MEDIO AMBIENTE

Chernóbil, 40 años después: entre fantasmas y el riesgo latente

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A 40 años de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, el mundo vuelve a posar la mirada sobre una tragedia que marcó un antes y un después en la percepción global de la energía nuclear. Ocurrida el 26 de abril de 1986, la detonación del reactor número cuatro fue consecuencia de una combinación de fallas estructurales y errores humanos durante una prueba de seguridad, liberando una nube radiactiva que se extendió por gran parte de Europa.

El accidente no solo provocó una crisis ambiental sin precedentes, sino que también evidenció las limitaciones del sistema soviético para gestionar emergencias de esta magnitud. La información fue inicialmente ocultada y recién dos días después se emitió una alerta pública, tras detectarse niveles anormales de radiación en Suecia.

Las consecuencias humanas siguen siendo objeto de debate. Mientras un informe de Naciones Unidas estimó en 4.000 las muertes atribuibles directa o indirectamente al desastre, otras organizaciones elevan la cifra a decenas de miles. Más de 600.000 personas participaron en las tareas de contención, muchas de ellas expuestas a altos niveles de radiación.

Una zona inhabitable por milenios

El área afectada se transformó en una extensa zona de exclusión que abarca miles de kilómetros cuadrados entre Ucrania y Bielorrusia. Allí, ciudades enteras como Prípiat quedaron abandonadas, congeladas en el tiempo. Según estimaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, la región no será habitable durante al menos 24.000 años.

Paradójicamente, la ausencia humana permitió el desarrollo de una suerte de reserva natural involuntaria, donde la fauna ha recuperado terreno en un entorno marcado por la radiación.

Lejos de ser solo un episodio del pasado, Chernóbil enfrenta hoy nuevas amenazas. La invasión rusa a Ucrania reintrodujo el riesgo nuclear en la zona, con la ocupación temporal de la planta en 2022 y posteriores ataques que comprometieron la seguridad de sus estructuras.

En febrero de 2025, un dron impactó contra el sistema de confinamiento externo -conocido como Nuevo Confinamiento Seguro- reduciendo su capacidad de contención. Informes recientes advierten que, en su estado actual, existe la posibilidad de fugas radiactivas y que las reparaciones podrían extenderse durante varios años.

A esto se suman advertencias de expertos sobre el impacto de ataques militares en la estabilidad del sitio, incluyendo la presencia de misiles en las cercanías y daños en infraestructuras críticas, lo que incrementa la incertidumbre sobre su seguridad futura.

Chernóbil no es solo un sitio geográfico: es un símbolo. Representa los límites del control tecnológico, los riesgos de la opacidad institucional y la persistencia de las consecuencias ambientales a largo plazo.

Cuatro décadas después, su legado sigue vigente, no solo como advertencia histórica, sino como recordatorio de que los riesgos nucleares, lejos de desaparecer, pueden reactivarse en contextos geopolíticos inestables.

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El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y redefine el control sobre recursos estratégicos

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El Gobierno nacional formalizó el 23 de abril la promulgación de la Ley 27.804, una reforma clave al régimen de protección de glaciares sancionada por el Congreso el 8 de abril. El Decreto 271/2026 puso en vigencia una actualización de la Ley 26.639 que redefine el alcance de los presupuestos mínimos ambientales y reconfigura el equilibrio entre Nación y provincias sobre un recurso estratégico: el agua. La decisión no es neutra. Llega en un contexto donde la regulación ambiental vuelve a cruzarse con la agenda productiva y plantea una pregunta de fondo: ¿se trata de un endurecimiento real de controles o de una redefinición más flexible del esquema vigente?

Un rediseño legal con impacto federal

La reforma introduce cambios sustantivos en el corazón del régimen. El nuevo artículo 1° redefine el objeto de la ley al establecer que los glaciares y el ambiente periglacial deben preservarse como reservas estratégicas de recursos hídricos, con usos explícitos: consumo humano, agricultura, biodiversidad, investigación científica y turismo. A la vez, los declara bienes de carácter público.

