El objetivo es brindar financiamiento a tasas accesibles a pequeños productores de la provincia, de cara a la vendimia de este año.
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación otorgará junto al Gobierno de Mendoza apoyo financiero a los productores vitivinícolas de esa provincia por un monto total de 700 millones de pesos. Será en conjunto con el Banco de la Nación Argentina y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), a través del régimen de bonificación de tasas.
El respaldo financiero, que se destinará para capital de trabajo, se brindará a través de dos líneas. La primera será por medio del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, por $ 300 millones y apuntará a pequeños productores con dificultades para acceder al sistema bancario.
La otra línea será del Banco Nación, por un monto de $ 400 millones, destinada principalmente a cooperativas que agrupan a pequeños productores. Esta línea contará con el respaldo de Nación, a través del FONDEP.
De esta forma, y a partir del esfuerzo conjunto de los gobiernos nacional y provincial, los productores contarán con una tasa final para ambas líneas del 20%, por un máximo de $ 2,5 millones por productor.
Los productores lograrán asi acceder a créditos destinados a financiar gastos de cosecha y acarreo de uva y derivados del proceso de elaboración vinícola, en el marco de vendimia de este año.
El impulso a estas líneas de financiamiento se enmarca en el trabajo que está realizado el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para construir un esquema de financiamiento con tasas accesibles con alcance a diversos sectores productivos y regiones del país.
Sobre el sector
De acuerdo a datos sectoriales, Argentina acumula el 2,8% de la superficie mundial de viñedos y es el 7° productor mundial de uvas. Además, es el 5° elaborador mundial de vinos y el 11° exportador mundial. Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita de vinos (18 litros por año). La facturación anual del sector supera los US$ 3.500 millones. Genera aproximadamente 156.000 empleos directos y 300.000 indirectos.
En una provincia afectada por la sequía, el pueblo tomó las calles con el objetivo de proteger el agua y manifestarse en contra de la modificación de la Ley 7.722, que intentaba abrir las puertas a la mega minería habilitando el uso de sustancias tóxicas.
Tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el Gobernador Rodolfo Suárez, senadores y diputados mendocinos aprobaron en una sesión maratónica la modificación a la ley provincial 7.722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras metalíferas. Y casi de la misma manera, se llegó a la derogación de la nueva normativa.
La ley 9.209 fue aprobada el 20 de diciembre en el Senado Provincial con 29 votos a favor y 7 en contra, pero la medida no encontró apoyo social, lo que empujó al Gobernador a dar marcha atrás en la implementación, y a su derogación el lunes 30 de diciembre.
La actividad minera metalífera se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de proteger el agua. Por tal motivo, la modificación de esta ley generó una fuerte tensión social, donde se produjeron movilizaciones masivas en contra del uso de sustancias tóxicas y en defensa del bien escaso.
“La velocidad con que se movieron los políticos demuestra que lo que hicieron va en contra de los intereses del pueblo y a favor del sector minero y petrolero y la gente no la avala”, expresó la ingeniera Analía De Gumucio, presidenta de la Asociación Conciencia Ambiental. Por su parte para Andrés Nápoli, presidente de FARN, “el Gobierno se apuró porque era consciente de la dificultad que iba a tener para aprobar esta normativa, y aprovechó dos circunstancias: la asunción presidencial y la del gobernador para poder llegar a su aprobación. Para los temas ambientales se necesita la legalidad y la legitimidad, traducida como licencia social para operar”.
La nueva Ley 9.209 introducía, entre otros cambios, la eliminación de la prohibición del uso de sustancias químicas y sustancias tóxicas “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Ya no será necesario aprobar por ley las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), pero se establece que estos estudios deberán contener informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
También se especificaron las tareas que tendrá la Policía Ambiental y que deberá informar anualmente a la Comisión Bicameral de Control Ambiental. Así mismo, se estableció que las Audiencias Públicas deberán hacerse en los municipios donde se localice cada proyecto y se creará un Fondo de Compensación para la gestión integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que se conformará con el 1,5% de las ventas de cada emprendimiento minero.
