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YPF congela el precio del combustible por 45 días y busca contener el impacto del petróleo en plena volatilidad global

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Una decisión con impacto político y económico inmediato. Desde este miércoles 1° de abril, YPF puso en marcha una estrategia que trasciende lo comercial: decidió no trasladar al surtidor las variaciones del precio internacional del petróleo durante un plazo de hasta 45 días. El anuncio, realizado por su CEO Horacio Marín, introduce un “buffer” de precios que apunta a sostener cierta estabilidad en los combustibles en un escenario global marcado por la volatilidad del Brent.

El dato es concreto y sensible: en un país donde el precio de la nafta funciona como referencia para toda la estructura de costos, la decisión abre una pregunta de fondo. ¿Es un movimiento táctico para sostener la demanda o una señal más amplia sobre el rol de la principal petrolera en un mercado que se define como libre?

El mecanismo: absorber el shock externo sin alterar el surtidor

La medida se limita a una variable clave: el precio internacional del crudo. Durante los próximos 45 días, YPF absorberá ese componente sin trasladarlo al consumidor, en un intento por amortiguar el impacto de la suba del Brent, influida por el conflicto en Medio Oriente.

La empresa dejó en claro los límites de la decisión. El congelamiento no alcanza a otras variables que componen el precio final, como impuestos o tipo de cambio, que podrían eventualmente generar ajustes. Es decir, el “buffer” no es un congelamiento total, sino una contención parcial del componente más volátil.

El contexto en el que se inscribe la medida también es relevante. Desde la compañía señalaron que la demanda muestra signos de debilidad, especialmente en el interior del país, lo que refuerza la necesidad de evitar nuevos aumentos que profundicen la caída del consumo.

Señales hacia adentro y hacia afuera

La decisión de YPF se ubica en una zona híbrida. Por un lado, la empresa ratifica que opera en una economía de libre mercado, donde las decisiones responden a oferta y demanda. Por otro, introduce un criterio de estabilidad que tiene impacto directo en la dinámica inflacionaria y en el humor social.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a la petrolera como un actor que puede moderar, al menos temporalmente, las tensiones de precios en un insumo clave. Esto no es menor en un contexto donde los combustibles inciden en transporte, logística y precios finales.

Al mismo tiempo, la medida marca un contraste implícito con el resto de las variables que no controla la empresa. Al dejar abierta la posibilidad de ajustes por impuestos o tipo de cambio, YPF delimita responsabilidades dentro del esquema económico más amplio.

Que dijo Marín

El CEO de YPF, Horacio Marín indicó en sus redes sociales “desde YPF hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”.

Explicó que “desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global. Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”.

Sostenibilidad y efecto rebote

El “buffer” tiene fecha de vencimiento: 45 días. Ese plazo funciona como ventana de contención, pero también como límite operativo. La incógnita es qué ocurrirá cuando el mecanismo se agote, especialmente si las condiciones internacionales no se estabilizan.

En el corto plazo, la decisión podría sostener el consumo y evitar un traslado inmediato a precios. En el mediano, la acumulación de tensiones podría reconfigurar el escenario.

Lo que queda en juego es más que una política comercial. Es la capacidad de una empresa clave de intervenir —aunque sea parcialmente— en un mercado sensible, sin desdibujar su lógica de funcionamiento. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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El Gobierno vuelve a postergar el impuesto a los combustibles

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El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles y trasladó al 1° de mayo de 2026 la aplicación de incrementos que debían regir desde abril. La medida quedó formalizada el 31 de marzo mediante el Decreto 217/2026, que modifica el esquema vigente y extiende el diferimiento de los tributos sobre naftas y gasoil.

El dato central no es solo la prórroga —que ya suma varias instancias desde 2024— sino su timing: el Ejecutivo opta por evitar un ajuste en precios en el corto plazo, aun cuando se trata de impuestos que se actualizan automáticamente por inflación. La pregunta que se abre es si esta decisión refuerza la estrategia de desaceleración inflacionaria o si acumula presión fiscal hacia adelante.

