Neuquén

Argentina rompe su récord petrolero y el Gobierno apuesta a Vaca Muerta en medio de la suba global del crudo

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Argentina alcanzó en enero la producción de petróleo más alta desde que existen registros oficiales: 4.262.675 metros cúbicos de crudo. El dato, informado por la Secretaría de Energía de la Nación, supera el récord previo de diciembre de 2025 (4.245.403 m³) y marca un punto de inflexión tras 26 años sin perforar de forma sostenida la barrera de los cuatro millones en el primer mes del año.

La cifra adquiere dimensión política y económica por el contexto internacional. Con el recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del suministro mundial— el barril Brent volvió a ubicarse por encima de los 80 dólares. En ese tablero energético inestable, el salto productivo local abre una pregunta estratégica: ¿puede el Gobierno convertir este récord en mayor ingreso de divisas sin trasladar la presión a los surtidores?

El rol decisivo de Vaca Muerta y la concentración territorial

El Ministerio de Economía celebró el resultado y precisó que en enero el país generó 882,2 barriles por día, un 16,5% más que en igual período del año pasado. El crecimiento interanual de la producción total fue de 15,7%.

El motor del récord fue Vaca Muerta. La formación no convencional impulsó un aumento interanual del 35,5% y explicó la mayor parte del salto. Si se desagrega el volumen total, la provincia de Neuquén produjo 2.971.259 m³ en enero, lo que representa el 69,7% del total nacional y un crecimiento del 32,37% interanual. La concentración territorial es evidente: una sola jurisdicción sostuvo casi siete de cada diez metros cúbicos extraídos en el país.

El contraste con otras provincias petroleras es marcado. Chubut produjo 587.163 m³, con una caída del 6,51% interanual y el peor enero en 25 años. Santa Cruz registró 255.014 m³, un retroceso del 21,5% y su inicio de año más bajo desde que se tiene registro. En 1999 había producido 1.243.834 m³, un 387% más que en la actualidad. Mendoza, por su parte, alcanzó 240.586 m³, con una baja del 10,63% frente a enero de 2025 y niveles que equivalen a la mitad de lo que extraía a comienzos de siglo. Río Negro mostró una suba del 6,97%, con 114.849 m³, aunque aún lejos de los más de 200 mil m³ que superaba entre 2000 y 2002.

El mapa productivo consolida una reconfiguración estructural: el eje energético se desplaza hacia el no convencional neuquino mientras las cuencas maduras continúan en declive.

Impacto económico: divisas, inversiones y riesgo inflacionario

El escenario externo ofrece una ventana de oportunidad. Un precio internacional más alto mejora la “caja” de las productoras que exportan y podría acelerar decisiones de inversión en infraestructura y desarrollo en Vaca Muerta. Hasta hace una semana, el crudo local se comercializaba en torno a los USD 70 por barril; un Brent por encima de los 80 dólares modifica proyecciones y rentabilidad.

Pero el beneficio tiene un límite interno. El petróleo representa alrededor del 40% del precio final del combustible. Si la cotización internacional continúa en alza, la presión sobre naftas y gasoil podría trasladarse al surtidor. Y cada ajuste impacta en costos logísticos y, en cadena, en bienes y servicios de la economía. Para el Gobierno, el desafío será administrar esa tensión entre ingreso de divisas y estabilidad de precios.

En términos de poder real, el récord fortalece la narrativa oficial sobre el desarrollo energético como pilar macroeconómico. También refuerza el peso político de las provincias productoras, en especial Neuquén, en la discusión sobre infraestructura, regalías y reglas de juego para el sector.

Un récord con interrogantes abiertos

El dato de enero no es un hecho aislado: en los últimos 325 meses, apenas cinco veces se superaron los cuatro millones de m³. Tras el antecedente de enero de 1999, hubo que esperar hasta agosto de 2025 para volver a cruzar ese umbral, con repeticiones en octubre, noviembre y diciembre de 2025 y ahora en enero de 2026. La diferencia es que hoy la marca comienza a consolidarse.

La incógnita es doble. Por un lado, si la producción podrá sostener este ritmo sin cuellos de botella en transporte y exportación. Por otro, si la volatilidad internacional se convertirá en una oportunidad estratégica o en una fuente adicional de presión inflacionaria.