Una problemática real
La escasez de agua es una problemática que afecta a todo el territorio mendocino. Durante los últimos 10 años, se han implementado una serie de políticas públicas y obras de infraestructura para mantener la disponibilidad hídrica y garantizar el suministro requerido, promoviendo su uso responsable, sosteniendo la producción agrícola y mitigando el impacto producido por el cambio climático.
Ya lo dijo el gobierno mendocino en 2017 en el marco de un conflicto con La Pampa por los recursos hídricos del río Atuel: “Mendoza solo puede conocerse cabalmente si se entiende que está sentada sobre el desierto y que su alta fragilidad ante al recurso hídrico hace que el agua sea el centro de gravedad de toda decisión presente y perspectiva futura”.
A pesar de estos esfuerzos, desde 2011 el gobierno provincial viene declarando la emergencia hídrica, e incluso en 2018 precisó que ya no tendrá la misma disponibilidad de recursos que en el pasado, por lo que la escasez de agua es la “nueva normalidad”.
Por este motivo, la minería metalífera es una actividad carente de consenso social por el “compromiso potencial que generaría sobre la demanda del agua”, perjudicando el delicado equilibrio hídrico y afectando a las actividades productivas que dependen de este recurso, como los cultivos como la vid, hortalizas y frutas, principales productos de exportación de la provincia.
“Las sustancias como el ácido sulfúrico, cianuro y afines para estas actividades, lixivian en la tierra, ingresan a las napas, cambian la constitución de los suelos, envenenándolo todo. Incluso, en su reproducción inorgánica, a partir del contacto con el oxígeno y bacterias que trabajan en consecuencia. Si a esto le agregamos, la contaminación por los explosivos y los diques de cola, la ecuación es terrorífica”, describió Luciana Gagliardo, Presidente de la ONG Conciencia Solidaria.
Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMAP).
“Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista”, declaró Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMAP).
La 7.722, una ley social
En 2005, diversas empresas mineras manifestaron su interés en explotar el Valle de Uco, lo que generó que los habitantes comenzaran a movilizarse para reclamar por una legislación que proteja el agua de la provincia. Cámaras de comercio y agricultores apoyaron la posición, preocupados por la demanda y uso de grandes cantidades de agua por parte de la minería.
En este marco, se presentó el proyecto de ley para suspender el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto la provincia tuviera aprobado su Plan Ambiental. Si bien el proyecto fue aprobado por el Congreso provincial en diciembre de 2006, el entonces gobernador Julio Cobos la vetó, tildándola de inconstitucional. Sin embargo, las movilizaciones y cortes pacíficos continuaron, y en junio de 2007 se logró la aprobación de la Ley provincial Nº 7.722.
“Implementar las modificaciones que establece la nueva normativa representaría una violación de los principios preventivo, precautorio y progresivo, de la política ambiental, establecidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675)”, explicó Nápoli y detalló: “El principio de progresividad, señala que una vez alcanzados ciertos estándares de protección ambiental no podrán retrotraerse, aunque sí pueden endurecerse”.
El pasado 30 de diciembre comenzó a tratarse la derogación en el Palacio Legislativo. “La restitución de la 7.722 significa un enorme triunfo del pueblo mendocino. Les dimos una lección de democracia y ciudadanía, para que empiecen a gobernar escuchando al pueblo y no a los intereses de las grandes multinacionales”, expresó Giraud.
La minería como política de estado
El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo, quien celebró haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada.
“Gracias al avance tecnológico la minería dejó de ser un riesgo para convertirse en una gran oportunidad para un país que además necesita producir, crecer y exportar. La minería allí tiene un foco relevante porque exporta mucho de lo que produce, y la única forma de hacerse cargo de las obligaciones es exportando”, declaró el Presidente de la Nación públicamente.
