New York Times

La gran paradoja de las energías limpias

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Por Hannah Beech, Photographs by Adam Dean, New York Times. Al futuro solo llegaremos impulsados por energías limpias, según los vaticinios de algunos empresarios optimistas, y las advertencias de los ambientalistas.

La gran paradoja es que algunas innovaciones positivas para el medioambiente, como los autos eléctricos, dependen de técnicas destructivas y de complicados procesos políticos.

Estas contradicciones pueden observarse en tres lugares: un territorio francés en el Pacífico Sur y dos países sudamericanos que atraviesan una encrucijada política.

En Nueva Caledonia, uno de los lugares más hermosos y biodiversos del planeta, Tesla ha firmado un acuerdo de extracción directa de níquel, un elemento clave para las baterías. Si tiene éxito, el mayor fabricante de autos eléctricos produciría baterías con menor impacto ambiental y, de paso, podría desligarse de China, que ahora es el líder mundial en ese rubro.

El mar del Coral se extiende hacia el Pacífico Sur desde la costa rodeada de arrecifes de Nueva Caledonia. Unos pinos esbeltos, que conforman una línea de extravagantes árboles de Navidad, trazan los límites de la ribera. El paisaje, uno de los más biodiversos del planeta, es asombrosamente hermoso pero desde la cima de una colina se despliega un panorama distinto: una extensión de tierra roja perforada por chimeneas humeantes y camiones enormes que retumban por un terreno que recuerda a la superficie lunar.

Esto es Goro, la mina de níquel más grande ubicada en un pequeño territorio francés ubicado entre Australia y Fiji y que, según algunas estimaciones, podría albergar hasta una cuarta parte de las reservas de níquel del mundo. También plantea una prueba crucial para Tesla, el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, que quiere tomar el control de su cadena de suministro y asegurarse de que los minerales utilizados para las baterías de sus carros se extraigan de una manera ambiental y socialmente responsable.

La estrategia de Tesla —la maniobra más ambiciosa de un fabricante occidental de vehículos eléctricos para obtener minerales de manera directa— podría ser un modelo para una industria ecológica que se enfrenta a una paradoja incómoda: si bien hay consumidores atraídos a los autos eléctricos por su reputación medioambientalmente limpia, el proceso de extracción de elementos esenciales, como el níquel, es sucio, destructivo y, a menudo, políticamente complejo.

Nueva Caledonia es uno de los mayores emisores de carbono per cápita del mundo debido a su industria del níquel. Y la minería, que comenzó poco después de la colonización del territorio en 1853, está ligada estrechamente a la explotación de la comunidad indígena canaca. El legado de más de un siglo de tierras robadas y tradiciones desterradas ha hecho que la producción de níquel esté al centro de huelgas laborales y protestas políticas frecuentes.

Si se hace bien, el enfoque de Tesla —que tiene la capacidad de producir cerca de un millón de autos al año— podría liderar el camino para establecer estándares globales para la revolución de los vehículos eléctricos, otra decisión que desafía las convenciones del enigmático fundador de la compañía, Elon Musk. También les da a las compañías automotrices occidentales una alternativa para eludir a China, que actualmente domina la producción de baterías para vehículos eléctricos.

Si se hace mal, Goro será una advertencia de lo difícil que es garantizar una sostenibilidad verdadera. “Ser ecológico” o “actuar de manera local” son calcomanías que se ven lindas en un Tesla. Sin embargo, alcanzar estos ideales no solo requerirá dinero e innovación, sino también conocimiento sobre uno de los lugares más remotos del planeta, un grupo de islas dispersas gobernadas por Francia que están al borde de la independencia. Algunas de las mayores mineras de níquel del mundo han intentado obtener ganancias en Goro, pero fracasaron.

“Somos una cosa minúscula en medio de una jurisdicción complicada”, dijo Antonin Beurrier, director ejecutivo de Prony Resources, el consorcio que este año tomó posesión de la planta de níquel de Goro. “Y tenemos que reinventar el negocio”.

Un camión transporta níquel a través de un paisaje devastado por la minería. Los automóviles eléctricos tienen una reputación ecológica, pero extraer los materiales necesarios para construirlos es un proceso sucio.

Reinventar la industria es prácticamente el mantra de Musk, ya sea en la conducción en piloto automático de los automóviles o en los viajes espaciales. Tesla se ha posicionado como el impulsor ideal, quizá el único, que puede transformar esta mina deficiente y plagada de crisis políticas y ambientales.

Musk ha insistido, a diferencia de los otros fabricantes automotrices importantes en Estados Unidos, en comprar una buena parte de los principales minerales que se necesitan para las baterías de sus automóviles directamente de minas en todo el mundo, una estrategia con la que asegura el suministro de todos los componentes necesarios a medida que aumenta la producción de vehículos y se intensifica la competencia mundial por estos materiales. Un gerente de Tesla que solía trabajar en las instalaciones de Goro ayudó a diseñar el plan, y en octubre la compañía llegó a un acuerdo para comprar directamente hasta un tercio del níquel de Goro durante los próximos cinco años.

La visión de lo que podría llegar a ser Goro es tentadora. Las emisiones de carbono se desplomarían y la planta de procesamiento de níquel estaría impulsada por energías renovables. Los desechos líquidos tóxicos, conocidos como relaves, se empaquetarán como residuos limpios y secos. Las comunidades locales se asociarán para decidir la mejor manera de aprovechar los recursos naturales en las tierras tribales.

En un informe de sostenibilidad, Tesla cubrió todas las necesidades. Al trabajar directamente con una mina, en vez de comprar níquel con un intermediario, la empresa podría “abordar cuestiones de sostenibilidad como el impacto de la biodiversidad, el consumo de energía, los derechos humanos y la gestión de desechos”.

