AFIP fijó valores de referencia para el kilo de carbonato de litio y generó reacciones en el sector. En Catamarca, la presión para investigar un supuesto caso de subfacturación derivó en un “recalculo” de regalías por parte del ente recaudador provincial
En junio la AFIP publicaba la resolución general 5197/2022 que estableció un precio de referencia de U$S53 el kilo de carbonato de litio, en una decisión que generó reacciones mayoritariamente negativas en el sector minero argentino, por considerar que condiciona un mercado de poco volumen y volátil. La medida llegó a generar un desplome en las cotizaciones de las acciones de multinacionales que participan en la llama fiebre del oro blanco y a nivel local, las compañías buscan que se revea.
Según los datos de INDEC, en 2021 las exportaciones de litio alcanzaron un valor de U$S 207 millones, con un incremento interanual de 53,3%. Dentro de este complejo, las ventas externas de carbonato de litio se impusieron con una participación del 89,7%. Sobre los destinos exportados, se destacan China (U$S 88 millones), Estados Unidos (U$S 39 millones) y Japón (U$S 34 millones).
Son más de 20 los proyectos de litio en Argentina, a la fecha solo dos empresas producen el metal y sus derivados, sea carbonato o hidróxido. Se estima que producen 20000 millones y 25 millones de toneladas de carbonato de litio, respectivamente, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Minería de la Nación publicado a fines de 2021.
La resolución de AFIP tiene la finalidad de evitar maniobras de subfacturación de estas empresas. Aún se sostiene el diálogo entre las autoridades y empresas para rever la medida. Desde el Gobierno Nacional, insisten en que los precios testigo no son obligatorias y que las compañías solamente deben poder justificar sus precios de exportación.
Diferencias del precio del litio
Las investigaciones y denuncias tributarias surgieron a raíz de la diferencia en el precio al que una de las empresas exportó el litio, respecto a lo que se vendió de otra de Jujuy.
Desde el oficialismo sostienen que la provincia jujeña, donde gobierna Gerardo Morales, obtuvo regalías mucho mayores a las que recibió el gobierno de Catamarca.
Por su parte, la empresa de Catamarca explicó que no exporta directamente a clientes, sino que envía los bolsones de litio a su casa matriz en Estados Unidos para luego sí vender el producto. Además, dice que el precio de referencia que utiliza es el del mercado de Argentina y Chile. Mientras que la empresa Jujeña vende el producto terminado a sus clientes en el mercado asiático, en grandes negociaciones que son caso por caso y dependen de diferentes variables.
Las reacciones de las empresas ante el precio mínimo
Flavia Rolón, secretaria de Minería de la Provincia de Salta, explica que “la fijación de precios mínimos no ha sido del todo positiva, porque el mercado de litio no tiene aún gran volumen. Por eso justamente uno de los problemas es la falta de transparencia en el precio del litio, porque no hay gran volumen”, en conocimiento de la situación ya que en Salta hay 13 proyectos de litio, pero ninguno en producción.
Royón afirmó que “en cinco años Argentina producirá un volumen de sales de litio que ayudará a la fijación de precios”, agregando que en la actualidad “es un mercado volátil y establecer un precio mínimo es un tanto complejo”.
Mientras tanto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en un comunicado remarcaron que “es fundamental que el país sea capaz de sostener un marco estable de reglas claras y seguridad jurídica que permita la planificación de inversiones de carácter productivo”.
En este comunicado aseguran que la nueva norma “genera un impacto negativo en las empresas con inversiones en la Argentina y en el desarrollo de otros proyectos en carpeta”. Además, la cámara sostiene que “las empresas del sector trabajan de forma transparente y respetan la legislación vigente en nuestro país.
(Por Ignacio Ortíz) – La Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance, con anuncios de inversiones productivas entre enero de 2020 y diciembre de 2021 que totalizaron US$ 9.314,36 millones, de los cuales Canadá es el principal origen de los capitales, seguida de China y los Estados Unidos.