Pero el punto más sensible está en cómo se articula esa protección con el federalismo ambiental. La norma subraya que la interpretación debe ser compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, es decir, reconoce la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. Esa aclaración no es menor: fija el marco político de aplicación y limita cualquier intento de centralización plena desde Nación.

El texto también refuerza el rol del Inventario Nacional de Glaciares, que pasa a ser de consulta obligatoria para las autoridades. Sin embargo, incorpora un elemento novedoso: el principio precautorio queda condicionado a verificación técnica. Los glaciares incluidos en el inventario serán protegidos hasta que la autoridad competente determine, mediante estudios, si cumplen funciones hídricas. Si no las cumplen, pueden quedar excluidos del régimen.

Evaluación ambiental y prohibiciones: el nuevo equilibrio

La ley mantiene y detalla las prohibiciones sobre actividades en zonas protegidas: contaminación, obras de infraestructura no vinculadas a investigación, explotación minera o hidrocarburífera e instalación de industrias. Pero introduce una clave operativa: será cada jurisdicción la que determine, mediante evaluación de impacto ambiental, qué actividades generan una “alteración relevante”.

Ese desplazamiento de la decisión hacia las autoridades locales reconfigura el poder efectivo de aplicación. La Nación fija el marco general, pero las provincias definen la ejecución concreta.

Además, todas las actividades proyectadas deberán someterse a evaluación ambiental previa, con participación ciudadana obligatoria en los términos de la Ley General del Ambiente. Se suman excepciones específicas —como actividades científicas o deportivas sin impacto— que delimitan el alcance real de la regulación.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantiene un rol técnico central en la elaboración y actualización del inventario, aunque su intervención queda articulada con las notificaciones de las autoridades jurisdiccionales.

Poder distribuido y margen de discrecionalidad

La reforma no altera solo un régimen ambiental; redefine la correlación de fuerzas entre Nación, provincias y actores económicos. Al reforzar el rol de las jurisdicciones en la identificación, evaluación y autorización de गतिविधades, el esquema se descentraliza.

En términos políticos, esto puede fortalecer a las provincias en la gestión de recursos estratégicos, pero también introduce heterogeneidad en la aplicación. La misma norma podría tener impactos distintos según la interpretación local de qué constituye una “alteración relevante”.

Desde el punto de vista regulatorio, el nuevo criterio técnico —que permite excluir glaciares del régimen si no cumplen funciones hídricas— abre una zona de tensión. Por un lado, aporta flexibilidad basada en evidencia científica; por otro, deja margen para disputas sobre criterios y evaluaciones.

El Gobierno, al promulgar sin observaciones, valida el texto tal como fue aprobado por el Congreso, lo que sugiere un equilibrio político previo en torno a la norma. Sin embargo, la implementación efectiva será el verdadero campo de disputa.

Un esquema en movimiento

La promulgación cierra la etapa legislativa, pero abre una fase más compleja: la aplicación. Habrá que observar cómo cada jurisdicción define sus criterios técnicos, qué rol concreto asumen las evaluaciones ambientales y cómo se articula el Inventario Nacional con las decisiones locales.

También será clave el ritmo de actualización del inventario y las eventuales exclusiones de áreas que hoy están bajo protección. Ese proceso puede redefinir, en la práctica, el mapa de restricciones.

La ley fija un marco. Pero el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y autonomía provincial no queda resuelto en el texto. Empieza ahora, en la gestión.

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Masiva plantación de árboles nativos en La Hora del Planeta 

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Con una masiva plantación de árboles de especies nativas en la Reserva Natural Urbana “El Corredor” de San Miguel, el domingo 19 de abril de 2026 tuvo lugar el demorado evento central en Argentina de la edición número 20 de La Hora del Planeta, el mayor movimiento ambiental en el mundo.

La Hora del Planeta es una iniciativa coordinada a nivel global por WWF y organizada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina de forma ininterrumpida desde el 2009. Aunque la mayoría de los países participantes llevaron a cabo sus actividades el 28 de marzo, en Argentina el evento principal debió reprogramarse debido al clima.

