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Valdés presentó en New York el gasoducto Chaco–Santa Catalina como carta política y productiva en la agenda internacional

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró el jueves (12/03) su participación en la Argentina Week en Nueva York con una apuesta clara: colocar al gasoducto Chaco–Santa Catalina en el centro del mapa de inversiones para el nordeste argentino. Durante un panel de gobernadores realizado en el marco del encuentro, el mandatario provincial presentó la obra energética como una infraestructura capaz de redefinir el perfil productivo de la región y abrir nuevas oportunidades industriales.

La intervención funcionó, además, como el punto final de su gira en Estados Unidos. En un foro orientado a vincular a dirigentes provinciales con inversores y actores del sistema financiero internacional, Valdés eligió subrayar un mensaje político y económico concreto: la disponibilidad de gas natural podría transformar el escenario energético de Corrientes y generar condiciones para atraer capital productivo.

La pregunta que sobrevuela ese planteo es evidente. ¿Se trata simplemente de un proyecto de infraestructura o del intento de posicionar a Corrientes como un nodo energético en el nordeste, capaz de alterar la dinámica productiva regional?

Infraestructura energética y estrategia de desarrollo

En su exposición, Valdés explicó que la construcción del gasoducto Chaco–Santa Catalina tendría efectos directos sobre varios sectores de la economía provincial. Según detalló, la llegada del gas natural permitiría ampliar la capacidad productiva en áreas vinculadas a la logística, la industria química y el sector alimentario.

El planteo apunta a una ecuación clásica en la política económica regional: energía más accesible como motor para atraer inversiones. En ese marco, el gobernador sostuvo que la obra podría facilitar además la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento donde el acceso a energía competitiva suele ser un factor decisivo para la industrialización local.

Durante el panel también proyectó un horizonte más amplio. La infraestructura energética —según indicó— abriría la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados al gas, como plantas de GNL o GNC.

El argumento se articula con una narrativa de desarrollo basada en infraestructura estratégica. En esa lógica, el gasoducto aparece no solo como una obra energética sino como una plataforma para reconfigurar cadenas productivas.

Energía, inversiones y posicionamiento regional

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por una cifra que dimensiona el alcance del proyecto. De acuerdo con su exposición, el gas natural beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en Corrientes y Misiones, con energía “más competitiva y limpia”.

En términos económicos, el planteo vincula tres variables: reducción de costos productivos, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esa combinación suele ser central en los discursos dirigidos a potenciales inversores internacionales.

En ese sentido, Valdés enfatizó la necesidad de consolidar condiciones institucionales que respalden la llegada de capital. “Con reglas claras y un marco legal que promueve inversiones, Corrientes puede consolidarse como un nodo energético del NEA”, afirmó durante su intervención.

La estrategia se inscribe en una dinámica más amplia donde las provincias buscan posicionarse en el escenario internacional para captar proyectos productivos. En ese terreno, las obras de infraestructura energética funcionan como una carta de negociación política y económica.

Un proyecto que abre expectativas y desafíos

El cierre de la participación correntina en la Argentina Week dejó instalado un eje claro: la infraestructura energética como palanca de desarrollo regional.

Si el gasoducto Chaco–Santa Catalina avanza según lo proyectado, el impacto podría extenderse más allá del suministro energético. El acceso al gas natural podría modificar costos industriales, habilitar nuevas actividades productivas y generar un entorno más atractivo para inversiones.

Sin embargo, el escenario todavía depende de múltiples variables: la concreción de la obra, la capacidad de transformar disponibilidad energética en proyectos industriales concretos y la coordinación regional para aprovechar esa infraestructura.

Por ahora, la apuesta política quedó planteada en un escenario internacional. El desafío comenzará cuando ese proyecto de desarrollo tenga que traducirse en inversiones, producción y empleo dentro del territorio.

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El ENRE avala el nuevo control en Transnoa y Transnea y redefine el mapa eléctrico del norte

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La Resolución 83/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convalidó el cambio de control societario sobre Elecnorte S.A., llave accionaria de Transnoa y accionista relevante de Transnea. La operación, cerrada el 3 de septiembre de 2025, deja a Diego Héctor Castro y Melitón López en una posición decisiva sobre el transporte de energía en el NOA y el NEA. El dato central: Elecnorte posee el 57,76% de Transnoa y el 27,43% de las acciones clase A de Transnea. La señal es clara: el regulador habilita una concentración indirecta en un segmento estratégico del sistema eléctrico.

