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Ferreres detecta un freno en la economía y expone una recuperación cada vez más desigual

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El Índice General de Actividad mostró estancamiento en abril y una caída mensual de 0,7%. Mientras energía, minería y agro sostienen el nivel de actividad, industria y comercio profundizan su retroceso, consolidando una economía fragmentada.

La actividad económica volvió a perder impulso en abril y no logró sostener la recuperación observada en marzo. Así lo reflejó el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora de Orlando J. Ferreres & Asociados, que registró una variación interanual nula y una caída de 0,7% respecto del mes anterior en términos desestacionalizados. El dato dejó al primer cuatrimestre de 2026 con una contracción acumulada de 0,3%.

El informe vuelve a mostrar una dinámica económica dividida. Los sectores vinculados a energía, minería y agro continúan creciendo, mientras que industria y comercio siguen sin encontrar un piso consistente. La lectura de fondo es relevante para el Gobierno nacional: la desaceleración inflacionaria todavía no logra traducirse en una recuperación homogénea del consumo ni de la producción.

Una economía con “dos velocidades”

El reporte técnico de Ferreres definió la coyuntura con una frase que resume el escenario actual: “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo”. El problema no es únicamente el freno estadístico, sino la creciente disparidad sectorial.

Los mayores avances de abril se observaron en minas y canteras (+7,3%) y en electricidad, gas y agua (+7,2%). También el agro mostró un desempeño positivo, con un crecimiento interanual de 3,6%.

Sin embargo, el deterioro persiste en áreas sensibles para el empleo y el consumo masivo. La industria manufacturera cayó 2% interanual y el comercio retrocedió 2,4%.

Dentro de la industria, el informe destacó tres señales de debilidad: la producción automotriz se desplomó 17,5%, los despachos de cemento cayeron 13,1% y la faena bovina registró su peor retroceso en más de 20 meses, con una baja de 15,2%.

La fotografía sectorial confirma que el actual esquema económico mantiene activos a los sectores vinculados a exportaciones, energía y recursos naturales, mientras que las actividades más dependientes del mercado interno siguen condicionadas por el menor consumo y el freno en la inversión privada.

Agro, energía y Vaca Muerta sostienen el nivel de actividad

El agro continúa funcionando como uno de los principales amortiguadores de la economía. Aunque Ferreres advirtió que las mejoras proyectadas para soja y maíz ya no muestran las tasas extraordinarias de meses anteriores, la producción agrícola todavía mantiene expansión.

La contracara aparece en la ganadería, que sufrió una retracción de 11,9% asociada a procesos de retención de hacienda para aumentar kilos mediante recría más prolongada.

En paralelo, el complejo energético sigue consolidándose como uno de los motores centrales de la actividad. El crecimiento de minas y canteras estuvo impulsado por el petróleo y los niveles récord de producción en Vaca Muerta, mientras que el aumento en electricidad, gas y agua respondió a una demanda energética 7,7% superior, tanto residencial como industrial.

Ese comportamiento fortalece la centralidad política y económica de los sectores energéticos dentro de la estrategia oficial, especialmente en un contexto donde el Gobierno necesita sostener generación de divisas y actividad exportadora.

El consumo sigue sin reaccionar

El informe también dejó una señal relevante sobre el consumo privado. Ferreres sostuvo que una eventual desaceleración inflacionaria podría mejorar los ingresos reales y la confianza de las familias. Pero aclaró que, por ahora, no se espera un cambio inmediato en la actual “dinámica de marcha a dos velocidades”.

La definición funciona como advertencia sobre uno de los principales desafíos del programa económico: estabilizar precios no está alcanzando para reactivar de manera uniforme el entramado productivo.

La caída simultánea de comercio, cemento y automotrices muestra que la recuperación todavía no permea sobre sectores estrechamente ligados al poder adquisitivo y a las decisiones de inversión de hogares y empresas.

Los números de abril exponen una tensión que empieza a consolidarse en la economía argentina: mientras algunos sectores muestran expansión sostenida, otros continúan operando por debajo de niveles previos y sin señales claras de recuperación inmediata.

La evolución de la inflación, el consumo interno, la inversión privada y el comportamiento de la industria serán variables clave para determinar si marzo fue el inicio de un ciclo de recuperación más firme o apenas un rebote transitorio dentro de una economía todavía inestable.

