En el mes de noviembre, el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento del 3,0% en el Noreste Argentino (NEA), zona donde se ubica Misiones, entre otras provincias de la región.
Sin embargo, dicha cifra expuso una desaceleración en cuanto al aumento de precios respecto al mes de octubre, cuando se verificó un IPC de 4,9%. En lo que va del año, los precios subieron un 44,3% en el NEA.
Por medio de un detallado informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se conocieron ayer los nuevos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondientes a noviembre de 2018. En la región del noreste argentino (NEA), el IPC aumentó un 3,0%, llegando al 3,2% a escala nacional.
Estas nuevas cifras representan, en el NEA, una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mes inmediatamente anterior. Asimismo, la variación a nivel país fue de -2,2 puntos porcentuales en relación a octubre pasado.
Por otro lado, al analizar la información publicada, se observa que, de las seis regiones geográficas en que se divide el informe, el NEA fue la segunda de ellas con menor aumento de precios.
Por último, otro de los datos del Índice de Precios al Consumidor importantes del informe es el que toma en cuenta la sumatoria del IPC entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018. En este sentido, el IPC Nivel General creció un 44,3% en el Noreste Argentino, en tanto que, a escala nacional, un 43,9%.
Se analizaron cuestiones sanitarias de las cadena del algodón, la foresto industria y el manejo de bosques, entre otros temas.
En el marco de las reuniones regionales del Consejo Federal Agropecuario (CFA) se realizó en Formosa la segunda reunión regional NEA del 2018, presidida por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, el ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Raúl Quintana y el presidente del Senasa, Ricardo Negri.
Contó con representantes de las carteras productivas de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes.
En primer lugar, Ricardo Negri analizó conjuntamente con los Ministros las cuestiones sanitarias prioritarias para la región, especialmente el tema de provisión de vacuna antiaftosa, fortalecimiento de los controles sanitarios y fitosanitarios en frontera, entre otros.
A continuación se trató el tema algodón, identificado como prioritario por el sector. Se presentó información sobre el estado de situación del Plan Operativo de la Ley Algodonera y sobre semilla de algodón.
Se realizó un seguimiento de los temas trabajados en la primera reunión NEA: Aplicaciones de productos fitosanitarios, envases de productos fitosanitarios y Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI).
Asimismo, durante la reunión se presentaron informes de avances en relación al sector de la foresto industria, Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), y Emergencia Agropecuaria.
Participaron de la reunión el ministro del Agro y la Producción de Misiones, José Luis Garay; el ministro de la Producción del Chaco, Marcelo Repetto; el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción de Corrientes, Manuel García Olano. Asistieron también el presidente del Instituto Nacional de Semilla (INASE), Raymundo Lavignolle y el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza.
Las cifras del primer semestre ya vaticinaban una situación muy complicada para los trabajadores en 2018. El poder adquisitivo de los asalariados del sector privado registraron una pérdida del 5.2% en los primeros seis meses. Y esta caída se acentuará en el segundo semestre dada la fuerte aceleración de la inflación ante (entre otros motivos, por la brusca devaluación del tipo de cambio) y aumentos de salarios nominales que se ubicaran por debajo.
Las cifras estimadas del primer semestre cifras surgen de las remuneraciones nominales de los trabajadores registrados por provincia para el periodo diciembre 2017 y junio 2018 (último mes disponible) informada por el Ministerio de trabajo, ajustada por la inflación de cada región de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor publicada por el INDEC.
