Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que los colegios inmobiliarios “son un problema”, generaron una fuerte reacción en el sector inmobiliario de Misiones. Corredores, empresarios y referentes del rubro rechazaron la idea de eliminar la matrícula obligatoria y advirtieron que avanzar en esa dirección implicaría más informalidad, riesgo de estafas y una mayor desprotección para compradores e inquilinos.
Sturzenegger cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.
Para Sturzenegger, ese esquema termina afectando al usuario final. “Cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”, sostuvo.
Con críticas directas a lo que definió como “privilegios creados por ley”, afirmó que enviarán un paquete legislativo con temas de desregulación en los próximos meses para “buscar eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.
“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, sentenció.
Desde Misiones, la respuesta fue contundente: corredores y empresarios sostienen que lejos de significar una modernización, la medida debilitaría los controles, afectaría la transparencia del mercado y dejaría a los consumidores expuestos frente a operadores sin formación ni respaldo institucional.
“Lamentable”, definió Juan Maidana, primer presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones.
Haene: “Se debilitaría la seguridad jurídica”
Maximiliano Haene, de Haene & Castuariense, también rechazó la posible desregulación y planteó que el sistema de colegios inmobiliarios cumple una función central: controlar quiénes están habilitados para intervenir en operaciones de alto valor patrimonial.
“Creo, en carácter personal y también lo he hablado con gente del colegio, que no vendría a ser una decisión del todo correcta por parte del Gobierno nacional, porque los colegios inmobiliarios de cada provincia regulan la matrícula de los profesionales que se dedican al corretaje inmobiliario”, sostuvo.
Haene advirtió que una eventual desregulación podría debilitar la seguridad jurídica del mercado. “Habría un debilitamiento de la parte jurídica, de una seguridad jurídica, ya que se pierde el control de quién está efectuando las operaciones inmobiliarias”, señaló.
El empresario comparó la función del colegio inmobiliario con la de otras instituciones profesionales, como los colegios de abogados o arquitectos. En todos los casos, explicó, el objetivo es garantizar idoneidad, responsabilidad y un marco de control sobre quienes ejercen la actividad.
“Cuando dejamos la libertad absoluta no se sabe realmente quién está haciendo o generando un determinado negocio, en este caso un negocio muy importante para las personas, como una inversión inmobiliaria, la compra de una vivienda, la venta de una vivienda o algún tipo de negocio inmobiliario”, remarcó.
En esa línea, Haene advirtió que la desregulación abriría un riesgo concreto de fraude e informalidad. “Hay un riesgo claramente, una posibilidad de fraude o de informalidad, porque no se sabe realmente quién está actuando”, afirmó.
También destacó que la matrícula permite aplicar sanciones ante eventuales malas prácticas. “Cuando actúa un colegiado, tiene atrás una matrícula y el colegio puede llegar a sancionar ante un tribunal de ética debidamente compuesto, como tiene el Colegio Inmobiliario de Misiones. En caso de que haya alguna mala praxis por parte de un corredor, se le puede suspender la matrícula y eso conlleva la imposibilidad de trabajar en el rubro inmobiliario”, explicó.
Haene rechazó además el argumento de que los colegios encarecen las operaciones. “No tiene un fundamento realmente válido, porque lo que cobra el corredor inmobiliario son honorarios por el trabajo que hace. Los corredores inmobiliarios o el colegio no imponen costos extras ni al Estado ni a las operaciones en sí”, sostuvo.
Por último, introdujo un punto jurídico clave: la regulación de las profesiones es una facultad provincial no delegada a la Nación. “Hay que tener en cuenta que en la Argentina la regulación de los profesionales es una facultad no delegada por las provincias a la Nación, por la Constitución Nacional, en el artículo 121. Así que una desregulación por parte del Gobierno nacional debería ser avalada por la provincia de Misiones para que se pueda aplicar en Misiones”, concluyó.
Y cerró: “Desde el sector inmobiliario no vemos con gratitud la posibilidad de desregularizar, por todos los argumentos comentados anteriormente”.
“Sin regulación, aparecen más estafas”
Para Aarón Ortas, CEO de Fénix Inmobiliaria, eliminar o debilitar los colegios profesionales sería un error que terminaría perjudicando a los propios clientes.