Además de la plantación de más de 150 plantines nativos de especies de la zona como chilca blanca, carquejas, chilca, chilca amarga y talilla, que contribuyó a restaurar a Reserva, los participantes pudieron sumarse a una recorrida interpretativa para conocer la naturaleza de la zona, juegos, propuestas educativas, una feria de emprendedores sustentables, un show de circo realizado con materiales reciclados y otras actividades sobre naturaleza para toda la familia. 

El evento, que contó con la conducción de Agustina Grasso fue organizado por la Fundación Vida Silvestre Argentina en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de San Miguel y contó con el apoyo de: Reserva Natural Urbana “El Corredor”, NaranjaX, Santander, Zurich, Bicho Canasto, Carrefour, Ecofactory y Wandergreen.

Como parte de la edición de La Hora del Planeta 2026, Fundación Vida Silvestre Argentina también organizó una jornada de limpieza comunitaria junto con la Municipalidad de Puerto Iguazú, Misiones. Durante poco más de una hora de trabajo conjunto, lograron llenar un camión volcador con residuos retirados del entorno de la rotonda de acceso a la ciudad. 

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Parques Nacionales incorporará 40 guardaparques y abre una señal de gestión en áreas protegidas

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El Directorio de la Administración de Parques Nacionales formalizó el 9 de abril la apertura de un concurso para cubrir 40 cargos de guardaparques técnicos (categoría GT-2), en el marco de la Resolución 112/2026 publicada este 13 de abril en el Boletín Oficial. La decisión, respaldada por el presupuesto vigente y el nuevo régimen de carrera aprobado en 2022, reactiva el ingreso de personal en áreas protegidas en un momento donde el Gobierno redefine prioridades en la administración pública. ¿Se trata de un refuerzo operativo o de una señal política sobre la presencia estatal en territorios estratégicos?

Un proceso encuadrado en la nueva carrera de guardaparques

La medida no surge de manera aislada. Se inscribe en el rediseño institucional del Cuerpo de Guardaparques Nacionales establecido por el Convenio Colectivo homologado por el Decreto 647/2022, que introdujo un esquema de carrera con dos agrupamientos: Técnico y de Conservación Territorial.

En ese marco, la resolución activa el mecanismo formal de selección previsto en ese régimen, con convocatoria abierta y publicación obligatoria en el Boletín Oficial, la cartelera de empleo público y sedes del organismo. El objetivo es avanzar con la cobertura de cargos financiados en la planta permanente, específicamente en el Agrupamiento Técnico.

El proceso incluye además la implementación de una etapa clave: el Curso de Habilitación para el Agrupamiento Técnico, cuya currícula fue aprobada días antes. Esta instancia funciona como filtro profesional y operativo, y define el ingreso efectivo al sistema.

Para sostener el procedimiento, el organismo designó un comité de selección con representación interna y externa, e incorporó veedores sindicales de UPCN y ATE, en línea con lo establecido por el propio régimen. También se nombró una coordinación concursal encargada de ordenar las etapas y garantizar los plazos.

Recursos, presupuesto y continuidad operativa

El llamado se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en la decisión administrativa que distribuyó los créditos del ejercicio. No es un dato menor: la cobertura de estos cargos implica disponibilidad efectiva de recursos en un contexto donde el gasto público está bajo revisión.

Desde el punto de vista operativo, la medida responde a una necesidad explícita: sostener el proceso de incorporación continua de personal en áreas protegidas. En términos prácticos, eso significa reforzar la presencia territorial del Estado en parques nacionales, donde las tareas técnicas —monitoreo, conservación, control— requieren personal calificado.

El dato cuantitativo es preciso: 40 vacantes en el nivel técnico, una escala acotada pero significativa dentro de la estructura del organismo.

Entre ajuste y selectividad

En términos de correlación de fuerzas, la decisión introduce un matiz en la política de empleo público. Mientras otras áreas avanzan en recortes o reestructuraciones, Parques Nacionales habilita ingresos, aunque bajo un esquema regulado y con requisitos específicos.

El movimiento puede leerse como una señal de selectividad: no se expande el Estado de manera general, pero se refuerzan funciones consideradas estratégicas. La conservación ambiental, la gestión territorial y el control en áreas protegidas aparecen, en este caso, como prioridades que justifican la incorporación de personal.

