Milei redobla su ofensiva contra industriales y expone la tensión entre apertura y empleo
Javier Milei volvió a subir el tono contra sectores industriales a los que acusa de haber operado con márgenes extraordinarios al amparo del proteccionismo. A través de su cuenta en X, el Presidente habló de “chorros” y de un “robo” contra los consumidores, y reivindicó la apertura económica como herramienta para desarmar lo que define como un esquema de privilegios empresariales. El mensaje llegó en un momento delicado: el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 empleados, una decisión que obligó al Gobierno a dictar conciliación obligatoria por 15 días bajo la Ley 14.786.
La ofensiva discursiva no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación con sectores productivos que cuestionan la desregulación comercial y la reducción de barreras a la importación. En términos políticos, Milei intenta reforzar su narrativa: la apertura como mecanismo de disciplinamiento de precios y eliminación de “ganancias extraordinarias”.
Acusaciones públicas y defensa de la apertura
El Presidente celebró un mensaje que reunía titulares sobre presuntos sobreprecios industriales y márgenes elevados en distintos rubros. En ese marco, apuntó contra empresarios siderúrgicos y fabricantes de neumáticos, a quienes aludió con apodos despectivos, y sostuvo que habían dejado “en evidencia” un sistema que, según su visión, operó con protección estatal.
En el sector del neumático, Milei citó declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. También señaló que la ganancia debería ubicarse en “no menos de 22%” sin contar impuestos.
El Gobierno interpreta estas admisiones como prueba de que la regulación comercial y la restricción a las importaciones favorecieron márgenes elevados. Por eso, defiende la apertura como instrumento correctivo. No se trata solo de comercio exterior: es una disputa sobre el modelo productivo y el rol del Estado en la protección de la industria.
Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado de “robo” los precios de la ropa en Argentina y admitido que evitaba comprar indumentaria en el mercado interno. El cruce con la industria textil anticipó el clima actual.
El caso Fate: empleo, regulación laboral y señal al mercado
La confrontación discursiva coincidió con el anuncio del cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno activó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.
La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786, obliga a la empresa a dejar sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y a garantizar tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender medidas de fuerza.
La intervención muestra un equilibrio complejo. Por un lado, el Ejecutivo promueve apertura y competencia externa; por otro, utiliza herramientas regulatorias para contener el impacto laboral inmediato. En términos económicos, el conflicto expone la tensión entre precios más bajos vía importaciones y sostenibilidad del empleo industrial.
El sector del neumático enfrenta competencia creciente en un mercado que históricamente operó con protección arancelaria. La apertura puede presionar márgenes y forzar reestructuraciones. Sin embargo, también puede trasladar beneficios al consumidor final en forma de precios más competitivos.
Señales políticas y reconfiguración del vínculo con la industria
El mensaje presidencial va más allá del caso puntual. Milei habla de “batalla cultural” y agradece, en tono irónico, a empresarios que —según su lectura— revelaron prácticas asociadas al proteccionismo. La estrategia apunta a consolidar apoyo social a la desregulación, incluso en medio de conflictos laborales.
La señal al mercado es ambivalente. Para importadores y consumidores, la retórica refuerza la idea de mayor competencia y menores barreras. Para la industria local, introduce incertidumbre sobre el nivel de respaldo estatal en un contexto de transición.
La utilización de términos duros no es casual. Forma parte de una construcción política que contrapone apertura y “empresarios amigos”. Al mismo tiempo, la conciliación obligatoria muestra que el Gobierno no renuncia a herramientas de intervención cuando el conflicto escala.
La discusión de fondo permanece abierta: cuánto ajuste puede absorber el entramado industrial sin deterioro significativo del empleo y cuánto margen existe para sostener competitividad sin protección. La confrontación discursiva ya está instalada. El impacto económico real se medirá en los próximos meses.