Sin embargo, frente a las masivas movilizaciones que vienen llevándose adelante en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, emitió un comunicado en el que buscó separar al gobierno nacional de la problemática, al precisar que “la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”.
El jueves 26 se conoció la decisión del gobernador de frenar la reglamentación, quien aseguró: “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”.
En esa misma línea, expresó: “Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, y justificó la necesidad de habilitar proyectos mineros para “ampliar la matriz productiva de la provincia”.
Alberto Fernández coincide en que la minería es una fuente de riqueza y es necesario explotar los recursos naturales para sacar a millones de argentinos de la postergación. Pero pone dos condiciones: el acuerdo social y el respeto a las normas ambientales. Entre los principales intereses del Gobierno, se encuentran el desarrollo del litio y del silicio, así como el potasio en Mendoza. Por eso, la minería fue uno de los sectores beneficiados con una baja del 12% al 8% en las retenciones a las exportaciones.
Por su parte, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) realizó un estudio sobre los recursos que podrían extraerse del suelo mendocino, y estimó que podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, teniendo en cuenta mano de obra directa e indirecta. Es que existen alrededor de 20 proyectos en carpeta esperando activarse. Los empresarios aseguran que se reactivaría una actividad que movería recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral).
En lo que respecta a ingresos, Camem proyectó que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares, incluyendo consumos en bienes y servicios, y el compre local. En cuanto a la recaudación de la provincia, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares.
Sin embargo, los asambleístas estarán atentos a lo que ocurra en la legislatura: “Creemos que no se van a quedar quietos. Tememos que el gobierno siga actuando a favor de estos intereses, y que desarrolle una enorme campaña, como cuando dijo que todos estos movimientos se debían a una falta de información adecuada por parte de la ciudadanía. Nosotros queremos que el 40% de la población salga de la pobreza, pero tiene que ver con una crisis nacional más que provincial o ligada a nuestra matriz productiva”, asegura Giraud.
Recientemente en Chubut también se empezaron a organizar movilizaciones en contra de la minería, demostrando que existe una creciente conciencia de lo que significan este tipo de actividades. “Son desarrollos vinculados a la exportación, donde los territorios solo se quedan con los pasivos, y el empleo no genera notables cambios. Es hora de que entiendan que los temas ambientales no son temas aislados, marcan agenda en relación a los derechos humanos”, aseveró Nápoli.
Y concluyó: “El mensaje que se le envía al Gobierno Nacional es que los temas de desarrollo en las provincias no solamente forman parte de las decisiones de gobiernos o empresas y sindicatos, sino que hay multiplicidad de actores que tienen que participar de una mesa de diálogo y establecer si es viable o no una actividad”.
El Presidente hizo propio el reclamo de uno de los carteles del público, en un claro rechazo a la legalización del aborto durante la marcha del “Sí, se puede” que se realizó en Mendoza.
Mauricio Macri pidió “cuidar la democracia y vivir en paz” y se pronunció “a favor de las dos vidas”, en un claro rechazo a la legalización del aborto durante la marcha del “Sí, se puede” que se realizó en Mendoza, como parte de la campaña con la que busca su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo.
Macri afirmó que “hoy estamos mejor parados que hace 4 años” y, tras enumerar la realización de distintas obras, añadió: “Empezamos también a pelear contra el narcotráfico: tenemos 85 mil detenidos en estos tres años y medio”. Fue al hablar ante una multitud en el acto que se hizo en el Parque O’Higgins de la capital mendocina, organizado por el espacio oficialista Juntos por el Cambio.
El Presidente, quien estuvo acompañado en el palco por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y su sucesor, el mandatario provincial electo, Rodolfo Suárez, afirmó creer “en lo que estamos haciendo juntos, y en lo que vamos a hacer juntos; nos unen muchas cosas, y decimos no a la impunidad”.
Macri se pronunció “claramente a favor de las dos vidas” al hacer propio el reclamo de uno de los carteles del público que participaba de la marcha del “Sí, se puede”, donde convocó a “dar vuelta esta elección” tras los resultados de las PASO.
