mar. Jul 7th, 2026

Ministerio de Economía

El Gobierno renovó el cupo de 10.750 toneladas de tabaco argentino con destino a Estados Unidos

By Redacción Economis 9 meses ago
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El Gobierno oficializó el nuevo cupo de exportación de tabaco argentino a Estados Unidos para el ciclo 2025/2026.

El Ministerio de Economía habilitó a cinco empresas del norte argentino a participar del contingente arancelario de 10.750 toneladas previsto en el marco del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos.

Un acuerdo comercial estratégico que se renueva

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca —a cargo de Sergio Iraeta— formalizó mediante la Resolución 200/2025 la distribución del cupo tarifario anual de tabaco con destino a Estados Unidos correspondiente al ciclo 13 de septiembre de 2025 – 12 de septiembre de 2026.

El cupo surge del Memorándum de Entendimiento bilateral firmado en Ginebra el 9 de agosto de 1995, en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, que asignó a la Argentina 10.750 toneladas anuales de tabaco con acceso preferencial al mercado norteamericano.

Con esta medida, el Gobierno nacional ratifica la vigencia del régimen establecido por la Resolución N° 17/2018 (ex Secretaría de Mercados Agroindustriales) y prorrogado hasta 2026 por la Resolución N° 6/2023, asegurando continuidad a un esquema clave para las economías tabacaleras de Misiones, Jujuy y Salta.

Las empresas habilitadas

El Anexo oficial (IF-2025-107324125-APN-SSMAEII#MEC) publicado en el Boletín Oficial el 13 de octubre de 2025 detalla las cinco firmas autorizadas para exportar dentro del contingente tarifario:

  • Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.
  • Bonpland Leaf S.A.
  • Comercial Industrial Misionera Argentina S.A.
  • CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda.
  • Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda.

Todas las empresas quedan habilitadas desde el 13 de septiembre de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2026. Conforme al período comercial establecido en el acuerdo.

La selección de las firmas se realizó a partir de la verificación de los requisitos exigidos en el Registro de Exportadores de Tabaco. Que regula la inscripción y cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y comerciales para acceder al cupo.

Impacto económico y proyección para el sector

La continuidad del cupo tabacalero consolida una de las vías más relevantes de exportación con valor agregado para las provincias tabacaleras del norte argentino. El acceso al mercado estadounidense con arancel preferencial permite sostener los niveles de comercialización externa y la estabilidad de miles de productores que integran el complejo tabacalero argentino. Uno de los sectores agrícolas más tradicionales y con mayor peso en las economías regionales.

El esquema, beneficia especialmente a Misiones, Jujuy y Salta, provincias que concentran la mayor parte de la producción nacional. Y que dependen en gran medida de la exportación para equilibrar sus balanzas comerciales.

Además, la resolución refuerza el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de comercio agroindustrial. Y contribuye a mantener abierta una cuota con alto valor económico y estratégico, en un contexto global de fuerte competencia entre países productores.

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Empresarios misioneros piden una Zona Aduanera Especial y rechazan el nuevo régimen de Zona Franca

By Redacción Economis 9 meses ago
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La CEM rechazó la expansión de la Zona Franca de Iguazú a Posadas e Irigoyen: “Generará asimetrías y competencia desleal”

La Confederación Económica de Misiones (CEM) manifestó su rechazo a la Resolución 1449/2025 del Gobierno nacional. La norma autoriza la ampliación de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen. La entidad advirtió que la medida “no fortalece al comercio local”. Pidió avanzar con un régimen aduanero especial alternativo que contemple reducciones impositivas y beneficios para la producción y la exportación.

Fuerte rechazo empresarial a la expansión de las zonas francas

La CEM, junto a sus entidades asociadas, expresó su “rechazo absoluto” a la Resolución 1449/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Esta resolución autoriza la expansión de la Zona Franca de Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que la decisión “no es abarcativa y, lejos de fortalecer al comercio local, generará asimetrías y competencia desleal”. Desde la CEM remarcaron que no han presentado ningún tipo de solicitud de creación o ampliación de zonas francas. Aclararon que su propuesta se orienta hacia un modelo alternativo de Zona Especial Aduanera, diseñado para favorecer la competitividad sin afectar al entramado comercial existente.

“Entendemos que esta medida no fortalece el comercio local. Generará asimetrías y competencia desleal, afectando a las pymes y comercios que sostienen la economía regional”, expresaron desde la conducción de la CEM.

La postura institucional: un régimen especial alternativo

La CEM recordó que viene trabajando desde hace tiempo en un proyecto de Zona Especial Aduanera, que contempla una reducción impositiva nacional y un tratamiento aduanero diferencial, con exenciones de aranceles a insumos para bienes destinados a la producción exportable y al fortalecimiento de cadenas locales.

