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La obsolescencia tecnológica ahoga sin pausa a los aserraderos del NEA

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Por Aldo Grasso, Asora. Para comprender la crisis de sustentabilidad que atraviesa el subsector maderero PYME en la actualidad, es imperativo analizar la evolución de su matriz tecnológica desde la década de los 80. En aquel entonces, la aparición de los primeros raleos de pino de bajo diámetro obligó a una industria acostumbrada a la madera nativa ‒con sus pesados carros y grandes sierras sin fin‒ a buscar soluciones en la tecnología brasileña de marcas como Schiffer, Langer o Danbros.

Si bien ese parque industrial fue apropiado para su momento, hay un punto de inflexión crítico a mediados de los 90: mientras el mundo avanzaba hacia el aserrado de alta producción, la industria argentina optó por priorizar la inversión en remanufactura (Finger Joint, molduras y blanks) atraída por los mercados de exportación. Esta decisión, aunque generó valor agregado, dejó una cuenta pendiente en la primera transformación que hoy, treinta años después, se traduce en una brecha de eficiencia difícil de sostener ante la competencia regional.

Del aserrío convencional al Chipper Canter: la revolución que no llegó a las PYMES locales

El hito que marcó la diferencia a nivel global ocurrió en la feria Ligna de Hannover en 1993, cuando se presentaron los primeros aserraderos compactos perfiladores. Esta tecnología, basada en el Chipper Canter o perfilador, permite transformar un rollizo cilíndrico en un canto prismático de forma automatizada y continua, optimizando el rendimiento volumétrico mediante escaneo 3D (láser y rayos X) y software de optimización en tiempo real.

A diferencia de nuestras plantas, que mayoritariamente conservan sierras sin fin con clasificación mecánica y visual, los sistemas de flujo continuo integran el descortezado, el perfilado y las sierras múltiples en una sola línea de alta velocidad. Marcas líderes como Westardite o Linck nunca llegaron a establecerse con fuerza en el país, lo que impidió que el núcleo mayoritario de las PYMES se subiera al “tren de la modernidad”, perdiendo la oportunidad de alcanzar los estándares de homogeneidad dimensional y confiabilidad mecánica que exige el mercado actual.

Los devastadores números de la brecha entre Argentina y sus vecinos

Cuando se realiza un análisis comparativo o benchmark sobre la adopción de tecnologías como la optimización en tiempo real y la automatización integral, los resultados para Argentina son preocupantes frente a sus vecinos directos. Mientras que Chile presenta un nivel de adopción “muy alto” y Brasil y Uruguay se sitúan en un nivel “medio”, Argentina permanece en un nivel “bajo” en casi todos los indicadores de modernización.

Esta disparidad tecnológica tiene un impacto directo y brutal en los indicadores de eficiencia: mientras un aserradero local aún ronda rendimientos del 37% al 38%, las plantas tecnificadas de la región alcanzan entre el 55% y el 65%. Del mismo modo, la productividad por hora-hombre en los países vecinos triplica los valores locales, sumado a una mayor disponibilidad operativa que permite trabajar en múltiples turnos con menores paradas técnicas. No se trata solo de un problema de máquinas; es una pérdida sistémica de competitividad frente a países que procesan el mismo recurso forestal con estándares de calidad y costos significativamente superiores.

El nudo gordiano: obsolescencia estructural y el camino a la sustentabilidad

El problema central que enfrentan los aserraderos del NEA es una obsolescencia de carácter estructural que pone en jaque la sustentabilidad misma de la empresa maderera argentina. El sector compite hoy en un mercado global donde la eficiencia no es opcional. La propuesta es tan clara como desafiante: para avanzar, se requiere reconocer que el modelo basado en sierras sin fin y bajo nivel de automatización ha llegado a su límite operativo. Para el corto y mediano plazo, el futuro depende de cerrar esta brecha de rendimiento y productividad mediante la incorporación de robótica y sistemas de escaneo, permitiendo que las PYMES alcancen los niveles de eficiencia de sus competidores internacionales.

