México ratificó la prohibición del glifosato
El Gobierno de México, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ratificó una medida histórica para la región: la prohibición de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y, también, el uso del herbicida glifosato, con fecha límite en el 2024. El decreto, publicado el 13 de febrero, se trata de una modificación del publicado en diciembre de 2020 para extender las fechas de prohibición y limitar los alcances al consumo humano pero no a la importación de maíz para forraje u otros usos industriales. Estos cambios tiene un motivo de fondo: las presiones de Estados Unidos —productor y exportador del maíz y del paquete de agroquímico y semilla— y de las multinacionales del agronegocio a través de mecanismos incorporados en el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El decreto cita la Constitución mexicana para reconocer la obligación del Estado de cumplir con “derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y “a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas”, en un país que se autoabastece de maíz blanco para el consumo humano. Además, respecto de la prohibición del uso de glifosato y los agroquímicos que lo tengan entre sus activos en 2024, el decreto cita las investigaciones científicas que “han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud, el medioambiente y la biodiversidad” y cómo el agroquímico “ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC-OMS)”.
A pesar de los argumentos, el decreto fue publicado horas antes de que venciera el plazo impuesto por Estados Unidos para que México “explique las bases científicas de las prohibiciones contra el maíz transgénico y el glifosato”, desconociendo las investigaciones existentes e incluso fallos judiciales en suelo estadounidense, bajo amenaza de dirimir el tema en el panel de violaciones al T-MEC.
La secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, explicó que el objetivo del nuevo decreto, que sustituye al de 2020, es “eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas”, o sea, “que lo único que no se podrá comprar al extranjero es maíz genéticamente modificado que tenga como destino final el consumo humano”. Estados Unidos también logró extender la fecha de la entrada en vigencia de la prohibición de la aplicación de glifosato: el decreto anterior ponía el límite en enero de 2024, cuando finaliza el mandato de López Obrador. Ahora, será en marzo de 2024, cuando ya podría haber un gobierno alineado a otros intereses.
Las modificaciones y el lobby de las transnacionales para mantener el maíz transgénico en México
¿Cómo se ajustaron esas “imprecisiones” en el nuevo decreto? Por un lado, precisa que “regula el uso del glifosato y de las semillas y grano de maíz genéticamente modificado, no así de otros agroquímicos, granos o plantas”. En tanto, incorpora el criterio de “autosuficiencia” para hacer más laxos los plazos del fin de las importaciones de maíz transgénico y sostiene que la prohibición será, en lo inmediato, para “la alimentación humana, que es la que se realiza en el sector conocido como de la masa y la tortilla (…) sin que ello implique que no se otorguen autorizaciones para el uso del maíz genéticamente modificado para alimentación animal o uso industrial”.
Las negociaciones por parte de Estados Unidos para flexibilizar el decreto llevaron a reuniones entre el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y el propio López Obrador, en las que se barajó estirar la fecha de prohibición a 2025. Es que, según cifras oficiales, el negocio de la exportación de maíz transgénico ronda los 5000 millones de dólares para las empresas transnacionales.
De esta manera, con el decreto en vigencia, México podrá seguir importando maíz transgénico desde Estados Unidos para forraje, pero no para la elaboración de productos comestibles como hojuelas de maíz, fructosa y aceites, entre otros. Además, la canola, la soja, el algodón y el resto de las materias primas del modelo transgénico quedan fuera de la regulación.
En cuanto al uso de glifosato el decreto, si bien extendió hasta marzo la fecha límite para su prohibición, ratifica en su artículo 4 el objetivo que “la Administración Pública Federal, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato”. Con eso objetivo, en el artículo 5 propone que hasta marzo de 2024, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan “sustentar y proponer alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato”.
Incluso, en los considerandos del decreto, se menciona que ya se encuentran en desarrollo 5 herbicidas agroecológicos de manufactura mexicana, a cargo de empresas y universidades públicas; y que existen otros siete en el mercado mundial.
En una reciente columna, Fernando Bejarano, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), detalló cómo la representante de Syngenta en Estados Unidos, Mary Kay Thatcher, lideró las reuniones con productores en Iowa –estado maicero– para aumentar la presión sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, para que “vaya con el presidente de México y le diga: ‘esto tiene que terminar’”. El temor de las empresas del agronegocio es que la prohibición siente precedente que luego avance sobre la soja transgénica, algo que el reciente decreto de López Obrador aclaró que no sucederá por el momento.
