En el contexto actual de la Argentina, el dato de incidencia de la pobreza publicado esta semana volvió a encender el debate público. Pero no solo por su magnitud, sino por una cuestión más profunda: su capacidad para representar de manera fiel las condiciones reales de vida de la población. ¿Es consistente una fuerte caída de la pobreza en un escenario atravesado por caída del empleo, retracción del consumo, pérdida de poder adquisitivo y mayor endeudamiento de los hogares?
Primero, repasemos los datos. Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas, afectando a unos 8,5 millones de argentinos en los aglomerados urbanos. Esta cifra implica una caída de 9,9 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024 y de -24,7 puntos en relación con el pico registrado en el primer semestre de ese mismo año. Es decir, en apenas un año y medio, la pobreza pasó del 52,9% al 28,2%.
En términos de personas, esto implica que se pasó de 15,7 millones de personas pobres en el primer semestre de 2024 a 8,5 millones en el segundo semestre de 2025: una reducción cercana al 46%. Es decir, se redujo a la mitad la población pobre en el país.
Un fenómeno similar se observa a nivel local. En Posadas, por ejemplo, la pobreza descendió del 55,9% al 27,3% entre esos mismos períodos, lo que representa una caída de 28,6 puntos porcentuales. En cantidad de personas, se pasó de 217.204 a 107.712 pobres, una reducción del 50,4%. Frente a estos números, surge una pregunta inevitable: ¿este resultado refleja efectivamente una mejora en las condiciones de vida?
Lo que sigue a continuación es difícil de explicar, pero quien les escribe intentará hacerlo con la mayor claridad y simpleza posible para un tema que es muy denso desde la metodología. Al fin y al cabo, la medición de pobreza es un ejercicio estadístico y su clave está en entender los mecanismos que se usan para ello y por qué el dato que arroja podría entrar en discusión.
Empecemos con algo básico, la primera pregunta clave: ¿Qué entendemos por pobreza? Aquí entra el primer eje de conflicto o de discusión. La pobreza que mide el INDEC no es subjetiva; por el contrario, es por definición estrictamente monetaria. ¿Qué significa esto? Que una persona es pobre si tiene ingresos inferiores al valor de una Canasta Básica Total, o no es pobre si sus ingresos son superiores a ella. No contempla condiciones de vida o situaciones particulares de un ciclo económico (por ejemplo: alto endeudamiento como ocurre ahora que restringe el ingreso de los hogares). Se calcula un costo de vida (vía Canasta Básica) y se contrasta con los ingresos declarados.
Aquí ingresa la segunda pregunta clave: ¿Cómo se calculan las Canastas Básicas y los ingresos? La Canasta Básica Alimentaria (CBA) representa el umbral de indigencia. Es decir, define el ingreso mínimo necesario para cubrir requerimientos nutricionales básicos y, en caso de no superar ese ingreso mínimo, la persona es considerada indigente. Su construcción parte de una canasta de alimentos que satisface necesidades calóricas y proteicas para lo que se conoce como un “adulto equivalente” (que representa a una persona varón de entre 30 y 60 años), siguiendo recomendaciones nutricionales internacionales. Esa canasta no es arbitraria: surge de patrones de consumo observados en la población que INDEC los toma de la hoy famosa Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHo) y luego se valoriza mensualmente utilizando los precios relevados por el IPC.
A partir de ahí, se ajusta según la composición del hogar. No todos los miembros consumen lo mismo, por lo que se utilizan escalas de equivalencia (lo que dijimos adulto equivalente) para determinar cuánto “pesa” cada integrante en términos de necesidades alimentarias. Es decir, un varón de 30 a 60 años es 1 adulto equivalente, pero un varón de 18 años a 29 años representa 1,02 adulto equivalente, y una mujer de 30 a 45 años 0,77 (dadas las necesidades nutricionales), como ejemplos. Así, la CBA de un hogar no es otra cosa que la suma de los requerimientos alimentarios de todos sus miembros, valorizados a precios corrientes.
En palabras simples: la CBA se construye como el costo de “llenar la heladera” de un hogar para cubrir lo básico en términos de alimentación, teniendo en cuenta que no todos comen lo mismo ni en la misma cantidad. Se arma una canasta tipo, se ajusta según quiénes viven en el hogar y después se la lleva a precios del momento.