El mercado energético global seguirá bajo tensión mientras el conflicto en Medio Oriente no encuentre un canal de desescalada. En ese contexto, Argentina exhibe números récord. La dimensión política y económica de ese logro dependerá menos del dato histórico y más de cómo se gestione la próxima curva del precio internacional.

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El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias y habilitó un despliegue federal extraordinario

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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este 30 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año. La medida responde a la magnitud de los incendios forestales —con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces—, al colapso de la capacidad operativa de respuesta y a un escenario climático adverso marcado por sequía y vientos intensos, que amenaza el patrimonio natural, los bienes productivos y la vida de las poblaciones afectadas.

El decreto activa un esquema de intervención federal inmediata, centralizado en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que asume la coordinación integral de recursos, acciones de combate del fuego, asistencia a damnificados y restauración ambiental, en articulación con provincias y municipios.

Fundamentos constitucionales y marco normativo de la emergencia

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En ese marco, el Ejecutivo invoca la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Según los considerandos, los incendios en curso generaron “consecuencias nocivas tanto para el patrimonio natural protegido como para las poblaciones cercanas”, en un contexto donde “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Esta situación encuadra, de acuerdo con el texto oficial, en los supuestos de emergencia (artículo 2°, inciso e) y zona de desastre (artículo 2°, inciso d) previstos por la Ley 27.287.

El Gobierno justificó el uso del instrumento de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario sin incurrir en demoras incompatibles con la urgencia operativa, conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y a la Ley N° 26.122, que regula la intervención posterior del Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias y el alcance operativo

El Decreto 73/2026 refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por el Decreto N° 225/25 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además de sus competencias originales, la AFE queda formalmente encomendada a coordinar:

  • Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos contemplados por la Ley 26.815, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
  • Acciones de atención, mitigación y asistencia frente a los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de personas y familias afectadas.
  • Apoyo y asistencia a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar recursos efectivos tanto para el combate del fuego como para la recuperación social y productiva posterior.
  • Aplicación integral de las medidas previstas en la Ley 27.287, articulando prevención, respuesta inmediata y etapa postcrisis.

Todas estas acciones deberán ejecutarse en coordinación con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios involucrados, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Impacto de la medida

La declaración de Emergencia Ígnea por doce meses habilita al Estado nacional a concentrar decisiones, recursos y capacidades operativas en una estructura federal unificada, con efectos directos sobre la gestión ambiental, la protección civil y la respuesta ante desastres. Desde el punto de vista institucional, el decreto consolida a la AFE como autoridad nacional en emergencias, integrando la lógica de manejo del fuego con la gestión integral del riesgo.

En términos prácticos, el reconocimiento simultáneo de emergencia y zona de desastre establece el marco legal para acelerar la respuesta estatal frente a un fenómeno que combina daño ambiental severo, afectación del sistema productivo y riesgo para la población, en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico del país.

El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.

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El Gobierno elevó a US$65 por barril el umbral para pagar retenciones en petróleo

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El Poder Ejecutivo nacional oficializó una modificación clave en el régimen de derechos de exportación aplicables al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales. A través del Decreto 59/2026, publicado el 29 de enero de 2026, se elevaron los valores de referencia que determinan las alícuotas móviles de retenciones, con el objetivo explícito de mejorar la competitividad del sector, sostener la producción en áreas maduras y acompañar los acuerdos firmados entre la Nación, provincias productoras y empresas del sector hidrocarburífero.

La medida tiene impacto directo sobre las exportaciones de crudo convencional, redefine incentivos económicos y se inscribe en una estrategia más amplia para revertir el declino estructural de estos yacimientos, en un contexto de mayores costos operativos y condiciones macroeconómicas internacionales adversas.

Derechos de exportación de petróleo crudo 

El Gobierno nacional estableció una alícuota del cero por ciento (0 %) para los derechos de exportación de petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales cuando el precio sea menor o igual a US$65.

En la práctica, es un beneficio que impacta en áreas maduras ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén.

La normativa modifica el esquema previo, que establecía un Valor Base de US$45 para empezar a tributar.

