Ministerio de Economía

La UIA presentó a Caputo un plan para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.

El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.

Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.

El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.

Un escenario de estancamiento

La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.

En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.

Las propuestas de la UIA

La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:

  • Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
  • Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
  • Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
  • Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
  • Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
  • Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
  • Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.

Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.

Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.

Sectores en tensión

La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.

El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.

En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.

El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.

En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.

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Economía refinancia deuda, emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD 1.228 millones

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, a descuento y con vencimiento el 19 de febrero de 2027, por un monto máximo de VNO USD 1.228.159.232,62. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 7/2026 y fechada el 5 de febrero de 2026, tiene como objetivo reemplazar al vencimiento una letra en dólares que expira el 13 de febrero de 2026, en el marco del esquema de rollover de deuda intra sector público autorizado por la Ley de Presupuesto 27.798.

Refinanciamiento intra sector público y marco legal vigente

La decisión se inscribe en el Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156, que exige autorización presupuestaria para toda operación de endeudamiento. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito por los montos y destinos previstos en su planilla anexa. Asimismo, el artículo 54 de la misma norma establece que, durante el Ejercicio Fiscal 2026, los pagos de intereses y amortizaciones de capital de letras denominadas en dólares emitidas al Sector Público Nacional serán reemplazados al vencimiento por nuevos títulos públicos, cuyas condiciones definen conjuntamente las Secretarías de Finanzas y de Hacienda.

En línea con ese mandato, la resolución destaca el próximo vencimiento de la “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento con vencimiento 13 de febrero de 2026”, emitida por la Resolución Conjunta 7/2025, y dispone su sustitución por un nuevo instrumento con plazo de un año. La operatoria se encuadra, además, en las competencias asignadas por el Decreto 1344/2007, modificado por el Decreto 820/2020, que reconoce a ambas Secretarías como órgano responsable conjunto de la coordinación de la Administración Financiera.

Condiciones financieras de la nueva Letra en dólares

La Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento tendrá fecha de emisión el 13 de febrero de 2026 y vencimiento el 19 de febrero de 2027. Se emitirá, suscribirá y pagará en dólares estadounidenses, con amortización íntegra al vencimiento y tasa de interés cupón cero, característica propia de los instrumentos a descuento.

El precio de suscripción fue fijado en USD 984,98 por cada VNO USD 1.000, con denominación mínima de VNO USD 0,01. La colocación será directa y exclusiva al Sector Público Nacional definido por el artículo 8° de la Ley 24.156, así como a fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por organismos comprendidos en ese marco, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 27.798.

El instrumento será intransferible y no cotizará en mercados de valores locales ni internacionales. La titularidad se instrumentará mediante un certificado depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los servicios financieros se atenderán a través del BCRA mediante transferencias de fondos a la cuenta de efectivo del titular de la cuenta de registro. Además, la letra gozará de las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Impacto y señales al mercado

Desde el punto de vista fiscal e institucional, la emisión refuerza la estrategia de administración de pasivos mediante el reperfilamiento intra sector público, evitando desembolsos en efectivo en moneda extranjera y asegurando la continuidad operativa del Tesoro dentro de los límites presupuestarios autorizados. Al tratarse de una colocación no negociable y sin cotización, el impacto se circunscribe al ámbito público, sin efectos directos sobre el mercado de capitales.

La resolución también autoriza a titulares de áreas clave —incluidas la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras dependencias vinculadas a la programación y análisis del financiamiento— a suscribir la documentación necesaria para implementar la operación, lo que agiliza la ejecución administrativa. La norma entra en vigencia desde su dictado y fue suscripta por Jose Garcia Hamilton y Carlos Jorge Guberman.

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Caputo reconoce tasas elevadas y apuesta a la baja de la inflación y al ingreso de dólares

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que las tasas de interés reales en pesos se mantienen en niveles elevados, una situación que —según admitió— genera tensiones sobre la actividad económica y complica el objetivo oficial de reactivación. El funcionario atribuyó este fenómeno a la volatilidad preelectoral y a un contexto de “ataque político” al oficialismo, y proyectó que los rendimientos comenzarán a descender a medida que la inflación consolide su tendencia a la baja. El reconocimiento se produjo en un momento particularmente sensible para la política económica: el Tesoro enfrenta vencimientos de deuda en pesos por casi $10 billones en los próximos días y acaba de convalidar tasas cercanas al 3% efectivo mensual en letras de corto plazo.

