bettina Angeletti fue incluida oficialmente en la comitiva. Información sobre qué rol cumplió durante el viaje. Detalles sobre quién pagó el traslado y la documentación que respalde esos gastos.

El planteo también apunta a determinar si el vínculo con el jefe de Gabinete fue formalmente consignado en la documentación del viaje y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

En términos institucionales, el pedido de informes no implica una sanción inmediata, pero sí obliga al Ejecutivo a dar explicaciones administrativas y políticas sobre el uso de los recursos logísticos vinculados a la Presidencia.

La dimensión política del episodio

La situación abre un flanco sensible para el Gobierno en un terreno donde la oposición suele concentrar críticas: el uso del avión presidencial y la composición de las delegaciones oficiales.

La defensa pública de Adorni se centró en dos ejes: la inexistencia de costos adicionales y el carácter personal de su decisión. “No le sacamos un peso al Estado”, aseguró.

Sin embargo, el episodio se proyecta más allá de la explicación contable. La discusión gira también en torno a los criterios institucionales que definen quién puede integrar una comitiva oficial en un viaje del Presidente.

En ese contexto, la controversia adquiere peso político porque aparece en paralelo a la agenda internacional del Gobierno, que busca consolidar vínculos económicos y políticos durante eventos como Argentina Week, un espacio donde se presentan oportunidades de inversión y relaciones con actores financieros internacionales.

Una controversia que recién comienza

El pedido de informes en Diputados abre ahora una etapa institucional que dependerá de las respuestas formales del Ejecutivo. La clave estará en la documentación administrativa del vuelo y en la justificación oficial de la invitación mencionada por Adorni.

Mientras tanto, el episodio deja expuesta una tensión recurrente en la política argentina: la frontera entre la logística oficial y las decisiones personales dentro de las comitivas presidenciales.

Si el tema escala en el Congreso o se diluye en la dinámica política dependerá de un factor central: la capacidad del Gobierno para cerrar rápidamente la discusión con información clara sobre el viaje. En un escenario de alta sensibilidad política, incluso detalles aparentemente menores pueden transformarse en debates institucionales más amplios.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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Irregularidades en la venta de entradas a las Cataratas: concesionaria denunció fallas estructurales del sistema oficial

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La concesionaria Iguazú Argentina S.A., perteneciente a la empresa Enríquez, denunció una serie de irregularidades en la comercialización de entradas al Parque Nacional Iguazú, y apuntó de manera directa a las falencias del Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Acceso (SETECA), plataforma que depende y es administrada exclusivamente por la Administración de Parques Nacionales, que depende de Manuel Adorni.

Según detalló la concesionaria, el foco del problema no se encuentra en la operatoria privada del área Cataratas, sino en un sistema tecnológico obsoleto, vulnerable y carente de controles básicos, que durante años permitió maniobras fraudulentas vinculadas a la emisión de entradas bonificadas o exentas.

La Administración de Parques Nacionales (APN) abrió una auditoría en el sistema de cobros del Parque Nacional Iguazú tras los reclamos formales realizados por la concesionaria Iguazú Argentina S.A., que venía advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del sistema SETECA, la plataforma oficial utilizada para la comercialización de entradas en el Área Cataratas.

Un sistema obsoleto y sin validaciones mínimas

El SETECA, impuesto por la Administración de Parques Nacionales como único canal de venta y control de accesos, presentó deficiencias estructurales que hoy quedan expuestas. Entre las principales irregularidades detectadas se destacan la falta de validación de identidad, la inexistencia de controles antifraude y graves brechas en la trazabilidad de las operaciones.

De acuerdo con la información relevada, el sistema permitía la compra de entradas correspondientes a categorías exentas —como jubilados o residentes locales— sin verificar la identidad del beneficiario ni la correspondencia del Documento Nacional de Identidad con la persona que finalmente utilizaba el ticket. Tampoco existían mecanismos automáticos para detectar patrones anómalos de compra, el uso de correos electrónicos genéricos o datos de identidad evidentemente falsos.

Estas falencias, que están lejos de los estándares actuales del comercio electrónico y del turismo internacional, dificultaban además el seguimiento posterior de las operaciones y la identificación de los actores detrás de compras masivas irregulares.

Auditoría interna y despidos

Las maniobras salieron a la luz a partir de controles internos y una auditoría iniciada y conducida por la propia concesionaria. Según informó Iguazú Argentina S.A., al detectarse un patrón de uso indebido del sistema por parte de personal interno en connivencia con terceros, la empresa actuó de manera inmediata.

Como parte de ese accionar, se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes, que incluyeron la desvinculación de los empleados involucrados en las prácticas fraudulentas. Desde la compañía subrayaron que estas decisiones se tomaron dentro del ámbito de responsabilidad que les compete, frente a un sistema que no está bajo su control ni administración.

Una modernización tecnológica impostergable

La situación volvió a poner en evidencia la necesidad urgente de modernizar la gestión de accesos a uno de los destinos turísticos más importantes del país. Desde la concesionaria remarcaron que un sitio de jerarquía internacional como Cataratas del Iguazú no puede sostenerse sobre una plataforma que no garantiza la integridad de las operaciones ni la transparencia en la recaudación.

En ese sentido, señalaron que existen soluciones tecnológicas ampliamente disponibles en el mercado —como validación de identidad en tiempo real, códigos QR dinámicos y herramientas de inteligencia artificial para detección de anomalías— que ya fueron oportunamente propuestas a la Administración de Parques Nacionales y que hubieran permitido prevenir este tipo de maniobras.

La responsabilidad de implementar un nuevo sistema, aclararon, recae contractualmente en el organismo nacional.

Un problema advertido y no resuelto

El caso no es nuevo. Las fragilidades del SETECA habían sido advertidas desde distintos sectores, pero las actualizaciones se demoraron y las licitaciones para su modernización no prosperaron durante años. Recién en el ejercicio 2025, la Administración de Parques Nacionales avanzó con una licitación formal para la provisión de tickets soporte del sistema, sin que ello implicara una solución integral de fondo.

Investigaciones periodísticas previas ya habían señalado que el sistema permitía la carga de datos falsos —correos inexistentes, DNI genéricos o teléfonos inválidos— y la emisión de entradas exentas a valor cero sin controles posteriores, una situación que derivó en estafas a turistas y en un perjuicio económico tanto para el Estado como para la concesionaria, según consignó La Voz de Cataratas.

Responsabilidades y conclusión

Desde Iguazú Argentina S.A. insistieron en que la problemática no se origina en la gestión de la concesionaria, sino en la imposición de un sistema de venta de entradas obsoleto y vulnerable por parte de la Administración de Parques Nacionales. La empresa no solo habría sido perjudicada por estas maniobras, sino que fue la que detectó el fraude, lo denunció y actuó con las herramientas a su alcance.

La solución definitiva, concluyen, no pasa por medidas reactivas sino por una modernización tecnológica integral del sistema de accesos a los parques nacionales, una deuda pendiente del organismo nacional en un destino que recibe millones de visitantes al año y que se promociona como uno de los íconos naturales del mundo.

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