“Tesla trabaja directamente con los productores de minerales y refinadores que están alineados con nuestra misión y están comprometidos con el suministro de materiales de origen sostenible y responsable”, se lee en el informe.

Tesla todavía depende de metales que provienen de minas ubicadas en países que han sido señalados por abusos medioambientales y de derechos humanos. Y a medida que el mundo hace una transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, las limitaciones en el acceso a estos minerales han puesto en aprietos a las empresas. A principios de este año, Musk escribió en Twitter que la “mayor preocupación” de su compañía para ampliar la producción de baterías era garantizar un suministro apropiado de níquel. (El níquel se usa para acumular más energía en las baterías).

Siguiendo el ejemplo de Musk, los empleados de Tesla casi no hablan con los medios de comunicación y han dicho poco sobre el acuerdo con Nueva Caledonia. Para los fabricantes de automóviles que necesitan minerales y materiales de todo el mundo, cualquier escrutinio sobre sus cadenas de suministros —incluso sobre los nuevos esfuerzos para limpiar sus procesos—, podría no ser bien recibido. Por ejemplo, algunas empresas automovilísticas han sido criticadas por usar cobalto extraído en condiciones inseguras, a veces con el trabajo de niños, en la República Democrática del Congo.

Si existe un lugar que puede lograr la hazaña del níquel verde, Nueva Caledonia cumple con todas las condiciones. Al ser un territorio francés de ultramar, Nueva Caledonia, con una población de 270.000 habitantes, depende de las rigurosas normas europeas medioambientales y laborales. Su gobierno —liderado por una coalición que representa a los indígenas canacos, generaciones de colonos europeos y franceses recién llegados, así como asiáticos e isleños del Pacífico que llegaron para trabajar en las minas— también está ansioso por proteger los derechos locales.

Una zona de la comunidad indígena en Goro. Lejos de la minería del níquel, el paisaje de Nueva Caledonia, una serie de islas remotas en el Pacífico Sur, es increíblemente hermoso.
Una zona de la comunidad indígena en Goro. Lejos de la minería del níquel, el paisaje de Nueva Caledonia, una serie de islas remotas en el Pacífico Sur, es increíblemente hermoso.
El presidente de Nueva Caledonia, Louis Mapou, de pie en la foto, habló con los invitados después de pronunciar un discurso en Numea, la capital de Nueva Caledonia, en noviembre. Llegó al poder después del conflicto de Goro y es el primer presidente canaco del territorio.
El presidente de Nueva Caledonia, Louis Mapou, de pie en la foto, habló con los invitados después de pronunciar un discurso en Numea, la capital de Nueva Caledonia, en noviembre. Llegó al poder después del conflicto de Goro y es el primer presidente canaco del territorio.
Un parque infantil en un barrio pobre de Numea. La brecha de riqueza en Nueva Caledonia es considerable, a menudo, los indígenas canacos se encuentran en la zona de pobreza.
Un parque infantil en un barrio pobre de Numea. La brecha de riqueza en Nueva Caledonia es considerable, a menudo, los indígenas canacos se encuentran en la zona de pobreza.

Otros productores importantes de níquel, como Indonesia y Filipinas, tienen regulaciones menos draconianas y una supervisión bastante relajada. Y pueden producir níquel mucho más barato que Nueva Caledonia. Para competir con estos rivales, Nueva Caledonia se está posicionando como un proveedor de níquel de primera calidad para baterías recargables y no como el productor de un material más barato que se usa para el acero inoxidable.

“Nueva Caledonia es percibida como un país que contribuye a la lucha contra el calentamiento global por su manera de explotar el mineral”, dijo en una entrevista el presidente del territorio, Louis Mapou. “Tenemos costos de producción muy altos en Nueva Caledonia, es cierto, pero respetamos los derechos humanos, los derechos de la población local y el medioambiente”.

Incluso con esas protecciones, la extracción de recursos naturales sigue siendo un tema delicado en Nueva Caledonia. Los precios del níquel aumentaron alrededor de un 25 por ciento en 2021, lo que refleja la relevancia del mineral en la campaña para dejar de lado a los combustibles fósiles. Pero hasta ahora, eso no ha generado mayores ganancias para los mineros.

El anterior dueño de Goro, el gigante minero brasileño Vale, estaba desesperado por deshacerse de la mina. Las tensiones sobre quién compraría la planta de procesamiento de níquel derivaron en protestas que obligaron a cerrar durante meses, la clase interrupción de la cadena de suministro que podría ser desastrosa para Tesla. El conflicto también provocó la caída del gobierno de Nueva Caledonia a principios de 2021.

“En la historia del níquel en Nueva Caledonia existe una batalla entre la multinacional y las poblaciones locales, y también está la historia colonial”, dijo Mapou, quien asumió el poder después del conflicto de Goro y es el primer presidente canaco del territorio. “Con Tesla, el nuevo propietario, tenemos un compromiso ahora que hace posible abrir la planta de Goro, pero sigue siendo frágil”.

La carretera costera que conduce a Goro serpentea por una bahía salpicada de corales de colores vívidos, y está llena de autos carbonizados. Las decenas de vehículos quemados son los saldos de la disputa que duró meses, dejó inactiva la mina y en febrero produjo el colapso del gobierno de Nueva Caledonia. También son un recordatorio visceral de la tensión política que podría obstaculizar los esfuerzos de Tesla para tener un suministro constante de níquel.

André Vama fue uno de los cientos de miembros del pueblo canaco que bloquearon la carretera con llantas y autos en llamas para interrumpir las operaciones de la mina.

“Hemos estado en contra de esta mina desde el principio”, dijo Vama, líder de un grupo ambiental local. “Este es nuestro patrimonio nacional, nuestro patrimonio, y los canacos, víctimas de la historia, no controlan lo que debería ser nuestro”.

En una pared de Vama se ven fotos de viejas disputas contra la minería.

