Misiones

Competitividad: Misiones aplica una inédita rebaja impositiva a los combustibles

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El Gobierno de Misiones avanzó con una de las decisiones fiscales más relevantes del año para el sector energético: la reducción drástica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la venta mayorista de combustibles en estaciones de bandera blanca, que pasará a tributar 1%, cuando hasta ahora estaba alcanzada por una alícuota del 4,5%. La medida implica una baja superior al 75% de la carga impositiva y busca equiparar el tratamiento tributario del combustible al de la actividad industrial. Tendrá un fuerte impacto en los costos operativos de empresas y también en la logística.

La decisión fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, que se apoya en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107, que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar alícuotas y regímenes de recaudación para promover el desarrollo económico .

Hasta ahora, la comercialización mayorista de combustibles estaba gravada como una actividad comercial, lo que generaba una distorsión impositiva en una cadena de valor estratégica para toda la economía. El nuevo esquema reconoce su rol productivo y logístico, y lo alinea al tratamiento que reciben las actividades industriales, reduciendo de manera significativa el costo fiscal que enfrentan los operadores del sector.

La resolución establece con claridad que la venta mayorista de combustibles para reventa comprendidos en la Ley Nacional 23.966 pasará a tributar una alícuota del 1%, mientras que la venta mayorista general de combustibles y lubricantes continuará gravada al 4,5% . De este modo, se diferencia explícitamente al eslabón que abastece al mercado interno y a las estaciones de servicio.

El propio texto oficial fundamenta la medida en la necesidad de “evitar distorsiones impositivas, fortalecer la competitividad del sector y promover condiciones equitativas que favorezcan la inversión y el sostenimiento de la actividad económica en la Provincia” . En términos prácticos, esto significa crear un entorno más favorable para que las empresas que importan, almacenan y distribuyen combustibles puedan operar con mayor previsibilidad y menores costos.

El impacto de esta decisión se proyecta a lo largo de toda la cadena: desde los grandes mayoristas y operadores logísticos, pasando por las estaciones de servicio, hasta el consumidor final. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo que se traslada en cascada, por lo que una reducción de esta magnitud mejora los márgenes del sector y reduce la presión sobre los precios finales.

Además, en una provincia de frontera como Misiones, donde existe una fuerte competencia de precios con Paraguay y Brasil, la reducción impositiva refuerza la competitividad local y desalienta la fuga de consumo hacia el exterior.

La resolución también faculta a la Dirección General de Rentas a dictar la normativa reglamentaria necesaria para la implementación del nuevo régimen , garantizando su aplicación efectiva en el sistema tributario provincial.

En síntesis, Misiones redefine el tratamiento fiscal del combustible para alinearlo con una lógica productiva y no meramente comercial. La baja de impuestos sobre un insumo clave como el combustible no solo fortalece al sector energético, sino que impacta de manera transversal en el transporte, la industria, el comercio, el turismo y el costo de vida, consolidando una estrategia orientada al crecimiento y la competitividad de la economía provincial.

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Misiones congela los nombramientos en planta permanente hasta fin de 2026

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El Gobierno de Misiones resolvió congelar las designaciones en planta permanente de toda la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 75, firmado el 12 de enero por el gobernador Hugo Passalacqua, junto al ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor “Kiko” Sartori, y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y se inscribe en la continuidad de la política de racionalización del empleo público iniciada en 2023 y profundizada en 2025.

El decreto sostiene que las condiciones que motivaron las restricciones previas al crecimiento de la planta estatal “perduran en la actualidad”, por lo que resulta necesario mantener el freno a las designaciones permanentes. A partir de esta decisión, quedan suspendidos todos los nuevos nombramientos en planta hasta fin de año, con el objetivo de contener uno de los componentes más rígidos del gasto público y preservar el equilibrio de las cuentas provinciales en un contexto nacional de fuerte ajuste fiscal.

La medida no alcanza a los sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios esenciales. Quedan exceptuados los docentes y auxiliares docentes, el personal comprendido en la Ley I N.º 160, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario y el personal de salud, incluyendo profesionales hospitalarios, enfermeros y auxiliares. Además, el gobernador podrá autorizar excepciones puntuales en otros organismos cuando lo considere necesario por razones específicas de gestión.

Uno de los aspectos centrales del decreto es la decisión de poner todas las vacantes existentes a disposición directa del Poder Ejecutivo, que podrá reasignarlas de acuerdo con futuros lineamientos de administración del capital humano. En paralelo, todos los trámites de designaciones que estuvieran en curso deberán ser devueltos a sus jurisdicciones de origen, quedando formalmente suspendida cualquier promoción de nuevos nombramientos mientras rija la medida.

