El presidente Javier Milei envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639) con el objetivo de “ordenar el marco normativo vigente”, evitar interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. El anuncio fue realizado este 15 de diciembre de 2025 a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y abre un debate de fuerte impacto económico, político e institucional, en particular sobre inversiones productivas, competencias provinciales y protección ambiental.
Una ley cuestionada por su aplicación y un intento de ordenar el marco normativo
A más de 15 años de su sanción, la denominada Ley de Glaciares es señalada por el Poder Ejecutivo como una norma que “ha demostrado graves falencias interpretativas”, que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones productivas y afectación del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Según el comunicado oficial, la iniciativa enviada al Congreso propone “reglas claras”: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, “bajo pretextos ideológicos”, habría obstaculizado el desarrollo económico del país. El planteo del Gobierno apunta a reducir la incertidumbre regulatoria que, en la práctica, impactó sobre proyectos productivos en distintas regiones.
Federalismo ambiental, provincias y artículo 41 de la Constitución
El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En esa línea, la reforma busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.
Además, el texto oficial destaca la necesidad de una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”. Desde la Casa Rosada se presenta esta estrategia como una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, orientada a compatibilizar protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo.
Impacto político y económico: inversiones, provincias y sectores productivos
La iniciativa se inscribe en la hoja de ruta del Gobierno desde el primer día de gestión: terminar con la “parálisis regulatoria”, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. En el plano político, el proyecto se vincula también con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con reclamos históricos de provincias integrantes de la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, donde la aplicación de la Ley de Glaciares fue un factor central en las discusiones sobre inversiones mineras.
Desde el Ejecutivo anticipan que el debate legislativo deberá garantizar la correcta participación ciudadana y sostienen que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie”, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico, sin abandonar los estándares de protección ambiental.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639 que redefine el alcance del ambiente periglacial, introduce criterios técnicos más precisos y refuerza las competencias provinciales en materia ambiental. La iniciativa, a la que accedió Energy Report, propone un giro regulatorio de alto impacto económico e institucional: pasar de un esquema de prohibiciones amplias y definiciones imprecisas a un régimen basado en evaluaciones ambientales rigurosas, seguridad jurídica y federalismo ambiental, con especial incidencia en proyectos mineros y energéticos en la cordillera.
Un cambio de enfoque en la protección ambiental y el federalismo
El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, aún en etapa de discusión y previo a su ingreso al Congreso, busca ordenar el marco regulatorio vigente sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. La propuesta se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional y explicita la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.
Según el texto, el nuevo objeto de la ley mantiene la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero aclara que dicha protección debe interpretarse de manera armónica con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124. De este modo, se introduce un criterio de equilibrio entre preservación y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
El proyecto, calificado como “confidencial” y que será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo conforme al Decreto 865/25 del presidente Javier Milei, cuenta con consenso político para su envío, aunque fuentes oficiales no descartan ajustes menores antes de su tratamiento parlamentario. Por la intensidad de la agenda legislativa prevista entre el 10 y el 30 de diciembre, el debate podría postergarse hasta febrero.
Inventario de Glaciares, principio precautorio y evaluaciones ambientales
Uno de los ejes centrales de la adecuación es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. El inventario se mantiene como herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones de las autoridades competentes, un punto clave para la gestión provincial.
El proyecto incorpora además el artículo 3° bis, que introduce expresamente el principio precautorio. En ese marco, todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas. Una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la Ley General del Ambiente. Esta disposición apunta a corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.
En cuanto a la actualización del inventario, el artículo 5° mantiene al IANIGLA como organismo responsable del relevamiento y monitoreo, pero refuerza el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Un punto de alto impacto jurídico establece que la omisión del IANIGLA en actualizar el inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.
Prohibiciones, competencias y respaldo político de las provincias
El artículo 6° conserva la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Continúan expresamente vedadas actividades como la minería y los hidrocarburos en esos casos, pero la novedad es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.
El artículo 7° refuerza este enfoque al exigir evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades proyectadas y, cuando corresponda, evaluación ambiental estratégica, además de consolidar la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia.