Así se desprende del informe sobre el estado actual de la minería, en el que se reseñan las inversiones anunciadas en el sector durante 2020 y 2021, periodo en el que se dieron una gran cantidad de proyectos que se encuentran en distintas etapas de ejecución en el país.
De acuerdo con el trabajo llevado adelante por la Secretaría de Minería que conduce Fernanda Ávila, la Argentina cuenta con 87 proyectos mineros en distintos estados de avance.
Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación y otros 12 que ya anunciaron su factibilidad técnica y económica, en tanto que hay 5 en prefactibilidad, 4 en evaluación económica y 30 en exploración avanzada.
De esta manera, las inversiones productivas anunciadas totalizan US$ 9.314,36 millones, de las cuales el 94,5% serán destinadas a construcción y ampliación.
Pero además se destacó que si se tiene en cuenta el desarrollo futuro de los proyectos de minerales metalíferos y litio, se podrían proyectar más de US$ 30.000 millones en inversiones necesarias para los próximos años de construcción y operación.
De la misma manera, el Gobierno considera que de concretarse alguno de los muchos proyectos en carpeta, se podrían alcanzar para 2030 exportaciones por sobre los US$ 10.000 millones, es decir más que triplicar los casi US$3.000 millones del último año.
El potencial exportador es particularmente relevante si se tiene en cuenta que la minería representa entre el 70% y el 90% de las exportaciones totales de provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.
Para fortalecer el portfolio de proyectos mineros, la Argentina registró hasta octubre 2021 -último dato disponible-, un incremento de las inversiones en exploración del 21,5%, al superar los US$ 243 millones.
En el trabajo se destacó que el alto nivel de inversiones responden al “potencial geológico de Argentina, en conjunto a políticas productivas favorables tanto a nivel nacional como en las provincias, que la posicionan como uno de los principales destinos de inversiones internacionales” en el sector minero.
San Juan lidera el ranking de anuncios de inversiones con el 55,6% del total (US$ 5.181,7 millones), provincia seguida de Salta con US$ 2.466 millones, Catamarca con US$ 1.244 millones, Jujuy con US$ 420 millones y Buenos Aires con US$ 2,5 millones, según el trabajo de la cartera minera nacional.
San Juan posee más de la mitad de los anuncios totales con el proyecto Josemaría, propiedad de Lundin Mining, con una inversión de US$ 4.200 millones.
El consorcio Barrick Gold Shandong Gold anunció también importantes inversiones que incluyen la extensión de la vida útil de Veladero, como también la construcción de la fase 7 de lixiviación.
En Salta se destaca el anuncio de la surcoreana Posco con un total de US$ 831 millones en el proyecto Sal de Oro. Además, Ganfeng Lithium y Fortuna Silver Mines suman a la provincia US$ 900 millones de inversión en los proyectos Mariana y Lindero, respectivamente.
En Catamarca, la minera Livent invertirá US$ 640 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto, además anunció la firma de un contrato con la automotriz alemana BMW por US$ 334 millones, para la provisión de litio requerido para la fabricación de baterías.
En Jujuy, la minera Orocobre y la Corporación Toyota anunciaron una inversión por US$ 400 millones para la ampliación de la planta de producción de Litio en el proyecto Sales de Jujuy.
En cuanto a commodities, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras, siendo US$ 4.608,4 millones para el cobre, US$ 3.382,5 millones para el litio, US$ 1.293 millones el oro y U$S 30 millones la plata.
Tomando los orígenes de los capitales, Canadá se posicionó como el principal país inversor, debido a la inminente construcción del Proyecto Josemaría (San Juan), constituyendo el anuncio minero más importante de las últimas décadas.
Además, junto con otros proyectos de capitales de ese país invertirán en total US$ 5.485 millones.
En segundo lugar durante el mismo bienio analizado está China con US$ 1.227 millones, Estados Unidos con US$ 974 millones y Corea del Sur con US$ 831 millones.