Con los nuevos parámetros, si el precio internacional supera los US$65 pero se mantiene por debajo de los US$80 (Valor de Referencia), se aplicará una fórmula de cálculo específica; si el precio iguala o supera los US$80, la alícuota será del 8 %.

Nuevo esquema de derechos de exportación: qué cambia y cómo funciona

El Decreto 59/2026 sustituye, para el petróleo crudo convencional comprendido en la posición arancelaria 2709.00.10 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el esquema de valores establecido por el Decreto 488/20. En concreto, se modifican los parámetros que determinan la alícuota del derecho de exportación en función del precio internacional del barril.

A partir de la nueva normativa, el Valor Base (VB) se fija en USD 65 por barril, mientras que el Valor de Referencia (VR) se establece en USD 80 por barril, ambos calculados sobre la cotización del “ICE Brent primera línea”. Hasta ahora, esos valores eran de USD 45 y USD 60 por barril, respectivamente.

El esquema mantiene la lógica de retenciones móviles:

  • 0% de derecho de exportación cuando el Precio Internacional (PI) sea igual o inferior al Valor Base.
  • 8% de alícuota cuando el PI sea igual o superior al Valor de Referencia.
  • Una fórmula intermedia para los casos en que el PI se ubique entre ambos valores.

El Precio Internacional será publicado el último día hábil de cada mes por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, considerando el promedio de las últimas cinco cotizaciones difundidas por Platts Crude Marketwire bajo el encabezado “Futures Settlements”.

Con esta decisión, el Ejecutivo deja sin efecto, para el crudo convencional, la alícuota prevista en el artículo 7° del Decreto 488/20, consolidando un tratamiento diferencial para este tipo de producción.

Contexto productivo y fundamentos económicos de la medida

El decreto reconoce de manera explícita la situación “compleja” que atraviesa la producción de hidrocarburos convencionales en la Argentina. Según los considerandos, el sector enfrenta el agotamiento natural de los yacimientos, un incremento sostenido de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales.

En este escenario, las provincias productoras —en particular Chubut, Neuquén y Santa Cruz— adoptaron medidas para sostener la actividad en áreas maduras, incluyendo reducciones de regalías, alivios fiscales y reconversión de concesiones. A la par, las empresas nucleadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) avanzaron en acciones para preservar producción, empleo e inversiones.

La norma subraya que estos esfuerzos provinciales y empresariales requerían un acompañamiento del Estado nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes. En ese marco, el Ministerio de Economía, las provincias mencionadas y la CEPH suscribieron Actas Acuerdo en las que la Nación asumió el compromiso de impulsar una modificación del régimen de derechos de exportación para el crudo convencional.

El objetivo declarado es “morigerar la coyuntura descripta”, mejorar la competitividad del sector y reforzar el perfil exportador del complejo hidrocarburífero, uno de los más relevantes y dinámicos de la economía argentina.

Sectores alcanzados y proyección

Desde el punto de vista institucional, el decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero y los artículos 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional. Además, se establece la obligación de dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a la Ley 26.122, que regula el control legislativo de los decretos delegados.

En términos operativos, la Secretaría de Energía tendrá un rol central: deberá definir las pautas y procedimientos para determinar, en cada exportación, la proporción de petróleo crudo convencional dentro de la producción total por área de concesión. También contará con un plazo máximo de 60 días para dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación efectiva del régimen.

Los principales sectores alcanzados por la medida son las empresas productoras de crudo convencional, las provincias hidrocarburíferas y la cadena de valor asociada a yacimientos maduros. El nuevo esquema reduce la presión fiscal efectiva en escenarios de precios internacionales medios, ampliando el rango de precios con alícuota cero y postergando la aplicación plena del 8%.

Desde una perspectiva económica, la iniciativa busca generar señales de previsibilidad e incentivo a la inversión en un segmento que enfrenta desafíos estructurales, al tiempo que preserva un esquema progresivo que captura renta en contextos de precios elevados. En lo político, refuerza el alineamiento entre Nación, provincias y sector privado en torno a la sostenibilidad del petróleo convencional.