Un esquema legal que se aplica, pero no se ejecuta

El marco normativo es claro desde hace años. La Ley 23.966 establece montos fijos para los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con actualizaciones trimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. A su vez, el Decreto 501/2018 reglamentó el mecanismo y fijó el calendario de ajustes en enero, abril, julio y octubre.

Sin embargo, la práctica se fue apartando de la regla. Distintos decretos —incluido el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— vienen difiriendo la aplicación efectiva de esos incrementos. El resultado es un esquema donde la actualización existe en términos técnicos, pero su traslado a precios se administra políticamente.

El nuevo decreto profundiza esa lógica. Sustituye el período originalmente previsto entre el 1° y el 31 de marzo de 2026 y lo extiende hasta el 30 de abril. Además, desplaza la entrada en vigencia de los aumentos remanentes —correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025— al 1° de mayo.

En términos concretos, el Estado sigue acumulando ajustes impositivos pendientes mientras decide cuándo trasladarlos al surtidor.

Equilibrio delicado entre recaudación y precios

La decisión tiene implicancias directas en dos frentes sensibles: la recaudación y la inflación. Por un lado, el diferimiento implica resignar ingresos inmediatos derivados de tributos que, por diseño, deberían ajustarse automáticamente. Por otro, evita un impacto directo en los precios de los combustibles, con efecto indirecto sobre toda la estructura de costos de la economía.

En ese equilibrio se mueve la estrategia oficial. El decreto menciona explícitamente la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una formulación que traduce una tensión clásica: sostener la actividad sin desanclar las cuentas públicas.

Desde la perspectiva política, la medida otorga margen al Ejecutivo para administrar uno de los precios más sensibles del sistema económico. El combustible no solo afecta al consumidor final; también incide en transporte, logística y producción. Postergar el impuesto es, en los hechos, intervenir sobre esa variable.

Pero la contracara es clara: los incrementos no desaparecen, se acumulan. Y cuanto más se difieren, mayor es el ajuste potencial futuro.

Una secuencia de prórrogas que se vuelve política de Estado

El Decreto 217/2026 no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de decisiones que incluyen múltiples prórrogas desde 2025. La reiteración convierte lo excepcional en regla: el mecanismo automático de actualización queda subordinado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Ese patrón redefine el rol del instrumento impositivo. Deja de ser un componente técnico de la estructura fiscal para transformarse en una herramienta de gestión macroeconómica de corto plazo.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento no abre un conflicto inmediato con otros actores institucionales —no requiere intervención legislativa—, pero sí condiciona la dinámica fiscal futura. Cada diferimiento reduce presión en el presente y la traslada hacia adelante.

Acumulación y decisiones pendientes

El nuevo plazo fija una referencia clara: el 1° de mayo. Allí deberían converger los incrementos postergados, salvo que una nueva decisión vuelva a reprogramarlos. Esa es la variable a observar en las próximas semanas.

También será clave seguir cómo evoluciona la brecha entre los valores impositivos teóricos —actualizados por IPC— y los efectivamente aplicados. Esa distancia define el volumen del ajuste pendiente.

El Gobierno eligió, una vez más, ganar tiempo. La incógnita es cuánto margen queda para seguir difiriendo sin que el costo se traslade, tarde o temprano, a precios o a las cuentas públicas.

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Combustibles: el “reacomodamiento” de precios no se detiene en Misiones

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Con el inicio de un nuevo año, comenzaron a reflejarse los primeros movimientos en los precios de los combustibles líquidos en la provincia de Misiones. Durante el mes de enero, las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de San Javier registraron ajustes heterogéneos según el tipo de producto, combinando aumentos moderados, estabilidad e incluso una leve corrección a la baja en uno de los combustibles de mayor consumo.

De acuerdo con el relevamiento elaborado por el contador público Cristian Castro, a partir de datos de YPF San Javier, el arranque de 2026 muestra un proceso de actualización gradual, sin un patrón uniforme entre naftas y gasoil.

En el caso de la nafta Infinia, el precio se mantuvo sin cambios durante todo el mes. El litro se vendió a $1.938, sin variación respecto del mes anterior ni frente al valor de referencia de enero del año base considerado, consolidándose como el combustible de mayor estabilidad en el inicio del año.