Finalmente, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes: cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental y, en áreas protegidas nacionales, intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental.
El proyecto cuenta con respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas, que enviaron una carta al presidente Javier Milei en nombre de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan). En la misiva, firmada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, advierten que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia. “Termina por obstaculizar su finalidad última: promover el desarrollo sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”, señalaron.
En conjunto, la adecuación de la Ley de Glaciares propone un cambio de paradigma regulatorio. El debate en el Congreso será determinante para definir si la Argentina logra compatibilizar protección ambiental efectiva, respeto por las autonomías provinciales y desarrollo productivo en una de las normas más sensibles del entramado regulatorio nacional.
Reformas laboral y tributaria, Marval anticipó un 2026 clave para el giro económico de la Argentina. En su encuentro anual, Marval O’Farrell Mairal reunió a funcionarios, ejecutivos, economistas y analistas políticos para trazar las tendencias regulatorias y económicas que marcarán 2026. El consenso: las reformas laboral, tributaria, previsional y la apertura comercial serán el núcleo del nuevo ciclo económico.
Un escenario que abre un “momento trascendental” para la economía
Buenos Aires fue sede del encuentro anual de Marval O’Farrell Mairal, que este año estuvo atravesado por una lectura común entre los distintos paneles: la Argentina ingresa en un “punto de inflexión” que podría habilitar un ciclo virtuoso de inversiones, normalización macroeconómica y reformas estructurales.
En un evento que reunió funcionarios, abogados y directores de legales de grandes empresas, economistas y analistas políticos, Marval O’Farrell Mairal presentó las principales tendencias para 2026, con la expectativa puesta en los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea y las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Gobierno nacional.
“Estamos ante un momento trascendental que puede ser el inicio de un ciclo virtuoso de crecimiento y el país puede dar un giro definitivo hacia un modelo de libertad económica. Se aceleraron inversiones y salida de compañías al mercado de deuda. Además el gobierno aceleró proyectos de privatizaciones y reformas estructurales. Ya hemos notado un aumento de consultas para inversiones concretas y más oportunidades para la Argentina en mercados internacionales”, dijo Santiago Carregal, chairman de Marval en la apertura del encuentro.
Santiago Carregal, chairman de Marval
El nuevo tablero político y la viabilidad de las reformas
En el primer panel, moderado por la periodista Carolina Amoroso, el periodista y columnista Jorge Liotti conversó con el analista de Poliarquía, Alejandro Catterberg sobre el impacto de las recientes elecciones y el escenario que dejaron para la concreción en el Congreso de las reformas propuestas por el Ejecutivo.
“El gobierno salió bien parado de la elección, pero es más importante lo que hará de acá en adelante, si puede cambiar. De que siga el proceso de normalización económica y salgan las reformas estructurales dependerá el éxito o no de la gestión y estar muy competitivo en 2027”, planteó Catterberg.
En ese sentido, Liotti coincidió: “A partir del resultado electoral quedó despejada la presión para abrir el gabinete y hay una oportunidad que se abre para encaminar la gestión y traducir en hechos políticos concretos el caudal electoral que obtuvo y esto es aprobar las reformas que impulsa”.
Economía 2026: reservas, flotación y el puente hacia la estabilidad
En el segmento La economía que viene, moderado por el periodista José del Río, el economista Fausto Spotorno: “Argentina todavía no tiene el peso ni los precios estabilizados, con lo cual tiene sentido la flotación limitada. Pero falta un puente para ir a un sistema libre y tenemos aún muy pocas reservas”.
Fausto Spotorno
En tanto, su colega, Marina Dal Poggeto planteó: “Sin Bessent no podríamos tener esta charla: hoy hay un escenario para pensar un camino. Pero aún hay mucha incertidumbre aún sobre el esquema cambiario, el monetario y cuál es el instrumento de liquidez del sistema financiero. Hoy estamos más cerca de poder refinanciar la deuda en dólares”.
Para Spotorno, “Aunque partimos de un escenario muy bajo, estamos viendo la llegada de inversiones que están empujando la productividad porque son de mayor calidad”. “El crecimiento del año que viene dependerá de cómo será el mecanismo de la remonetización de la economía y cómo se promueve el crédito”, concluyó Dal Poggeto.
