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ANAC moderniza la normativa de seguridad operacional y deroga seis resoluciones vigentes

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ANAC actualiza el marco regulatorio de seguridad operacional aeroportuaria y deroga seis resoluciones vigentes.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) consolidó un nuevo esquema normativo para los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en aeródromos. La medida moderniza y unifica criterios que regían desde 2012, en línea con los estándares internacionales de la OACI.

Unificación normativa y fin de un esquema fragmentado

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó la Resolución 723/2025, publicada este 16 de octubre en el Boletín Oficial. Mediante la cual deroga seis normas previas que regulaban la seguridad operacional aeroportuaria. Así redefine el marco de acción de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en todo el territorio nacional.

El organismo, que depende del Ministerio de Economía, dispuso la derogación de las resoluciones ANAC N° 605/2012, 252/2014, 443/2014, 437/2016, 570/2012 (art. 6°) y de la Disposición DGIYSA N° 541/2023, todas vinculadas a la implementación, control y análisis de riesgo de seguridad operacional en aeródromos.

La medida, firmada por el administrador nacional Oscar Alfredo Villabona, tiene como objetivo modernizar y unificar los procedimientos bajo un esquema compatible con los lineamientos del Anexo 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Documento 9859 —Manual de Gestión de la Seguridad Operacional—.

“Por la dinámica propia de las operaciones aeroportuarias no resulta viable mantener plazos rígidos para la presentación de los análisis de riesgo”, argumenta la resolución. Justificando la necesidad de adaptar la normativa a las condiciones operativas actuales.

En este contexto, la ANAC redefine la estructura de los Comités de Seguridad Operacional (CSO) y los mecanismos de análisis de riesgo. Reemplazando las reglas dispersas y de difícil cumplimiento que regían desde hace más de una década.

Modernización del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)

El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) es el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras internas que cada aeropuerto o proveedor de servicios aeronáuticos debe implementar para identificar, evaluar y mitigar riesgos vinculados a la seguridad operacional.

Hasta ahora, cada resolución regulaba aspectos específicos —como la presentación de análisis de riesgo con plazos fijos o la designación de jefes de aeródromo como responsables de los SMS—, lo que generaba superposición normativa y falta de coherencia operativa.

Con la Resolución 723/2025, la ANAC establece un nuevo marco coordinado bajo la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios y la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea, garantizando una gestión más ágil, preventiva y basada en evidencia técnica.

El texto subraya que la gestión del riesgo operacional “constituye una actividad destinada a la identificación y el control inicial de deficiencias y peligros dentro del contexto operativo”, y que debe integrarse como parte esencial del SMS de cada proveedor de servicios.

Asimismo, se refuerza el principio de responsabilidad ejecutiva de los jefes de aeródromo, designados originalmente en la Resolución 437/2016. Quienes seguirán siendo los responsables institucionales del funcionamiento del sistema en sus respectivas jurisdicciones.

Repercusiones e impacto institucional

La actualización marca un avance significativo en la política de seguridad aérea argentina, al alinear el marco regulatorio con las exigencias internacionales de la OACI. Y busca fortalecer la capacidad del Estado nacional para fiscalizar operaciones complejas en aeropuertos y aeródromos.

La medida fue elaborada con la participación técnica de las Direcciones Regionales Centro, Noroeste, Noreste y Sur, así como de las áreas de Planificación, Control de Gestión y Asuntos Jurídicos de la ANAC, lo que refleja una visión federal de la seguridad operacional.

El nuevo esquema también permitirá reducir tiempos administrativos en la aprobación de cambios operativos, obras o intervenciones en aeródromos, sin perder control sobre la evaluación de riesgos asociados.

En términos prácticos, la resolución unifica procedimientos y mejora la trazabilidad normativa, ofreciendo mayor previsibilidad a los operadores aeroportuarios, aerolíneas, concesionarios y organismos de control.

Con esta reforma, la ANAC fortalece su rol como autoridad nacional en materia de seguridad operacional, cerrando un ciclo normativo iniciado en 2012. Y reemplazándolo por un marco más moderno, coherente y adaptado a las exigencias del tráfico aéreo actual.