“¿Qué dice ahí?. No veo, no veo. ¿Qué dice?. Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, expresó el jefe del Estado al sostener su postura en contra del aborto legal y hacer suya la leyenda de uno de los carteles que se levantaba entre el público.
El jefe de Estado señaló, además, que “los que estamos acá no nos resignamos, creemos que hay una Argentina mejor para todos, y está mucho más cerca de lo que podemos ver”.
Respecto de los comicios del 27 de octubre, el Presidente manifestó: “tenemos que transmitir que acá no hay especulación, y que creemos en lo que estamos haciendo. Esta elección tiene que tener la misma o mayor participación que la de 1983. Todos a votar”, invitó e insistió en la importancia de “fiscalizar y cuidar nuestro voto”.
Asimismo, expresó que participar de la marcha significa “estar haciendo historia, porque esto cambia la historia de nuestro país”, y advirtió: “yo voy a estar acompañándolos, diciéndoles que no se resignen, porque sí, se puede”.
“Tenemos que transmitir que acá no hay especulación, y que creemos en lo que estamos haciendo. Esta elección tiene que tener la misma o mayor participación que la de 1983. Todos a votar”, dijo Macri a los mendocinos que lo acompañaron con banderas celestes y blancas y numerosas pancartas de apoyo.
En algunos carteles se pudo leer: “Mendoza libre de la mosca del Mediterráneo y libre de kirchneristas”, “Nos une defender la república”, “Si se puede”, y “Fuerza gato”.
Cornejo, por su parte, agradeció a “todos los que han venido espontáneamente: ustedes representan esa Argentina que quiere trabajar, producir y transformarse en paz”, y pidió “un voto categórico para Mauricio Macri”. “Mucha gente que no quiere ladrones en el poder, no quiere inseguridad ni que los delincuentes anden sueltos por la calle y que la gente deba esforzarse para alimentar vagos que tienen protección política”, afirmó.
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, en tanto, consideró que el acto “fue récord de gente en mucho tiempo”.
Más de 1.400.000 electores están habilitados para elegir al gobernador que sucederá al radical Alfredo Cornejo, entre cuatro candidatos de las fuerzas que compiten.
Los mendocinos acudirán este domingo a las urnas para elegir a su nuevo gobernador para el período 2019-2023, en una disputa que se centrará principalmente entre los frentes Cambia Mendoza, que postula al actual intendente de la capital de la provincia, el radical Rodolfo Suárez, y a Elegí Mendoza, cuya candidata es la senadora nacional ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
Además, el Frente de Izquierda y Protectora Fuerza Política buscarán dar la sorpresa, aunque los indicios señalan que la elección se polarizará entre la alianza conformada por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Partido Demócrata, y la coalición que lleva al peronismo, Kolina, Proyecto Sur y el Partido Comunista, entre otros.
La jornada tendrá un ingrediente extra: el viento zonda que pronostican soplará muy fuerte desde los Andes y elevará la temperatura hasta más arriba de los 35 grados.
Las autoridades recomiendan ir a votar temprano. Se verá, entonces, cómo la presencia del aire caliente influye en el desarrollo de la elección.
Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza desde 2015, está acompañado en la fórmula por su par de la ciudad de Junín, Mario Abed, quien gobierna en esa comuna de manera ininterrumpida desde 2003.
El jefe comunal radical fue consagrado candidato de Cambia Mendoza, la representación de Juntos por el Cambio en esta provincia cuyana, luego de derrotar en las PASO de junio pasado al intendente de Luján de Cuyo, el macrista Omar de Marchi, por una diferencia de más de cuarenta puntos.
De hecho, el candidato a gobernador por el oficialismo provincial no sólo fue el postulante más votado en las primarias, sino que su coalición aventajó por más de siete puntos a Elegí Mendoza, en cuya interna Fernández Sagasti derrotó ajustadamente al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, por menos de tres puntos de diferencia.