La oposición a la mina deriva tanto de inquietudes políticas como de temores ambientales. La planta de procesamiento de Goro, que depende del bombeo a alta presión de ácido, comenzó a funcionar en 2010, después de años de disputas con los canacos por los derechos de la tierra. En cinco años, la instalación sufrió cinco derrames de productos químicos.

En 2014, la fuga más grande vertió 100.000 litros de desechos en un arroyo. Miles de peces murieron, según los grupos ambientalistas.

La preocupación de los habitantes de Nueva Caledonia se incrementó cuando se produjo uno de los desastres más mortíferos de la historia reciente en una mina gestionada por Vale. En 2019, una presa de relaves en una mina de hierro en Brasil explotó e inundó una cantina de trabajadores y casas cercanas: 270 personas murieron en ese incidente. La gerencia de Vale en Nueva Caledonia —cuyos integrantes, en su mayoría, ahora trabajan para Prony Resources— dijo que la presa de desechos de Goro se diseñó de manera diferente. Pero la imagen era alarmante.

“Sin duda teníamos que hacer un esfuerzo para demostrar que la seguridad y la sostenibilidad son nuestras principales prioridades”, dijo Denis Loustalet, director de sostenibilidad de Prony Resources. “Incluso un accidente pequeño es demasiado”.

En varias ocasiones, Goro ha sido un tema álgido en las décadas de lucha por la independencia de Nueva Caledonia. En 2014, después del derrame, los canacos incendiaron las instalaciones de la mina, que en la mente de muchos locales estaban vinculadas a la autoridad colonial. La producción de la mina se suspendió durante más de un mes. Vale estimó el daño en 30 millones de dólares.

La protesta más reciente comenzó a finales del año pasado, cuando los habitantes del territorio fueron convocados para votar en un referéndum de independencia, un momento político álgido. Cuando el “no” ganó por un estrecho margen en la votación, los canacos tomaron las calles. Vale ya había anunciado sus intenciones de salir de Nueva Caledonia y estaba en negociaciones para transferir la propiedad a, entre otras empresas, Trafigura, un controversial comerciante internacional de materias primas.

Esta vez, la comunidad canaca, en buena medida excluida de las negociaciones originales de Goro, exigió tener más control. Cuando se divulgaron los rumores de las intenciones de Vale, trabajadores canacos y pobladores cercanos irrumpieron en el complejo de Goro y volvieron a incendiar las instalaciones.

Agentes de la policía resultaron heridos. La destrucción, el bloqueo y el cierre posterior de la mina volvieron a costarle al complejo minero decenas de millones de dólares.

Según las autoridades, uno de los instigadores del acto violento fue el hermano mayor del presidente Mapou, quien es un jefe comunitario.

Después de meses de negociaciones, en marzo se llegó a un acuerdo: el 51 por ciento del nuevo consorcio de propietarios de Goro, Prony Resources, estaría controlado por el gobierno provincial, los trabajadores mineros y miembros locales de la comunidad. Trafigura tendría el 19 por ciento de la propiedad, en lugar del 25 por ciento que estaba establecido al principio.

El acuerdo de Tesla, anunciado medio año después, fue acogido con júbilo por los líderes políticos canacos, quienes dicen que obligará a Goro a cumplir con altos estándares.

La ejecutiva de Tesla que negoció el acuerdo es Sarah Maryssael, encargada del abastecimiento responsable de metales para baterías del fabricante de autos. Maryssael, una ingeniera australiana, ya había trabajado antes en Goro y sabía cómo navegar las complejidades políticas de Nueva Caledonia, según Beurrier, el director ejecutivo de Prony, y políticos locales.

“Sin el conflicto, con los canacos alzando la voz, no estaríamos donde estamos hoy”, dijo Roch Wamytan, presidente del Congreso de Nueva Caledonia. “Ahora podemos dormir tranquilos porque sabemos que el mundo entero está observando y así nos aseguramos de que hay un compromiso serio con el níquel verde”.

“El acuerdo de Tesla logró que eso sucediera”, agregó.

Una rápida lección de hidrometalurgia: la tierra de Goro es rica en níquel y cobalto, elementos clave en las baterías de iones de litio que son las más usadas en los vehículos eléctricos. Para extraer los minerales útiles se necesita bastante energía. Y eso produce muchas emisiones peligrosas.

Primero, excavadoras, cargadores y camiones gigantescos que funcionan con combustibles fósiles recogen la tierra y la arrastran. Luego, esa tierra se traslada a una instalación de carbón que aplica ráfagas de ácido sulfúrico a alta presión, y con altas temperaturas, para extraer níquel y cobalto.

Para 2030, Prony Resources promete que reducirá sus emisiones de carbono a la mitad y, una década después, que sus operaciones lograrán la neutralidad de carbono. Los desechos de la planta, que actualmente se almacenan como lodos tóxicos en una presa, serán filtrados y transformados en desechos secos menos corrosivos, utilizando un nuevo sistema que implicó una inversión de 420 millones de dólares.

Una vista de los desechos húmedos, residuos de lodos tóxicos del proceso minero, en la mina de níquel en Goro.
Una vista de los desechos húmedos, residuos de lodos tóxicos del proceso minero, en la mina de níquel en Goro.

Los ejecutivos de Prony aseguran que el carbón sucio utilizado por la planta de procesamiento será remplazado por una gran colección de paneles solares. Las singulares plantas nativas florecerán a su sombra.

Sin duda, la promesa de Tesla de ayudar a la transformación de Goro funcionará bien con los consumidores conscientes del medioambiente. En julio, Tesla también firmó un acuerdo de suministro de níquel con BHP Billiton en Australia. El trato llegó con promesas de utilizar la tecnología de cadenas de bloques para rastrear la cadena de suministro de minerales.

Sin embargo, Goro y las otras operaciones mineras no podrán proporcionarle a Tesla todo el níquel que necesita para convertirse en una empresa ecológica.