Tasas altas, volatilidad y equilibrio macroeconómico

Están altas, obviamente”, respondió Caputo al ser consultado sobre la evolución de las tasas de interés. No obstante, explicó que el nivel actual de rendimientos es consecuencia directa de la incertidumbre preelectoral, que impacta sobre las expectativas financieras y encarece el costo del dinero en pesos. En ese marco, sostuvo que la volatilidad tuvo efectos transversales: “Tuvo sus consecuencias fuertes, en todo: en el nivel de crecimiento que tuvo el país, en el nivel de inflación y en el nivel de riesgo país”.

El ministro señaló que el descenso de las tasas será un proceso de convergencia natural, en la medida en que la inflación continúe desacelerándose. En el corto plazo, sin embargo, los rendimientos elevados cumplen una doble función: sostienen el carry trade y apuntalan la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas, a costa de restringir el crédito y elevar el costo financiero para familias y empresas.

Desde una perspectiva de política económica, la baja de tasas aparece como un objetivo estratégico del Gobierno para el mediano plazo, ya que permitiría reducir el costo del financiamiento, mejorar el acceso al crédito y potenciar la recuperación de la actividad.

Licitaciones, rollover y tasas convalidadas por el Tesoro

El debate sobre el nivel de las tasas se da en paralelo a un calendario exigente de financiamiento en pesos. En la última licitación, con apenas $2,3 billones depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Tesoro adjudicó $10,34 billones, tras recibir ofertas por $11,17 billones. El resultado fue un rollover del 124,20% respecto de los vencimientos del día, lo que implicó una absorción neta de liquidez del mercado.

El dato central estuvo en las tasas de las letras más cortas. En particular, las LECAPs con vencimiento el 16 de marzo convalidaron rendimientos de hasta 2,99% efectivo mensual, un nivel elevado si se tiene en cuenta que para marzo se espera una inflación por debajo del 3%.

Las lecturas del mercado fueron dispares. Para Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, el rendimiento es “mucho”, aunque consistente con licitaciones previas: “Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”. En cambio, Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), relativizó el impacto y sostuvo que la Secretaría de Finanzas otorgó “un poco de premio en la parte corta”, pero dentro de una licitación “normal” y favorable para el Gobierno.

Desde GMA Capital, destacaron que la operación funcionó como un mecanismo de absorción monetaria, retirando del mercado alrededor de $2 billones y endureciendo levemente las condiciones de liquidez, en un contexto en el que la tasa de caución rondaba el 20% anual y el dólar mostraba subas moderadas.

La atención ahora está puesta en la próxima licitación, prevista para la semana entrante, cuando vencen $10 billones, de los cuales $9 billones corresponden a acreedores privados. El resultado será clave para evaluar la sostenibilidad de la estrategia financiera en un escenario de tasas elevadas.

Dólares, Ley de Inocencia Fiscal y expectativas de baja de tasas

En paralelo, Caputo vinculó el problema de las tasas altas con la escasez de ahorro en el sistema financiero y volvió a poner el foco en los dólares fuera del circuito formal. En el marco de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que se publicaría en los próximos días, aseguró que el ingreso de esos fondos podría aliviar significativamente las tensiones financieras.

Los datos del BCRA dicen que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones de los argentinos”, afirmó. En comparación, señaló que los depósitos privados en dólares rondan los USD 77.000 millones, lo que implica que existe casi tres veces ese monto fuera del sistema. “Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero; con la mitad de eso, la gran mayoría de los problemas de la Argentina se solucionarían”, sostuvo en declaraciones radiales.

En ese sentido, el ministro definió a la Ley de Inocencia Fiscal como “un atajo enorme para que la recuperación sea mucho más rápida”, al facilitar el blanqueo y la canalización de ahorros hacia el sistema financiero formal. De concretarse, el ingreso de divisas podría mejorar la liquidez, reducir el costo del dinero y acelerar el proceso de baja de tasas que el Gobierno considera indispensable para consolidar la recuperación económica.

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de Educ.ar

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Mediante el Decreto 82/2026, el Poder Ejecutivo extendió hasta febrero de 2027 la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal. La decisión busca consolidar la transformación societaria, completar la reestructuración interna y asegurar la continuidad del Programa Conectar Igualdad, en un contexto de ajuste del gasto, redefinición del rol del Estado y reforma del sector público.

El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, a partir del 4 de febrero de 2026, con el objetivo de finalizar el proceso de normalización institucional, consolidar la reestructuración administrativa y garantizar una transición ordenada hacia un régimen de funcionamiento regular. La medida fue formalizada a través del Decreto 82/2026, publicado este 4 de febrero en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Federico Adolfo Sturzenegger.