En un contexto de país con la economía parada, sin créditos para la actividad productiva y sin política industrial, el riesgo se transforma en agonía. Más aún cuando en el horizonte de la forestoindustria se recorta otro problema: su ineficiente integración vertical.

Ante tamaño panorama, ¿hay salida? La clave para desatar este nudo asfixiante está, en gran parte, en la resiliencia de la industria nacional. Es decir, en esa capacidad de las PyMEs para estirar el tiempo mientras se buscan soluciones y se espera un cambio de contexto. De no mediar una reconversión tecnológica profunda, el riesgo de quedar fuera de los estándares de calidad global es inminente. El tiempo sigue corriendo…

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Misiones activa una mesa con Nación para blindar la respuesta ante incendios y emergencias

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El Ministerio de Ecología de Misiones abrió una nueva etapa de articulación con la estructura nacional de manejo del fuego al recibir a las autoridades renovadas de la Brigada Nacional de Manejo del Fuego de la regional NEA, ahora bajo la órbita de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación. El encuentro, encabezado por Martín Recamán, no fue una reunión protocolar más: funcionó como punto de partida para un plan de trabajo conjunto orientado a reforzar la prevención y el combate de incendios, pero también a ordenar la respuesta frente a inundaciones, tormentas y derrumbes. En un escenario donde la gestión del riesgo ya no se limita al fuego, la pregunta que empieza a abrirse es otra: si esta nueva arquitectura federal mejora de verdad la capacidad de respuesta en el territorio o si la coordinación seguirá dependiendo de la voluntad política de cada nivel del Estado.

La cita dejó un dato institucional relevante. La brigada regional que opera en el NEA ya no aparece solo como una herramienta técnica, sino como parte de un dispositivo federal encuadrado en Defensa, lo que introduce una señal política sobre cómo la Nación reorganiza la gestión de emergencias. En Misiones, esa redefinición encuentra a la provincia buscando asegurar interlocución directa, recursos disponibles y un esquema operativo aceitado con sus propios equipos.

Un reordenamiento institucional con impacto en la gestión territorial

Durante la reunión, las nuevas autoridades de la brigada federal presentaron los lineamientos de gestión para la región. El nuevo jefe, Fernando González, el coordinador regional, Daniel Blanco, y la nueva jefa administrativa, Sonia Álvez, expusieron las principales acciones previstas para fortalecer la prevención y el combate de incendios y ampliar la capacidad de respuesta ante otras contingencias.

El punto no es menor. El texto base muestra que la agenda dejó de estar acotada al manejo del fuego y se amplió a un esquema más integral de emergencias. Esa ampliación modifica el sentido político del vínculo entre Nación y provincia. Ya no se trata solo de asistir frente a focos ígneos en épocas críticas, sino de construir una red de intervención para eventos cada vez más diversos y más frecuentes. Cuando se incorporan inundaciones, tormentas y derrumbes, lo que aparece es una lectura más amplia del riesgo territorial y una necesidad de coordinación que exige algo más que presencia eventual.

En ese marco, la dependencia actual de la brigada respecto de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación agrega densidad institucional. La prevención y respuesta ante desastres empiezan a organizarse dentro de una estructura nacional con capacidad de despliegue y mando más centralizado. Para Misiones, eso puede implicar una ventaja operativa si la articulación fluye; pero también obliga a ordenar canales, responsabilidades y tiempos de decisión para que la asistencia no llegue tarde cuando la emergencia ya escaló.

El Gobierno provincial busca coordinación real y recursos disponibles

Uno de los aspectos más concretos del encuentro fue la puesta a disposición del personal y el equipamiento con que cuenta la brigada federal. Ese gesto traduce en términos operativos una idea política clara: la coordinación no puede quedar reducida a una foto institucional, sino que debe apoyarse en recursos identificables, capacidades desplegables y protocolos compartidos.

Misiones viene trabajando con su propia estructura en materia de manejo del fuego, y por eso el encuentro en Ecología puede leerse como un movimiento para ordenar la convivencia entre el componente provincial y el federal. No hubo anuncios grandilocuentes ni cifras nuevas, pero sí una señal de gestión: el Gobierno provincial quiere integrar la capacidad nacional a su propio sistema de respuesta antes de que aparezca una contingencia de gran escala.