Ahora bien, la pobreza no se define solo por la capacidad de cubrir alimentos, sino también otros bienes y servicios esenciales (vestimenta, transporte, salud, educación, entre otros). Ahí entra en juego la Canasta Básica Total (CBT), que amplía la CBA incorporando esos consumos no alimentarios. Acá hay un punto que es clave: cómo se pasa de una (CBA) a la otra (CBT). Para eso se utiliza el coeficiente de Engel, que mide qué proporción del gasto total de los hogares se destina a alimentos. Este coeficiente se estima a partir de las encuestas de gasto de hogares (la ENGHo que mencionamos antes) observando la estructura de consumo de los hogares. ¿Cómo usa el INDEC este dato? Lo que hace es aplicar lo que se llama “la inversa del coeficiente de Engel”.
Es decir, si los hogares destinan, por ejemplo, el 40% de su gasto a alimentos, el otro 60% los hacen en bienes y servicios varios. Así, el coeficiente de Engel (alimenticio) es 0,4 y su inverso (para el resto de los consumos) es 2,5. Ese valor indica cuántas veces hay que multiplicar el gasto alimentario para obtener el gasto total. Por lo tanto, la CBT se calcula como la CBA multiplicada por la inversa del coeficiente de Engel.
Acá entramos en lo que es metodológicamente central: ese método implica asumir que la relación entre gasto alimentario y gasto total es relativamente estable. Pero estamos en Argentina y, en el último tiempo, fenómenos como alta inflación y cambios en precios relativos, entre otros factores, alteran esa relación que se supone estable. Es decir, si hay muy fuertes subas de alquileres o de tarifas, estos no se ven reflejados de manera fiel en el método aplicado y, por ende, introduce tensiones sobre la representatividad de la CBT como umbral de pobreza.
Hasta acá vimos cómo se construyen las canastas. El otro componente fundamental de la medición es el ingreso de los hogares. Este se releva a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es una encuesta por muestreo que cubre los principales aglomerados urbanos del país. Allí se captan los ingresos laborales (tanto formales como informales) y los no laborales (jubilaciones, pensiones, transferencias sociales y otros ingresos monetarios).
El ingreso que se utiliza para medir pobreza es el llamado Ingreso Total Familiar. Es decir, se suman todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar y se comparan con el valor de la CBT correspondiente a ese hogar. Si el ingreso total está por debajo de la CBT, el hogar es considerado pobre; si está por debajo de la CBA, es indigente. Si está por encima de ambas, se trata de un hogar no pobre.
Ahora bien, este punto también tiene sus complejidades. La EPH capta ingresos declarados por los propios hogares, lo que puede implicar varios problemas: subdeclaración (especialmente en ingresos informales o variables) o desfasajes temporales entre el momento en que se perciben los ingresos y el período de referencia de la encuesta algo que, en contextos de alta inflación, puede afectar la medición. Un ejemplo claro de esto: si un hogar fue medido, por ejemplo, durante marzo de 2024, seguramente reportó sus ingresos de febrero. En países normales, no debería ser un problema; pero en nuestro caso, en ese momento, la inflación aún volaba: por ende, se tomaba un ingreso de un mes con la canasta del mes siguiente, impactada de lleno ésta última por la inflación.
También aparece un problema de comparabilidad intertemporal. Desde el segundo semestre de 2024, el INDEC introdujo mejoras en las preguntas de la EPH para captar mejor determinados ingresos (sobre todo los no laborales y los informales). Esto implica que no necesariamente la captación de ingresos es estrictamente homogénea entre distintos períodos.
Un ejemplo concreto ayuda a entenderlo: en un hogar determinado, hacia 2023 y principios de 2024 los ingresos por AUH podían no estar claramente identificados o incluso subdeclararse. A partir de los cambios en la encuesta, esos ingresos comienzan a relevarse de manera más precisa. En la práctica, esto puede generar que un mismo hogar que antes declaraba parcialmente esos ingresos pase luego a declararlos de forma completa, no necesariamente porque haya mejorado su situación económica, sino porque cambió la forma en que se le pregunta.
¿Podemos bajar todo esto a los casos concretos para entender con mayor precisión el fenómeno? Trabajemos con los datos de Posadas. Según el INDEC, para la región del NEA la Canasta Básica Alimentaria promedio del segundo semestre para un adulto equivalente se valoró en $ 157.282. ¿Cómo ese valor se proyecta luego a un hogar? Depende el tamaño, pero usemos el Hogar “Tipo 2” que se compone de cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. El varón adulto representa a 1 adulto equivalente; la mujer adulta a 0,77; el hijo varón a 0,64 y la hija mujer a 0,68. Ese hogar, entonces, asciende a un total de 3,09 adultos equivalentes: si la CBA por adulto equivalente se valoró en $ 157.282, dicha familia en particular necesitará $ 486.001 para cubrir sus necesidades alimenticias y no ser indigente.