Marina Dal Poggeto
Energía y minería: oportunidades globales y desafíos internos
Moderados por Gonzalo Santamaria de Marval, debatieron luego sobre el futuro de la energía y la minería, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Juan Donicelli, gerente general de Legales de Glencore y Juan Ignacio de Urraza, director de negocios en TGS.
“La transición energética global avanza, pero es lenta y el consumo de electricidad por automóviles y data centers también crece, de modo que vemos que va a haber petróleo y gas por mucho tiempo y Argentina está bien posicionada con un nivel de interés en el país”, abrió Markous.
Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol
“Vaca Muerta es clase mundial, pero tenemos que afinar el lápiz y terminar con los vaivenes macroeconómicos que afectan el camino”, advirtió De Urraza. En ese sentido, Donicelli dijo: “El mundo demandará 35 millones de toneladas de cobre, lo que significa una necesidad insatisfecha de 10 millones de toneladas que no se saben de dónde saldrán. Sin embargo, Argentina tiene proyectos para exportar 2 millones de toneladas, de modo que las condiciones están dadas, pero quedan aspectos pendientes para que los proyectos avancen”.
Financiamiento y mercado de capitales: liquidez, reglas claras y más profundidad
Más adelante, en el segmento La bancabilidad como condición del éxito en proyectos de inversión, el CEO de Citibank Argentina, Federico Elewaut recomendó: “Es fundamental tener liquidez adecuada y sensibilidad en los cashflows para enfrentar imponderables porque es difícil hacer hedge para enfrentar los flujos futuros. Argentina está recién empezando en el mercado de capitales y todas las reformas que se están proponiendo van a ayudar a potenciarlo”.
En ese sentido, Manuela Adl, senior country manager de IFC dijo: “Las necesidades de infraestructura son muy grandes y yo veo que hay apetito para la movilización de fondos a largo plazo para el país. El Gobierno está avanzando en reformas importantes para el mercado, pero necesitamos más fondos nacionales e internacionales para profundizar el mercado de capitales argentino”.
Elewaut y Adl
Roberto Silva (h), presidente de la Comisión Nacional de Valores conversó luego con Cecilia Mairal, socia de Marval sobre las oportunidades de financiamiento para las empresas y los avances para modernizar la normativa referida al mercado de capitales y el mundo cripto. “Estamos enfocados en agilizar procesos para ser más eficientes en nuestra gestión, que es pro-innovación y pro-tecnología brindando previsibilidad al sector privado con normas lógicas”, planteó Silva (h) y de cara al futuro, agregó: “Queremos que emitir sea fácil para que la decisión de cuando hacerlo sea de la empresa y no dependa, cuando sea el caso, de aprobaciones innecesarias del regulador”. En ese sentido, el titular de la CNV habló sobre la posibilidad de que los fondos de cese se cubran en el mercado de capitales, como parte de la reforma laboral.
Roberto Silva (h), presidente CNV
Fusiones y adquisiciones: vuelta del M&A por inversión, no por salida
Luego, en el segmento Dinámicas clave en fusiones y adquisiciones, Manuel Solanet, socio de Infupa dijo: “M&A siempre existen, en el pasado porque las empresas se querían ir de Argentina, eso no trae crecimiento, pero ahora van a volver las nuevas razones por la inversión directa esperada en energía y minería, con un panorama general variado”. “Hay un potencial infinito enorme en negocios y empresas de tecnología y conocimiento”, agregó, en tanto, Marcos Bazán socio líder de Deloitte Hispanoamérica. Julián Burgos, director de legales de Stellantis dijo: “Los desafíos para este tipo de transacciones en Argentina tienen que ver con las cuestiones locales y los aspectos generales que rigen en el resto del mundo, lo que configura una gran complejidad que muchas veces los funcionarios que resuelven no terminan de comprender”.
En el cierre, Gustavo Giay, socio y próximo chairman de Marval, concluyó: “Vemos un escenario en el que la normalización de la economía es una de las principales demandas y aparece una gran oportunidad para avanzar con las reformas necesarias”.