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Finanzas refuerza el programa financiero con nuevas emisiones y ampliaciones de deuda interna

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Tras la licitación de ayer, el Gobierno lanza nueva colocación de deuda por más de USD 7.400 millones y $8 billones

El Ministerio de Economía dispuso una emisión y ampliación de Letras y Bonos del Tesoro para cubrir las necesidades del programa financiero. La operación incluye instrumentos en pesos y títulos vinculados al dólar con vencimientos entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Letras en dólares y en pesos para reforzar el financiamiento del Tesoro

El Ministerio de Economía, a través de una Resolución Conjunta 51/2025 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, aprobó una nueva licitación de deuda pública destinada a cubrir las necesidades del programa financiero nacional. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre de 2025 y prevé captar fondos tanto en pesos como en instrumentos vinculados al dólar estadounidense.

El Gobierno dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón, con vencimiento el 30 de enero de 2026, por hasta USD 3.700 millones de valor nominal original (VNO). La licitación se realizará el 15 de octubre, y la fecha de emisión será el 17 de octubre de 2025.

Según el texto oficial, la letra estará denominada en dólares, pero se suscribirá y pagará en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central (Comunicación “A” 3500). Tendrá un plazo de 105 días, sin devengar intereses (“cero cupón”), y amortización íntegra al vencimiento.

La colocación se regirá por los procedimientos establecidos en la resolución conjunta 9/2019, que regula la emisión de instrumentos de deuda pública, y se negociará en A3 Mercados S.A. y otros mercados locales autorizados.

Ampliaciones de títulos existentes: pesos y dólar linked

Además de la nueva emisión, la resolución dispone tres ampliaciones de instrumentos ya vigentes, por un monto total que supera los USD 3.750 millones y $8 billones en valor nominal original:

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de noviembre de 2025, por hasta $4,5 billones (VNO), originalmente emitida por la resolución conjunta 6/2025.
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre de 2025, ampliada por hasta USD 3.750 millones (VNO), según la resolución conjunta 47/2025.
  • Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de enero de 2026, por hasta $3,5 billones (VNO), emitido originalmente bajo la resolución conjunta 65/2024.

Estas ampliaciones —según la cartera económica— se encuentran dentro de los límites de endeudamiento previstos en los artículos 37 y 38 de la Ley de Presupuesto 27.701, prorrogada para el ejercicio 2025 mediante el Decreto 1131/2024 y sus sucesivas modificaciones.

El objetivo es mantener la continuidad del financiamiento interno en un contexto de restricciones en los mercados externos y de necesidad de refinanciar vencimientos próximos.

Estrategia de financiamiento

La emisión forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía de diversificar la base de inversores y reducir el riesgo de corto plazo mediante instrumentos ajustados al tipo de cambio o capitalizables en pesos.

Desde comienzos de 2025, el Tesoro ha concentrado sus colocaciones en letras dólar-linked —que protegen a los inversores ante una eventual devaluación— y en bonos en pesos capitalizables, para mantener la demanda del sistema financiero local.

La decisión también se inscribe en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera y del Decreto 1344/2007, que asignan a las Secretarías de Finanzas y Hacienda la coordinación de las operaciones de crédito público.

Según la norma, las nuevas letras y bonos gozarán de todas las exenciones impositivas vigentes, y los pagos se cursarán a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que actuará como agente de registro y liquidación de los títulos.

La resolución fue firmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno Magrane, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, quienes autorizaron a las direcciones técnicas del Tesoro a suscribir la documentación operativa.

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Autos norteamericanos podrán homologarse en Argentina sin el test de protección de peatón

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El Gobierno exceptuó a los autos fabricados en Estados Unidos del ensayo de protección de peatón hasta que sea obligatorio en su país de origen.

Una resolución conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Industria y Comercio posterga la aplicación de la medida de seguridad vial para modelos fabricados bajo normas estadounidenses FMVSS.

Argentina posterga la aplicación del ensayo de protección de peatón para vehículos norteamericanos

La ANSV y la Secretaría de Industria y Comercio, emitieron la Resolución Conjunta 3/2025, publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de 2025. Mediante la cual se exceptúa temporalmente a los vehículos fabricados en los Estados Unidos de América —bajo las normas Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)— de cumplir con el ensayo de protección de peatón. El cual es exigido desde el 1° de enero de 2025 para los nuevos modelos de las categorías M1 (autos particulares) y N1 (utilitarios livianos).