Por su parte, la Canasta Básica Total se valoró en $ 327.913 para el promedio del segundo semestre del 2025, por adulto equivalente. El hogar que detallamos antes necesita entonces, $ 1.013.252 ($ 327,913 x 3,09) para cubrir su canasta y no ser pobre.
Si lo miramos en términos de variación: en el último año, es decir comparando el segundo semestre de 2025 contra igual período de 2024, la Canasta Básica Alimentaria mostró un crecimiento del 27,1%, mientras que la Canasta Básica Total lo hizo en 25,5%. Hasta acá lo referido al “costo de vida”.
Pero veamos qué pasó con los ingresos. Según el INDEC, la Media del Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF) de un hogar en Posadas fue de $ 493.017 en el último período relevado. ¿De cuánto fue el ingreso total del hogar? Hay que multiplicar esa cifra por la cantidad de integrantes totales. Volviendo al caso puntual de Posadas que detallamos antes, un hogar de 4 integrantes tendría entonces un ingreso medio total de $ 1.972.068, más que suficiente, en teoría, para cubrir el promedio de la Canasta Básica Total.
Este indicador mide el total de ingresos por cada integrante sin discriminar quien lo genera: claro está que en el caso que usamos como ejemplo, los dos niños del hogar no producen ingresos, por lo que se puede concluir que los dos adultos de ese hogar que sí lo harían, tendrían un ingreso cada uno de $ 986.034. Esto, como su nombre lo indica, es la media: por ende, hay hogares con ingresos superiores y otros con ingresos inferiores. En términos de variación: el IPCF creció en el último año 49,7% en Posadas, muy por encima de la suba de la CBA y de la CBT.
A simple vista podemos entonces observar que los ingresos en los hogares de Posadas tuvieron una dinámica más acelerada de crecimiento que los valores de la Canasta, logrando captar ingresos en teoría suficientes para ubicarse por encima de la línea de la pobreza y, por ende, eso explica la fuerte reducción de esa tasa. Idéntico fenómeno se observa para el caso del total nacional: la CBA se incrementó 26,6%, la CBT en 25,0% y el IPCF en 48,3%.
Este análisis sería, metodológicamente, suficiente para entender por qué se dio una brusca caída de los niveles de pobreza. Pero ahora viene el lado B del análisis: es entender la razón por la cual se dio esa caída en contextos donde prima la percepción de que no hay tal mejora en las condiciones de vida de la población.
Aquí encontramos, de mínima, dos dimensiones centrales a tener en cuenta: la percepción individual o del hogar sobre sus condiciones de su vida por un lado; y las debilidades y/o falencias de la metodología para captar con mayor precisión el fenómeno social en torno a la pobreza. Estas dos dimensiones van, en este caso, necesariamente de la mano. Hay varias razones de índole metodológica pero vamos a concentrarnos en dos para entender mejor el problema.
Primero: la captación de ingresos no laborales. A partir del último trimestre de 2024, el INDEC vía la EPH introdujo cambios en el cuestionario con el fin de medir mejor este indicador. Cuando antes se preguntaba de manera general por ingresos provenientes de fuentes no laborales, a partir de ese momento mencionado se preguntaba específicamente por ingresos de un hogar por Tarjeta Alimentar, Pensiones no contributivas, AUH, Progresar y otros programas sociales. Es decir, si hacia 2023 una persona respondía genéricamente esto con alto nivel de subdeclaración producida por esa generalidad, ahora lo hace de manera concreta lo que permite captar mucho mejor esos recursos. Esto tiene un impacto directo en la medición de ingresos totales de un hogar, con el problema de la comparabilidad: sin que haya aumentado verdaderamente la calidad de vida de un hogar, entre un período y otro, la declaración de ingresos sube fuerte.
Cabe aclarar: ese cambio hecho por INDEC es altamente positivo por la precisión metodológica, pero dado que tiene un problema fuerte de intertemporalidad por esa comparación renga que mencionamos antes, afecta el dato final. Hay una baja de pobreza por mayor declaración de ingresos sin que exista un real cambio en las condiciones de vida: en otras palabras, se vive igual pero se capta mejor la información. Esto trae una consecuencia en términos de conclusión: no es que ahora se “baja” la pobreza por ese cambio, sino que antes estaba altamente sobrevalorada por subdeclaración de ingresos.