El gasoil premium (Infinia Diesel), en cambio, registró un ajuste al alza. El precio pasó de $1.949 a $1.975 por litro, lo que representa una suba mensual del 1,33%. Según la fuente consultada, se trata de una actualización moderada, alineada con el proceso de reacomodamiento de precios que se viene observando desde el cambio de esquema económico nacional.

La nafta súper mostró un comportamiento atípico dentro del contexto general. Durante enero se observó una leve corrección a la baja: el litro descendió de $1.693 a $1.692, lo que implica una variación negativa del 0,06%, prácticamente neutra dentro de la estructura de precios vigente.

Por su parte, el gasoil común presentó un incremento del 0,80% en el mes. El precio pasó de $1.749 a $1.763 por litro, con una suba menor a la del gasoil premium, pero igualmente en terreno positivo.

El impacto acumulado desde el cambio de gobierno

Más allá de las variaciones mensuales, el análisis de largo plazo permite dimensionar la magnitud del ajuste en los combustibles desde diciembre de 2023. Siempre según los datos de YPF San Javier, la nafta súper costaba $485 por litro al momento de la asunción de Javier Milei. Al 31 de enero de 2026, ese mismo combustible se vende a $1.692, lo que implica un incremento acumulado del 248,9%.

En términos concretos, llenar un tanque de 55 litros costaba en diciembre de 2023 alrededor de $26.675, mientras que hoy demanda $93.060. La diferencia es de $66.385 adicionales por cada carga completa.

Un recorrido similar se observa en el Infinia Diesel. El gasoil premium pasó de $619 por litro al inicio de la actual gestión nacional a $1.975 a fines de enero de 2026, con un aumento acumulado del 219,1%. En una camioneta con tanque de 80 litros, el costo de una carga completa subió de $49.520 a $158.000, lo que representa un incremento de $108.480 por tanque.

El comportamiento de los precios durante enero deja un escenario de señales mixtas. Mientras algunas variedades permanecieron estables o con cambios mínimos, otras registraron subas moderadas, reflejando un proceso de actualización gradual que continúa impactando en los costos de movilidad y logística en la provincia.

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Combustibles subieron más del 41% en 2025 y cerraron el año con el mayor ajuste mensual

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La nafta y el gasoil acumularon incrementos superiores al 40% en 2025 y registraron en diciembre su mayor ajuste mensual, por encima del 7%, impulsados principalmente por la devaluación del peso y el encarecimiento de costos clave. El impacto se extendió al transporte de cargas y a insumos estratégicos como el cemento, según el último Reporte Mensual de Precios de la Fundación Colsecor, elaborado en 30 localidades de siete provincias y comparado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El cierre de 2025 confirmó que los combustibles volvieron a ser uno de los principales vectores de presión sobre los costos de la economía real. En un contexto de depreciación cambiaria del 40,6% y una inflación anual del 31,5%, la nafta y el gasoil registraron aumentos acumulados superiores al 41%, alineándose más con la evolución del dólar que con el índice general de precios. El fenómeno tuvo un correlato directo en el transporte de cargas, que cerró el año con un alza del 37%, y en la construcción, donde el cemento mostró subas relevantes, aunque con precios todavía más bajos en el interior que en la Capital.

Nafta y gasoil: diciembre concentró el mayor ajuste del año

El relevamiento de la Fundación Colsecor, realizado entre el 1 y el 7 de diciembre en 30 localidades del interior y en CABA, mostró que el último mes del año concentró el mayor aumento mensual de los combustibles en todo 2025.

En el caso de la nafta, el precio promedio por litro alcanzó los $1.668 en las localidades del interior y $1.611 en CABA, lo que implicó una brecha del 3,5%. En términos mensuales, los incrementos fueron del 7,4% en las localidades y del 7,6% en la Ciudad Autónoma, los más altos del año. En el acumulado anual, la suba llegó al 41,8% en el interior y al 45,4% en CABA, con una variación interanual idéntica.