La decisión responde a un pedido formal de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Que argumentó que la normativa norteamericana aún no contempla ese tipo de ensayo en sus certificaciones obligatorias. Y que su implementación en Argentina resultaría imposible de cumplir técnicamente mientras la reforma regulatoria en Estados Unidos no entre en vigencia.

El Gobierno resolvió que la exigencia será aplicable “un año después de la entrada en vigencia de la nueva norma FMVSS” que establezca la obligatoriedad del ensayo de protección de peatón en ese país.

Hasta entonces, los fabricantes e importadores de automóviles producidos bajo normativa estadounidense podrán obtener la homologación local presentando ensayos realizados en laboratorios internos avalados por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), siempre que cuenten con la certificación conocida como “Blue Ribbon Letter”.

Antecedentes normativos y fundamentos técnicos

El ensayo de protección de peatón fue introducido en Argentina mediante el acuerdo suscripto en 2017 entre la ANSV, el entonces Ministerio de Transporte, la Secretaría de Industria y Servicios y las cámaras automotrices, con el fin de incorporar estándares de seguridad vial de la ONU (normas ECE europeas o GTR-9).

Ese convenio, aprobado por la Disposición 635/2017 de la ANSV, establecía que todos los nuevos modelos de vehículos M1 y N1 deberían cumplir con dicho ensayo a partir del 1° de enero de 2025 como condición para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

Sin embargo, la Asociación de Fábricas de Automotores solicitó una prórroga específica para los autos diseñados bajo normativa norteamericana. Dado que el ensayo de impacto de peatón no es exigido en Estados Unidos.

Además, en su presentación, la entidad advirtió que no existen en la Argentina laboratorios habilitados para realizar este tipo de pruebas. Lo que hace inviable el cumplimiento del requisito en el corto plazo.

El fundamento jurídico de la excepción se apoya en el artículo 29 del Anexo 1 del Decreto 779/1995, que permite a la Secretaría de Industria y Comercio otorgar dispensas cuando existan “situaciones imprevistas” o “limitaciones técnicas de diseño” que impidan la aplicación de determinadas medidas de seguridad.

A ello se suma el Decreto 196/2025, que reconoce como válidos los ensayos realizados en laboratorios internos de las plantas automotrices con aval de la NHTSA, lo cual refuerza la equivalencia técnica entre los sistemas de homologación argentino y estadounidense.

La resolución también cita el Decreto 650/2025, que otorgó al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, junto con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dentro del esquema de reorganización ministerial impulsado por el Ejecutivo.

Impacto y alcances de la medida

La excepción aprobada beneficia directamente a las terminales e importadores que comercializan modelos producidos en Estados Unidos, como Ford, General Motors, Stellantis, Toyota y Tesla, entre otros.

El objetivo oficial, según los considerandos del texto, es “introducir regulaciones más ágiles y flexibles”. En línea con la política de simplificación y reducción de la intervención estatal en la economía.

Desde el punto de vista institucional, la norma representa una adecuación del marco de homologación automotriz argentino al sistema regulatorio de Estados Unidos. Garantizando la continuidad de las importaciones sin trabas administrativas.

La disposición también evita eventuales demoras en la comercialización de nuevos modelos y mantiene la equivalencia técnica entre ambos mercados. A la espera de que la NHTSA incorpore el ensayo de protección de peatón a las FMVSS.

La medida avalada por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, la Dirección General de Administración y el servicio jurídico permanente de la ANSV, que confirmaron la competencia técnica y legal de la resolución.

La excepción tendrá vigencia hasta un año después de que la normativa estadounidense adopte formalmente el requisito. Momento a partir del cual las automotrices deberán acreditar su cumplimiento para obtener la homologación local.

En los hechos, la decisión refleja una armonización técnica temporal y busca preservar la seguridad jurídica y operativa de la industria automotriz. Sin alterar los compromisos asumidos en materia de seguridad vial a largo plazo.

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Caputo oficializó la adhesión del Proyecto Los Azules al RIGI: inversión récord en cobre y proveedores locales

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Economía aprobó la adhesión del “Proyecto Los Azules” al RIGI, una inversión minera de USD 2.672 millones en San Juan.

La resolución 1553/2025 autoriza a Andes Corporación Minera SA a incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consolidando el primer megaproyecto minero en acceder al esquema.