Gustavo Giay, socio y próximo chairman de Marval
Reforma laboral: el tema más sensible y decisivo
Uno de los temas que sobrevoló el MLF 2026 fue el de los posibles cambios en la legislación laboral que se discutirán en el Congreso. Sobre este punto debatieron Lucrecia Loureiro, directora de HR de Loma Negra y María Cecilia Ruiz, Sr. legal Compliance en Danone.
“Hoy tenemos un foco grande en costos en eficiencia que impacta en la productividad, seguimos teniendo una alta informalidad laboral y las empresas informales tienen un menor grado de productividad”, dijo Lourerio y planteó: “Por eso hay una necesidad de repensar las formas en la contratación, tener una flexibilidad laboral acorde a este contexto.” En tanto, Ruiz agregó: “La expectativa de la reforma laboral es alta. Creo que es importante tener en claro que consenso político va a haber y qué va a pasar con la justicia. Espero que estos consensos se logren para que evolucione la discusión”
Y planteó: “Es fundamental no asustarnos tanto con la reforma laboral, hay que tratar algo distinto porque si no nada va a cambiar. Que se modernicen los certificados de trabajo, temas de beneficios, telegramas.”
El economista Fausto Spotorno señaló que la reforma laboral es la más importante de todas, “porque hace muchos años que la Argentina no crea empleo formal”. Y su colega Dal Poggeto apuntó: “La reforma laboral ya se hizo de hecho con la informalidad”.
Economía aprobó la adhesión del “Proyecto Los Azules” al RIGI, una inversión minera de USD 2.672 millones en San Juan.
La resolución 1553/2025 autoriza a Andes Corporación Minera SA a incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consolidando el primer megaproyecto minero en acceder al esquema.
Una inversión estratégica bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones
El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1553/2025, aprobó la incorporación del Proyecto Los Azules, desarrollado por Andes Corporación Minera SA (ACM SA), al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742. La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, fue publicada el 13 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial y representa un paso decisivo en la implementación del nuevo esquema diseñado para atraer inversiones de gran escala.
El proyecto, localizado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan, contempla la construcción y operación de una mina de cobre, planta e infraestructura asociada en la Cordillera de los Andes, a seis kilómetros de la frontera con Chile. La inversión total comprometida asciende a USD 2.672.171.207, de los cuales USD 2.353.624.141,07 se destinarán a activos computables, cumpliendo y superando el monto mínimo exigido por el artículo 172 de la Ley 27.742.
Con esta aprobación, el Ministerio de Economía formaliza la primera gran adhesión minera al RIGI, otorgando a ACM SA los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en los capítulos IV y V del Título VII de la ley, junto con un marco de estabilidad jurídica y regulatoria para los próximos años.
Detalles del proyecto y compromiso de inversión
El “Proyecto Los Azules” se enmarca en el sector Minería, específicamente en el subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación, con exclusión del potasio y el litio. Según la resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU), constituido bajo la figura de Sociedad Anónima, modificó su objeto social para concentrarse exclusivamente en la ejecución del proyecto y cumplir con las exigencias del RIGI.
El cronograma de inversión prevé un aporte de USD 33,5 millones durante el primer año y USD 382,2 millones en el segundo, totalizando USD 415,7 millones en los primeros dos años, cifra que supera el 40% del monto mínimo exigido por la ley. La fecha de adhesión al régimen se fijó en el 25 de septiembre de 2025, mientras que el plazo límite para alcanzar la inversión mínima fue establecido en el 31 de diciembre de 2027.
Asimismo, ACM SA se comprometió a destinar 61,1% del monto total de inversión en bienes y servicios a proveedores locales, muy por encima del 20% requerido por la normativa vigente. En materia de importaciones, el Ministerio aprobó un listado de bienes esenciales que podrán ingresar bajo la franquicia del artículo 190 de la Ley 27.742, tras la evaluación técnica de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que verificó su carácter indispensable para la ejecución del proyecto.