Al analizar estos datos, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación Colsecor, explicó que “el año cierra con el mayor aumento intermensual tanto en las localidades como en CABA”, y destacó que “el precio evolucionó en paralelo al precio del dólar, que acumuló un 41,8% en el año”. Según el especialista, el hecho de que la nafta haya aumentado más en la Capital que en el interior permitió que “la brecha de precios se achicara incluso a mínimos históricos”, cuando un año atrás esa diferencia era más del doble. No obstante, advirtió que, medido en dólares, el combustible se encareció un 15% en las localidades y un 30% en CABA.

El gasoil mostró un comportamiento similar. En 2025, el incremento acumulado fue del 41,8% en las localidades y del 42,7% en CABA. En diciembre, la suba mensual alcanzó el 8,2% en el interior y el 6,2% en la Capital, consolidando a este combustible como uno de los principales factores de presión sobre los costos logísticos y productivos.

El dólar como ancla de precios y el impacto en el transporte

La dinámica de los combustibles durante 2025 estuvo fuertemente condicionada por el frente cambiario. La devaluación del peso fue del 40,6%, superando a la inflación anual del 31,5% informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y se convirtió en el principal factor de ajuste de los precios en surtidor.

De acuerdo con los analistas de Montamat & Asociados, la suba respondió a “una combinación de factores tanto locales como internacionales”, entre los que enumeraron “la evolución del tipo de cambio, el aumento de impuestos y el alza en los costos de los biocombustibles”. En ese sentido, detallaron que los incrementos buscaron compensar subas de costos como el tipo de cambio (+41%), el biodiésel (+67%), el bioetanol (+37%) y los impuestos a los combustibles (+52%), resultando en ajustes por encima de la inflación oficial.

La política de precios dinámicos, aplicada especialmente en la red de estaciones de servicio de YPF y basada en variables como la demanda, la ubicación geográfica y el horario, también incidió en la volatilidad de los valores al público, con variaciones semanales e incluso diarias a lo largo del año.

El impacto se trasladó de manera directa al transporte de cargas. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el Índice de Costos de Transporte (ICT) registró en diciembre una suba mensual del 2,2% y cerró 2025 con un incremento acumulado del 37%. Desde la entidad señalaron que, aunque el aumento de diciembre fue menor al de meses previos, “confirmó la tendencia de aceleración” observada desde la segunda mitad del año, impulsada principalmente por el combustible. El informe, auditado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), indicó además que el combustible acumuló un alza del 45% en 2025, con un 31% concentrado en los últimos seis meses, pese a que volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos, según lo dispuesto por los decretos 840/25 y 929/25.

Cemento: subas moderadas y precios más bajos en el interior

El Reporte Mensual de Precios de la Fundación Colsecor también incluyó el análisis del cemento, un insumo clave para la construcción y un indicador indirecto del nivel de actividad económica. En 2025, la bolsa de 50 kilos registró una suba promedio del 29,4% en las localidades del interior, mientras que en CABA el incremento fue del 27,7%.

Pese a estos aumentos, el precio del cemento continuó siendo más bajo fuera de la Capital. En diciembre, el valor promedio fue de $13.593 en el interior, frente a los $16.000 en CABA, lo que implicó una brecha del 15% a favor de las localidades. En términos mensuales, el cemento aumentó 2,9% en las localidades y 8,8% en la Ciudad Autónoma, mostrando una dinámica dispar entre ambos mercados.

Este comportamiento refuerza una tendencia estructural detectada por el relevamiento: mientras los combustibles tienden a converger en precios entre el interior y la Capital, el cemento mantiene una ventaja relativa en las localidades, lo que incide en los costos de la construcción y en las decisiones de inversión a nivel regional.

Un cierre de año marcado por costos en alza

El informe de la Fundación Colsecor, elaborado con el apoyo de cooperativas de servicios públicos y relevado en 30 localidades de siete provincias, confirma que 2025 cerró con un escenario de costos energéticos elevados, más vinculados a la dinámica cambiaria que a la inflación general. La suba de los combustibles, con picos en diciembre, impactó de lleno en el transporte, la producción y la logística, mientras que el cemento mostró incrementos más moderados pero con fuertes diferencias regionales.