El ranking de inversores mineros por empresas es encabezado por Lundin Mining (Canadá), que anunció una inversión de US$ 4.200 millones en el proyecto de cobre Josemaría, luego Barrick Gold – Shandong Gold invertirán US$ 983 millones, Livent US$ 974 Millones y Posco US$ 831.
También los anuncios referentes a adquisiciones y fusiones tuvieron un lugar destacado en los últimos dos años, con un total de US$ 5.281 millones.
La fusión vinculante de Orocobre Limited y Galaxy Resources Limited, hecha pública en abril de 2021 y valorada en cerca de US$ 3.100 millones, es la más importante.
La semana pasada, otro trabajo de la Secretaría de Minería destacó que el sector minero aportó US$ 53.813 millones a la Argentina entre enero de 2003 y octubre de 2021, con lo que se convirtió en la única industria que tuvo saldo positivo en dólares todos los meses durante 17 años, de acuerdo con un análisis cambiario realizado sobre el citado período en base a los balances del Banco Central.
En una provincia afectada por la sequía, el pueblo tomó las calles con el objetivo de proteger el agua y manifestarse en contra de la modificación de la Ley 7.722, que intentaba abrir las puertas a la mega minería habilitando el uso de sustancias tóxicas.
Tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el Gobernador Rodolfo Suárez, senadores y diputados mendocinos aprobaron en una sesión maratónica la modificación a la ley provincial 7.722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras metalíferas. Y casi de la misma manera, se llegó a la derogación de la nueva normativa.
La ley 9.209 fue aprobada el 20 de diciembre en el Senado Provincial con 29 votos a favor y 7 en contra, pero la medida no encontró apoyo social, lo que empujó al Gobernador a dar marcha atrás en la implementación, y a su derogación el lunes 30 de diciembre.
La actividad minera metalífera se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de proteger el agua. Por tal motivo, la modificación de esta ley generó una fuerte tensión social, donde se produjeron movilizaciones masivas en contra del uso de sustancias tóxicas y en defensa del bien escaso.
“La velocidad con que se movieron los políticos demuestra que lo que hicieron va en contra de los intereses del pueblo y a favor del sector minero y petrolero y la gente no la avala”, expresó la ingeniera Analía De Gumucio, presidenta de la Asociación Conciencia Ambiental. Por su parte para Andrés Nápoli, presidente de FARN, “el Gobierno se apuró porque era consciente de la dificultad que iba a tener para aprobar esta normativa, y aprovechó dos circunstancias: la asunción presidencial y la del gobernador para poder llegar a su aprobación. Para los temas ambientales se necesita la legalidad y la legitimidad, traducida como licencia social para operar”.
La nueva Ley 9.209 introducía, entre otros cambios, la eliminación de la prohibición del uso de sustancias químicas y sustancias tóxicas “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Ya no será necesario aprobar por ley las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), pero se establece que estos estudios deberán contener informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
También se especificaron las tareas que tendrá la Policía Ambiental y que deberá informar anualmente a la Comisión Bicameral de Control Ambiental. Así mismo, se estableció que las Audiencias Públicas deberán hacerse en los municipios donde se localice cada proyecto y se creará un Fondo de Compensación para la gestión integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que se conformará con el 1,5% de las ventas de cada emprendimiento minero.
Una problemática real
La escasez de agua es una problemática que afecta a todo el territorio mendocino. Durante los últimos 10 años, se han implementado una serie de políticas públicas y obras de infraestructura para mantener la disponibilidad hídrica y garantizar el suministro requerido, promoviendo su uso responsable, sosteniendo la producción agrícola y mitigando el impacto producido por el cambio climático.
Ya lo dijo el gobierno mendocino en 2017 en el marco de un conflicto con La Pampa por los recursos hídricos del río Atuel: “Mendoza solo puede conocerse cabalmente si se entiende que está sentada sobre el desierto y que su alta fragilidad ante al recurso hídrico hace que el agua sea el centro de gravedad de toda decisión presente y perspectiva futura”.
