MODERNIZACIÓN

Despapelizar y lenguaje claro, demandas de la modernización de la Justicia misionera

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“¿Sabe lo que es un planazo? No, no es un gran plan. Un juez que no sabe eso no puede impartir justicia en Misiones”. Planazo es un machetazo, pero no con el filo, sino con el “plano”. Suele suceder en los parajes misioneros. Con ese ejemplo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti destacó la relevancia del lenguaje claro en las sentencias, decisión adoptada para hacer más accesible el servicio al ciudadano. 

En esa misma línea se enmarca la decisión de ir hacia la digitalización total dentro del Poder Judicial y la despapelización, que insume toneladas de insumos dentro del sistema.

“Más cercana, más real, más creíble”, define la magistrada.

Para el año 2023 se tiene pensado llegar a completar también un número importante de concursos por las vacantes a completar y la creación de la nueva circunscripción judicial. • Todo esto demandará de recursos y de coordinación de procesos para ser aplicados a tecnología y equipamiento como así también de toda la logística que esto demande.

Otra de las prioridades marcadas por Venchiarutti es la creación de la Guardería propia, inicialmente en la sede del Superior Tribunal, pero que después se puede replicar en otras dependencias. 

Venchiarutti Sartori, concurrió acompañada por el administrador general, Nestor Oscar Moroz, y  la directora de administración, Liria Beatriz Schunke a la reunión de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos.

Basado en tres ejes el Poder Judicial mostró un presupuesto “austero”, enmarcado en la necesidad de mantener y continuar los proyectos que consoliden la modernización del Poder Judicial para brindar un mejor servicio de justicia.

En la presentación se hizo hincapié en que el Poder Judicial no es sólo el Superior Tribunal de Justicia y los juzgados sino que está compuesto por dependencias activas y que hacen también al funcionamiento del mismo, que son: el Consejo de la Magistratura; el Centro de Capacitación y Gestión Judicial; el Centro Judicial de Mediación; el Cuerpo Médico Forense; la Secretaria Tecnológica Informática; la Biblioteca; la Dirección de Administración; la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas; y la Dirección de Arquitectura.

La presentación del presupuesto tiene su basamento en tres ejes: 

1.- Digitalización y despapelización, de la mano de la permanente capacitación para generar recursos humanos idóneos cada vez más actualizados.

2.- Puesta en funcionamiento de nuevas dependencias.

3.- Búsqueda de descentralización.

El presupuesto prevé un incremento del 48 % que contempla, además de nuevos puestos a cubrir, la informatización y capacitación para los empleados, cuestiones que son sumamente importantes para avanzar en la digitalización de expedientes, un proceso que avanza paulatinamente pero sin pausa en la búsqueda de la despapelización del Poder Judicial.

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El Gobierno nacional promete congelar el ingreso de empleados públicos

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La iniciativa saldrá por decreto y regirá hasta el final de mandato de Macri. Habrá excepciones para universidades, CONICET y las Fuerzas Armadas. El objetivo es disminuir el déficit fiscal. La propuesta imita la tomada por el Gobierno de Misiones desde el 2015.
El gobierno nacional planea emitir un decreto con 10 medidas de Control de Gastos. El principal punto es el congelamiento de ingresos de empleados públicos hasta que finalice el mandato de Macri. También se reducirá un 30% el dinero destinado a viajes, viáticos y horas extras de funcionarios.
No podrá comenzar nuevo personal en los ministerios, AFIP, ANSES, PAMI e instituciones similares. Las empresas del Estado deberán informar cuántos empleados tienen y cuánto cobran. Salvo contados casos se dará autorización previa y podrán contratar nuevo personal en CONICET, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Universidades Públicas y personal del Servicio Exterior.
Se va a reducir el gasto en viajes y pasajes, ya que sólo los ministros podrán viajar en clase ejecutiva y los secretarios cuando el tramo sea superior a 8 horas. Además, se suspenderá la compra de nuevos autos oficiales y se relevará la cantidad de vehículos que hay hasta ahora.
Los cargos duplicados se eliminarán, es decir, que aquellos funcionarios o directores de empresas públicas con dos o más nombramientos deberán optar por un sólo salario.
Por último, a través de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, el gobierno evaluará la continuidad de toda bonificación o premio vigente y suspenderá la incorporación de nuevos beneficios.
El paquete de medidas que contempla el decreto entrará en vigencia cuando sea publicado en el Boletín Oficial. Esto ocurrirá entre hoy y principios de la semana que viene.
Desde el Ministerio de Modernización liderado por Andrés Horacio Ibarra, se manifestó que esperan un ahorro de 20.408 millones de pesos.