Una inversión estratégica bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1553/2025, aprobó la incorporación del Proyecto Los Azules, desarrollado por Andes Corporación Minera SA (ACM SA), al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742.
La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, fue publicada el 13 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial y representa un paso decisivo en la implementación del nuevo esquema diseñado para atraer inversiones de gran escala.

El proyecto, localizado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan, contempla la construcción y operación de una mina de cobre, planta e infraestructura asociada en la Cordillera de los Andes, a seis kilómetros de la frontera con Chile.
La inversión total comprometida asciende a USD 2.672.171.207, de los cuales USD 2.353.624.141,07 se destinarán a activos computables, cumpliendo y superando el monto mínimo exigido por el artículo 172 de la Ley 27.742.

Con esta aprobación, el Ministerio de Economía formaliza la primera gran adhesión minera al RIGI, otorgando a ACM SA los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en los capítulos IV y V del Título VII de la ley, junto con un marco de estabilidad jurídica y regulatoria para los próximos años.

Detalles del proyecto y compromiso de inversión

El “Proyecto Los Azules” se enmarca en el sector Minería, específicamente en el subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación, con exclusión del potasio y el litio.
Según la resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU), constituido bajo la figura de Sociedad Anónima, modificó su objeto social para concentrarse exclusivamente en la ejecución del proyecto y cumplir con las exigencias del RIGI.

El cronograma de inversión prevé un aporte de USD 33,5 millones durante el primer año y USD 382,2 millones en el segundo, totalizando USD 415,7 millones en los primeros dos años, cifra que supera el 40% del monto mínimo exigido por la ley.
La fecha de adhesión al régimen se fijó en el 25 de septiembre de 2025, mientras que el plazo límite para alcanzar la inversión mínima fue establecido en el 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, ACM SA se comprometió a destinar 61,1% del monto total de inversión en bienes y servicios a proveedores locales, muy por encima del 20% requerido por la normativa vigente.
En materia de importaciones, el Ministerio aprobó un listado de bienes esenciales que podrán ingresar bajo la franquicia del artículo 190 de la Ley 27.742, tras la evaluación técnica de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que verificó su carácter indispensable para la ejecución del proyecto.

Aprobación institucional y control estatal

El proceso de análisis del proyecto contó con la participación de la Secretaría de Minería, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, creado por la Resolución 814/2024.
El Comité, reunido el 26 de septiembre de 2025, emitió su Acta N° 11, recomendando la aprobación del proyecto tras considerar los informes técnicos y financieros pertinentes.

En el plano macroeconómico, la resolución señala que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no observó riesgos cambiarios asociados al proyecto, al no presentar elementos que pudieran generar distorsiones en el mercado de divisas local.

El Ministerio de Economía encomendó a la Secretaría de Minería la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones del régimen, incluyendo los cronogramas de inversión, los compromisos de contenido local y los procedimientos de importación bajo régimen especial.
Asimismo, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el VPU y aplicar los incentivos fiscales y aduaneros correspondientes, mientras que el BCRA deberá otorgar los beneficios cambiarios previstos en la Ley 27.742.

La resolución también establece que eventuales controversias se resolverán mediante los mecanismos previstos en el artículo 221 de la ley, incluyendo el Panel RIGI, un órgano de arbitraje específico diseñado para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores.

El RIGI como herramienta de atracción de inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, constituye uno de los pilares de la estrategia oficial para impulsar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.
El esquema ofrece estabilidad tributaria, acceso preferencial al mercado cambiario y beneficios aduaneros a proyectos que superen un umbral mínimo de inversión, bajo un marco jurídico unificado y de largo plazo.

En el caso del “Proyecto Los Azules”, la adhesión implica una etapa clave de expansión de la minería del cobre en Argentina, en un contexto global de alta demanda de este mineral, central para la transición energética.
La inversión aprobada se inscribe, además, en la política del Gobierno Nacional de promover el ingreso de capitales productivos que fortalezcan las exportaciones y generen empleo directo e indirecto en regiones cordilleranas.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía sienta un precedente institucional para futuros proyectos mineros y energéticos que busquen acogerse al RIGI, consolidando un marco de promoción de inversiones de largo plazo con enfoque federal y competitivo.

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El Gobierno busca renovar deuda de corto plazo con bonos en pesos y dólar vinculados

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Finanzas lanza nueva licitación de deuda en pesos y dólares: busca renovar vencimientos y captar pesos al cierre de octubre

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, que se realizará el miércoles 15 de octubre de 2025, con liquidación prevista para el viernes 17 de octubre (T+2).