IGA WEB Orlando J Ferreres y asociados by CristianMilciades

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Indicaciones geográficas del Mercosur: la nueva regulación que puede abrir un frente estratégico para la yerba mate y los alimentos regionales

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el reconocimiento y protección en Argentina de las Indicaciones Geográficas (IG) originarias de los países del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución 67/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y apunta a ordenar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo derivado del acuerdo regional aprobado por la Ley 27.765.

La medida parece técnica, pero impacta directamente sobre el negocio de los alimentos con identidad territorial, un segmento donde Misiones juega una partida sensible con la yerba mate, el té y otros productos regionales con valor agregado.

La decisión incorpora un mecanismo formal de publicidad y consulta pública para productos agrícolas y alimentarios ya reconocidos en otros Estados parte del bloque regional. El nuevo régimen habilita además la intervención de terceros interesados y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en un contexto donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se volvieron activos estratégicos para el comercio internacional y la diferenciación de productos agroalimentarios.

La decisión llega en un contexto donde los mercados internacionales empiezan a premiar cada vez más los productos con trazabilidad territorial y diferenciación de origen, una tendencia que excede lo gastronómico y se convierte en una herramienta de competitividad exportadora.

El Gobierno ordena el reconocimiento regional de productos con identidad territorial

La resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, regula el trámite previo al reconocimiento en Argentina de las Indicaciones Geográficas protegidas en Brasil, Paraguay y Uruguay, siempre que esos productos ya estuvieran oficialmente reconocidos al momento de entrada en vigencia del acuerdo del Mercosur.

El esquema establece que la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional será la encargada de administrar el procedimiento, publicar las fichas técnicas de los productos y coordinar el proceso de consulta pública.

El sistema prevé la publicación oficial de las indicaciones geográficas durante un día en el Boletín Oficial y en el portal Alimentos Argentinos. A partir de allí se abrirá una ventana de 30 días para que personas físicas o jurídicas presenten objeciones fundadas si consideran, por ejemplo, que el nombre es genérico, colisiona con una marca registrada o puede inducir a error sobre el origen del producto.

El procedimiento también obliga a requerir opinión técnica del INPI, que deberá expedirse dentro del mismo plazo. La resolución aclara que el reconocimiento final quedará sujeto al dictamen técnico nacional y al procedimiento previsto dentro del Mercosur.

El impacto potencial para economías regionales

Aunque la resolución no menciona productos específicos, el trasfondo económico involucra de manera directa a las economías regionales argentinas y a sectores donde el valor agregado depende cada vez más de la certificación de origen, la reputación territorial y la diferenciación de calidad.

Para provincias como Misiones, donde la identidad productiva está fuertemente asociada a cadenas agroindustriales y alimentos regionales, el fortalecimiento institucional de las indicaciones geográficas puede convertirse en una herramienta de competitividad externa y protección comercial.

La medida también expone otra dimensión: la creciente articulación entre política comercial, propiedad intelectual y estrategias de integración regional. El Mercosur avanza hacia mecanismos de reconocimiento mutuo que obligan a armonizar normas nacionales y sistemas de control, en momentos en que los mercados internacionales elevan exigencias sobre trazabilidad y autenticidad de origen.

La economía del “origen”: por qué Misiones mira este tema con atención

Las Indicaciones Geográficas funcionan como una certificación de reputación productiva. Protegen nombres vinculados a territorios específicos cuya calidad o características dependen del lugar de producción.

Europa construyó buena parte de su estrategia agroalimentaria sobre ese esquema. El Mercosur intenta ahora avanzar hacia una integración similar.

Para Misiones, el tema no es menor:

  • La yerba mate argentina ya posee reconocimiento de Indicación Geográfica.
  • El té misionero viene trabajando desde hace años en estrategias de diferenciación.
  • La forestoindustria podría desarrollar sellos territoriales para mercados premium.
  • Los alimentos regionales ganan valor cuando el origen está protegido jurídicamente.

La resolución no crea nuevas IG argentinas, pero sí ordena cómo ingresarán las extranjeras al sistema nacional. Ahí aparece el punto delicado para economías regionales fronterizas.

Misiones comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Esa condición genera ventajas logísticas, pero también una competencia comercial permanente.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, tributarias y regulatorias entre países vecinos— impactan directamente en precios, consumo y posicionamiento de marcas.

Con este nuevo esquema, productos brasileños o paraguayos que tengan protección geográfica podrían obtener reconocimiento formal en Argentina y fortalecer su posicionamiento comercial.

Eso obliga a las cadenas productivas misioneras a acelerar procesos de diferenciación. Para el sector yerbatero, el desafío no es solamente productivo. También es reputacional.