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Deuda: las provincias enfrentan vencimientos por USD 2.500 millones y crece la presión financiera en 2026

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Las provincias argentinas deberán afrontar durante 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi USD 2.500 millones, un escenario que reabre la discusión con el Gobierno nacional por el respaldo financiero y enciende alertas sobre el impacto cambiario. El primer pago llegará la próxima semana, cuando Tierra del Fuego deba cancelar alrededor de USD 6 millones, en un calendario que concentra fuertes compromisos desde enero y se extiende a lo largo de todo el año.

Un calendario exigente y un ranking liderado por Buenos Aires

Según un relevamiento del sitio Politikon Chaco, el peso de los vencimientos se concentra en un grupo reducido de jurisdicciones. En el tope del ranking aparece la provincia de Buenos Aires, con compromisos por USD 784 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, que enfrenta USD 376 millones, aunque anticipó que refinanciará ese monto con el bono emitido a fines de 2025.

Completan los mayores vencimientos Santa Fe (USD 240 millones), Córdoba (USD 225 millones), Neuquén (USD 179 millones) y Chubut (USD 119 millones). En conjunto, estas provincias explican una porción significativa del total de USD 2.500 millones que deberán pagarse durante el año.

El cronograma comienza de manera inmediata. Además del pago inicial de Tierra del Fuego, enero acumula vencimientos por USD 107 millones, correspondientes a Chubut, Córdoba, Neuquén y la propia administración fueguina. En febrero, los compromisos sumarán otros USD 122,5 millones, con pagos a cargo de Córdoba y Neuquén, a los que se agregan Entre Ríos y Chaco.

Negociaciones con Nación y el impacto sobre el frente cambiario

Este escenario se desarrolla en paralelo a discusiones con el Gobierno nacional para que brinde algún tipo de respaldo frente a los vencimientos. En el Ejecutivo existe preocupación por el efecto que podría tener una demanda de dólares a gran escala por parte de las provincias, especialmente si los pagos se concentran en determinados meses.

En ese sentido, en el gobierno nacional advierten que la necesidad de divisas para cumplir con los compromisos externos podría generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio, en un contexto de sensibilidad cambiaria y seguimiento estrecho del mercado.

La situación se tensó aún más luego de que La Rioja anticipara su declaración en default, una decisión que, según trascendió, cayó muy mal en el Gobierno nacional y endureció la postura frente a eventuales pedidos de asistencia.

Antecedentes recientes: emisiones en dólares y costos financieros

El peso de los vencimientos actuales se vincula con las colocaciones de deuda realizadas por las provincias en los últimos años. En junio pasado, Córdoba emitió USD 725 millones a una tasa del 9,75%, mientras que Santa Fe colocó USD 800 millones al 8,1%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires accedió a financiamiento por USD 600 millones con una tasa del 7,8%.

Estas emisiones permitieron en su momento cubrir necesidades financieras y refinanciar pasivos, pero ahora se traducen en un calendario exigente de pagos en moneda extranjera. El desafío para los gobernadores será administrar esos vencimientos en un contexto de negociación política con la Nación y con la mirada puesta en evitar impactos macroeconómicos no deseados.

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OpenAI y Sur Energy avanzan en el mayor centro de inteligencia artificial de América Latina

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OpenAI planea construir en Neuquén un mega data center de USD 25.000 millones: el proyecto más grande de la historia tecnológica argentina. El centro de inteligencia artificial más avanzado de América Latina podría instalarse en la Patagonia. OpenAI y Sur Energy avanzan con un plan que transformaría la matriz energética, tecnológica y productiva de Neuquén.

La Argentina podría convertirse en uno de los polos tecnológicos más importantes del hemisferio sur. OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, junto con la firma argentina Sur Energy, confirmó el proyecto para construir en la Patagonia un mega data center para inteligencia artificial con una inversión estimada de USD 25.000 millones, bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El desarrollo —denominado preliminarmente Stargate Argentina— se concretará en etapas, con un primer tramo de entre USD 7.000 y 10.000 millones, según fuentes empresariales vinculadas al proyecto. El complejo demandará miles de empleos directos e indirectos y posicionará al país como un nodo estratégico de infraestructura digital para América Latina.