En un contexto de reacomodamiento macroeconómico, los datos dejan en evidencia que la evolución del dólar sigue siendo el principal determinante de los precios de insumos estratégicos, con efectos transversales sobre la competitividad, la actividad económica y el poder de compra en todo el país.

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El Gobierno anunció aumentos en el impuesto al combustible a partir de enero de 2026

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El Poder Ejecutivo nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que comenzará a regir el 1° de enero de 2026. La medida, instrumentada a través del Decreto 929/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, impactará en los precios de la nafta y el gasoil, aunque mantiene el esquema de postergación gradual de los aumentos impositivos con el objetivo declarado de preservar la actividad económica y sostener el equilibrio fiscal.

El nuevo esquema redefine los montos fijos de los gravámenes establecidos en la Ley 23.966 y modifica el cronograma dispuesto previamente por el Decreto 617/2025. En los hechos, durante enero solo se trasladará una parte del ajuste total previsto por la normativa vigente, mientras que el incremento remanente fue diferido hasta el 1° de febrero de 2026.

Qué sube desde enero: montos, productos y regiones alcanzadas

Según el detalle incorporado al Decreto 617/2025 mediante el Decreto 929/2025, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, los impuestos se incrementarán en los siguientes valores:

En el caso de las naftas sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos aumentará $17,291 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $1,059 por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El gravamen general del impuesto sobre los combustibles líquidos subirá $14,390 por litro, mientras que la alícuota diferencial aplicable a determinadas regiones del país —como las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el Partido de Patagones (Buenos Aires) y el Departamento de Malargüe (Mendoza)— tendrá un incremento de $7,792 por litro. A esto se suma una suba de $1,640 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

Estos montos surgen de la actualización de los valores fijos previstos en los artículos 4°, 7° inciso d) y 11 del Título III de la Ley 23.966, que regula el régimen de impuestos sobre los combustibles líquidos y al CO₂.

El marco legal y la lógica del diferimiento impositivo

La normativa se apoya en un esquema de actualización trimestral basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, tal como lo establece el artículo 7° del Anexo del Decreto 501/2018. Dicho mecanismo contempla ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, considerando la inflación acumulada desde enero de 2018.

Sin embargo, desde 2024 el Poder Ejecutivo viene aplicando sucesivos diferimientos de esos incrementos. En particular, el Decreto 617/2025 había postergado hasta el 1° de enero de 2026 los aumentos remanentes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025 para la nafta y el gasoil.

Ahora, el Decreto 929/2025 introduce una nueva modificación: reemplaza la fecha “1° de enero de 2026” por “1° de febrero de 2026” para la aplicación total del ajuste pendiente. De este modo, durante enero se aplicará solo una parte del incremento, extendiendo por un mes más el esquema gradual que el Gobierno viene sosteniendo.

En los considerandos, el Ejecutivo fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el cumplimiento del marco legal de actualización impositiva con un manejo dosificado de su impacto en los precios.

Impacto económico y reacciones esperables

La actualización parcial de los impuestos tendrá incidencia directa en los valores de la nafta y el gasoil, con efectos indirectos sobre los costos logísticos, el transporte y la cadena de precios en general. No obstante, el diferimiento del ajuste completo busca atenuar el traslado inmediato a los surtidores, en un contexto donde los combustibles siguen siendo un insumo clave para la actividad productiva y el consumo.

Para las regiones alcanzadas por la alícuota diferencial del gasoil, el esquema mantiene un tratamiento impositivo reducido, aunque también incorpora una suba en enero. Al mismo tiempo, el cronograma ratifica que los aumentos pendientes —incluidos los que quedaron sin aplicar en 2024 y gran parte de 2025— terminarán de trasladarse a partir de febrero de 2026, lo que anticipa nuevas presiones sobre los precios relativos del sector energético.

Desde el punto de vista fiscal, la medida consolida la estrategia oficial de recomponer gradualmente la recaudación asociada a los impuestos a los combustibles, sin aplicar un shock pleno en un solo mes, pero sin renunciar al sendero de actualización previsto por la ley.

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