Algunos de los coches de Tesla funcionan con baterías fabricadas con níquel procesado por gigantes como Sumitomo Metal Mining. La firma japonesa ha obtenido gran parte de su níquel de lugares como Filipinas, Indonesia y Madagascar, donde abundan las denuncias de infracciones ambientales y laborales. (Sumitomo no respondió a las solicitudes de comentarios).

Además, como la extracción de níquel consume mucha energía, la fabricación de vehículos eléctricos emite casi el doble de dióxido de carbono que la producción de automóviles que funcionan con combustibles fósiles, según estimaciones de Trafigura.

Existe otro obstáculo en los esfuerzos por agilizar el proceso de fabricación de baterías. La mayor parte del níquel destinado a las baterías de vehículos eléctricos, incluido el de Goro, se destina a un solo lugar: China.

Después de más de una década de apoyo estatal, China domina la fabricación de baterías. Por ahora, ningún fabricante de automóviles occidental, ni Tesla, Ford o Volkswagen, puede cargar todos sus coches eléctricos sin Pekín. Europa controla menos del 5 por ciento del proceso, según Trafigura. Estados Unidos apenas participa en el mercado.

Tesla tiene planes de producir baterías en Texas y Alemania y General Motors en Ohio, lo que ayudaría a evitar una dependencia excesiva de China. Al asegurar el níquel en lugares como Nueva Caledonia o Australia, y luego enviar el mineral directamente a sus propias instalaciones de fabricación de baterías, Tesla podría reducir la huella de carbono de sus envíos.

Trabajadores de la planta toman una muestra de níquel procesado antes de sellar y transportar el cargamento.

El factor China también influye en la geopolítica del Pacífico. Nueva Caledonia es la única parte de Melanesia, un arco de islas en el Pacífico Sur, que no está tan ligada al dominio económico y político de Pekín. En cada uno de los tres referéndums de independencia fallidos, el más reciente de este mes, los ciudadanos leales a Francia argumentaron que liberarse significaría que Nueva Caledonia cambiaría a sus amos coloniales por el control de facto de China.

Para mantener su influencia en Goro, el gobierno francés ha firmado préstamos por unos 200 millones de dólares y lo más probable es que asigne aproximadamente la misma cantidad en el presupuesto del próximo año.

“El impulso hacia el níquel verde no es solo para obtener una ventaja competitiva global”, dijo Christopher Gygès, ministro de Economía, Comercio Exterior y Energía de Nueva Caledonia. “También queremos demostrar que somos europeos y cumplimos con las normas laborales y medioambientales adecuadas”.

Gygès, quien hizo campaña contra la independencia de Nueva Caledonia, agregó: “No somos China, no somos Indonesia, no somos Filipinas. Somos Francia en el Pacífico”.

Marie-Michèle Robert-Agourere, técnica de laboratorio de Goro, es un ejemplo de los beneficios sociales de la mina. Ella creció en un pueblo cercano. El laboratorio cuenta con ocho mujeres y dos hombres, el tipo de proporción que podría complacer a un comprador de Tesla con conciencia social.

“A los chicos no les gusta porque requiere mucha delicadeza y precisión”, dijo Robert-Agourere sobre su trabajo de análisis de sedimentos.

Desde la perspectiva de Prony Resources, la mina está ayudando a generar empleos para personas que, de otra manera, tendrían dificultades para encontrar trabajo. Alrededor del 40 por ciento de los jóvenes están desempleados, según dicen los líderes políticos. Aunque pueden asistir a universidades en Francia, pocos indígenas tienen títulos de educación superior.

La estratificación racial es evidente en Goro. Beurrier, director de Prony Resources, es blanco y creció en Francia. La mayoría de los altos directivos de la mina son blancos. Los conductores y trabajadores suelen ser de la zona.

Durante siglos, el níquel ha estado en el centro del corazón político de Nueva Caledonia, y Tesla tendrá que lidiar con esa historia.

En 1774, James Cook, el explorador británico, navegó por Prony Bay, frente a la mina Goro. A mediados del siglo XIX, Nueva Caledonia fue una colonia penal para los franceses y los topógrafos descubrieron níquel en el suelo.

Pronto, los colonos franceses les robaron a los pueblos indígenas sus tierras tribales y los obligaron a instalarse en reservas. Y los colonos blancos recibieron las concesiones mineras.

Los franceses trajeron trabajadores mineros de Asia y otras islas del Pacífico, cambiando el equilibrio étnico. En menos de 75 años, la población oriunda de esa región se redujo aproximadamente a la mitad debido a las enfermedades, los conflictos y la dura vida bajo un poder colonial abusivo.

Después de que el conflicto armado en Nueva Caledonia cobró decenas de vidas en la década de 1980, París prometió un cambio. A los ciudadanos se les dio una participación significativa en la industria del níquel. Pero no fue hasta este año que la planta de procesamiento de Goro pasó a ser propiedad local mayoritaria.

Debido al legado ambiental y político de Goro, parece probable que las tensiones regresen a la mina. El níquel está demasiado entrelazado en la historia racial y colonial del territorio.

Goro todavía depende de un proceso intrínsecamente peligroso para producir níquel, esa combinación de ácido y extracción a gran temperatura y presión. Tesla señaló en su informe de sostenibilidad que los productores de metales con los que se asocia se están comprometiendo con un punto de referencia de la industria llamado Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable, que cubre todo, desde la gestión de residuos hasta los derechos de los pueblos indígenas.

IRMA, como se le conoce, es más estricta que cualquier ley minera nacional. Sin embargo, Beurrier dijo a fines de noviembre que nunca había oído hablar de eso.

Tesla también podría alejarse de Goro, si encuentra una forma de usar otros metales en sus baterías, reduciendo su dependencia del níquel y dejando a la región sin un comprador dominante que exija mejores prácticas.