El movimiento no es menor. En un sector donde el transporte de energía opera bajo concesiones monopólicas regionales y fuerte regulación, cada cambio accionario exige una doble validación: la sectorial y la de competencia. Con la publicación en el Boletín Oficial, el ENRE cerró la instancia eléctrica de un proceso que se tramitó bajo el expediente de concentración económica “Conc. 2058”, activado tras la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La decisión ordena el tablero en el norte argentino, pero también abre una etapa de observación política y económica sobre cómo se administrará ese poder.

El marco regulatorio y la ingeniería societaria detrás del cambio

El eje formal de la operación fue la venta del 100% del capital social de Asisnort S.A. a favor de CO Desarrollo S.A. y Latam Inversores S.A., vehículos societarios vinculados a Castro y López. A través de esa adquisición en partes iguales, los empresarios tomaron control mayoritario indirecto de Elecnorte S.A., la sociedad que concentra la participación decisiva en las transportistas del norte.

Elecnorte posee: El 57,76% del capital de Transnoa S.A. El 27,43% de las acciones clase A de Transnea S.A.

En términos prácticos, eso implica manejar la empresa que define la estrategia en el transporte troncal del Noroeste Argentino y tener un peso determinante en la red del Noreste.

El ENRE evaluó la transacción bajo dos criterios clásicos del marco regulatorio eléctrico: Capacidad técnica de los adquirentes. Impacto sobre la competencia y la concentración del mercado.

    El organismo concluyó que la operación no vulnera los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 24.065 ni las incompatibilidades previstas en los pliegos de concesión. También sostuvo que no genera un aumento “indebido” en la concentración del mercado de transporte eléctrico.

    El regulador, sin embargo, dejó una nota lateral relevante: no se pronunció sobre un tramo vinculado a Norte Grande Eléctrico S.A., porque transferencias previas no habían sido oportunamente autorizadas. Ese detalle técnico revela que la arquitectura societaria fue más amplia que el núcleo formal aprobado.

    La aprobación, en todo caso, legitima el nuevo esquema de control. A partir de ahora, la responsabilidad sobre la gestión y las inversiones en las redes de alta tensión del norte tendrá nombres propios en el vértice decisorio.

    Transporte eléctrico: concentración permitida en un mercado monopólico

    El transporte de energía no es un mercado competitivo en sentido clásico. Cada empresa opera en un área de concesión exclusiva. Transnoa cubre la red troncal del NOA; Transnea cumple un rol equivalente en el NEA. Son monopolios regulados por definición.

    Eso cambia la naturaleza del análisis económico. La pregunta no es si habrá competencia en precios, sino cómo incide el nuevo control sobre variables como: Nivel de inversión en infraestructura. Mantenimiento de líneas y estaciones transformadoras. Calidad del servicio. Capacidad de respuesta ante fallas. Relación con las provincias y usuarios.

    En los últimos años, gobiernos provinciales y organismos de defensa de usuarios señalaron fallas recurrentes y déficits de inversión en el sistema del norte. En ese contexto, la concentración indirecta en manos de un mismo núcleo empresario puede tener dos lecturas opuestas.

    Por un lado, un control consolidado puede facilitar decisiones de inversión coordinadas y una estrategia más clara de expansión o modernización. Por otro, reduce la dispersión de poder económico en un segmento clave del sistema energético y fortalece la capacidad negociadora privada frente al Estado.

    La resolución del ENRE sostiene que no hay afectación indebida de la competencia. Pero en un mercado monopólico, la discusión real no es la competencia horizontal sino el equilibrio entre regulador y concesionario

    Señal política y mapa de poder eléctrico

    La aprobación de la operación no solo valida una compraventa. También envía una señal institucional: el regulador acepta una reconfiguración accionaria significativa siempre que se encuadre en la Ley 24.065 y supere el filtro técnico y de competencia.

    En términos políticos, el mensaje al mercado es de previsibilidad normativa. El Estado no bloquea el ingreso de nuevos controlantes si cumplen requisitos formales y técnicos. Eso reduce incertidumbre regulatoria en un sector donde las inversiones dependen de horizontes largos y reglas estables.

    Sin embargo, la concentración indirecta de control en Transnoa y la influencia relevante en Transnea reconfigura el mapa de poder del transporte eléctrico del norte. Provincias con sistemas frágiles y antecedentes de conflictos por cortes y colapsos de tensión observarán de cerca el desempeño de la nueva conducción.

    El desafío ahora no es jurídico, sino operativo. El expediente regulatorio está cerrado. La discusión económica empieza con la próxima ola de inversiones, los planes de mantenimiento y la respuesta ante fallas.