Aprobación institucional y control estatal
El proceso de análisis del proyecto contó con la participación de la Secretaría de Minería, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, creado por la Resolución 814/2024. El Comité, reunido el 26 de septiembre de 2025, emitió su Acta N° 11, recomendando la aprobación del proyecto tras considerar los informes técnicos y financieros pertinentes.
En el plano macroeconómico, la resolución señala que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no observó riesgos cambiarios asociados al proyecto, al no presentar elementos que pudieran generar distorsiones en el mercado de divisas local.
El Ministerio de Economía encomendó a la Secretaría de Minería la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones del régimen, incluyendo los cronogramas de inversión, los compromisos de contenido local y los procedimientos de importación bajo régimen especial. Asimismo, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el VPU y aplicar los incentivos fiscales y aduaneros correspondientes, mientras que el BCRA deberá otorgar los beneficios cambiarios previstos en la Ley 27.742.
La resolución también establece que eventuales controversias se resolverán mediante los mecanismos previstos en el artículo 221 de la ley, incluyendo el Panel RIGI, un órgano de arbitraje específico diseñado para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores.
El RIGI como herramienta de atracción de inversiones
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, constituye uno de los pilares de la estrategia oficial para impulsar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura. El esquema ofrece estabilidad tributaria, acceso preferencial al mercado cambiario y beneficios aduaneros a proyectos que superen un umbral mínimo de inversión, bajo un marco jurídico unificado y de largo plazo.
En el caso del “Proyecto Los Azules”, la adhesión implica una etapa clave de expansión de la minería del cobre en Argentina, en un contexto global de alta demanda de este mineral, central para la transición energética. La inversión aprobada se inscribe, además, en la política del Gobierno Nacional de promover el ingreso de capitales productivos que fortalezcan las exportaciones y generen empleo directo e indirecto en regiones cordilleranas.
Con esta decisión, el Ministerio de Economía sienta un precedente institucional para futuros proyectos mineros y energéticos que busquen acogerse al RIGI, consolidando un marco de promoción de inversiones de largo plazo con enfoque federal y competitivo.
Escribe Ignacio Conese, Dialogue.earth. El cobre es un metal cada vez más cotizado. Los vehículos eléctricos necesitan al menos el doble de cobre que los autos tradicionales, y los proyectos de energía solar y eólica requieren entre cuatro y seis veces más que los sistemas basados en combustibles fósiles. El cobre es fundamental para la transición energética mundial y, dado que Chile es el país que produce más cobre, su papel es clave.
Solo entre 2023 y 2024, las exportaciones de este mineral de Chile a China, su mayor mercado, crecieron más de un19%.
La actividad minera se concentra en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, donde el cobre es el motor de la economía y el sustento de muchos de sus casi 700.000 habitantes. En el país andino, a la minería de cobre se la conoce como “el sueldo de Chile” y Codelco, la minera estatal y mayor productora de cobre del mundo, ha sido descrita en el Senado como “Estado dentro del Estado”.
Ubicada en el árido desierto de Atacama, a 2.400 metros sobre el nivel del mar y alimentada por el río Loa, Calama es considerada la capital de la minería del cobre en Chile. La ciudad de casi 200.000 habitantes se encuentra junto a un enorme complejo minero industrial, que concentra la mayoría de los 126.000 empleos relacionados con la minería de la región de Antofagasta. Es aquí donde Codelco opera tres enormes minas alrededor de Calama, incluidaChuquicamata, la segunda más profunda del mundo a cielo abierto.
“Es impresionante”, dice Andrea Vásquez Alfaro mientras observa desde adentro del auto las paredes del depósito de desechos mineros Talabre, una laguna de lodo contenido por una pared de 30 kilómetros de largo, a tan solo 10 kilómetros del centro de Calama.
Los residuos de la mina Chuquicamata se han ido acumulando en Talabredesde 1952. En las últimas décadas, también se han vertido aquí los residuos de las minas Radimiro Tomic y División Ministro Hales. Las tres son explotadas por Codelco, junto con la australiana BHP, que también tiene otrasoperaciones en Chile. Por su color y sus dimensiones, que lo hacen parecer una montaña, el depósito de residuos parece una formación más en medio del desierto, lo que contribuye a ocultar su peligro.