“No es necesario que sea de níquel o cobalto”, dijo Drew Baglino, vicepresidente sénior de Tesla, en una conferencia telefónica en octubre. “Siempre hay otra opción”.

El mes pasado, las divisiones de Goro se evidenciaron durante una ocasión festiva: la boda de Sabrina Manique y Jacques Atti. Ambos trabajaron en Goro, pero durante el reciente conflicto, Atti colaboró con el bloqueo. Cuando la mina reanudó sus actividades, se negó a regresar a un lugar que le recordaba a la opresión histórica. Manique volvió a trabajar y conduce un camión.

“Ella es libre de hacer lo que quiera y yo haré lo que quiera”, dijo Atti el día de su boda.

Los invitados eran una mezcla de las personas que trabajaban en Goro y quienes hicieron campaña en su contra. Pero incluso aquellos que dependen de la mina para su sustento parecían escépticos ante la posibilidad de que su tierra tribal pudiera ser destruida sin consecuencias.

“El níquel verde no es verde para nosotros”, dijo Gilbert Atti, el hermano del novio. “Dile eso a Tesla, esa gran empresa estadounidense”.

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La misionera Mercedes D’Alessandro fue elegida para Time 100 Next como una de las cien personas más influyentes en el mundo

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La directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D´Alessandro, fue seleccionada por la revista estadounidense Time para la lista de Time 100 Next 2021, donde se destaca cada año a las cien personas más influyentes del mundo.

La lista Time 100 Next destaca a cien líderes emergentes que están dando forma al futuro de los negocios, el entretenimiento, los deportes, la política, la salud, la ciencia, el activismo y más.

En esta oportunidad, Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, fue elegida para integrar la lista de 2021.

Time destacó que “la pérdida de puestos de trabajo relacionada con la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Pero en Argentina, la economista Mercedes D’Alessandro está decidida a suavizar el golpe que supone este período para la igualdad de género en el ámbito laboral”.

“Después de cinco años de analizar el tema a través de su medio de comunicación Economía Femini(s)ta, en 2020, D’Alessandro se convirtió en la primera directora nacional de género, igualdad y economía del gobierno argentino”, indicó.

En la publicación, se reseñó que el organismo que dirige D’Alessandro “cuantifica el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, y se valoró que “ella dice que toda la política económica en Argentina debe tener en cuenta el género. Gracias a ella, probablemente lo hará”.

D’Alessandro nació en la ciudad de Posadas (Misiones), se doctoró en Economía en la Universidad de Buenos Aires donde durante más de 15 años dio clases, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía. También fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

En 2015 fundó la ONG Economía feminista, que se dedica a la divulgación de temas económicos y feministas.

En 2016, publicó el libro “Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)”, que va por su quinta edición y ha vendido más de 25.000 copias en la Argentina, España, Colombia y México.

En 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por la Fundación Avina, y L’Óreal Paris la seleccionó para una muestra de fotos de las mujeres argentinas más inspiradoras en los últimos años.

En 2019, fue reconocida como Emprendedora social por Ashoka Argentina.

Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández, D’Alessandro ocupa el cargo de directora nacional de Economía, Igualdad y Género, un espacio institucional que funciona bajo la órbita del Palacio de Hacienda y que fue creado a instancias del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el objetivo de hacer foco en la igualdad de género desde una concepción económica.

Desde entonces, la Dirección a cargo de D’Alessandro está abocada a articular y generar información y conocimiento para que el diseño y la ejecución de las políticas públicas en la Argentina tengan en cuenta la dimensión de género.

Desde esta Dirección se impulsó el Primer Presupuesto con perspectiva de género en la historia argentina y la primera Mesa Federal de Políticas económicas para acelerar la igualdad de género, que nuclea a funcionarias de áreas económicas de todo el país.

Además, la Dirección trabajó activamente para generar información que permita tomar dimensión del impacto de la pandemia en las mujeres e incorporar esta visión en el diagnóstico y diseño de medidas económicas, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia y las estrategias de Inclusión financiera.

La Medición del aporte de los Cuidados al PBI, por parte de la Dirección, ha sido fundamental para poner en las mesas de debate económicas y productivas el trabajo de las mujeres en los hogares, un elemento clave para abordar la desigualdad.

La Dirección que conduce D’Alessandro lleva adelante esta agenda coordinando trabajos de investigación e incidencia a nivel local pero también junto con Unicef, ONU Mujeres, OIT, PNUD y Cepal, aportando a transformar el debate regional.

D’Alessandro es una de las impulsoras de Mujeres Gobernando, un grupo de 256 mujeres con cargos jerárquicos, que se mantienen coordinadas y en permanente contacto para potenciar las tareas que llevan adelante desde sus respectivas áreas.

También impulsa el Foro con iniciativas para que la menstruación no sea un factor de desigualdad, donde nuclea a funcionarias del ejecutivo nacional, concejalas de todo el país, diputadas y senadoras.

La creación de la Dirección refleja el fuerte compromiso institucional del gobierno del presidente Alberto Fernández, en particular, del Ministerio de Economía, con la agenda de políticas públicas que contribuyen a cerrar brechas de género.

La lista completa del Time 100 Next se puede consultar en time.com/next.

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Niños perdidos en el país de la libertad

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MCALLEN, Texas, New York Times — El niño de 3 años estaba solo y llorando.

La madrugada del martes 23 de abril, agentes de la Patrulla Fronteriza de la estación Fort Brown, en el sur de Texas, encontraron al menor de edad en un maizal. Su nombre y unos números de teléfono estaban escritos en sus zapatos. Parece que el niño, según agentes, había estado con un grupo más grande de migrantes que huyeron cuando se acercó la Patrulla Fronteriza.