    El ENRE ya fijó su posición: la operación respeta la ley y no altera la competencia de manera indebida. El mercado tomó nota. Las provincias y los usuarios esperan otra cosa: resultados concretos en la red.

    La verdadera prueba del nuevo esquema no estará en la Resolución 83/2026, sino en la capacidad de transformar poder accionario en infraestructura efectiva.

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    Exportaciones: Misiones tuvo su mejor enero desde 2011

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    En enero Misiones exportó por USD 34 millones,  con un crecimiento de 14,7% en comparación con igual mes de 2025, lo que marcó su mejor enero desde 2011. 

    El 53% de las exportaciones misioneras del primer mes del año, medidas en dólares, fueron  de Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA por un total de USD 17,9 millones y en  comparación con igual mes del año anterior mostraron un alza del 12%. 

    A su vez, el 42%  de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que totalizaron USD 14,5 millones con un alza del 20% anual; y el otro 5% de las exportaciones fueron de Productos Primarios (PP) por USD 1,7 millones, exhibiendo en este caso una caída  interanual del 1,0%. Así, Misiones consolida su perfil manufacturero, con el 95% de sus  exportaciones que fueron de ese tipo de productos.  

    Si se mide en cantidades, Misiones exportó por 49.231 toneladas en enero, creciendo 1,0%  interanual. Visto por grandes rubros, las MOA tuvieron exportaciones por casi 23 mil  toneladas (+2% interanual); las MOI por 21 mil toneladas (+29%) y los PP por 5 mil  toneladas (-47%).  

    Al cruzar montos y cantidades exportadas por la provincia en enero 2025, surge un precio  promedio de exportación de USD 693 por tonelada, un valor que es 13% superior al de enero 2025. 

    En el plano regional, Misiones ratifica su liderazgo en el NEA: la provincia concentró el 42%  de las exportaciones de la región; en términos de desempeños, el crecimiento misionero  fue el segundo mayor de la región, solo por debajo de Chaco (+31,1%). 

    NEA – Origen provincial de las exportaciones (enero 2026)

    Valores en millones de USD. Desagregado por grandes rubros (PP, MOA, MOI, CyE).

    Provincia Total PP MOA MOI CyE
    Misiones 34 2 18 14
    Corrientes 24 10 11 3
    Chaco 21 13 8 0
    Formosa 2 1 0 0
    NEA (total) 81 26 37 18

    Fuente: INDEC – Intercambio comercial argentino (ICA), Origen provincial de las exportaciones (enero 2026).

    Dentro de la región, el ranking quedó así:

    • Misiones: USD 34 millones (≈ 42% del NEA), con un perfil exportador dominado por MOA (USD 18 M) y MOI (USD 14 M), y un componente menor de primarios (USD 2 M).
      MISIONES EXPORTA
    • Corrientes: USD 24 millones, con estructura más balanceada entre primarios (USD 10 M) y MOA (USD 11 M), más MOI (USD 3 M).
      MISIONES EXPORTA
    • Chaco: USD 21 millones, explicado por primarios (USD 13 M) y MOA (USD 8 M), sin MOI en el registro.
      MISIONES EXPORTA
    • Formosa: USD 2 millones, prácticamente todo en primarios (USD 1 M), sin MOA/MOI en el cuadro.

    El dato distintivo de Misiones, cuando se la compara con el resto del NEA, es la mayor gravitación de MOA y MOI dentro de su canasta: USD 32 millones de sus USD 34 millones están en manufacturas (MOA+MOI). En términos regionales, esto la posiciona como el distrito que más empuja el componente industrial/agroindustrial del NEA en el arranque de 2026, aun con un volumen total regional que sigue siendo bajo frente al promedio nacional.

    El dato de enero también marca la continuidad de un año que fue casi récord en exportaciones. En el NEA, Misiones concentró 47% de las exportaciones en dólares con USD 533 millones, por encima de Corrientes (USD 335 M), Chaco (USD 235 M) y Formosa (USD 29 M), y también lideró en cantidades: sus casi 680 mil toneladas explicaron 35% del total regional. A nivel país, aunque se ubicó 17° por exportaciones totales, fue en el ranking nacional de MOA y su crecimiento total interanual (20,7%) quedó muy por encima de la media nacional (9,3%).