En aquella elección de junio, Protectora, que postula al diputado nacional José Luis Ramón, quedó en tercer lugar, con poco más del ocho por ciento de las preferencias, relegando al cuarto puesto a Noelia Barbeito, la representante del Frente de Izquierda.
Pese a los buenos números que obtuvo Cambia Mendoza (sobrepasó los 45 puntos), cuyos dirigentes más reconocidos en la provincia son el gobernador Alfredo Cornejo y el senador nacional Julio Cobos, todos de origen radical, las PASO nacionales que se celebraron en agosto borraron las sonrisas del oficialismo y arrojaron un manto de dudas sobre las posibilidades de triunfo.
En ese aspecto, se dio en Mendoza (donde no existe la reelección de gobernador) la tendencia que viene reiterándose en el resto de las provincias que ya adelantaron sus comicios: los votantes deciden una cosa a nivel local, y otra a nivel nacional.
En las primarias del mes pasado, los candidatos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, del Frente de Todos, fueron los más votados en la provincia, alcanzando el 40,48 % de los votos (tres puntos más que Fernández Sagasti).
La fórmula de Juntos por el Cambio, compuesta por el presidente Mauricio Macri y el senador nacional Miguel Angel Pichetto, arañó el 37 %: ocho puntos menos que la fuerza que los representa a nivel provincial.
Curiosamente, para diputados nacionales, el peronismo obtuvo una ventaja de sólo el 0,8 por ciento sobre los postulantes de Cambia Mendoza, como se llamó Juntos por el Cambio en la categoría de legisladores.
La separación de los comicios provinciales de los nacionales estipulada en una ley provincial resultó en beneficio de los correligionarios del gobernador Cornejo, quien en el último año tuvo varios desacuerdos con el oficialismo nacional, que no ataron sus chances a la suerte electoral de la fórmula Macri-Pichetto.
Mañana, además, el poco más del millón 400 mil votantes mendocinos deben elegir la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado provinciales, intendentes y concejales.
En la Cámara baja, Cambia Mendoza tiene 25 de 48 legisladores. En la Cámara alta, en tanto, 19 de los 38 senadores representan al oficialismo provincial.
Patricia Durán, presidenta de la Federación Misionera de Turismo, aseguró que los vuelos de las Low Cost generaron un movimiento muy fuerte en la ciudad de las Cataratas. “Lo único que podemos hacer es acompañar el reclamo que se está haciendo desde Nación”, se lamentó.
La decisión de
la jueza federal, Martina Forns, de hacer lugar al pedido de un vecino del
aeropuerto de El Palomar y suspender los vuelos nocturnos por los “ruidos
molestos”, generó la preocupación de los empresarios de Puerto Iguazú, primera víctima
que vio cancelada la ruta que unía la ciudad con Mendoza.
La empresaria hotelera, Patricia Durán, presidenta de la Federación Misionera de Turismo, expresó que existe una gran preocupación del sector por las consecuencias que está generando en la economía de uno de los principales destinos turísticos del país.
“Sabemos que esto va a traer consecuencias a nivel económico porque se había generado un movimiento muy fuerte. La verdad nos sorprendió y escapa a lo que podemos hacer lamentablemente. Lo único que nos queda es acompañar a la provincia y a la Nación en los reclamos que están haciendo”, sostuvo y añadió en el programa TDM de Canal 12, “el sector privado ya hizo las quejas, ahora esperemos a ver qué hace el sector público”.
De acuerdo a
lo que informaron desde la firma, hay 190 mil pasajes desde y hacia Iguazú,
pueden ser cancelados hasta marzo de 2020 y la proyección es que en total habrá
un millón de pasajeros afectados.
En tanto que
JetsMart, la otra low cost que opera en el aeropuerto iba a decidir esta semana
si reprograma o también cancela vuelos hacia las provincias, aunque en
principio se inclinaría por la reprogramación, señalaron voceros oficiales.