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Confirman cierre definitivo de Fabricaciones Militares en Azul

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Lo aseguró el interventor de la empresa estatal. Quedan cesanteados 219 trabajadores. Enojo del gremio con el intendente local.
El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, ratificó que la planta de la empresa en Azul no volverá a operar tras su cierre el 28/12 pasado.
“Queda clara la situación de la planta Azul cuyo último día de producción fue el 28 de diciembre de 2017. A partir de esa fecha sólo se están haciendo tareas de mantenimiento y seguridad”, señaló.
El funcionario nacional se pronunció de esa forma en una carta dirigida al Concejo Deliberante de Azul, según publicó el diario El Tiempo, de esa localidad.
“Es sin duda un motivo de preocupación la pérdida de numerosos empleos y algunos trabajos que proporcionaba la Planta de Azul de Fabricaciones Militares. Por ello hemos accedido a participar de una mesa de diálogo para colaborar con la sociedad azuleña en la búsqueda de formas de facilitar la generación de trabajo genuino en la región”, señaló Riva.
Además, el funcionario indicó que Fabricaciones Militares “verá las formas de poner a disposición activos que tiene en la zona, para generar proyectos en los que, dirigidos por sectores privados o públicos, con inversores interesados en los mismo, pueda participar con aportes de activos que pueden ser utilizados para concretarlos”.
Riva justificó el cierre de la planta al señalar que su responsabilidad es “velar por el conjunto de la empresa”, que dispone de instalaciones en distintos puntos del país.
Señaló que la intención del Gobierno Nacional es que la empresa sea “innovadora, productiva, viable”, de manera que “provea bienes de calidad en importantes y estratégicos sectores de mercado”.
“La situación que afecta hoy a la sociedad de Azul es parte de ese proceso que sin duda será beneficioso para el país en su conjunto”, agregó.
En tanto, desde el gremio se mostraron muy enojados con el intendente local, Hernán Bertellys, un peronista que se pasó a las filas de Cambiemos. De acuerdo al diario El Tiempo, las partes participaron de un comité de crisis realizado el lunes. Allí, Bertellys les habría reprochado a los sindicalistas haber sido “muy pasivos” en su postura frente al conflicto lo que -según el relato de los gremialistas – no le otorgaba suficiente “espalda política” ante las autoridades nacionales.
“Nos preocupa que nos esté instigando a hacer una demostración de mayor fuerza, cuando nosotros venimos conteniéndola”, sostuvieron en su declaración Juan Cacace, Daniel Firpo y Marcelo Laporte, representantes de FanAzul en aquella mesa.
En ese marco, hablaron de “incapacidad política” del Intendente y de incoherencia entre lo que dice y hace el intendente.

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Nueva estructura del Ejecutivo para achicar “un mínimo de 20% de los cargos políticos”

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Congelado el ingreso de trabajadores al Estado nacional hasta 2019, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, le presentó un plan de achicamiento de la “planta política” a Mauricio Macri, con el cual buscan recortar el 20% de estos cargos.

Desde el Gobierno de Mauricio Macri confirmaron que avanzarán con el despido de cientos de empleados públicos “sobrantes”.
“Impulsaremos una nueva Ley de Ministerios, que reflejará esa reducción, que no quiero animar un número, pero de mínima va a ser de un 20% de los cargos políticos del Poder Ejecutivo”, anunció hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, tras el regreso de Mauricio Macri de sus vacaciones en Villa La Angostura.
Según publicó el sitio ‘TN’, Peña indicó que la remoción de cargos se aplicará en ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, principalmente. Hoy se cuentan unas 3.400 designaciones con vinculaciones partidarias.
Un releva miento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) reveló en abril de 2017 que el Poder Ejecutivo posee hoy tiene 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias de Estado y 687 direcciones nacionales y generales.
Según ese informe, existen además 122 institutos y organismos, sin contar universidades ni academias. En total, existen 1.124 unidades administrativas bajo la cabeza de Macri.
El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial que depende del ministro de Trabajo Jorge Triaca informó, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP), que en 2015 cuando asumió Cambiemos había 742.113 empleados públicos dependientes de Nación, y que para 2016, ya eran 740.677.
Sin embargo, fuentes gremiales indican que Macri incrementó un 25% promedio la estructura del Estado desde que asumió, pese a haber despedido a uno s 12.000 contratados en los primeros dos años de gestión. Ahora busca dar marcha atrás con las incorporaciones “políticas”.
En ese marco y para cumplir las metas de reducción del gasto público y el déficit fiscal, el presidente encargó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un plan de ajuste del empleo gubernamental.
Según informa el diario ‘Ambito Financiero’, Ibarra contrató a una consultora privada para hacer el trabajo. A fin del año pasado trascendió que la “planta óptima” del Estado implicaría el despido de 19.119 que “sobran” en la administración, de un total de 129.606 trabajadores. En el Gobierno hablan de 17.000 puestos “superfluos”.
La ola de desvinculaciones ya comenzó, pero se profundizará en los próximos días con la disminución de más de 680 cargos de coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros, con sueldos de entre $50.000 y $200.000.
Eso es lo que llaman el ajuste de la “planta política”. Se menciona desde hace tiempo que el Ministerio de Ambiente de Sergio Bergman sería absorbido nuevamente por la Jefatura de Gabinete y que la cartera de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao regresará al ámbito de Educación.
Hacienda y Finanzas podrían volver a unificarse, al igual que Interior y Transporte. Cultura y Turismo volverían al rango de secretarías. Según el mencionado matutino, todo está por verse.
Modernización estimó que la planta “óptima” se alcanzará con jubilaciones anticipadas, retir os voluntarios, cese contratos a los que tengan ausencias reiteradas y eliminación de “exceso” de personal en algunas dependencias oficiales. En lo que va de 2018 los sindicatos estatales ya denunciaron más de 1.200 despidos de trabajadores del Estado nacional.
Durante la conferencia, Peña consideró que se trata de un “esfuerzo en materia de austeridad” que debería imitarse “en las provincia, en los municipios”.
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Macri quiere limitar el número de empleados públicos