“No es algo positivo. Hay profesiones que tienen que estar reguladas, como un escribano, un dentista o un médico. En este caso, los colegios inmobiliarios regulan la profesión y dan herramientas al asesor, no solo como respaldo de la ética laboral, sino también como formación permanente”, explicó.
Ortas remarcó que la matrícula profesional no solo protege al corredor, sino especialmente al comprador.
“Poder decir ‘soy una persona matriculada’ da mucha fuerza. A las personas compradoras les da mucha seguridad operar con alguien matriculado”, señaló.
Además, advirtió que una apertura sin controles favorecería la proliferación de operadores informales.
“Lo único que va a hacer es que empiece a haber gente trabajando en la calle sin matrícula, ofreciendo propiedades, generando estafas y equivocaciones. No todos entienden de fideicomisos, contratos de seña, boletos de compraventa, sucesiones o escrituras”, sostuvo.
Incluso, consideró que el efecto podría ser el contrario al que busca el Gobierno: “Va a terminar cotizando en alza a las inmobiliarias que sí hacen bien su trabajo”.
“Los mercados más desarrollados están regulados”
El ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo César Daviña, fue todavía más duro y calificó la propuesta como “una falacia”.
“Es una falacia lo que plantea. Los mercados más desarrollados en materia inmobiliaria están regulados. Aquí opera un lobby muy fuerte de las franquicias que pretenden que agentes sin formación puedan intervenir”, afirmó.
Daviña sostuvo que incluso en países tomados como ejemplo de liberalización, como Estados Unidos o Nueva Zelanda, el ejercicio inmobiliario exige licencias, formación previa, exámenes, controles éticos y actualización permanente.
En Estados Unidos, recordó, para actuar como agente o broker es obligatoria una licencia estatal; en California, por ejemplo, existe regulación desde 1917 y supervisión directa del Departamento de Bienes Raíces. En Nueva Zelanda, la Real Estate Authority exige certificaciones académicas, evaluación de idoneidad y supervisión continua.
También citó el caso de España, donde la desregulación de 2000 derivó en una fuerte desprofesionalización del sector y una posterior marcha atrás.
“Desde 2015 varias comunidades autónomas reintrodujeron registros obligatorios, formación y seguros. Incluso los territorios que inicialmente apostaron por la desregulación hoy retoman controles”, señaló.
“No somos un costo, somos una garantía”
Desde Lewitt Inmobiliaria, Eliana Lewitt también expresó preocupación por el mensaje político detrás de la propuesta.
“Me preocupa que se comunique así, simplemente como una desregulación, sin mostrar la importancia que tiene la tarea. Hay mucho desconocimiento y la gente puede pensar que esto se puede hacer sin ninguna capacitación”, advirtió.
Lewitt recordó que el trabajo inmobiliario impacta directamente sobre el patrimonio de las personas.
“Uno interviene en acrecentar o disminuir el patrimonio de alguien. Tener garantías, transparencia y responsabilidad es fundamental”, indicó.
Además, cuestionó la idea de reducir la discusión solo al nivel de las comisiones.
“Sí, las comisiones son altas, pero también esto es un trabajo a riesgo. Hoy la inversión que uno tiene que hacer es enorme: tecnología, estructura, difusión, controles, capacitación permanente”, explicó.
Y agregó un punto central: aunque la actividad está alcanzada por Defensa del Consumidor, considera que el colegio profesional sigue siendo un resguardo preventivo.
“El colegio no siempre acciona mucho, pero sí sirve como un marco regulatorio, un marco de cuidados. Hay algo más grande que engloba la tarea”, afirmó.
El trasfondo: libertad de mercado o desprotección
En el sector coinciden en una idea: cualquier persona puede comprar, vender o alquilar sin un corredor inmobiliario; lo que se discute no es la libertad de operar, sino quién puede cobrar honorarios profesionales por intermediar en operaciones de alto valor patrimonial.
Para los corredores misioneros, la diferencia es sustancial: el profesional matriculado debe cumplir requisitos de formación, antecedentes penales, normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), prevención de lavado de activos y códigos de ética.
Eliminar ese esquema, sostienen, no ampliaría libertades sino que reduciría garantías.
La discusión recién comienza, pero en Misiones ya hay una posición clara: para el mercado inmobiliario local, desregular no significa necesariamente modernizar, sino asumir el riesgo de volver más opaco un negocio donde la confianza sigue siendo el principal activo.