La presencia del subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; de Luis Chemes, director de Manejo del Fuego; y de representantes de la Brigada Provincial de Manejo del Fuego refuerza esa línea. No se trató solo de una reunión entre funcionarios nacionales y el ministro. Hubo una mesa ampliada con áreas que intervienen sobre el territorio y sobre la respuesta directa. En términos institucionales, eso muestra que la provincia intenta bajar la coordinación al plano operativo y no dejarla en una conversación política general.

Incendios, clima y territorio: una agenda que ya no admite compartimentos estancos

El contenido del plan de trabajo también revela un cambio de enfoque. El manejo del fuego sigue siendo el eje, pero se inserta dentro de un sistema de emergencias más amplio. Esa decisión tiene lógica territorial. En provincias con alta exposición a eventos climáticos y ambientales, separar incendios de inundaciones, tormentas o derrumbes puede debilitar la respuesta del Estado, porque los mismos equipos, la misma logística y la misma capacidad de despliegue suelen cruzarse en distintos tipos de crisis.

Por eso, la reunión en el Ministerio de Ecología tiene una dimensión más estratégica de lo que su formato sugiere. La prevención ya no se limita a una temporada de riesgo. Empieza a pensarse como una política de articulación permanente entre áreas técnicas, mandos operativos y niveles de gobierno.

En esa lectura, el Ministerio de Ecología busca consolidar una centralidad institucional en una agenda que combina ambiente, territorio y emergencia. No solo administra recursos naturales: también se posiciona como nodo de coordinación frente a eventos críticos. Esa ampliación del rol ministerial puede fortalecer la capacidad provincial de interlocución con Nación, especialmente si la Agencia Federal de Emergencias gana peso dentro del esquema nacional.

Un acuerdo operativo que todavía debe demostrar volumen en el terreno

La presentación de autoridades y el diseño de un plan conjunto marcan un movimiento táctico importante para la gestión ambiental y de emergencias en Misiones. Ordenan interlocutores, habilitan un canal de trabajo y reconocen que el territorio exige respuestas más integradas. Pero el valor político del gesto dependerá de su traducción concreta.

En las próximas semanas habrá que observar si esta articulación avanza hacia protocolos, ejercicios conjuntos, distribución más precisa de equipamiento y una coordinación sostenida entre brigadas nacionales y provinciales. Porque en materia de incendios y desastres, la diferencia entre una estructura formal y una capacidad real suele aparecer recién cuando el territorio entra en tensión.

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Misiones lanza línea de alivio financiero para estatales y jubilados con alta carga de deuda

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El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.

La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.

Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.

La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.

La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.

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Valdés presentó en New York el gasoducto Chaco–Santa Catalina como carta política y productiva en la agenda internacional

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró el jueves (12/03) su participación en la Argentina Week en Nueva York con una apuesta clara: colocar al gasoducto Chaco–Santa Catalina en el centro del mapa de inversiones para el nordeste argentino. Durante un panel de gobernadores realizado en el marco del encuentro, el mandatario provincial presentó la obra energética como una infraestructura capaz de redefinir el perfil productivo de la región y abrir nuevas oportunidades industriales.

La intervención funcionó, además, como el punto final de su gira en Estados Unidos. En un foro orientado a vincular a dirigentes provinciales con inversores y actores del sistema financiero internacional, Valdés eligió subrayar un mensaje político y económico concreto: la disponibilidad de gas natural podría transformar el escenario energético de Corrientes y generar condiciones para atraer capital productivo.

La pregunta que sobrevuela ese planteo es evidente. ¿Se trata simplemente de un proyecto de infraestructura o del intento de posicionar a Corrientes como un nodo energético en el nordeste, capaz de alterar la dinámica productiva regional?

Infraestructura energética y estrategia de desarrollo

En su exposición, Valdés explicó que la construcción del gasoducto Chaco–Santa Catalina tendría efectos directos sobre varios sectores de la economía provincial. Según detalló, la llegada del gas natural permitiría ampliar la capacidad productiva en áreas vinculadas a la logística, la industria química y el sector alimentario.