De nuevo, en palabras simples: antes eras muy pobre y ahora ya no sos, no porque tu vida cambió para bien, sino porque ahora hay ingresos declarados que antes no estaban (o lo estaban parcialmente). Entonces, acá se mezclan las percepciones con la metodología: ¿Cómo puede ser que ya no soy pobre si mi condición de vida no cambió y sigo sin poder llegar a fin de mes? La persona que se hace esa pregunta puede seguir siendo igual de pobre aunque la estadística marque otra cosa, producto de mejor captación de la información y no como consecuencia de mejoras reales en su vida.
Vamos a lo segundo y que es, quizás, el aspecto más relevante: la desactualización de las canastas. Este debate ya inició hace muchos meses con la medición de inflación, que mide una canasta de consumo altamente desactualizada, con ponderados que quedaron viejos y que a fin de cuentas subestiman subas de bienes y servicios que hoy tienen fuerte impacto en el día a día de los hogares, como ser la energía, los alquileres y la comunicación, entre otros. El mismo problema tiene la conformación de las Canastas Básicas que son el insumo central para estimar niveles de pobreza.
Como explicamos antes, la Canasta Alimentaria se calcula en base a necesidades nutricionales y la Canasta Total se la valora aplicando la inversa del coeficiente de Engel que surge de la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares realizada en el año 2004. Es decir, la relación alimentos / otros gastos varios básicos se sigue midiendo en base a las características de consumo de hogares del 2004: aproximadamente el 39% del gasto de hogares es de alimentos y el 61% de otros bienes y servicios. Ahora bien, dados los escenarios altamente inflacionarios de finales de 2023 y principios del 2024 y el brusco cambio en los precios relativos que se vivió desde ahí, cambia esa relación: el peso del gasto de los hogares en otros bienes y servicios fuera de los alimentos creció de manera muy fuerte. Ese cambio no está reflejado en el coeficiente de Engel: por ende, no se refleja en la valoración de la canasta básica total.
En otras palabras: se subestima fuertemente el gasto no alimentario. Esto trae consecuencias directas: si la Canasta Básica Total tiene esta característica, naturalmente no representa de manera fiel lo que es el costo de vida de un hogar. Es decir: el valor de la CBT de $ 1.013.252 que calculamos para un hogar de cuatro personas en Posadas está muy subestimado.
Hay un problema paralelo que surge de esto: por ejemplo, el costo de alquileres creció muy fuerte en el último tiempo y es el gasto central de un hogar inquilino. Pero su captación en la estructura de la CBT tiene limitaciones: no es un componente observado de manera directa y actualizada mes a mes, sino que su incorporación se realiza de forma indirecta. La ENGHo, dentro de lo que es el gasto no alimentario, registra tanto los alquileres efectivamente pagados por los inquilinos como los denominados “alquileres imputados”, que representan una estimación del valor del servicio de vivienda consumido por los hogares propietarios. De este modo, el peso de la vivienda en la canasta no surge de un seguimiento directo del mercado de alquileres, sino de su participación dentro del gasto total promedio de los hogares en un momento determinado del tiempo.
Este procedimiento implica que el peso del alquiler en la CBT es, en rigor, un promedio social que combina situaciones muy heterogéneas. Por un lado, incluye a los hogares inquilinos, que enfrentan un gasto monetario efectivo y, en muchos casos, creciente. Por otro, incorpora a los propietarios, para quienes el consumo de vivienda no implica un desembolso de dinero, pero sí es contabilizado como un gasto imputado en términos económicos.
La consecuencia directa de este enfoque es la aparición de un sesgo distributivo en la medición. Para los hogares inquilinos, el peso del alquiler dentro de la CBT tiende a estar subestimado en relación con su estructura real de gasto. En contextos donde los precios de los alquileres crecen por encima del promedio de otros bienes y servicios, esta brecha puede ampliarse, haciendo que la canasta no refleje adecuadamente el costo efectivo de sostener un nivel de vida básico para estos hogares. En sentido inverso, para los hogares propietarios, la metodología incorpora implícitamente un costo de vivienda que no se materializa como un flujo monetario.