A pesar de estos esfuerzos, desde 2011 el gobierno provincial viene declarando la emergencia hídrica, e incluso en 2018 precisó que ya no tendrá la misma disponibilidad de recursos que en el pasado, por lo que la escasez de agua es la “nueva normalidad”.
Por este motivo, la minería metalífera es una actividad carente de consenso social por el “compromiso potencial que generaría sobre la demanda del agua”, perjudicando el delicado equilibrio hídrico y afectando a las actividades productivas que dependen de este recurso, como los cultivos como la vid, hortalizas y frutas, principales productos de exportación de la provincia.
“Las sustancias como el ácido sulfúrico, cianuro y afines para estas actividades, lixivian en la tierra, ingresan a las napas, cambian la constitución de los suelos, envenenándolo todo. Incluso, en su reproducción inorgánica, a partir del contacto con el oxígeno y bacterias que trabajan en consecuencia. Si a esto le agregamos, la contaminación por los explosivos y los diques de cola, la ecuación es terrorífica”, describió Luciana Gagliardo, Presidente de la ONG Conciencia Solidaria.
Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMAP).
“Los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio, la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo, son realidades insoslayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables, incompatibles con un modelo extractivista”, declaró Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMAP).
La 7.722, una ley social
En 2005, diversas empresas mineras manifestaron su interés en explotar el Valle de Uco, lo que generó que los habitantes comenzaran a movilizarse para reclamar por una legislación que proteja el agua de la provincia. Cámaras de comercio y agricultores apoyaron la posición, preocupados por la demanda y uso de grandes cantidades de agua por parte de la minería.
En este marco, se presentó el proyecto de ley para suspender el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto la provincia tuviera aprobado su Plan Ambiental. Si bien el proyecto fue aprobado por el Congreso provincial en diciembre de 2006, el entonces gobernador Julio Cobos la vetó, tildándola de inconstitucional. Sin embargo, las movilizaciones y cortes pacíficos continuaron, y en junio de 2007 se logró la aprobación de la Ley provincial Nº 7.722.
“Implementar las modificaciones que establece la nueva normativa representaría una violación de los principios preventivo, precautorio y progresivo, de la política ambiental, establecidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675)”, explicó Nápoli y detalló: “El principio de progresividad, señala que una vez alcanzados ciertos estándares de protección ambiental no podrán retrotraerse, aunque sí pueden endurecerse”.
El pasado 30 de diciembre comenzó a tratarse la derogación en el Palacio Legislativo. “La restitución de la 7.722 significa un enorme triunfo del pueblo mendocino. Les dimos una lección de democracia y ciudadanía, para que empiecen a gobernar escuchando al pueblo y no a los intereses de las grandes multinacionales”, expresó Giraud.
La minería como política de estado
El proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo, quien celebró haber recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada.
“Gracias al avance tecnológico la minería dejó de ser un riesgo para convertirse en una gran oportunidad para un país que además necesita producir, crecer y exportar. La minería allí tiene un foco relevante porque exporta mucho de lo que produce, y la única forma de hacerse cargo de las obligaciones es exportando”, declaró el Presidente de la Nación públicamente.
Sin embargo, frente a las masivas movilizaciones que vienen llevándose adelante en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, emitió un comunicado en el que buscó separar al gobierno nacional de la problemática, al precisar que “la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”.
El jueves 26 se conoció la decisión del gobernador de frenar la reglamentación, quien aseguró: “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”.
En esa misma línea, expresó: “Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, y justificó la necesidad de habilitar proyectos mineros para “ampliar la matriz productiva de la provincia”.
Alberto Fernández coincide en que la minería es una fuente de riqueza y es necesario explotar los recursos naturales para sacar a millones de argentinos de la postergación. Pero pone dos condiciones: el acuerdo social y el respeto a las normas ambientales. Entre los principales intereses del Gobierno, se encuentran el desarrollo del litio y del silicio, así como el potasio en Mendoza. Por eso, la minería fue uno de los sectores beneficiados con una baja del 12% al 8% en las retenciones a las exportaciones.