El congelamiento no se limita a la administración central, sino que se extiende a organismos descentralizados y autárquicos, entes constitucionales, empresas y sociedades del Estado y a todas las personas jurídicas de derecho privado en las que la Provincia tenga participación mayoritaria. La Dirección General de Coordinación del Sector Público, a través del Sistema Integrado de Administración de Personal, será la encargada de controlar el cumplimiento efectivo de la suspensión.

Con este decreto, el Ejecutivo provincial refuerza una señal de disciplina fiscal y control del gasto, buscando evitar que el crecimiento de la estructura estatal comprometa la sostenibilidad financiera de la provincia. La decisión apunta a preservar la solvencia de Misiones sin afectar áreas clave como educación, seguridad y salud, en un escenario económico que sigue marcado por restricciones de recursos y mayor exigencia sobre las finanzas públicas.

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Productores yerbateros reclamaron al INYM recuperar facultades y frenar precios por debajo del costo

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Referentes del sector productivo yerbatero mantuvieron una reunión formal en enero de 2026 con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Martín Correa, en la que entregaron un petitorio de siete puntos y plantearon la crítica situación económica de los productores, marcada por precios de la hoja verde muy por debajo de los costos oficiales. El encuentro, realizado en la sede del organismo, expuso con crudeza la tensión entre el funcionamiento actual del mercado, la pérdida de herramientas regulatorias del Instituto y el impacto social en pequeños y medianos productores, tareferos y cooperativas.

Participaron de la reunión Jorge Skripczuk y Luis Andrusyszyn, por la Asociación Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, por la Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro; y Jorge Lizzinies, en representación de la Cooperativa Jardín América. Tras el encuentro, los productores coincidieron en destacar la apertura al diálogo del nuevo presidente, aunque advirtieron que el precio de la hoja verde y la regulación del mercado siguen siendo el núcleo del conflicto.

El petitorio: precios, facultades del INYM y una agenda territorial

El documento presentado ante el presidente Correa, fechado en enero de 2026 y registrado oficialmente por el INYM, propone siete ejes de trabajo. Entre ellos, se destacan la necesidad de desarrollar un plan de trabajo conjunto con el sector productivo en las distintas zonas yerbateras, la recuperación de las facultades del Instituto para intervenir en la formación de precios, y una agenda específica para mejorar el valor de la hoja verde de yerba mate.

El petitorio también solicita continuar con las becas estudiantiles, con una referencia explícita a unas 600 becas, reforzar el apoyo a las marcas chicas mediante canales de comercialización, y sostener las tareas de inscripción, inspección y control de calidad en toda la cadena, con el objetivo de garantizar una yerba mate de alta calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

Otro punto central es la continuidad del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG), considerado clave para el blanqueo laboral y la formalización del trabajo rural, y la articulación con el gobierno provincial para acceder a financiamiento con tasas y plazos adecuados que permitan el desarrollo de cooperativas, emprendedores y pequeños productores.

El pedido más urgente hoy es la continuidad de la CCG y trabajar una agenda que permita devolverle herramientas al INYM”, señaló Jorge Skripczuk, quien remarcó que el planteo fue compartido con el presidente y que “en muchos puntos ya se está trabajando”.

Precios por debajo del costo y mercado desregulado

Durante la entrevista posterior a la reunión, los productores describieron una situación económica que consideran crítica. Según relataron, el kilo de hoja verde en planta se está pagando entre 60 y 80 pesos, mientras que el último costo oficial calculado por el propio INYM fue de 450 pesos, cifra que, además, quedó desactualizada frente a la inflación acumulada.

A mí hoy me van a pagar 80 pesos. Saque la cuenta, no puedo”, expresó uno de los productores, sintetizando el desfasaje entre costos y precios. Desde el sector señalaron que, en el esquema actual, el mercado fija los valores, lo que permite que quienes concentran poder de compra “tiren los precios para abajo”, afectando directamente a los productores primarios.

Luis Andrusyszyn fue enfático al señalar que el reclamo central es recuperar la facultad del Instituto para establecer al menos un precio base. “No hablamos de fijar un precio arbitrario, sino de un precio base que garantice estabilidad y que no se trabaje por debajo del costo”, afirmó. En la misma línea, advirtió que muchos productores hoy no pueden afrontar impuestos, servicios básicos ni el monotributo, mientras que el precio de la yerba en góndola continúa en alza.