“Nunca deja de impresionarme, ni quiero que me deje de impresionar, porque el día que eso pase significa que lo normalicé, que normalicé este paisaje de infierno”, completa Vázquez Alfaro tras un largo silencio. Vásquez Alfaro es socióloga, calameña de nacimiento y directora de la Coordinadora por la defensa del Río Loa y la Madre Tierra, la principal agrupación ambientalista local al frente de los reclamos a las autoridades por la situación de crisis ambiental y sanitaria que atraviesa Calama.
Los desechos mineros contienen toda clase de materiales pesados y son sujetos a la permanente erosión eólica y por ende dispersión. A su vez, fallas en los sistemas de contención han generado que el tranque contamine las aguas subterráneas generando contaminación de las aguas del Río Loa y el principal acuífero que alimenta a la ciudad.
A raíz de una denuncia presentada en 2019, las autoridades ambientales de Chilepresentaron cargos contra Codelco en agosto del año pasado.
“Cuestionar la minería aquí es como cuestionar la patria o la religión. Es una cultura que solo entiende de explotación. Para ellos, en el desierto no hay vida, solo recursos, y nosotros, un estorbo. Pero no nos vamos a ir”, dice Vásquez Alfaro.
Vásquez Alfaro ha unido fuerzas con Sergio Chamorro, abogado que representa a la Federación Nacional de Pobladores de Chile (Fenapo), y Reinaldo Díaz Duk, responsable de la estación municipal de control ambiental de Calama. Juntos lideran una coalición de 20 organizaciones sociales, la Coordinadora, que ha presentado una demanda por contaminación ambiental contra el Estado, tras casi dos décadas de denuncias.
Contaminación y enfermedades
Comprender la escala de una mina a cielo abierto puede ser abrumador. Todo se multiplica por miles o millones: roca, dinamita y productos químicos tóxicos, ácidos y detergentes industriales. A esto se suman agua, relaves contaminados y maquinaria pesada que opera gran parte del día. Esa es la escala de una sola megamina. Pero en Calama hay tres. La gigantesca Chuquicamata, a 20 kilómetros de la ciudad; Radimiro Tomic, la más lejana, que opera a 40 kilómetros de distancia y la mina División Ministro Hales, la más cercana a Calama a tan solo 15 kilómetros.
La mina a cielo abierto División Ministro Hales en Calama. Situada en una de las regiones chilenas con las tasas más altas de mortalidad por cáncer, Calama fue considerada “saturada” por partículas que superaban el límite nacional de contaminación atmosférica hace más de 15 años (Imagen: Paul Plaza / Senado de la República de Chile, CC BY NC SA)
Este es el paisaje “de infierno” que Vásquez Alfaro menciona. El viento de los Andes posa sobre Calama el polvo acumulado de la actividad de las minas todas las noches hasta el mediodía del día siguiente, cuando las corrientes más cálidas del Océano Pacifico limpian el aire por unas horas.
Pero más de un siglo de minería de cobre intensiva y a gran escala en Antofagasta ha dejado consecuencias sociales y ambientales. La región tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer más alta del país, según datos del Ministerio de Salud, y la incidencia del cáncer de pulmón escasi tres veces mayor que el promedio nacional.
En 2009, el gobierno declaró a Calama “saturada” con partículas de aire contaminado que incumplían el límite legal del país, permaneciendo de esta manera hasta la fecha. Es decir, aire saturado de metales pesados extremadamente perjudiciales para la salud, entre los cuales se encuentran plomo, arsénico, níquel, molibdeno y cadmio. Los niveles mostrados por los monitoreos anuales han indicado niveles de saturación de forma permanente e ininterrumpida desde esa primera alarma.
De acuerdo a la normativa local, al año siguiente que la ciudad se declarara saturada, las autoridades deberían haber implementado un plan de descontaminación ambiental. Sin embargo, este fue presentado recién en mayo de 2022, trece años después, solo para recibir el rechazo inmediato de la ciudadanía y de las distintas agrupaciones como la Coordinadora, quienes lo acusaron de estar basado en escenarios falsos para los cuales presentaba soluciones insuficientes. Fue aceptado por las autoridades, pero posteriormente anulado por el Primer Tribunal Ambiental de Chile, el mismo que admitió a trámite la demanda por contaminación ambiental presentada por la Coordinadora en abril de este año.