Este planteo busca estimular la industrialización y el desarrollo productivo en origen, en lugar de fomentar un régimen que —según el sector empresario— podría favorecer la importación minorista y la concentración comercial en detrimento de los pequeños y medianos negocios de Misiones.

La CEM argumenta que una política de incentivos fiscales y aduaneros debería estar orientada a mejorar la competitividad del sistema productivo provincial y no a reproducir desigualdades internas entre distintas zonas geográficas de la provincia.

Contexto político y económico del conflicto

La resolución cuestionada, firmada por el Poder Ejecutivo Nacional, autoriza la extensión formal de la Zona Franca Puerto Iguazú, vigente desde la década de 1990, a nuevas áreas operativas en Posadas y Bernardo de Irigoyen. El objetivo declarado del Gobierno nacional es ampliar los beneficios de libre comercio y exenciones tributarias para incentivar la actividad económica en el NEA.

Sin embargo, sectores empresariales y comerciales locales —con la CEM a la cabeza— consideran que la medida no fue consultada con las instituciones representativas de la provincia y podría alterar la estructura de precios y flujos comerciales de Misiones, generando una competencia desigual entre zonas beneficiadas y no beneficiadas.

Desde la CEM remarcan que su propuesta de Zona Especial Aduanera no implica libre importación. Sino un régimen impositivo diferencial regulado y controlado por la Nación, enfocado en la producción, el valor agregado local y las exportaciones regionales.

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte debate sobre la política fiscal y aduanera aplicada a las provincias de frontera. Especialmente aquellas que —como Misiones— enfrentan competencia asimétrica con mercados vecinos de Brasil y Paraguay.

Proyección institucional y próximos pasos

La CEM anticipó que continuará articulando con sus cámaras sectoriales y con las autoridades provinciales para impulsar un marco normativo alternativo. Centrado en el crecimiento productivo y la equidad comercial.

En los próximos días la entidad elevaría una presentación formal ante el Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la revisión de la resolución. Además, solicitarían la apertura de un proceso de diálogo con los sectores afectados.

Desde el empresariado provincial enfatizan que “una política de frontera inteligente no puede fragmentar el territorio ni beneficiar a unos en detrimento de otros”. Y reiteran la necesidad de avanzar hacia una estrategia integral de desarrollo aduanero y fiscal para Misiones, en línea con su estructura productiva, logística y geográfica.

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El Gobierno nacional reglamentó los planes de retiro voluntario en el Estado

By Redacción Economis 9 meses ago
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El Gobierno reglamentó los planes de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional: Economía y Transformación del Estado controlarán cada programa antes de su aprobación

La resolución conjunta fija el procedimiento obligatorio para toda dependencia estatal que impulse planes de retiro voluntario o desvinculación. Busca garantizar la sustentabilidad fiscal y la coherencia con la política de reforma y desregulación del Estado.

Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía establecieron un nuevo procedimiento obligatorio para la implementación de planes de retiros voluntarios o otras formas de desvinculación laboral voluntaria en la Administración Pública Nacional y en las empresas con participación estatal.

El objetivo central de la medida es ordenar y fiscalizar los procesos de reducción de personal en el sector público, garantizando que cada iniciativa cuente con viabilidad económica, previsión presupuestaria y justificación funcional, en el marco de la política de reforma del Estado y reducción del gasto público que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

Supervisión dual: control presupuestario y modernización administrativa

La normativa dispone que ningún organismo descentralizado, entidad estatal o empresa con mayoría accionaria del Estado podrá implementar planes de retiro voluntario o mecanismos similares sin la intervención previa y favorable de dos áreas clave: La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía), encargada de evaluar el impacto presupuestario. La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsable de analizar la viabilidad organizacional y la coherencia con las políticas de recursos humanos del Estado.

En el caso de la Administración Pública Nacional centralizada, la resolución establece que el diseño y aprobación de los regímenes de retiro voluntario quedarán bajo la órbita directa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la participación de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria.

De esta manera, el Gobierno busca evitar la proliferación de programas aislados o discrecionales, alineando cada medida de reducción de personal con los lineamientos de la reforma estructural del Estado y el control del gasto salarial, uno de los componentes centrales del ajuste fiscal previsto para 2025-2026.

Requisitos estrictos y trazabilidad administrativa

El artículo 3° de la resolución detalla la información mínima que deberá incluirse en los expedientes antes de aprobar un plan de retiros voluntarios. Cada propuesta deberá incorporar:

  • La fundamentación técnica y económica de la medida.
  • El detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso y modalidad de pago.
  • La base de cálculo utilizada para determinar los montos, beneficios adicionales y estimaciones de costo total.
  • La certificación de suficiencia presupuestaria emitida por el área competente del Ministerio de Economía.