Ese niño solo que cruzó la frontera no era una excepción: más de 8900 menores no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza tan solo en marzo, casi el doble de la cantidad de detenidos en octubre de 2018.

Muchos de ellos eran adolescentes pero, desde hace años, entre quienes hacen el trayecto por la frontera suroeste de Estados Unidos sin la compañía de sus padres u otros familiares también hay niños menores de 12 años; muchas veces viajan en grupos de desconocidos. Es una saga compleja, desgarradora y perturbadora en la que niños muy pequeños –de 3, 4 o 5 años– pasan de un grupo de migrantes a otro durante días y a menudo son abandonados en los desiertos de Arizona o entre la maleza del sur de Texas.

Al igual que el menor encontrado esta semana en Brownsville, Texas, los niños suelen llevar los teléfonos de familiares que ya se encuentran en Estados Unidos escritos en su ropa o en pedazos de papel que llevan en los bolsillos.

“Estos casos suelen ser angustiosos por lo pequeños que son los niños y porque normalmente están muy confundidos y atemorizados”, dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, grupo en Los Ángeles que provee servicios legales a menores no acompañados.

El modo en que los niños terminan solos en un ambiente tan caótico como la frontera suroeste sigue un patrón conocido. Los padres huyen de la pobreza y la violencia en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Dejan a uno o más de sus hijos atrás, con familiares. Después, cuando están asentados en Estados Unidos, los padres coordinan para que sus niños puedan alcanzarlos; muchas veces hacen el viaje con algún familiar o con desconocidos. Después de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, los niños tienden a ser botados y abandonados por los contrabandistas y coyotes, o por otros migrantes que creen que los menores de edad van a ser rescatados por la Patrulla Fronteriza.

Es una apuesta tremenda: a lo largo de los años, varios agentes han llegado justo a tiempo para salvarles la vida a los niños.

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El niño vio algunos episodios de Patrulla Canina en las oficinas de la CBP.CreditOficina de Aduanas y Protección Fronteriza

Una tarde de junio pasado en la frontera de Arizona, agentes de la patrulla encontraron a un niño de 6 años en un camino fronterizo justo cuando la temperatura ascendía a más de 38 centígrados. El menor abandonado era de Costa Rica y les dijo a los agentes que su tío lo había dejado y que le había dicho que la Patrulla Fronteriza lo iba a recoger. El niño comentó que iba camino a reunirse con su madre en Estados Unidos.

En julio de 2018, los agentes en el sector del sector del valle del río Grande se toparon con un niño de 8 que iba solo por un camino cercano al río. Los agentes solo supieron su nombre y edad cuando lo procesaron, pues hablaba un dialecto regional que no conocían.

“Nos han llegado menores de 3, 4 años que son abandonados por los contrabandistas y todos los demás y que los dejan para que se las arreglen solos”, dijo Jorge González, agente a cargo de la estación de Brownsville y quien ha trabajado durante diecinueve años en la Patrulla Fronteriza.

Una de las organizaciones que ayuda a trasladar a los niños a hogares de acogida temporal indicó que la mayoría de sus casos ahora involucran a niños de 5 años o menos.

González y otros oficiales dijeron que los niños no acompañados por padres o familiares a veces son infantes o bebés. En las últimas semanas había varios niños y niñas muy pequeños en la oficina centralizada de procesamiento de la Patrulla Fronteriza: todos habían cruzado la frontera sin familia y fueron detenidos como parte de grupos migrantes más grandes. La expectativa era que pudieran ser reunidos con familiares que ya vivan en Estados Unidos.

“Lo hemos visto muchas veces”, dijo González. “Es un niño que no le pertenece realmente a nadie, no está con nadie del grupo y están por ser llevados con padres que ya se trasladaron a Estados Unidos”.

Uno de los casos es de una niña de 2 que fue encontrada con un grupo de migrantes en noviembre pasado apenas al norte de la frontera, cerca de Campo, California. No tenía vínculos con nadie en el grupo y la estaban llevando en un portabebés improvisado con tela que cargaba un chico de 17 años en el grupo.

La niña había estado viajando con su madre, pero ella se agotó y les pidió a los demás migrantes que alguien la ayudara a cargar a la menor. El joven de 17 se ofreció. Pero el grupo quedó separado y el joven no pudo ubicar a la madre de la bebé. Cuando cruzó hacia Estados Unidos aún cargando a la bebé seguía sin saber dónde estaría la madre, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza. Después de que él y la menor fueron detenidos, la niña fue puesta en custodia mientras los oficiales buscaban cómo reunirla con su madre.

Los funcionarios federales intentaban hacer lo mismo con el niño de 3 años encontrado en un maizal por Brownsville el miércoles. En imágenes publicadas en redes por la agencia que supervisa a la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el menor aparece dentro de las oficinas viendo dibujos animados –Patrulla canina– en la computadora de un agente. El niño es de México pero no habla suficientemente bien como para darse a entender.

Después de que los agentes lo encontraron en el campo lo llevaron a un hospital donde se encontró que estaba en buenas condiciones y fue devuelto a la Patrulla Fronteriza.

En la estación de Fort Brown, los intentos de los agentes para contactar a la familia del niño no rindieron fruto. Un agente le compró algo de ropa al niño antes de que lo transfirieran al centro de procesamiento principal ubicado en McAllen. El miércoles seguía ahí, bajo el cuidado de trabajadores contratados asignados al centro, dijeron los funcionarios.

El cuidado de los niños que llegan a Estados Unidos sin compañía de adultos es un reto para oficiales federales y las empresas a las que contratan para cuidarlos después del arresto. Si los niños son demasiado pequeños es particularmente difícil comunicarles información. Muchos de ellos se portan mal o se retraen por completo debido a la confusión y frustración de no entender qué les está pasando.