El menú incluye letras y bonos capitalizables en pesos (LECAP y BONCAP) y dos letras vinculadas al dólar estadounidense (LELINK), una de ellas de nueva emisión, en línea con la estrategia oficial de diversificar la base de inversores y mantener el equilibrio del perfil de vencimientos del Tesoro antes del cierre del año fiscal.

Detalles técnicos de la licitación: instrumentos, plazos y condiciones

Según el llamado oficial, las ofertas se recibirán entre las 10:00 y las 15:00 horas del 15 de octubre. Los instrumentos a licitar son los siguientes:

En pesos

  • Letra del Tesoro Nacional Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5)reapertura
    • Fecha de emisión original: 3 de febrero de 2025
    • Tasa efectiva mensual: 2,20%, capitalizable mensualmente
    • Plazo remanente: 24 días
    • Amortización: íntegra al vencimiento
  • Bono del Tesoro Nacional Capitalizable (BONCAP) con vencimiento el 30 de enero de 2026 (T30E6)reapertura
    • Fecha de emisión original: 16 de diciembre de 2024
    • Tasa efectiva mensual: 2,65%, capitalizable mensualmente
    • Plazo remanente: 105 días
    • Amortización: íntegra al vencimiento

En dólares estadounidenses

  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar (LELINK) con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (D28N5)reapertura
    • Cero cupón, amortización íntegra al vencimiento
    • Suscripción y pago en pesos, ajustada al tipo de cambio de referencia del BCRA según la Comunicación “A” 3500
  • Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar (LELINK) con vencimiento el 30 de enero de 2026 (D30E6)nueva emisión
    • Cero cupón, amortización íntegra al vencimiento
    • Suscripción y pago en pesos, ajustada al mismo mecanismo de tipo de cambio

En todos los casos, la licitación se realizará mediante indicación de precio, sin establecer valores mínimos ni máximos, conforme a los procedimientos de la Resolución Conjunta N.º 9/2019 de Finanzas y Hacienda.

El Tesoro no fijó montos máximos por instrumento, sino que indicó que colocará “hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente”.

Participación de inversores y estructura de tramos

Las ofertas se dividirán en dos segmentos: no competitivo y competitivo, con diferentes condiciones de acceso.

En el tramo no competitivo, destinado a pequeños inversores y personas físicas sin experiencia técnica en mercados financieros, las suscripciones estarán limitadas a hasta $50 millones de valor nominal (VNO) para instrumentos en pesos, y hasta USD 50.000 para los denominados en dólares. El monto mínimo será de $10.000 o USD 100, respectivamente.

Los inversores institucionales, como fondos comunes, compañías de seguros o entidades financieras, estarán excluidos de este tramo y deberán participar en el tramo competitivo, donde deberán consignar tanto el monto como el precio de suscripción por cada VNO de $1.000 o USD 1.000. En este segmento, el monto mínimo será de $1 millón o USD 1.000, sin tope máximo de oferta.

Las ofertas podrán presentarse a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y Agentes de Negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Ministerio de Economía aclaró que no se pagarán comisiones por la operación y que las colocaciones serán negociables en A3 MERCADOS S.A. y en bolsas y mercados de valores del país.

Contexto fiscal y financiero: la estrategia detrás de la colocación

Esta licitación se enmarca en el cronograma regular de financiamiento del Tesoro, orientado a refinanciar vencimientos de corto plazo y mantener la curva de deuda en pesos bajo control, con especial foco en evitar concentración de pagos en el último trimestre del año.

La inclusión de instrumentos vinculados al dólar responde al objetivo de contener la demanda de cobertura cambiaria dentro del mercado en pesos, ofreciendo títulos en moneda local ajustados al tipo de cambio oficial. De este modo, el Gobierno busca absorber liquidez sin comprometer reservas internacionales.

A su vez, la reapertura de las LECAP y BONCAP refuerza la estrategia de ofrecer instrumentos de tasa fija capitalizable, que funcionan como alternativas de inversión a corto y mediano plazo en un contexto de desaceleración inflacionaria y tasas reales positivas.

De acuerdo con la práctica habitual, los resultados de la licitación se publicarán al cierre de la jornada del miércoles 15 de octubre, y las adjudicaciones serán liquidadas el viernes 17 (T+2).

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