Al mismo tiempo, la inclusión de sindicatos como veedores mantiene un canal institucional activo en un contexto donde las relaciones laborales en el sector público atraviesan tensiones. No hay ruptura, pero tampoco expansión indiscriminada.

Un proceso que recién empieza

La apertura del concurso no resuelve por sí sola la cuestión de fondo: la capacidad operativa real en parques nacionales dependerá de la ejecución efectiva del proceso, la formación de los seleccionados y su despliegue en territorio.

En las próximas semanas habrá que observar dos variables. Por un lado, el nivel de convocatoria y la competencia por los cargos, que marcará el atractivo del sistema. Por otro, la velocidad del proceso, en un esquema que exige múltiples etapas administrativas y formativas.

El Gobierno mueve una pieza en un tablero más amplio: el del rediseño del Estado. Pero el impacto final no se medirá en la resolución publicada, sino en cuántos de esos 40 cargos terminan efectivamente ocupados y operativos en el terreno.

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Los científicos no dan crédito: descubren que un bosque africano se regenera sin plantar un solo árbol

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Cuando se piensa en África, la imagen dominante suele asociarse con paisajes áridos, suelos degradados y una vegetación cada vez más escasa. Sin embargo, en distintas regiones del continente -y particularmente en el centro de Tanzania- comienza a consolidarse una experiencia que desafía esa percepción: los bosques están regresando sin necesidad de plantar nuevos árboles.

Durante décadas, la respuesta frente a la desertificación fue casi siempre la misma: campañas masivas de forestación, grandes presupuestos y millones de plantines. Pero los resultados, en muchos casos, fueron limitados. En ese contexto, una técnica más simple y eficaz empezó a ganar terreno: en lugar de plantar, regenerar lo que ya existe bajo la superficie.

En zonas secas de Tanzania, el proceso no parte desde cero. Bajo la tierra sobreviven raíces y tocones de árboles nativos que fueron talados hace décadas. De ellos brotan nuevos tallos que, si son correctamente manejados, pueden volver a convertirse en árboles. Esta técnica se conoce como Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), o en su versión local, Kisiki Hai, que en suajili significa “tocón vivo”.

El método consiste en identificar esos tocones activos, seleccionar uno o dos brotes fuertes y eliminar el resto para concentrar la energía de la planta. A partir de allí, el crecimiento se acelera, aprovechando un sistema radicular ya desarrollado que permite una mayor resistencia a las condiciones climáticas adversas.

El origen de este enfoque se remonta a los años 80, cuando el agrónomo australiano Tony Rinaudo trabajaba en Níger y observó que más del 80% de los árboles plantados no sobrevivían en ambientes áridos. La clave fue cambiar la mirada: lo que parecían arbustos eran, en realidad, árboles intentando rebrotar desde raíces vivas. Ese hallazgo permitió replantear la estrategia y dio lugar a un modelo mucho más eficiente.

En Tanzania, los datos de la FAO muestran que gran parte de los bosques no son producto de plantaciones, sino de regeneración natural. Incluso en territorios degradados, el suelo conserva una biomasa subterránea significativa. El problema no es la desaparición total de los árboles, sino la pérdida de volumen y la falta de manejo sostenido.

Los resultados son concretos. En regiones como Dodoma, los agricultores que aplican FMNR logran recuperar sombra en pocos años, mejorar la retención de agua, reducir la erosión y enfriar el suelo. Todo esto se traduce en una mejora directa de la productividad agrícola, un factor clave para comunidades que no pueden esperar una década a que una plántula sobreviva.

En este esquema, el rol del agricultor es central. No se trata de una intervención puntual, sino de una práctica continua que implica podar, proteger y observar el terreno en cada temporada. Por eso, el modelo se adapta mejor a sistemas productivos locales que a proyectos externos basados en infraestructura.

Organizaciones como la LEAD Foundation impulsan la formación de “agricultores campeones” que replican el conocimiento dentro de sus comunidades. La lógica es clara: no se distribuyen árboles, se transmite saber. Y es precisamente esa diferencia la que explica por qué, en algunas regiones de África, el bosque no se planta: simplemente vuelve.

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