La disputa futura ya no pasa únicamente por volumen o precio, sino por atributos: origen, calidad certificada, trazabilidad, sostenibilidad, e identidad territorial. En mercados premium, esos factores empiezan a definir márgenes.

Consulta pública, marcas y posibles conflictos

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de oposición por parte de empresas o titulares de marcas registradas en Argentina. La normativa contempla expresamente conflictos con marcas preexistentes, nombres genéricos o denominaciones que puedan inducir a confusión.

Ese detalle introduce una variable jurídica relevante: el reconocimiento automático regional no será inmediato ni lineal, sino que dependerá de la compatibilidad con el régimen argentino de propiedad intelectual y denominaciones de origen.

El procedimiento también revela un cambio institucional más amplio dentro del Mercosur. El bloque empieza a incorporar herramientas típicas de acuerdos comerciales más sofisticados, donde los activos intangibles —marca país, origen, reputación y certificación— adquieren peso equivalente al arancel o al volumen exportador.

La resolución no crea nuevas estructuras administrativas ni implica partidas presupuestarias adicionales, pero sí abre una etapa de mayor complejidad regulatoria para productos agroalimentarios con identidad territorial.

La próxima variable a observar será qué indicaciones geográficas ingresarán primero al sistema de reconocimiento mutuo y si aparecerán objeciones empresariales o disputas vinculadas al uso comercial de determinadas denominaciones dentro del mercado argentino.

El impacto silencioso sobre exportaciones y valor agregado

Aunque el texto oficial no menciona economías regionales específicas, el trasfondo es comercial. La protección de Indicaciones Geográficas puede transformarse en una barrera de diferenciación con impacto directo en: precios de exportación, acceso a nichos premium, protección marcaria, y defensa comercial internacional.

Para Misiones, donde la matriz productiva depende de bienes primarios industrializados, el valor agregado territorial empieza a ser tan importante como el volumen exportado.

La yerba mate es el caso más evidente. Argentina domina ampliamente el mercado global, pero Brasil mantiene fuerte presencia regional y Paraguay sostiene una identidad consolidada en consumo tradicional.

La consolidación de sistemas de protección geográfica dentro del Mercosur puede reordenar estrategias comerciales en los próximos años.

La resolución también refleja un cambio conceptual en la política económica regional: pasar de competir solamente por costos a competir por identidad productiva. Eso abre oportunidades para: turismo gastronómico, exportaciones boutique, desarrollo regional, certificaciones ambientales, cadenas con trazabilidad.

Misiones tiene ventajas estructurales para ese modelo: biodiversidad, reconocimiento internacional de la selva paranaense y una matriz alimentaria vinculada al territorio.

El problema es que la construcción de valor intangible requiere coordinación público-privada y políticas de largo plazo, algo difícil en un contexto macroeconómico inestable.

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Embid advirtió en Misiones que “las decisiones sobre el agua sin debate público son terribles”

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La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.

Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.

Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.

“El agua abundante también puede convertirse en un problema”

Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.

“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.

El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.

La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.

Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.

Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.

La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.

En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.

Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve

La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.

Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.

El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.

“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.

La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.

Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.

Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.

El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.

Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.

La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional

La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.

La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.

La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.

Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.

El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.

Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.

El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.

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La UGD activa una agenda jurídica regional con foco en agua, cambio climático y formación doctoral internacional

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La Universidad Gastón Dachary (UGD) puso en marcha esta semana una doble iniciativa orientada a consolidar una agenda jurídica con proyección regional e internacional: un seminario sobre cambio climático y gobernanza del agua y la presentación de un programa doctoral en Derecho vinculado a la Universidad de Zaragoza. Ambas actividades cuentan con la participación del jurista español Antonio Embid Irujo, referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente.

La propuesta combina formación académica, discusión institucional y debate sobre políticas públicas vinculadas a recursos estratégicos. En una provincia atravesada por discusiones sobre preservación ambiental, infraestructura energética y uso productivo del agua, el eje hídrico deja de ser exclusivamente ambiental para ingresar de lleno en el terreno del desarrollo, la regulación y la gobernanza.

El Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”, realizado en la sede central de la UGD, profundiza una línea de trabajo iniciada en 2025 sobre gestión hídrica trinacional y desarrollo sostenible en la región de frontera.

El nuevo enfoque incorpora variables que exceden la discusión técnica tradicional: derecho humano al agua, justicia ambiental, litigación climática, preservación del Acuífero Guaraní y regulación del uso de los recursos naturales en escenarios de mayor presión climática y productiva.