“Hay niños de 10 años o menos que llegan solos”, dijo Anthony Enríquez, director del programa para menores no acompañados de Servicios de Inmigrantes y Refugiados de Caridades Católicas en Nueva York, red que asesora y trabaja con más de setecientos menores no acompañados que están en proceso de ser deportados. “En algunos casos llegan acompañados de un hermano más grande o en un grupo. Nos hemos encontrado niños tan pequeños que ni siquiera pueden expresar qué necesitan o quieren. Cuando estás en una situación que involucra a un menor que aún no puede verbalizar y no tiene la capacidad de comprender la situación para tomar una decisión informada, se vuelve un dilema ético”.

Estos niños dejan claro la desesperación de quienes buscan migrar hacia Estados Unidos. Muchas de las familias que buscan el traslado para sus hijos no comprenden o desconocen los peligros del trayecto al que están sometiendo a los menores. Los niños y las niñas enfrentan el riesgo de violación, explotación sexual o abuso por parte de los coyotes, así como de enfermarse gravemente, morir por el calor, el frío o la deshidratación en el terreno inhóspito y vasto de la frontera suroeste. Se desconoce cuántos casos de niños tan pequeños que viajan solos terminan en tragedia.

En 2014, una niña de 12 años salió de Ecuador para reunirse con sus padres en el Bronx, en Nueva York. Nunca llegó. La menor, Noemí Álvarez Quillay, fue abusada sexualmente por contrabandistas en la frontera, en Ciudad Juárez, México. Unos días después —el 11 de marzo de 2014—, cuando aún estaba en México, Noemí se suicidó al colgarse desde la barandilla de la ducha. Una investigación conjunta en la frontera, que incluyó a agencias policiales estadounidenses, resultó en la imputación en México de más de cuarenta personas involucradas en el contrabando de personas y en casos de abuso contra Noemí y otras mujeres y menores de edad.

“Creo que la desesperación es parte de esto”, dijo González, el agente en el sur de Texas sobre la decisión de intentar cruzar así a los niños. “Supongo que las situaciones en las que residen determinan cómo intentan prácticamente de todo para tener a su familia en casa de nuevo. Creo que es la condición humana: todos quieren estar con su familia y están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo”.

 
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El Brasil de Bolsonaro, contra los indígenas

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RÍO DE JANEIRO, New York Times. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien comparó a las comunidades de aborígenes que viven en tierras protegidas con los animales de los zoológicos, dio un gran paso para socavar los derechos de los indígenas pocas horas después de su toma de posesión el martes.

El mandatario aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente ha defendido los intereses de las industrias que quieren un mayor acceso a esas tierras. Anteriormente el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio, el organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas.

Bolsonaro, exlegislador de extrema derecha y capitán retirado del Ejército, se presentó ante los electores como lo opuesto al Partido de los Trabajadores, la fuerza de izquierda que dominó la política brasileña entre 2003 y 2016 y que dejó el país con una crisis económica, un marcado aumento de la violencia y una clase política envuelta en escándalos de corrupción.

 

Durante su campaña, Bolsonaro atrajo a grupos conservadores —incluido el poderoso grupo de los empresarios agrícolas—, al Ejército y a las iglesias más retrógradas con promesas de impulsar el crecimiento económico mediante la reducción de las regulaciones y protecciones ambientales.

Esta coalición de movimientos de derecha lo ayudó a derrotar en las encuestas al Partido de los Trabajadores y lo obligó a cumplir con el cambio que prometió, además de transformar a su pequeño partido en el segundo grupo más grande en el Congreso.

Bolsonaro defendió la medida a través de un mensaje que publicó el miércoles en Twitter, donde argumentó que los grupos indígenas y las comunidades tradicionales descendían de esclavos, conocidos como quilombos, que conformaban una mínima parte de la población, y se les había dado el control de áreas que constituían más del quince por ciento del territorio del país.

“De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan”, escribió. “Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños”.

El miércoles, el gobierno también anunció que va a desmantelar un área perteneciente al Ministerio de Educación que promovía los derechos humanos y buscaba expandir el acceso a la educación superior de las comunidades históricamente desfavorecidas, incluyendo a los brasileños negros.

Bolsonaro ha acusado a sus rivales políticos de izquierda de usar el sistema de educación pública para adoctrinar a los niños; una acusación que educadores y expertos consideran infundada.

“Una de nuestras estrategias para sacar a Brasil de los últimos lugares en educación es acabar de tajo con la basura marxista en nuestras escuelas”, escribió Bolsonaro en un tuit en inglés. “Conseguiremos la formación de ciudadanos, no de militantes políticos”.

La Constitución de Brasil de 1988, que se aprobó cuando el país salió de una dictadura militar que duró 21 años, establecía garantías sólidas para los grupos históricamente marginados, lo cual buscaba reparar el daño causado a lo largo de décadas de discriminación y brutalidad institucionalizadas.

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Un grupo de indígenas bailaba mientras esperaba para entregarle una carta a Jair Bolsonaro, en diciembre. CreditAdriano Machado/Reuters

Una de las medidas más concretas fue un proceso para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a controlar las áreas que habían sido el hogar de sus ancestros.

La dictadura buscó integrar a las comunidades indígenas que vivían mayormente autónomas en regiones remotas, puesto que las consideraban un impedimento para el desarrollo de áreas ricas en minerales o que podían convertirse en terrenos de cultivo o ganadería.

Leila Sílvia Burger Sotto-Maior, antropóloga que trabajó en la Fundación Nacional del Indio, declaró que el nuevo decreto era “una clara afrenta a la Constitución”.

En los últimos ocho años, el gobierno brasileño ha ido despojando de protecciones a las comunidades indígenas mediante el recorte de financiamiento de programas y la priorización de los intereses de las industrias que quieren mayor acceso al Amazonas, explicó Burger.