Bejarano precisó que fueron dos senadores republicanos de Iowa los que pidieron la creación de un panel de “solución de controversias” por violaciones al T-MEC (sobre la base de un estudio que señalaba las pérdidas económicas que implicaría dejar de exportar maíz transgénico a México). El estudio fue financiado por las empresas del agronegocio en Estados Unidos y México, entre ellas Croplife América, que reúne a las empresas Bayer-Monsanto, Corteva, Grupo Syngenta y BASF, las cuales juntas controlan el 62 por ciento del mercado de plaguicidas en el mundo.
Bejarano también anticipó el peligro que implicaba sostener la importación de maíz transgénico para forraje: “El maíz amarillo importado se destina principalmente para la engorda del ganado que se exporta y para la agroindustria. Pero nada garantiza que si continúa esta importación no se mezcle con el maíz blanco de las tortillas o se use en alimentos procesados y termine con residuos de glifosato, como se demostró un estudio de la Universidad de México (UNAM) en 2017”. Y agregó: “Hay que considerar además que las tolerancias de residuos de glifosato en granos para el ganado en Estados Unidos pueden ser hasta 100 veces mayores que las autorizadas para consumo humano”.
“Sin Maíz No Hay País”
A pesar de las presiones y limitaciones, la decisión tomada en 2020 por el gobierno de López Obrador tuvo ya impactos positivos. Según precisa el decreto, el país ya avanzó en el objetivo “la sustitución gradual del glifosato con alternativas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”. Entre 2021 y 2022, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología redujo un 50 por ciento la recomendación de importación de glifosato, mientras que “programas de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida han mostrado avances significativos en la transición agroecológica, así como en la difusión y escalamiento del uso de bioinsumos y alternativas agroecológicas con experiencias exitosas en todo el país para diversos cultivos”.
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Estos cambios son impulsados desde hace veinte años por la Campaña Sin Maíz no hay País, que reúne a un amplio colectivo de organizaciones en defensa del maíz nativo. Tras la publicación del nuevo decreto el colectivo se pronunció con un análisis de ambos textos. En principio valoró cuatro ejes centrales que se mantuvieron a pesar de algunos cambios:
- La restricción que impide al gobierno federal adquirir maíz genéticamente modificado y glifosato.
- La fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.
- La prohibición de liberar (sembrar) maíz genéticamente modificado.
- La prohibición de utilizar maíz genéticamente modificado en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.
Marcados estos puntos positivos, la Campaña Sin Maíz no hay País advirtió sobre “resquicios que obligan a las organizaciones y a la ciudadanía en su conjunto, a participar de forma decidida para lograr leyes con sus respectivos reglamentos”. En ese sentido, el colectivo marcó como primer punto que el cumplimiento debe estar cruzado por el cumplimiento del “principio precautorio” para prevenir daños graves o irreversibles en la práctica del cultivo del maíz, que México domesticó “hace más de 7000 años y que nuestro país es centro de origen y diversificación permanente”.
Respecto de la “evidencia científica” exigida por Estados Unidos bajo amenaza de llevar a México ante un panel de controversias del T-MEC, la Campaña valoró las citas a las investigaciones internacionales que se mencionan en el decreto y agregó que la Cibiogem, organismo dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “ha publicado un amplio expediente al respecto. Sin embargo, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.
El documento del colectivo de organizaciones también mostró preocupación por la “trazabilidad” del maíz transgénico que continuará importándose para forraje y otros usos industriales debido a que el nuevo decreto señala que “será responsabilidad de quien lo utilice”, por lo que cita los estudios de la UNAM y la Asociación de Consumidores Orgánicos que han encontrado glifosato y transgénicos en alimentos para consumo humano. “Es indispensable establecer controles a partir de leyes y reglamentos que incluyan sanciones”, exigen desde la campaña y proponen avanzar en una ley de etiquetado de los productos que contengan transgénicos, que ya funciona en países de la Unión Europea.
En ese mismo sentido, advierten como el criterio de “autosuficiencia” del abastecimiento del maíz para el forraje y el uso industrial puede terminar siendo un condicionante y exigen “políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia”.
“La actual polémica entre México y Estados Unidos evidencia lo que la Campaña Sin Maíz no hay País ha planteado durante años: el maíz en México y en Estados Unidos corresponde a dos realidades distintas e incompatibles. En México el maíz es el principal alimento y tiene connotaciones culturales que son base de la identidad de millones de personas. En Estados Unidos, en cambio, el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados, y para generar agrocombustibles”, sostiene el documento de la Campaña y recomienda al gobierno mexicano hacer valer las cláusulas de soberanía nacional que están presentes en el tratado T-MEC, particularmente en torno a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