La actividad reunió a especialistas nacionales e internacionales junto a representantes institucionales vinculados a biodiversidad, derecho ambiental y gestión pública. Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) se presentaron trabajos sobre conservación del patrimonio natural y legislación aplicada a los recursos hídricos provinciales.

La agenda no es menor para Misiones. Aunque la provincia posee disponibilidad hídrica superior a otras regiones del país, el debate comienza a desplazarse desde la abundancia hacia la calidad del agua, la infraestructura de potabilización y los criterios de sostenibilidad para actividades productivas y energéticas.

Embid: “El debate público debe preceder cualquier gran infraestructura”

Durante una entrevista concedida a Economis en el marco de su visita, Antonio Embid Irujo planteó que los grandes proyectos vinculados al agua y la energía requieren discusión pública, evaluación ambiental y legitimidad social previa.

El especialista señaló que el acceso al agua para consumo humano debe ocupar el primer nivel en la jerarquía de usos, seguido por los sectores productivos, agrícolas e industriales, bajo esquemas regulatorios modernos y con intervención del poder público.

En esa línea, el jurista vinculó el debate energético con la sostenibilidad ambiental, en referencia a discusiones históricas en Misiones sobre proyectos hidroeléctricos sobre el río Paraná. Según sostuvo, la construcción de grandes infraestructuras debe contemplar evaluación de impacto ambiental, análisis económico y participación ciudadana.

También remarcó que en Europa las decisiones sobre obras de gran escala vinculadas al agua no avanzan sin procesos formales de consulta y difusión pública. Para Embid, el problema no pasa exclusivamente por definir si la infraestructura es estatal o privada, sino por garantizar eficiencia, calidad del servicio y acceso seguro al agua potable.

Un doctorado internacional con base en Misiones

El segundo eje de la visita apunta al fortalecimiento académico regional. La UGD presentará el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta orientada a profesionales de Misiones y el NEA que permitirá desarrollar trayectos doctorales sin residencia permanente en España.

El esquema prevé seguimiento académico, definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en la provincia junto a docentes e investigadores españoles.

La iniciativa busca construir masa crítica regional en áreas vinculadas a derecho ambiental, gobernanza de recursos naturales, integración regional y políticas públicas. La articulación con un equipo académico especializado en agua y sostenibilidad adquiere relevancia en una región marcada por la biodiversidad, los recursos hídricos y las tensiones entre conservación y desarrollo productivo.

La discusión ambiental entra en una nueva etapa institucional

La actividad impulsada por la UGD refleja además un cambio en el tipo de discusión jurídica y política que empieza a consolidarse en el NEA. El debate ya no se limita a la preservación ambiental como concepto abstracto, sino que incorpora variables de infraestructura, seguridad hídrica, energía, inversión y regulación estatal.

En la entrevista, Embid insistió en que el desarrollo sostenible implica compatibilizar crecimiento económico, creación de empleo y conservación del recurso para futuras generaciones. Bajo esa lógica, la sostenibilidad aparece como criterio ordenador de decisiones públicas que involucran desde producción hasta obras energéticas.

Para Misiones, donde conviven demandas de expansión económica con una fuerte identidad ambiental, la evolución de estas discusiones podría impactar tanto en políticas públicas como en futuros marcos regulatorios vinculados al agua, energía y uso territorial.

La agenda presentada por la UGD deja planteado un escenario de mediano plazo donde el derecho ambiental, la gestión del agua y la gobernanza climática ganarán centralidad institucional.

El avance de proyectos energéticos, la presión sobre infraestructura hídrica, las exigencias internacionales sobre sostenibilidad y la necesidad de financiamiento para obras públicas podrían convertir estos debates en un componente cada vez más relevante de la agenda regional.

La evolución de la discusión dependerá de cómo se articulen universidad, Estado, sistema judicial y sectores productivos en torno a un tema que, aunque históricamente asociado al ambiente, empieza a ser leído también como un factor de competitividad, gobernabilidad y planificación estratégica.

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Con la presencia del Dr. Embid, la UGD impulsa dos propuestas clave para la comunidad jurídica

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La Universidad Gastón Dachary recibirá al reconocido jurista español Antonio Embid Irujo, quien participará de un seminario internacional sobre cambio climático y gobernanza del agua, y de la presentación de una propuesta doctoral con anclaje regional para Misiones y el NEA.

Durante la semana del 25 de mayo, la Universidad Gastón Dachary (UGD) recibirá la visita del Dr. Antonio Embid Irujo, profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente. En ese marco, participará de dos actividades de interés para la comunidad jurídica local.