La iniciativa será ejecutada por Sur Energy, que asumirá la inversión inicial y firmó un joint venture con un cloud developer global. La compañía —fundada por Emiliano Kargieman, también creador de Satellogic, y por el físico e inversor Mat Travizano, fallecido recientemente en California— trabaja en un esquema de financiamiento con bancos y fondos internacionales.

Por su parte, OpenAI actuará como offtaker, es decir, comprará buena parte de la capacidad computacional que el centro genere. “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, aseguró Sam Altman, CEO de OpenAI.

Neuquén, la provincia con mayor ventaja para albergar el proyecto

Aunque el anuncio oficial mencionó a la Patagonia como región elegida, todas las miradas se centran en Neuquén, la provincia que hoy concentra la mayor posibilidad de convertirse en sede del data center. Según trascendió, los equipos técnicos de Sur Energy y sus socios internacionales analizaron cinco posibles locaciones, pero Neuquén “picó en punta” por su infraestructura energética, disponibilidad territorial y conectividad.

La obra requerirá condiciones específicas: acceso garantizado a energía, conectividad por fibra óptica, disponibilidad de agua y capacidad logística para alojar a miles de trabajadores en las etapas de construcción y operación. En ese sentido, Sur Energy ya firmó acuerdos con Central Puerto y Genneia para garantizar el suministro eléctrico del proyecto.

Genneia informó haber rubricado un Memorando de Entendimiento (MoU) con Stargate Argentina, comprometiéndose a proveer energía renovable eficiente y competitiva. “Nos entusiasma participar en un proyecto que posiciona al país como actor clave en el desarrollo global de la inteligencia artificial”, expresó la compañía.

Por su parte, Central Puerto, operadora de la central hidroeléctrica Piedra del Águila, en territorio neuquino, aportará respaldo energético adicional desde su infraestructura ya instalada sobre el río Limay.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la proyección del proyecto en línea con la estrategia provincial de diversificación económica. “En caso de que se concrete la llegada de una empresa como OpenAI a la región, nos confirma que el camino de desarrollo de data centers que impulsamos es el correcto. Queremos que Neuquén se proyecte más allá de los hidrocarburos”, señalaron fuentes del Ejecutivo provincial.

La provincia cuenta además con acuerdos de energía limpia por 100 MW a través de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Neuquén (ADINQN) y viene trabajando con el MIT en proyectos de infraestructura tecnológica de bajo impacto ambiental. Las zonas de Tratayén, próxima a Vaca Muerta, y Arroyito, cercana a El Chocón, aparecen como los sitios con mayores posibilidades para alojar la obra.

Consultados sobre la falta de acceso al mar, especialistas descartaron que sea un obstáculo. “Los data centers modernos utilizan sistemas de refrigeración de circuito cerrado, sin necesidad de agua de ríos o del océano. De todos modos, la proximidad de Piedra del Águila y del Limay ofrece ventajas adicionales”, explicaron.

Impacto económico, energético y estratégico

De confirmarse su localización en Neuquén, Stargate Argentina se transformará en la inversión privada más grande en la historia tecnológica nacional y en una pieza clave de la estrategia del Gobierno nacional para atraer capitales bajo el RIGI.

El proyecto generará un efecto multiplicador en toda la cadena energética, con demanda directa de energía renovable, construcción de líneas de transmisión y desarrollo de infraestructura de conectividad. Además, fomentará la instalación de proveedores tecnológicos, servicios logísticos y nuevos polos de talento especializado en IA y computación de alto rendimiento.

Los equipos técnicos estiman que el complejo requerirá más de 1.000 MW de potencia eléctrica, cifra que equivale al consumo de una ciudad de 600.000 habitantes, y una infraestructura de redes de fibra óptica de última generación.

En términos políticos, la eventual instalación en Neuquén representaría una apuesta estratégica al desarrollo “post Vaca Muerta”, consolidando a la provincia como un eje de innovación tecnológica, energética y económica del país.

“Este proyecto es una oportunidad para redefinir la matriz productiva patagónica, integrando conocimiento, energía limpia y tecnología de frontera”, subrayó un funcionario neuquino cercano a las negociaciones.

Las empresas involucradas adelantaron que la definición final de la locación se tomará en los próximos meses, aunque los acuerdos energéticos y las condiciones geográficas hacen prever que Neuquén se perfila como la principal candidata.

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