En resumen: la CBT subestima el peso de alquileres para los inquilinos y los sobreestima para los propietarios. El problema es lo primero: si partimos de la base del ejemplo que hemos tomado, si un hogar de cuatro integrantes tiene una CBT valorizada en $ 1.013.252, tiene una estimación de gasto de vivienda que es muy menor respecto a lo que efectivamente ese hogar paga por su alquiler. Una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, requiere una vivienda que tenga, mínimo, dos habitaciones, cuyo valor promedio no es inferior a los $ 500.000. En ese marco, casi el 50% de la canasta total estaría representado solo por el alquiler. Esto rompe la lógica para los hogares inquilinos, aunque no así para los propietarios.
Situaciones parecidas pueden aplicarse a las tarifas de servicios públicos y a otros bienes esenciales como comunicación: su subestimación en la CBT genera que los hogares gastan efectivamente más en eso que lo que muestra el dato oficial. Sumando estos problemas, surge de nuevo el mismo problema: la CBT queda corta para medir realmente el gasto esencial de los hogares.
¿Qué podemos concluir de todo esto?
Lo que muestran los datos oficiales no son un “dibujo” porque responden a una lógica metodológica concreta y validada; pero al mismo, es un indicador impreciso en la actualidad por las fuertes limitaciones que tiene en el contexto dado que la llevan a obtener resultados poco representativos. La pobreza que mide el INDEC es, por definición, un indicador técnico, construido a partir de reglas específicas: una canasta que fija un umbral y un ingreso que se compara contra ella. Bajo esos parámetros, la fuerte caída de la pobreza es explicable y, en términos estrictamente estadísticos, válida.
Sin embargo, el problema aparece cuando ese resultado se contrasta con la experiencia cotidiana de los hogares. Allí es donde emerge la brecha entre el dato y la percepción, ésta última apoyada en factores contundentes que van desde menor capacidad de compra hasta un fuerte achicamiento del mercado de trabajo. Es decir, esa distancia entre el dato y la percepción (o la experiencia concreta) no responde a una cuestión subjetiva, sino a fenómenos reales del escenario económico nacional. En ese marco aparecen las limitaciones de la metodología: por un lado, mejoras en la captación de ingresos pueden “elevar” estadísticamente a los hogares por encima de la línea de pobreza sin que haya habido un cambio real en sus condiciones de vida. Por otro, la canasta con la que se mide ese umbral arrastra desactualizaciones importantes que tienden a subestimar el costo efectivo de vivir, especialmente en rubros que hoy son centrales como alquileres, tarifas y servicios.
El resultado de esta combinación es un indicador que puede mostrar mejoras significativas mientras una parte importante de la población sigue con los mismos problemas o incluso, agravados: no llegar a fin de mes, reducir consumos o necesidad de endeudamiento para sostener gastos básicos. En otras palabras, la pobreza baja en los papeles al tiempo que esa mejora no se refleja en la vida real.
La pobreza oficial logra capturar una dimensión clave, la monetaria, pero no necesariamente refleja con precisión el deterioro o la fragilidad en las condiciones de vida cuando cambian los precios relativos, cuando el gasto en vivienda se dispara o cuando el ingreso disponible se ve condicionado por factores que la metodología no contempla.
En ese desfasaje entre medición y realidad es donde se explica por qué la baja de la pobreza no logra ser percibida como tal por amplios sectores de la sociedad. No es solo un problema de percepción: es, fundamentalmente, un problema de representatividad del indicador frente a una estructura económica que cambió muy rápido. En ese contexto, la discusión deja de centrarse en si el dato es correcto o no en términos técnicos, y pasa a girar en torno a su capacidad real de describir las condiciones de vida de la población.
Cuando los indicadores muestran mejoras significativas en un escenario donde persisten la pérdida de empleo, la caída del consumo, el cierre de empresas y el endeudamiento de los hogares para afrontar gastos básicos, lo que queda en evidencia es una brecha entre lo que la estadística logra captar y lo que efectivamente ocurre en la vida cotidiana. Esa brecha debilita la validez del dato como herramienta de representación social: puede ser consistente desde lo metodológico, pero resulta insuficiente para reflejar la complejidad del bienestar económico en el contexto actual.
En definitiva, el problema no radica únicamente en la medición, sino en la capacidad del indicador para dar cuenta de una realidad que se ha vuelto más problemática para los hogares. Si la pobreza medida no logra incorporar adecuadamente estos cambios, su valor como referencia para entender la situación social se vuelve limitado, deslegitimando su existencia y debilitando su capacidad para reflejar de manera fiel las verdaderas condiciones de vida de la población, así como también su utilidad para orientar el diagnóstico económico y el diseño de políticas públicas efectivas.