A pesar de que en promedio la caída del poder adquisitivo es del 5.2% la situación es muy desigual al analizar las diferentes regiones del país. Tal como se puede observar en el Grafico 1, las regiones del Noreste con una contracción del 7.9% y del Noroeste con 7.7% fueron aquellas donde los trabajadores fueron más afectados. Por el contrario la región pampeana, que concentra el 75% de los trabajadores registrados del país, se destaca por verificar el mejor desempeño con una caída del 3.6%. Grafico 1. Evolución del Salario Real Sector Privado Por Región. Dic-17 a Jun-18 Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo e INDEC
En un análisis más detallado, analizando por provincia Tierra del Fuego verifica el peor desempeño con una caída del 18.6% mientras Jujuy se destaca por ser la única provincia con una mejora del poder adquisitivo dado un leve aumento del 0,9%. Por importancia en cuanto a cantidad de trabajadores, Buenos Aires registra una caída del 3.1%, Córdoba -5,5% mientras que Santa Fe una contracción del 4,9%
En base a estimaciones realizadas para el segundo semestre, en 2018 la pérdida de poder adquisitivo seria del 11% para los asalariados del sector privado. Y sin dudas, las regiones del Noreste y Noroeste serán las más perjudicadas con una contracción proyectada en torno al 17%. Grafico 2. Evolución del Salario Real Sector Privado Por Provincia. Dic-17 a Jun-18 Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo e INDEC
La relación entre el crimen organizado y el comercio ilegal de cigarrillos es una de las mayores preocupaciones para los argentinos, ya que 8 de cada 10 considera que las redes criminales están aprovechando las ganancias de los cigarrillos ilegales para financiar sus negocios y otros crímenes relacionados, como el tráfico de drogas y la trata de personas. Así lo indicó la última edición del estudio de percepción conocido como “Barómetro Nacional sobre Comercio Ilegal de Cigarrillos”, que agregó que la mayoría de los encuestados cree que Paraguay es una fuente significativa de cigarrillos ilegales.
La frontera con Paraguay es vista por los encuestados del noreste argentino (Región NEA), particularmente, como una continua amenaza. El 87% considera que dicho país representa un problema persistente en lo que refiere a cigarrillos ilegales.
Según la mayoría de los argentinos, el comercio ilícito de cigarrillos supone una amenaza a la seguridad pública. Al respecto, desde la Comisión Contra Productos Ilegales (CCPI) consideraron que “generar conciencia es el primer paso en la lucha contra el comercio ilegal, ya que tanto quienes venden como quienes compran deben saber qué es lo que hay detrás de un cigarrillo ilegal: esto es, mafias organizadas que lucran con este negocio ilícito, afectando al Gobierno, al empleo y poniendo en riesgo a toda la sociedad”.
En este contexto, cobra especial importancia el rol del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el comercio ilegal y sus consecuencias. El 85% de los argentinos está a favor de proveer a las fuerzas de seguridad de más y mejores recursos para asegurar el control de la frontera, mientras que un 74% de los encuestados del NEA apoya que se implementen más acciones para erradicar el comercio ilegal de cigarrillos en el país.
“La colaboración público-privada es clave para evitar este flagelo y sus consecuencias. Es necesario un esfuerzo conjunto y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores recursos para combatir al comercio ilegal y a todas las estructuras mafiosas que actualmente se ven beneficiadas”, resumieron desde la CCPI durante la presentación del Barómetro. “Estudios como los de este Barómetro nos ayudan a medir, por un lado, el impacto de este problema en la actualidad y, a su vez, nos brinda la percepción de la sociedad sobre el futuro”, concluyó la entidad.
El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste. No se trata de una postergación ni un replanteo sino que se decidió abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas con el argumento de que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.
Los caños del gasoducto del NEA destinados al abandono si el gobierno nacional no toma la decisión política de proveer de energía a la región. En el Chaco las obras estaban terminadas en gran parte.
Según un informe del diario Clarín la obra se repartió entre varias empresas conocidas y otras no tanto algunas de las cuales aparecen complicadas con la investigación sobre el dinero negro que se habría pagado a funcionarios en el marco de la obra pública de acuerdo a los cuadernos que supuestamente escribió el ex chofer Centeno. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana en un tramo de 100 kilómetros.
A pesar de los anticipos de dinero, el contratista no concluyó la tarea y en un concurso reciente, Ieasa (sucesora de la estatal Enarsa) relicitó ese fragmento a través de una compulsa que ganó la constructora de Techint. Pero la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido. Qué hacer con los caños
El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra en verano. El diario Clarín publica que según Ieasa, una porción del tendido se está utilizando para llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas en un ramal que finaliza en San Justo y algo similar ocurriría con otras del Chaco sin que se sepa de caños que empalmen lo existente con el ramal santafesino que se alimenta en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Lo cierto es que Vaca Muerta recién produce el 10% del gas que se consume en épocas normales y por ahora parece difícil que pueda asimilar la demanda de una región tan grande como la del gasoducto ahora abandonado. A primera vista parece más económico y rápido completar los 100 kilómetros que dejó sin terminar Vertúa.
La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de baja, aún sin la conclusión de las obras. A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos. Todo sea por el déficit fiscal
Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$ .217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”. Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el circuito desde el sur. El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no siempre honraron las formalidades exigidas por ley. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por los 100 kilómetros en Salta, que ahora abortó el gobierno.
El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.