La decisión se inscribe en el marco de la reforma del sector público impulsada por el Ejecutivo desde diciembre de 2023, que incluyó la transformación de empresas y sociedades del Estado en sociedades anónimas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. En ese proceso, Educ.ar dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima unipersonal, bajo control estatal, con nuevas responsabilidades y criterios de gestión.

De sociedad del Estado a sociedad anónima: los fundamentos de la prórroga

Educ.ar fue creada originalmente por el Decreto N° 383/2000, en la órbita del entonces Ministerio de Educación, con la misión de administrar y desarrollar el portal educativo nacional y producir contenidos para el sistema educativo. Con la entrada en vigencia del DNU 70/23, se derogó la Ley N° 20.705 y se estableció la conversión de las empresas estatales a sociedades anónimas, lo que motivó la intervención dispuesta por el Decreto N° 117/2024.

Durante ese período, que ya había sido prorrogado por la Decisión Administrativa N° 4/2025, el Gobierno designó como interventor al ingeniero Gastón Mariano Martín, desde el 1° de noviembre de 2024, y avanzó en una serie de medidas estructurales. Entre ellas, se destacó la aprobación formal de la transformación societaria mediante el Acta de Asamblea General N° 44 del 19 de diciembre de 2024, la regularización de balances pendientes de gestiones anteriores y la normalización de trámites ante la Inspección General de Justicia.

Según detalla el decreto, al momento de la intervención la empresa se encontraba “sobredimensionada y en una situación crítica de financiamiento”, lo que justificó un proceso de reordenamiento profundo para mejorar su eficiencia operativa y financiera.

Ajuste, reducción de personal y control del gasto

Uno de los ejes centrales del proceso fue la restructuración de los recursos humanos, instrumentada a través de dos planes de retiros voluntarios, que redujeron la dotación de personal a 172 trabajadores. Esta medida, señala el texto oficial, permitió una disminución del gasto público, el recupero de fondos por deudas pendientes y la implementación de acciones orientadas al cumplimiento de normas de integridad y transparencia.

En paralelo, se aprobó un nuevo organigrama, con una reducción de la estructura jerárquica y la definición de áreas consideradas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Además, la intervención avanzó en la elaboración de manuales de procedimientos y en la modificación del reglamento de compras y contrataciones, con el objetivo de establecer circuitos administrativos “estandarizados, claros y uniformes”.

Estas acciones se complementan con el desarrollo de un plan estratégico orientado a la generación de recursos propios y a la sostenibilidad financiera de la empresa, un punto clave en la nueva lógica de gestión que impulsa el Ejecutivo para las empresas bajo control estatal.

Conectar Igualdad y continuidad operativa

Otro elemento central que justifica la prórroga de la intervención es la transferencia del Programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.ar, dispuesta por el Decreto N° 289/2025. El programa, creado originalmente por el Decreto N° 11/2022, constituye una de las principales políticas públicas de conectividad educativa y provisión de tecnología en el sistema escolar.

El decreto advierte que una finalización anticipada de la intervención podría generar “discontinuidades en la conducción, fragmentación en los procesos decisorios y debilitamiento de los mecanismos de control”, con impacto directo sobre la ejecución de Conectar Igualdad y las restantes funciones asignadas a la sociedad.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que la intervención no solo permitió ordenar la empresa, sino que se transformó en una herramienta clave para adaptar a Educ.ar a sus nuevas responsabilidades, garantizando una gestión coordinada, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Escenarios e impacto institucional

La prórroga de la intervención hasta febrero de 2027 confirma que el Gobierno apuesta a completar el proceso de transformación antes de devolver la conducción a un esquema societario regular, evitando riesgos institucionales y operativos. Desde una perspectiva económica, la medida refuerza la estrategia oficial de reducción del gasto, control del personal y búsqueda de sostenibilidad financiera en empresas con participación estatal.

En el plano político e institucional, el decreto consolida el rumbo marcado por el DNU 70/23 y anticipa que la normalización definitiva de Educ.ar estará supeditada al cumplimiento de objetivos de eficiencia, transparencia y autosustentabilidad. En el corto plazo, el impacto se sentirá en la continuidad del Programa Conectar Igualdad y en la profundización de los cambios internos de la empresa; en el mediano plazo, el desafío será demostrar que el nuevo modelo de sociedad anónima estatal puede sostener servicios educativos estratégicos sin comprometer las cuentas públicas.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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