El planteo apunta a una ecuación clásica en la política económica regional: energía más accesible como motor para atraer inversiones. En ese marco, el gobernador sostuvo que la obra podría facilitar además la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento donde el acceso a energía competitiva suele ser un factor decisivo para la industrialización local.

Durante el panel también proyectó un horizonte más amplio. La infraestructura energética —según indicó— abriría la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados al gas, como plantas de GNL o GNC.

El argumento se articula con una narrativa de desarrollo basada en infraestructura estratégica. En esa lógica, el gasoducto aparece no solo como una obra energética sino como una plataforma para reconfigurar cadenas productivas.

Energía, inversiones y posicionamiento regional

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por una cifra que dimensiona el alcance del proyecto. De acuerdo con su exposición, el gas natural beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en Corrientes y Misiones, con energía “más competitiva y limpia”.

En términos económicos, el planteo vincula tres variables: reducción de costos productivos, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esa combinación suele ser central en los discursos dirigidos a potenciales inversores internacionales.

En ese sentido, Valdés enfatizó la necesidad de consolidar condiciones institucionales que respalden la llegada de capital. “Con reglas claras y un marco legal que promueve inversiones, Corrientes puede consolidarse como un nodo energético del NEA”, afirmó durante su intervención.

La estrategia se inscribe en una dinámica más amplia donde las provincias buscan posicionarse en el escenario internacional para captar proyectos productivos. En ese terreno, las obras de infraestructura energética funcionan como una carta de negociación política y económica.

Un proyecto que abre expectativas y desafíos

El cierre de la participación correntina en la Argentina Week dejó instalado un eje claro: la infraestructura energética como palanca de desarrollo regional.

Si el gasoducto Chaco–Santa Catalina avanza según lo proyectado, el impacto podría extenderse más allá del suministro energético. El acceso al gas natural podría modificar costos industriales, habilitar nuevas actividades productivas y generar un entorno más atractivo para inversiones.

Sin embargo, el escenario todavía depende de múltiples variables: la concreción de la obra, la capacidad de transformar disponibilidad energética en proyectos industriales concretos y la coordinación regional para aprovechar esa infraestructura.

Por ahora, la apuesta política quedó planteada en un escenario internacional. El desafío comenzará cuando ese proyecto de desarrollo tenga que traducirse en inversiones, producción y empleo dentro del territorio.

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El ENRE avala el nuevo control en Transnoa y Transnea y redefine el mapa eléctrico del norte

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La Resolución 83/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convalidó el cambio de control societario sobre Elecnorte S.A., llave accionaria de Transnoa y accionista relevante de Transnea. La operación, cerrada el 3 de septiembre de 2025, deja a Diego Héctor Castro y Melitón López en una posición decisiva sobre el transporte de energía en el NOA y el NEA. El dato central: Elecnorte posee el 57,76% de Transnoa y el 27,43% de las acciones clase A de Transnea. La señal es clara: el regulador habilita una concentración indirecta en un segmento estratégico del sistema eléctrico.

El movimiento no es menor. En un sector donde el transporte de energía opera bajo concesiones monopólicas regionales y fuerte regulación, cada cambio accionario exige una doble validación: la sectorial y la de competencia. Con la publicación en el Boletín Oficial, el ENRE cerró la instancia eléctrica de un proceso que se tramitó bajo el expediente de concentración económica “Conc. 2058”, activado tras la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La decisión ordena el tablero en el norte argentino, pero también abre una etapa de observación política y económica sobre cómo se administrará ese poder.

El marco regulatorio y la ingeniería societaria detrás del cambio

El eje formal de la operación fue la venta del 100% del capital social de Asisnort S.A. a favor de CO Desarrollo S.A. y Latam Inversores S.A., vehículos societarios vinculados a Castro y López. A través de esa adquisición en partes iguales, los empresarios tomaron control mayoritario indirecto de Elecnorte S.A., la sociedad que concentra la participación decisiva en las transportistas del norte.