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El Gobierno de Mauricio Macri sigue encaminado en introducir, una tras otra, reformas al Congreso Nacional, esta vez, fuentes gubernamentales afirmaron que el Presidente quiere llevar adelante el proyecto de congelamiento de empleados públicos, con el objetivo de jerarquizar la carrera administrativa. La información la dio a conocer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

Reformas van y vienen durante la gestión del Presidente Mauricio Macri, y aunque la semana pasada pudieron introducir una de las más importantes (la laboral), el Gobierno quiere introducir ahora al Congreso un proyecto que limite el número de empleados públicos, según ellos, con el fin de de jerarquizar la carreara administrativa.

La información la dio a conocer el ministro de Modernización Andrés Ibarra, luego de participar junto con el Presidente Macri y 30 funcionarios de distintos países del Encuentro Regional para las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto en el Centro Cultural Kirchner (CCK). “Se enviará al Congreso un proyecto de ley de Modernización del Estado que incluirá mecanismos para el congelamiento de vacantes de empleados públicos en la administración a través del objetivo de jerarquizar la carreara administrativa”, dijo Ibarra. Sin embargo, aclaró que el proyecto está recién en plena elaboración.

Asimismo, una fuente de la Casa Rosada le dijo al diario La Nación, que “el proyecto de ley está incluído en el Consenso Fiscal con todas las provincias y habrá un compromiso para no aumentar los empleados en el Estado, fortalecer la gestión por resultados, desburocratizar la administración y darle transparencia a la gestión”.

Lo que el Gobierno busca es implementar mecanismos para limitar el ingreso de empleados públicos y condicionarlos al mérito y la competencia. La iniciativa se guiará por los lineamientos trazados en el Compromiso Federal para la Modernización del Estado,firmado entre la Nación y las provincias, donde se plantearon los objetivos de jerarquizar el empleo público y desarrollar la carrera administrativa.

Ya se ha hecho:

En enero de este año, la administración nacional dispuso congelar la contratación de personal en las dependencias del Poder Ejecutivo. La decisión administrativa 12 fue publicada en Boletín Oficial que reglamenta la distribución del Presupuesto 2017, y fue el primer paso para la puesta en marcha del llamado “Plan de Desburocratización y Reforma del Estado”, que apunta a reestructurar la Administración Pública Nacional o, dicho de otra forma, a hacer más eficiente el gasto publico.

El modelo es similar a los casos Francia y España. En esos países se trabaja con un sistema de evaluación y la remuneración anual se fija por cumplimiento de los objetivos fijados por el Estado.
Asimismo, en junio de 2016, mediante el decreto 618/16, la gobernadora de la provincia Maria Eugenia Vidal, congeló vacantes en la administración pública. En el decreto, se explicó que la medida obedecía a la necesidad de “superar la insuficiencia de recursos económicos y financieros” y “preservar el equilibrio presupuestario sin afectar las prestaciones esenciales a cargo del Estado”.

¿Puede el Estado mantener en el mismo escalafón a un empleado público?

Entre los derechos básicos del empleo público está el derecho a la carrera administrativa, a poder ascender y mejorar su posición a medida que gana conocimiento y experiencia, a participar de los concursos y a que se respete su remuneración sin “adicionales” no remunerativos. En el país, el empleo público ha crecido exponencialmente.

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