Pensar el agua es pensar el futuro

El martes 26 de mayo, a las 16:00 hs, se realizará el Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”. La actividad tendrá lugar en la Sala de Videoconferencias de la sede central de la UGD (Salta esquina Colón), ubicada en el segundo piso, y también podrá seguirse de manera virtual mediante un enlace de acceso.

La propuesta da continuidad al seminario desarrollado en 2025, “Derecho, Integración y Gestión Hídrica Trinacional para un Desarrollo Sostenible”, que abordó los desafíos de la gestión del agua en la triple frontera desde una perspectiva ambiental, jurídica y de gobernanza.

En esta oportunidad, el encuentro profundizará esa línea de trabajo, poniendo el foco en el cambio climático como condicionante central de la gobernanza hídrica e incorporando nuevas perspectivas, entre ellas la dimensión cultural y ética del agua como bien común, el derecho humano al agua, la justicia ambiental y el aporte científico-técnico vinculado al patrimonio natural provincial y la protección del Acuífero Guaraní.

El Seminario contará con expositores nacionales e internacionales. En representación del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), la Lic. Cecilia Evelyn Miranda, directora de Investigación, y la abogada María Emilia Coni Ceballos, investigadora de la institución, presentarán un trabajo vinculado a la conservación del patrimonio natural y su relación con los recursos hídricos de la provincia, incluyendo un análisis de la legislación aplicable.

Luego, Pablo Ramón Lucatelli, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, desarrollará una mirada sobre el agua como bien común, elemento esencial para la vida y eje de la gobernanza pública, con énfasis en la necesidad de fortalecer una cultura hídrica basada en la responsabilidad social, la educación ambiental y la protección del recurso.

Por su parte, el Dr. Eduardo José Ramón Lludgar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, abordará el agua como derecho humano fundamental y el rol de los poderes judiciales en la protección de derechos colectivos, ambientales y sociales, destacando su vínculo con la dignidad humana, la salud, el ambiente y el desarrollo sostenible.

El cierre de exposiciones estará a cargo del Dr. Antonio Embid Irujo, quien ofrecerá una perspectiva jurídica sobre el cambio climático, sus impactos globales y los principales desafíos regulatorios, institucionales y judiciales que plantea. También analizará su vínculo con la producción energética, las emisiones y el creciente impacto de la litigación climática en las políticas públicas y decisiones judiciales.

La jornada finalizará con un espacio de intercambio y consultas entre especialistas y asistentes. La moderación estará a cargo del Ing. Juan Pablo Cinto y de Romario Dohmann, subsecretario de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar.

La capacitación está destinada a estudiantes, docentes, profesionales, funcionarios públicos y a todas las personas interesadas en profundizar en la perspectiva jurídica vinculada a la defensa del agua y los recursos naturales.

Formación doctoral internacional

Por otra parte, el miércoles 27 de mayo, a las 17:00 hs, se realizará la presentación del Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta que tendrá anclaje regional en Misiones y el nordeste argentino.

La iniciativa surge en el marco de la cooperación académica entre la Universidad de Zaragoza, una de las instituciones universitarias con mayor trayectoria en España, y la Universidad Gastón Dachary, con el objetivo de facilitar el acceso de profesionales de Misiones y el NEA a una formación doctoral internacional en Derecho.

El programa permitirá a los interesados avanzar en su proceso doctoral sin necesidad de residencia permanente en España, con seguimiento académico de especialistas, orientación para la definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en Misiones junto a docentes e investigadores de la Universidad de Zaragoza.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es el acompañamiento del grupo académico encabezado por el Dr. Embid, particularmente relevante para Misiones y la región por su realidad transfronteriza, su riqueza hídrica, su biodiversidad y sus desafíos ambientales, institucionales y productivos.

Durante la presentación se brindará información sobre las características del Doctorado, líneas de investigación, requisitos de admisión, modalidad de trabajo, duración, acompañamiento académico y beneficios para quienes se inscriban en el marco del convenio UNIZAR–UGD.

La actividad está dirigida a la comunidad jurídica, universidades, colegios profesionales, poderes judiciales, organismos públicos, municipios, organizaciones sociales e interesados en investigación jurídica avanzada.Las personas interesadas en participar de cualquiera de las actividades y que no puedan asistir de manera presencial podrán solicitar el enlace para sumarse virtualmente escribiendo a: extension@ugd.edu.ar

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