Elecnorte posee: El 57,76% del capital de Transnoa S.A. El 27,43% de las acciones clase A de Transnea S.A.

En términos prácticos, eso implica manejar la empresa que define la estrategia en el transporte troncal del Noroeste Argentino y tener un peso determinante en la red del Noreste.

El ENRE evaluó la transacción bajo dos criterios clásicos del marco regulatorio eléctrico: Capacidad técnica de los adquirentes. Impacto sobre la competencia y la concentración del mercado.

    El organismo concluyó que la operación no vulnera los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 24.065 ni las incompatibilidades previstas en los pliegos de concesión. También sostuvo que no genera un aumento “indebido” en la concentración del mercado de transporte eléctrico.

    El regulador, sin embargo, dejó una nota lateral relevante: no se pronunció sobre un tramo vinculado a Norte Grande Eléctrico S.A., porque transferencias previas no habían sido oportunamente autorizadas. Ese detalle técnico revela que la arquitectura societaria fue más amplia que el núcleo formal aprobado.

    La aprobación, en todo caso, legitima el nuevo esquema de control. A partir de ahora, la responsabilidad sobre la gestión y las inversiones en las redes de alta tensión del norte tendrá nombres propios en el vértice decisorio.

    Transporte eléctrico: concentración permitida en un mercado monopólico

    El transporte de energía no es un mercado competitivo en sentido clásico. Cada empresa opera en un área de concesión exclusiva. Transnoa cubre la red troncal del NOA; Transnea cumple un rol equivalente en el NEA. Son monopolios regulados por definición.

    Eso cambia la naturaleza del análisis económico. La pregunta no es si habrá competencia en precios, sino cómo incide el nuevo control sobre variables como: Nivel de inversión en infraestructura. Mantenimiento de líneas y estaciones transformadoras. Calidad del servicio. Capacidad de respuesta ante fallas. Relación con las provincias y usuarios.

    En los últimos años, gobiernos provinciales y organismos de defensa de usuarios señalaron fallas recurrentes y déficits de inversión en el sistema del norte. En ese contexto, la concentración indirecta en manos de un mismo núcleo empresario puede tener dos lecturas opuestas.

    Por un lado, un control consolidado puede facilitar decisiones de inversión coordinadas y una estrategia más clara de expansión o modernización. Por otro, reduce la dispersión de poder económico en un segmento clave del sistema energético y fortalece la capacidad negociadora privada frente al Estado.

    La resolución del ENRE sostiene que no hay afectación indebida de la competencia. Pero en un mercado monopólico, la discusión real no es la competencia horizontal sino el equilibrio entre regulador y concesionario

    Señal política y mapa de poder eléctrico

    La aprobación de la operación no solo valida una compraventa. También envía una señal institucional: el regulador acepta una reconfiguración accionaria significativa siempre que se encuadre en la Ley 24.065 y supere el filtro técnico y de competencia.

    En términos políticos, el mensaje al mercado es de previsibilidad normativa. El Estado no bloquea el ingreso de nuevos controlantes si cumplen requisitos formales y técnicos. Eso reduce incertidumbre regulatoria en un sector donde las inversiones dependen de horizontes largos y reglas estables.

    Sin embargo, la concentración indirecta de control en Transnoa y la influencia relevante en Transnea reconfigura el mapa de poder del transporte eléctrico del norte. Provincias con sistemas frágiles y antecedentes de conflictos por cortes y colapsos de tensión observarán de cerca el desempeño de la nueva conducción.

    El desafío ahora no es jurídico, sino operativo. El expediente regulatorio está cerrado. La discusión económica empieza con la próxima ola de inversiones, los planes de mantenimiento y la respuesta ante fallas.

    El ENRE ya fijó su posición: la operación respeta la ley y no altera la competencia de manera indebida. El mercado tomó nota. Las provincias y los usuarios esperan otra cosa: resultados concretos en la red.

    La verdadera prueba del nuevo esquema no estará en la Resolución 83/2026, sino en la capacidad de transformar poder accionario en infraestructura efectiva.

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