La sentencia dictaminó que “la autoridad medioambiental retiró una estación de control que anteriormente servía de base para declarar la ciudad zona saturada”, lo que significaba que no había datos suficientes para preparar adecuadamente un plan de descontaminación.
Una demanda que puede ser histórica
Nacido en Chuquicamata, en el seno de una familia de mineros, Reinaldo Díaz Duk trabajó durante dos décadas para una empresa que brindaba servicios de monitoreo de la contaminación del aire a Codelco hasta que fue despedido en 2015. Fue entonces cuando decidió volcar su conocimiento acumulado al servicio de las organizaciones sociales que ya entonces estaban en conflicto con las mineras y autoridades. En 2023 se creó la primera estación de monitoreo del aire ciudadana, que está a su cargo y que es financiada por el municipio de Calama.
“La estación nos brinda una herramienta para poder rebatir fácilmente falsos discursos como que la contaminación viene bajando [como dice Codelco] y que está lejos de posibles manipulaciones como ha sucedido en el pasado”, explica Díaz Duk.
Pero la estación de monitoreo también funciona como herramienta de concientización, ya que Diaz Duk organiza regularmente talleres de formación y charlas informativas para vecinos y estudiantes, donde les enseña a operar la estación y tomar muestras.
Los datos de saturación del aire se mantienen en niveles altos. Estudios científicos han demostrado un aumento de metales pesados disponibles en el ambiente durante los periodos de mayor actividad minera, así como la dispersión de minerales en un radio de hasta 80 kilómetros desde las minas. Las advertencias en medios de comunicación y las denuncias públicas del Colegio Médico de Chile, que califica la situación sanitaria como una emergencia, refuerzan los reclamos ciudadanos. Entre otras alertas, destacan las tasas más altas de muertes y enfermedades respiratorias, casos de cáncer y una alarmante incidencia de niños con autismo y síndromes genéticos.
Chamorro es el principal abogado litigante en la demanda. El abogado, que también representa a diversas comunidades indígenas en otras causas relacionadas a la minería y que conoce lo que es litigar contra esta actividad, explica a Dialogue Earth cómo el Estado, en lugar de bregar por la salud de los habitantes y obligar a las empresas a descontaminar como exige la ley ante casos de saturación, ha hecho sistemáticamente lo contrario.
“En la demanda mostramos cómo desde que Calama fue declarada saturada se han otorgado permisos para más de 700 proyectos mineros que afectan la contaminación atmosférica en la región”, relata Chamorro, quien detalla que entre estos proyectos aprobados están las nueve ampliaciones al tranque Talabre y la creación de la mina División Ministro Hales en 2010, la más cercana a la ciudad y que Codelco planea seguir explotando y ampliando durante los próximos 30 años.
Dialogue Earth contactó a los Ministerios de Ambiente y de Salud y a las empresas involucradas en la denuncia, pero no obtuvo respuestas.
“El Estado va a querer negociar, comprometerse a otra mesa de diálogo, otra instancia mediadora. Pero todo eso ya fracasó muchas veces aquí en Calama. Nuestra intención es ver esto hasta el final”, dice Chamorro.
El abogado aclara que las organizaciones van en búsqueda de una sentencia: “Lo primero que buscamos es que, como dice la ley, el que contamina paga, en este caso Codelco, y luego que se anule por completo el otorgamiento de permisos nuevos. Finalmente, queremos que el Estado haga lo que nunca ha hecho hasta ahora; estudios en la salud de la población, que determinen el grado de afectación y que haya un resarcimiento para los que se prueben que han sido perjudicados por la contaminación”.
“Nadie aquí puede estar en contra de la minería de cobre”, concluye Chamorro. “No es ahí donde nos posicionamos. Entendemos su importancia, tanto para la región como para el país y el mundo. De lo que estamos en contra es de este modelo al cual se nos somete. De resignarnos a vivir y morir contaminados”.
