Neuquén

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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Vaca Muerta entra en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

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Vaca Muerta dejó de ser solamente una cuestión energética. La expansión de la infraestructura digital asociada al desarrollo hidrocarburífero convirtió al enclave productivo neuquino en un nuevo escenario de la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, con una cooperativa de servicios públicos en el centro de una controversia que ya alcanzó a la diplomacia y al Congreso.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, planteó públicamente la necesidad de limitar la participación de empresas chinas en proyectos vinculados con tecnología e infraestructura crítica en Vaca Muerta. Durante el AmCham Energy Summit 2026, el diplomático cuestionó el modelo de operación de las compañías chinas y puso el foco específicamente en la protección de datos.

“China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y redes de IA”, sostuvo Lamelas. Según su argumento, esa situación representa un riesgo para potenciales inversores y puede dificultar la llegada de capital extranjero al desarrollo energético argentino.

La controversia escaló cuando el embajador intervino ante la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, CALF, por las negociaciones que la entidad mantiene con Huawei. El proyecto contempla infraestructura de fibra óptica para Vaca Muerta y el desarrollo de un centro de datos orientado a inteligencia artificial.

Lamelas hizo público su cuestionamiento luego de enviar una carta a CALF para solicitar que frenara el acuerdo tecnológico. Posteriormente reforzó su posición con una advertencia de alcance más amplio: “La seguridad de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó, al señalar que las empresas que evalúan invertir en Argentina necesitan garantías sobre la protección de su información y la confiabilidad de las redes.

El planteo estadounidense introduce una variable geopolítica en una cadena energética que Argentina busca expandir con inversiones de gran escala. La infraestructura digital es cada vez más relevante para operar y monitorear yacimientos, procesar información, automatizar procesos y administrar grandes volúmenes de datos. Por eso, la discusión sobre quién provee esa tecnología ya no es exclusivamente comercial.

La respuesta de CALF trasladó el conflicto hacia otra dimensión: la autonomía institucional. Directivos de la cooperativa expusieron ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados y defendieron su derecho a establecer relaciones comerciales dentro del marco legal argentino.

Yenny Fonfach Velásquez, secretaria general de CALF, remarcó que la entidad tiene 92 años de trayectoria y que comenzó como una cooperativa eléctrica para luego ampliar sus actividades hacia servicios tecnológicos y proyectos vinculados con energías renovables. La entidad, sostuvo, mantiene vínculos comerciales con compañías de distintos países y no limita sus relaciones a empresas chinas.

“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada, pero venimos a defender la autonomía de la cooperativa”, afirmó Fonfach Velásquez. El argumento apunta a separar dos debates que ahora aparecen superpuestos: la evaluación de los riesgos de seguridad asociados a determinada tecnología y la capacidad jurídica de una cooperativa argentina para contratar proveedores en el mercado internacional.

La dirigencia de CALF informó además que remitió una presentación tanto a la Embajada estadounidense como a la Cancillería argentina para solicitar precisiones sobre la naturaleza de la intervención diplomática. La preocupación central, según explicó, es determinar si existe algún requerimiento institucional concreto relacionado con seguridad, infraestructura crítica o protección de datos que pueda afectar el proyecto.

La situación adquirió mayor tensión a partir del relato del gerente de Tecnología de CALF, Sergio Fernández Novoa. Según expuso ante los diputados, recibió un mensaje de WhatsApp del agregado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense, Andrew Dilts, en el que se le habría solicitado poner fin a las negociaciones con Huawei para la provisión de equipamiento y el desarrollo del data center.

De acuerdo con su testimonio, la comunicación incluyó la advertencia de que la continuidad del proyecto podría derivar en restricciones o revocaciones de visas para directivos de las cooperativas. Fernández Novoa interpretó el planteo como una cuestión de gravedad institucional y cuestionó la ausencia de respuestas de la Cancillería argentina.

La discusión plantea una cuestión más profunda para Argentina: hasta dónde puede llegar la presión de una potencia extranjera cuando una empresa o cooperativa local decide contratar tecnología de un país considerado estratégico por otra potencia. La respuesta no se limita a la relación bilateral con Estados Unidos y China, sino que involucra la autonomía regulatoria, la política exterior y la definición de qué infraestructura debe ser considerada crítica.

El caso resulta especialmente sensible porque Argentina mantiene vínculos económicos y estratégicos con China que exceden el comercio bilateral. Entre ellos se encuentran el swap de monedas utilizado como instrumento de fortalecimiento de reservas y la infraestructura espacial instalada en Neuquén. Cualquier decisión destinada a restringir la presencia china debe, por lo tanto, considerar compromisos existentes y el costo económico de alterar relaciones ya consolidadas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos representa una fuente potencial de inversión y financiamiento en sectores estratégicos para Argentina, especialmente energía, minería e infraestructura. El Gobierno busca precisamente ampliar esos flujos de capital en el marco de una estrategia de integración económica con Washington. La presión sobre proyectos tecnológicos vinculados con empresas chinas introduce, por lo tanto, una tensión que puede afectar el margen de maniobra de la política económica exterior.