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    Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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    El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

    El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

    La industria, el epicentro

    El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

    En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

    Pymes en la primera línea

    El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

    Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

    En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

    Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

    El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

    Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

    En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

    También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

    El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

    En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

    Paro general en un contexto de tensión creciente

    El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

    Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

    A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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    Capacidad instalada industrial: diciembre terminó peor que 2024 y con un quiebre en el último bimestre

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    Capacidad instalada: las 7 claves de diciembre 2025

    • Nivel general: 53,8% (dic-2024: 56,7%).
    • Máximo 2025: 61,1% (septiembre) y 61,0% (octubre); cierre en baja.
    • Más alto: Refinación del petróleo 87,1%.
    • Sobre el promedio: Papel y cartón 65,0%; Alimentos y bebidas 63,6%; Químicos 58,6%; Metálicas básicas 57,5%.
    • Más bajo: Automotriz 31,2%; Caucho y plástico 33,4%; Textiles 35,2%.
    • Factor de caída: Metalmecánica 38,9% por menor producción de electrodomésticos (-43,0%) y maquinaria agropecuaria (-22,9%).
    • Dato crítico: Neumáticos con caída interanual de 57,3%.

    Fuente: INDEC, Utilización de la capacidad instalada en la industria, diciembre 2025 (publicado 12/02/2026).

    La industria argentina operó en diciembre de 2025 al 53,8% de su capacidad instalada, contra 56,7% en diciembre de 2024, confirmando un deterioro interanual.

    El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la trayectoria del año: tras alcanzar niveles cercanos al 61% en septiembre y octubre, la utilización cayó a 57,7% en noviembre y profundizó la baja en diciembre.

    La señal es clara: el último bimestre mostró un enfriamiento significativo de la actividad manufacturera.

    Tras alcanzar niveles cercanos al 61% en septiembre y octubre, la industria comenzó a perder impulso: bajó a 57,7% en noviembre y profundizó la caída en diciembre. El cierre anual deja así un promedio sostenido por algunos sectores puntuales, pero con amplias áreas operando con fuerte capacidad ociosa.

    La foto sectorial muestra una industria partida en dos. Por encima del promedio se ubican refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65%), alimentos y bebidas (63,6%), químicos (58,6%) y metálicas básicas (57,5%). Son rubros con estructuras productivas más estables o vinculadas a insumos esenciales, lo que les permite sostener niveles relativamente altos de actividad.

    En el otro extremo aparecen los sectores más sensibles al ciclo económico. La industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad; caucho y plástico al 33,4%; textiles al 35,2%; y metalmecánica (excluida la automotriz) al 38,9%. Son niveles compatibles con plantas subutilizadas, reducción de turnos o menor intensidad operativa.

    El INDEC identifica con precisión las causas de la retracción. En metalmecánica pesó la fuerte caída en la producción de electrodomésticos (-43% interanual) y maquinaria agropecuaria (-22,9%). En automotriz influyó la menor cantidad de unidades fabricadas respecto del año anterior. En caucho y plástico impactó especialmente el desplome de neumáticos (-57,3%). Incluso alimentos y bebidas —que sigue por encima del promedio— registró una leve baja frente a 2024, asociada a menor molienda de oleaginosas (-10,9%) y menor producción de carne vacuna (-7,3%).

    La excepción parcial fue metálicas básicas, impulsada por un crecimiento interanual del 11,9% en la producción de acero crudo. Sin embargo, ese repunte no alcanza para compensar la debilidad en los sectores más intensivos en bienes durables e inversión.

    La utilización de la capacidad instalada es un indicador clave porque anticipa comportamientos de inversión y empleo. Cuando el nivel general se mueve en torno al 53-54%, la presión sobre los costos fijos aumenta, los márgenes se reducen y las decisiones de ampliar capacidad productiva se postergan. No es un dato de ventas, sino de uso efectivo del aparato productivo disponible. Y hoy ese aparato muestra un margen amplio de ociosidad.

    Para Misiones y el NEA, el impacto no es lineal, pero sí indirecto. El hecho de que papel y cartón opere al 65% a nivel nacional es un dato relevante para la cadena forestal vinculada a pulpa y papel. Sin embargo, la desaceleración general limita el dinamismo de la demanda industrial agregada. En alimentos, la menor molienda y la caída en carnes pueden afectar el ritmo de procesamiento y la logística asociada en economías regionales.

    La baja en maquinaria agropecuaria también es un punto sensible para el NEA, donde la inversión productiva depende en buena medida del financiamiento y del ciclo agrícola. Si la industria nacional de bienes de capital reduce producción, el efecto se traslada a proveedores, servicios y transporte.

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