Asimismo, el artículo 4° impone un régimen de información y seguimiento obligatorio. Todos los organismos deberán notificar en un plazo máximo de cinco días hábiles la aprobación de cada plan a la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.

Deberán además remitir —en formato electrónico— los datos detallados de cada agente adherente, incluyendo nombre, CUIL, categoría, antigüedad, monto total, cuotas de pago y fecha efectiva del retiro, garantizando la trazabilidad y control estadístico de cada desvinculación.

Reforma del Estado: racionalización del empleo público y control del gasto

La resolución se enmarca en el proceso de reorganización y redimensionamiento del Estado Nacional, orientado a reducir estructuras administrativas, eliminar superposiciones y optimizar recursos humanos.

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo promueve “medidas tendientes a la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos”.

El documento también señala que los planes de retiro voluntario constituyen “una herramienta transversal y articulada para alcanzar un nivel adecuado y racional de dotación en la Administración Pública Nacional”.

Con este nuevo marco normativo, el Gobierno busca compatibilizar los objetivos de modernización administrativa con la consolidación fiscal, garantizando que toda política de reducción de personal sea evaluada técnica y financieramente antes de su implementación, tanto en el sector público central como en empresas estatales y sociedades mixtas.

La medida implica un reordenamiento del circuito decisorio en materia de recursos humanos del Estado, centralizando la supervisión técnica en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el control fiscal en el Ministerio de Economía.

En la práctica, los organismos públicos y empresas estatales que pretendan implementar planes de retiros voluntarios deberán someter sus propuestas a doble evaluación, lo que podría ralentizar la aprobación de programas individuales, pero al mismo tiempo asegurar coherencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia administrativa.

El nuevo esquema también permitirá al Estado construir una base unificada de datos sobre las desvinculaciones laborales, herramienta clave para el seguimiento del impacto de las políticas de reforma y ajuste en el empleo público nacional.

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El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

By Redacción Economis 9 meses ago
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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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El Gobierno actualizó los precios del biodiésel y bioetanol para octubre de 2025

By Redacción Economis 9 meses ago
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La Secretaría de Energía actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre. El Gobierno fijó nuevos valores mínimos para los biocombustibles utilizados en la mezcla con naftas y gasoil. Las resoluciones buscan corregir desfasajes de costos en el marco de la Ley 27.640.

A través de las Resoluciones 385/2025 y 386/2025, publicadas este lunes 6 de octubre en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció los precios mínimos de adquisición del biodiésel y del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz, que regirán durante el mes de octubre.

Según la Resolución 385/2025, el precio del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $1.508.704 por tonelada, con un plazo máximo de pago de siete días corridos desde la fecha de la factura correspondienteaviso_332427.

En tanto, la Resolución 386/2025 estableció en $891,286 por litro el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, y en $816,887 por litro el del bioetanol elaborado a base de maíz, ambos con plazo de pago de 30 días corridosaviso_332428. Los nuevos valores se aplicarán a las operaciones de octubre y se mantendrán hasta la publicación de una nueva actualización.

Contexto normativo y marco legal

Las medidas se dictan en el marco de la Ley N.º 27.640, que regula la elaboración, comercialización y mezcla de biocombustibles, y designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Esta norma reemplazó a las leyes 23.287, 26.093 y 26.334, estableciendo un nuevo esquema de determinación de precios y control del sector.

En sus considerandos, ambas resoluciones mencionan la vigencia del Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta diciembre de 2025, y la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que amplió la emergencia a los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético.

En ese contexto, la cartera energética señaló la necesidad de revisar posibles distorsiones en los precios de los biocombustibles, tanto por desfasajes con los costos reales de producción como por su impacto en los precios finales de los combustibles fósiles.

Impacto en el sector energético y productivo

La actualización de precios responde a los procedimientos vigentes establecidos por las resoluciones previas (N° 963/23 para el biodiésel y N° 373/23 para el bioetanol, ambas modificadas en 2023). Estos mecanismos permiten realizar ajustes cuando se detectan variaciones en los costos o efectos distorsivos en el mercado.

El Gobierno busca así mantener el equilibrio entre productores y refinadoras, garantizando la continuidad del programa de mezcla obligatoria y evitando impactos abruptos en los surtidores.

La decisión tiene relevancia económica para las provincias productoras de caña de azúcar y maíz, como Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, donde los biocombustibles representan una fuente clave de empleo e inversión industrial.

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