El dilema se vuelve todavía más complejo cuando la infraestructura tecnológica forma parte de un proyecto energético. Un data center, una red de fibra óptica o sistemas de inteligencia artificial pueden ser considerados herramientas comerciales por una empresa y, simultáneamente, infraestructura estratégica desde la perspectiva de un Estado.

Ahí aparece una posible salida institucional al conflicto: establecer reglas generales y transparentes para determinar qué tecnologías pueden utilizarse en infraestructura crítica, qué requisitos de ciberseguridad deben cumplir los proveedores y qué mecanismos de auditoría y protección de datos deben aplicarse, independientemente del país de origen de la compañía.

Una regulación de ese tipo permitiría desplazar la discusión desde la presión diplomática hacia criterios verificables. También podría brindar mayor seguridad a las empresas argentinas, que necesitan conocer de antemano qué condiciones deben cumplir para desarrollar proyectos tecnológicos vinculados con energía, comunicaciones e inteligencia artificial.

La disputa en torno a CALF muestra que el desarrollo de Vaca Muerta está comenzando a generar efectos que exceden la producción de petróleo y gas. La infraestructura necesaria para convertir el recurso en una plataforma energética competitiva incluye carreteras, ductos, electricidad, conectividad y capacidad de procesamiento de datos. Cada uno de esos componentes puede convertirse en un activo estratégico.

Por eso, la controversia entre Washington, Beijing y una cooperativa neuquina funciona como una señal de alerta sobre el nuevo mapa de inversiones que deberá administrar Argentina. El desafío será atraer capital y tecnología de distintos orígenes sin perder capacidad de decisión sobre infraestructura crítica, protección de datos y seguridad nacional.

La reunión entre CALF y la Embajada estadounidense, prevista para este miércoles, podría aportar precisiones sobre el alcance del reclamo. Mientras tanto, el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para convocar a representantes de la Embajada ante el Congreso anticipa que el conflicto seguirá teniendo una dimensión institucional.

Vaca Muerta aparece así en el cruce de dos agendas que hasta hace pocos años se analizaban por separado: la transición energética y la competencia tecnológica global. Para Argentina, la oportunidad consiste en aprovechar ambas sin quedar atrapada entre ellas. La condición será construir reglas que protejan los intereses nacionales, den previsibilidad a los inversores y permitan evaluar la tecnología por sus estándares de seguridad y confiabilidad, y no únicamente por la bandera de la empresa que la provee.

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Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras

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Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.

El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.

El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.

El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.

En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.

Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.

La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.

Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.

La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.

En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.

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Georgieva se reunió con Milei y su gabinete

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La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina marcó un nuevo gesto de respaldo político al programa económico del Gobierno nacional y reforzó el mensaje que la administración de Javier Milei busca transmitir a los mercados: la consolidación fiscal y el desarrollo del sector energético son los pilares sobre los que pretende sostener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de mediano plazo.

La agenda comenzó con una reunión entre Georgieva y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, para luego trasladarse a la Casa Rosada, donde la titular del organismo fue recibida por el presidente Javier Milei. Posteriormente, encabezó junto al mandatario un encuentro de Gabinete ampliado en el que participaron las principales autoridades económicas y políticas del Gobierno, además de la cúpula técnica del FMI encargada del seguimiento del programa argentino.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

La delegación del Fondo estuvo integrada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; el jefe de misión para la Argentina, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampfli; el representante residente del organismo en el país, Max Alberto Alier Montenegro; y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Finalizado el encuentro, Georgieva publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejó explícito el respaldo del organismo al rumbo económico. “Gracias, presidente Javier Milei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, expresó.

El mensaje sintetiza la visión del Fondo respecto de la actual etapa del programa económico: consolidar las reformas estructurales, preservar el equilibrio macroeconómico y generar condiciones para que el capital privado acelere las inversiones productivas.

Vaca Muerta, el símbolo de la nueva etapa

La gira continuará este martes con una actividad inédita para una máxima autoridad del FMI. Georgieva viajará a Neuquén para recorrer el yacimiento de Loma Campana, en Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La visita representa un cambio de enfoque respecto de las tradicionales misiones del organismo. Mientras históricamente las negociaciones con el Fondo estuvieron centradas en las metas fiscales, monetarias y financieras, esta recorrida incorpora la dimensión productiva del programa económico, poniendo el foco en el principal activo estratégico del país para la generación de divisas.

Desde el Gobierno consideran que Vaca Muerta constituye la principal plataforma para incrementar las exportaciones energéticas durante la próxima década y fortalecer la acumulación de reservas internacionales, un aspecto clave para consolidar la estabilidad cambiaria y mejorar la capacidad de repago de la deuda externa.

La recorrida también es interpretada por analistas del mercado como una señal institucional hacia los inversores internacionales, al mostrar el respaldo del FMI a uno de los proyectos productivos con mayor potencial de crecimiento de la economía argentina.