Reorganización del INYM, credibilidad y advertencia de conflicto

Desde el sector valoraron la predisposición del nuevo presidente del INYM, a quien identificaron con una agenda basada en transparencia, reorganización interna y eficiencia institucional. “Tenemos que hacer que el INYM vuelva a ser creíble y efectivo en sus decisiones, siempre defendiendo al pequeño productor”, sostuvo Waldemar Schwider, quien reclamó reglas claras y sanciones para quienes no cumplan.

Jorge Lizzinies, por su parte, subrayó el valor simbólico de que el Instituto vuelva a tener conducción: “Durante todo el año pasado pedíamos un presidente. Hoy lo tenemos. Venimos a escucharlo y a trabajar en conjunto”. También recordó que el INYM fue creado para defender al pequeño y mediano productor, y advirtió que, si no hay respuestas, el sector no descarta medidas de fuerza, evocando las históricas protestas con tractores de 2001 y 2002.

No obstante, los referentes señalaron que acordaron dar un compás de espera y avanzar en una mesa ampliada de diálogo, con reuniones también en el interior de la provincia, para descomprimir la creciente tensión social en las zonas productoras.

Foto de portada Marcos Otaño

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Rutas nacionales, cómo es el plan de concesiones que busca inversión privada y cero subsidios

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El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.

Etapa I en ejecución y arranque operativo

La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.

Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.

Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente

La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:

  • Tramo Oriental: 682,28 km
  • Tramo Conexión: 59,43 km
  • Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
  • Tramo Pampa: 546,65 km
  • Tramo Centro: 681,92 km
  • Tramo Mesopotámico: 276,11 km
  • Tramo Centro Norte: 536,43 km
  • Tramo Noroeste: 596,52 km
  • Tramo Litoral: 546,74 km
  • Tramo Noreste: 456,22 km
  • Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
  • Tramo Cuyo: 329,09 km
  • Tramo Mediterráneo: 672,32 km
  • Tramo Portuario Sur: 636,75 km
  • Tramo Portuario Norte: 528,04 km
  • Tramo Puntano: 720 km

El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.

Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios

La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.

Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.

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Campaña de la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para personas gestantes en Misiones

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Se aplica una dosis de esta vacuna a todas las mujeres gestantes entre las semanas 32 y 36 semanas y 6 días. La vacunación se inicia en enero teniendo en cuenta el incremento sustancial y sostenido de la circulación estacional del VSR, que ocurre todos los años entre abril y julio, impactando tanto en consultas pediátricas ambulatorias como también en guardias.

“El objetivo es lograr una mayor cobertura de la población objetivo, por eso se iniciará en el mes de enero destinado a quienes estén cursando un embarazo entre las semanas 32 y 36 semanas y seis días. De esta manera, se busca proteger durante sus primeros meses de vida a quienes nazcan en febrero y por lo tanto lleguen con menos de tres meses al inicio de temporada”, remarcó el Jefe de Inmunizaciones, Roberto Lima.

El Virus Sincicial Respiratorio es la causa principal de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia y en particular en lactantes menores a un año. También provoca aumento de hospitalizaciones, con eventuales complicaciones con requerimientos de cuidados críticos y elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal.

La incorporación de la vacuna contra el VSR para embarazadas al Calendario Nacional de Vacunación contribuye al descenso de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal en nuestro país, al reducir la infección por este virus de niñas y niños menores de seis meses de vida. Asimismo, contribuye a disminuir los altos porcentajes de ocupación en salas de internación general, camas de terapia intensiva pediátrica y neonatal causados por el virus, así como el consiguiente incremento en los costos del sistema de salud.

Sobre la vacuna contra el VSR

La vacuna contra el VSR fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su uso en personas que se encuentran entre las entre las 32 y 36 semanas de gestación. Cuenta con atributos de calidad, eficacia y seguridad, y protege contra las variantes RSV-A y RSV-B. Los estudios indican que la eficacia contra enfermedad severa es del 81,8% en los primeros 90 días de vida.

Es importante destacar que esta estrategia se agrega a las otras vacunas indicadas para la protección de las personas gestantes, como la antigripal y la vacuna contra la COVID-19, que se aplican en cualquier trimestre de la gestación. Además, la vacuna triple bacteriana acelular se aplica a partir de las 20 semanas de gestación y protege al recién nacido contra la tos convulsa durante los primeros meses de vida.

 Dónde vacunarse

Los centros de vacunación están distribuidos de la siguiente manera: https://salud.misiones.gob.ar/virus-sincicial-respiratorio-vsr/

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