La reunión se concretará en los próximos días.Los sindicatos habían puesto en duda el comienzo de las clases. Además habrá subsidios para pagar las cuotas de los colegios privados.
Luego de que los gremios pusieran en duda el arranque de las clases, el Gobierno confirmó que convocará en los próximos días a los sindicatos docentes para discutir la paritaria nacional.
Según indicaron fuentes de la Secretaría de Educación a Clarín, el encuentro se concretará en los próximos días, antes del arranque del ciclo lectivo 2024.
El llamado a reunión implica un giro en la postura oficial. “No es tal, no existe la paritaria docente nacional”, había dicho el portavoz presidencial Manuel Adorni este miércoles, aunque -más allá del tecnicismo- el funcionario había admitido que la convocatoria se estaba “evaluando”.
“Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores“, remarcó entonces Adorni, en línea con la mirada del Gobierno ante el conflicto. En el mismo sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había ratificado otro punto que hace a los reclamos del sector educativo: la interrupción del pago, por parte de Nación, del incentivo docente, un plus salarial que compone hace años los sueldos de los maestros.
Ese panorama había puesto a gremios docentes en alerta y sindicalistas como Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, había advertido que de no darse esta instancia paritaria, peligraba el inicio de clases al proyectar un “escenario muy conflictivo”.
Alesso había asegurado que el conflicto empezó por la falta de pago del Gobierno nacional a las provincias del incentivo docente, algo que es obligatorio por “una ley de 1998 que ningún gobierno incumplió hasta ahora”. “Se tienen que cumplir, no es una cuestión de antojo ni humor“, consideró la sindicalista docente.
En esta línea, Alesso contó el martes que había una reunión pautada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, pero fue suspendida repentinamente. A partir de ahí, el conflicto escaló a tal punto que Sergio Romero, dirigente de UDA, gremio docente nacional de la CGT, planteo que un paro nacional estaba “prácticamente decidido“.
El reclamo sindical que buscará saldar el Gobierno nacional implica, por un lado, la negociación paritaria nacional, que la Secretaría de Educación convocará en los próximos días.
Por otro lado, la falta de transferencia a las provincias de los fondos que en los últimos años venía enviando la Nación para el complementar el pago de salarios, y que comúnmente se resumen como “incentivo docente”.
Este es un motivo de preocupación también de los gobernadores, que la semana pasada se expresó en una carta firmada por los 24 ministros de Educación de todas las jurisdicciones, en la que le solicitaron al ministro Carlos Torrendell “una pronta respuesta”.
Fuentes de la cartera de Educación dijeron que “los pagos de FONID para el último trimestre de 2023 están asegurados, se encuentran en Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias”. Y que “frente al presupuesto 2024 estamos trabajando en una propuesta superadora”.
Los vouches para los antiplaneros
La noticia fue recibida con mucha expectativa por los colegios privados y por las familias: el presidente Javier Milei anunció hoy que prepara un mecanismo de asistencia para la clase media para pagar las cuotas de las escuelas, dadas las fuertes subas antes de comenzar el ciclo lectivo. Aunque por ahora son más las incógnitas sobre cómo funcionará y el alcance real que pueda tener, que las certezas. Porque lo cierto es que por el momento no es mucho más que una expresión de deseo del Presidente, una idea que recordó a los vouchers de la campaña, que puede sonar interesante, pero que en la práctica puede encontrarse con distintos escollos.
Los últimos números apuntan que las escuelas privadas cerraron el año pasado con una morosidad del 20%, con una baja en las inscripciones del nivel inicial del 15% y con muchas dudas y enojo de los padres sobre cómo enfrentar los aumentos de las cuotas que se dan en todos los meses del año. Además, como se eliminó el mecanismo para que las instituciones informen a la Secretaría de Comercio cada vez que suben la mensualidad, esto podría significar más alzas sin la certeza de cómo pagarlos.
La llegada de esta ayuda a las familias para que no tengan que cambiar a sus hijos de los colegios se anunció que funcionará como un “mecanismo de asistencia para la clase media”. Es decir, una forma de subsidiar la demanda y no la oferta. En la práctica, se supone que las familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas, que hayan sufrido grandes aumentos en los últimos meses como consecuencia de la inflación, recibirían una ayuda del Estado para no tener que cambiar a sus hijos de escuela. Lo que no se sabe aún es cómo se va a implementar, a quiénes les va a corresponder y a quiénes no. O cómo será el trámite para acceder a esa ayuda. Además, de cómo hará el Estado para verificar que ese fondo se utilice efectivamente para pagar la escuela.
Hoy la subvención del Estado alcanza a unos dos millones de alumnos en todo el país, mientras que los estudiantes de las instituciones privadas (con o sin aportes del Estado) son unos tres millones. Del total, unos 600.000 (el 20%) terminaron el año adeudando cuotas. Significa que la ayuda debería alcanzar al menos a ese número de beneficiarios.
Si bien, representantes del Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, mantienen reuniones con los autoridades de los colegios privados, lo cierto es que recién se está comenzando a delinear cómo podría ser este plan para alcanzar a aquellas familias que, sin esa ayuda, deberían cambiar a sus hijos a colegios públicos.
“Es una buena noticia, todo lo que sea ayuda para las familias en educación y para las escuelas es muy importante porque la clase media también necesita recibir ayuda en momentos de crisis. Generalmente, es la gran olvidada de los gobiernos y me parece que es muy importante que la clase media sea tenida en cuenta porque es quien generalmente recibe el golpe más duro cuando hay momentos de crisis económica”, opinó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba).
Hoy, en el país hay unas 14.200 escuelas privadas. De ellas, unas 10.000 tienen algún tipo de subvención: algunas reciben del Estado los fondos para pagar el 40% de los salarios docentes y otras, hasta el 100%, según datos de la Confederación Argentina de Institutos de Enseñanza Privada (Caiep). Es decir que hay unas 4200 que no reciben ayuda. De ellas, la mitad corresponde a sectores medios y medios alto. Y otras 2100 son escuelas que atienden a una población de menores recursos que las eligen porque la oferta de la escuela pública no le resulta una alternativa: por cercanía, por vacantes, por horarios y también por temas vinculados a la inseguridad y a la calidad educativa, entre otras cuestiones. “Estamos hablando de aumentos interanuales muy elevados y al no tener subsidios, el impacto se traslada al arancel. Hoy la fuente de ingresos en más del 90% de los estudiantes que van a escuelas privadas es un salario”, explica Rodolfo de Vicenzi, presidente de Caiep.
En la provincia de Buenos Aires, el 95% de los establecimientos privados que no reciben aportes del Estado solicitó el subsidio después de la pandemia. Esto significa una crisis enorme que tiene en jaque a más de 200 escuelas. Y muchas de ellos, unas 30 instituciones están al borde del cierre y otros tantos debieron cerrar por no poder sostener la estructura de costos. O porque el valor del metro cuadrado de sus edificios supera a la rentabilidad del colegio.
“Si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos. Es para que tengas el financiamiento para mantener a tus hijos en la escuela, es una contención”, indicó Milei en Radio La Red. También anunció que habrá vouchers para comprar los útiles escolares y que el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, están trabajando en esta medida.
El anuncio del Presidente se da en momentos en que varios colegios privados ya comunicaron aumentos del 30% por encima de los valores informados en octubre en el acuerdo escolar por la suba de insumos, obras edilicias y la inflación, entre otros factores. Además, ocurre luego de que el Gobierno permitiera que las escuelas privadas no estén obligadas a informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten el valor de sus cuotas.