Estabilidad macroeconómica e inversión, los desafíos de la próxima etapa

Más allá del respaldo político, la visita se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reafirmar la sostenibilidad de su programa económico hasta 2027. En el plano técnico, las conversaciones incluyen el seguimiento de las metas comprometidas con el organismo, particularmente luego de que el Sector Público Nacional registrara en junio un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo superior al billón de pesos.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron esos resultados a factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo y el diferimiento en la percepción del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas, al tiempo que ratificaron el objetivo de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno al cierre de 2026.

En este escenario, la presencia de Georgieva combina dos dimensiones complementarias. Por un lado, representa un respaldo institucional a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Por otro, busca fortalecer la confianza de los mercados en la capacidad del país para sostener el programa económico mediante una combinación de disciplina fiscal, estabilidad financiera y expansión de sectores estratégicos como la energía.

Con la visita a Vaca Muerta, el Gobierno intenta mostrar que la discusión con el FMI ya no se limita únicamente al cumplimiento de metas financieras, sino que incorpora una agenda orientada al crecimiento, la inversión y la generación estructural de divisas como condición para consolidar la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

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Provincias vuelven a Wall Street: ya son seis las jurisdicciones que emitieron deuda y otras dos preparan su desembarco

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La recuperación gradual del acceso al financiamiento internacional comienza a reflejarse con fuerza en las provincias argentinas. En un contexto de menor riesgo país y mejores condiciones para la deuda soberana, ya son seis las jurisdicciones que lograron colocar bonos en los mercados internacionales desde 2025, una tendencia que podría ampliarse en los próximos meses con la incorporación de Santa Cruz y San Juan.

La última provincia en incorporarse fue Neuquén, que volvió a emitir deuda en el exterior después de una década. La administración de Rolando Figueroa colocó US$ 500 millones, respaldada por el atractivo económico que representa Vaca Muerta y con una tasa estimada de entre 7% y 8%, en línea con las operaciones más recientes del mercado subnacional.

El proceso había comenzado con Córdoba, que aprovechó en dos oportunidades la reapertura de los mercados. Primero obtuvo US$ 725 millones en 2025 y posteriormente otros US$ 800 millones durante este año, acumulando financiamiento por US$ 1.525 millones, con tasas del 9,75% y 8,6%, respectivamente.

Posteriormente fue el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consiguió US$ 600 millones mediante una emisión a 7,8%, una de las tasas más bajas obtenidas por el distrito en su historia reciente. La operación contó con la participación de importantes bancos internacionales como BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, junto a entidades locales como Galicia, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad.

También Santa Fe logró una colocación exitosa por US$ 800 millones, con una tasa de 8,1%, luego de captar ofertas superiores a US$ 1.800 millones provenientes de más de once inversores internacionales. Según el gobierno provincial, los recursos estarán destinados a infraestructura energética, rutas, seguridad y obras sociales, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la inversión pública.

En el caso de Entre Ríos, la provincia obtuvo US$ 300 millones mediante una emisión al 9,5%, con el objetivo de reestructurar el perfil de vencimientos, mejorar la liquidez y aliviar la carga financiera heredada. Chubut, por su parte, captó US$ 650 millones a una tasa del 9,45%, una de las más elevadas del ciclo reciente, en una operación liderada por JP Morgan y Banco Santander, junto con Puente Hermanos, Santander Argentina y Banco del Chubut como colocadores locales.

El renovado interés de las provincias por acceder al crédito externo responde a una combinación de factores. La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de Moody’s y la reducción del riesgo país ampliaron la denominada “ventana de mercado”, generando condiciones más favorables para emitir deuda. Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las jurisdicciones podrán aprovechar esta oportunidad.

El economista Sebastián Menescaldi señaló que la posibilidad de acceder al financiamiento dependerá del cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal. La Ley 25.917 establece restricciones para las provincias cuyo nivel de endeudamiento comprometa su capacidad de repago y exige, además, la autorización del Poder Ejecutivo nacional para concretar las emisiones.

Mientras tanto, Santa Cruz y San Juan avanzan en los preparativos para incorporarse a esta nueva ola de financiamiento. Ambas provincias proyectan emisiones cercanas a US$ 600 millones, con destino prioritario a obras de infraestructura, una estrategia que busca sostener la inversión pública en un contexto de menores transferencias nacionales y mayores exigencias de financiamiento propio.

Más allá del impacto sobre las cuentas provinciales, el regreso de los distritos argentinos a los mercados internacionales también tiene implicancias macroeconómicas. Cada colocación incorpora divisas al sistema financiero local, ampliando la oferta de dólares y facilitando la estrategia del Banco Central para fortalecer sus reservas internacionales. Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, la autoridad monetaria acumula compras por US$ 13.101 millones, un proceso que encuentra en las emisiones provinciales una fuente complementaria de ingreso de divisas.

El desafío hacia adelante será sostener este acceso al crédito sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Para las provincias, el financiamiento externo puede transformarse en una herramienta de desarrollo cuando se orienta a infraestructura productiva y proyectos con capacidad de generar crecimiento. La clave estará en que la deuda no financie gasto corriente, sino inversiones que mejoren la competitividad, fortalezcan la actividad económica y eleven la capacidad futura de repago.

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