Por su parte, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) realizó un estudio sobre los recursos que podrían extraerse del suelo mendocino, y estimó que podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, teniendo en cuenta mano de obra directa e indirecta. Es que existen alrededor de 20 proyectos en carpeta esperando activarse. Los empresarios aseguran que se reactivaría una actividad que movería recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral).
En lo que respecta a ingresos, Camem proyectó que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares, incluyendo consumos en bienes y servicios, y el compre local. En cuanto a la recaudación de la provincia, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares.
Sin embargo, los asambleístas estarán atentos a lo que ocurra en la legislatura: “Creemos que no se van a quedar quietos. Tememos que el gobierno siga actuando a favor de estos intereses, y que desarrolle una enorme campaña, como cuando dijo que todos estos movimientos se debían a una falta de información adecuada por parte de la ciudadanía. Nosotros queremos que el 40% de la población salga de la pobreza, pero tiene que ver con una crisis nacional más que provincial o ligada a nuestra matriz productiva”, asegura Giraud.
Recientemente en Chubut también se empezaron a organizar movilizaciones en contra de la minería, demostrando que existe una creciente conciencia de lo que significan este tipo de actividades. “Son desarrollos vinculados a la exportación, donde los territorios solo se quedan con los pasivos, y el empleo no genera notables cambios. Es hora de que entiendan que los temas ambientales no son temas aislados, marcan agenda en relación a los derechos humanos”, aseveró Nápoli.
Y concluyó: “El mensaje que se le envía al Gobierno Nacional es que los temas de desarrollo en las provincias no solamente forman parte de las decisiones de gobiernos o empresas y sindicatos, sino que hay multiplicidad de actores que tienen que participar de una mesa de diálogo y establecer si es viable o no una actividad”.
El pasado miércoles 16 de octubre, la Autoridad Minera, dirección general de Minas y Geología dependiente del Ministerio de Industria, reabrió la cantera del Paraje Carapé, estancia Itaembé que se encuentra en la ciudad de Posadas.
La reapertura de la empresa, que se dedica desde 1997 a la extracción de basalto que es comercializado en la provincia y en el Nea, significa que al menos 22 familias recuperarán su fuente de trabajo.
El Ministerio de Industria de Misiones acompañó todo el proceso, ya que la cantera se encontraba en sucesión y pasó a manos de otro grupo ajeno a los propietarios del predio, para que estos se den con celeridad y pueda ponerse en marcha lo antes posible.
Finalmente se resolvió a través de la justicia levantar la medida de clausura impuesta en junio de 2019, realizada tras la presentación de una medida cautelar por parte de los propietarios del predio.
Actualmente, la cantera cuenta con un volumen importante de stock para comenzar a operar e ir de modo progresivo incorporando a los trabajadores.
Las provincias de Corrientes y Misiones podrán sumarse a mediano plazo a la actividad minera, hoy casi totalmente concentrada en áreas andinas y de la Patagonia, a partir de un proyecto de investigación que incluirá relevamientos geológicos y de recursos minerales.
Los estudios se llevarán a cabo tras el acuerdo de cooperación en la región mesopotámica firmado por el Segemar (Servicio Geológico Minero) con el organismo homólogo de Brasil, CPRM (Compañía de Investigación de Recursos Minerales).
La secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, explicó en su cuenta oficial de Twitter que el acuerdo binacional “dará continuidad a las cartas geológicas argentino- brasileñas”.
La investigación en el ámbito de la Cuenca del Paraná abarcará además a los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en Brasil.
El acuerdo, rubricado durante la visita a la Argentina de autoridades del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, prevé además el desarrollo de un proyecto de investigación y cartografía hidrogeológica en la región fronteriza entre ambos países. (Télam)