Pero la nueva medida de Bolsonaro fue un golpe devastador para quienes han pasado sus carreras tratando de cumplir la visión de una Constitución que buscaba reparar el daño causado a los pueblos indígenas tras décadas de maltrato, comentó la exfuncionaria.

“Hay miedo; hay dolor”, dijo Burger en una entrevista, y contó que ella y varios de sus colegas se sentían angustiados. “Esto se siente como una derrota, un fracaso”.

El proceso normativo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tener control absoluto sobre las tierras ancestrales ha avanzado con enorme dificultad en años recientes, debido a que los terratenientes rurales han ganado más influencia en la capital del país.

Existen 436 zonas designadas formalmente como territorios indígenas autónomos; en casi la mitad de ellos, el gobierno aún no concluye el proceso de expulsar a poblaciones que no son indígenas.

Más de 120 territorios que los grupos indígenas reclaman como suyos se encuentran bajo escrutinio. Cuando era candidato, Bolsonaro dijo que se aseguraría de que las comunidades indígenas no obtuvieran “ni un centímetro más” de reservas.

 

Dado que el gobierno ha disminuido las protecciones de los territorios indígenas en años recientes, los mineros, los agricultores y los ganaderos, así como los leñadores se han establecido en cientos de sitios, lo cual viola la ley.

Los líderes indígenas que se han opuesto a la presencia de esos grupos suelen ser amenazados.

Marina Silva, excandidata presidencial y exministra del Medioambiente a quien se alabó por implementar políticas que frenaban la tasa de deforestación en el Amazonas durante su permanencia en el cargo entre 2003 y 2008, dijo que la medida era una farsa.

“El gobierno de Bolsonaro le está dando a los abusadores la oportunidad de ser todavía más violentos con aquellos que, a lo largo de la historia, han sido sus principales víctimas”, escribió en un mensaje en Twitter.

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, una legisladora federal que fue designada como ministra de Agricultura del gobierno de Bolsonaro, no dijo nada sobre las tierras indígenas en su discurso de toma de posesión el miércoles. Posteriormente, exhortó a los reporteros a no extraer conclusiones precipitadas y dijo: “No vamos a crear un problema donde no lo hay. Sencillamente se trata de un tema de organización”.

Corrêa está siendo investigada por haber aceptado para su campaña en 2014 un donativo de un terrateniente acusado de ordenar el asesinato de un líder indígena en 2003.

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La muerte de un joven mapuche pone en foco los abusos policiales en Chile

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Santiago, por Por El asesinato de un joven indígena a manos de una brigada antiterrorismo de la policía ha intensificado las críticas sobre el trato que las comunidades indígenas del sur de Chile reciben por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad, que han sido acusados de abusos sistemáticos.

El asesinato de Camilo Catrillanca, de 24 años, el 14 de noviembre, es el conflicto más reciente en una batalla por las tierras ancestrales que son reclamadas por el pueblo mapuche, la cual ha causado que las autoridades chilenas traten a algunos activistas defensores de los derechos territoriales indígenas como terroristas, por lo que han sido acusados o sometidos a juicio según las leyes antiterroristas.

Catrillanca era un joven mapuche que regresaba a su casa en un tractor después de trabajar en los campos cerca del pueblo de Ercilla, en la región de la Araucanía, a casi 600 kilómetros al sur de Santiago, cuando un equipo policial antiterrorista se le acercó, ya que aparentemente sospechaban que había participado en el robo de un auto.

Según un muchacho de 15 años que lo acompañaba en el tractor, Catrillanca cambió de dirección y empezó a conducir para alejarse de la policía cuando los miembros del escuadrón, apodado el Comando Jungla, les dispararon desde un vehículo blindado.

Catrillanca murió cuando uno de los oficiales le disparó en la nuca, dijo el adolescente; después la policía detuvo al chico y lo golpeó. El chico también mencionó que el oficial que hizo el disparo mortal llevaba un casco con una cámara y removió la tarjeta de memoria que contenía el video del altercado.

Al principio, el agente de policía alegó que no llevaban cámaras en ese momento pero después admitió que, efectivamente, habían borrado el video.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente chileno Sebastián Piñera prometió que su gobierno “agotará los medios para investigar la verdad de lo ocurrido”. Sin embargo, afirmó que apoyaba el derecho de los policías a “defenderse cuando son atacados”.

Luego de que los investigadores de la fiscalía pública concluyeran que la policía había destruido la tarjeta de memoria, dos funcionarios de alto nivel en la Araucanía renunciaron y cuatro de los involucrados en el asesinato fueron expulsados de la fuerza policial. A los pocos días, el gobernador de la región, Luis Mayol, también renunció.

Además de la investigación de la fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos antepuso una demanda penal por los cargos de homicidio, intento de homicidio y obstrucción de la justicia en contra de los Carabineros, como llaman a la policía nacional. A lo largo de los últimos siete años, el instituto ha presentado más de 30 quejas sobre acciones abusivas de la policía en contra de los mapuches. En mayo interpuso una denuncia penal en contra de la policía nacional luego de que desvistiera e interrogara a cuatro muchachos en Ercilla.

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El caso de Catrillanca provocó protestas espontáneas en varias ciudades, entre ellas Santiago, la capital. CreditMartin Bernetti/Agence France-Presse — Getty Images

La muerte de Catrillanca provocó protestas en diversas ciudades y zonas rurales, y, el 18 de noviembre, horas después de que miles de mapuches asistieran a su funeral, los manifestantes golpearon cacerolas y sartenes por todo Santiago y otras ciudades, exigiendo la renuncia del ministro del Interior Andrés Chadwick y el desmantelamiento de la unidad policial llamada Comando Jungla.

Desde entonces se han realizado al menos veinte manifestaciones, bloqueos de carreteras e incendios provocados en las regiones de la Araucanía y del Biobío al sur de Chile, donde vive la mayoría del pueblo mapuche. Las protestas han continuado casi diariamente en muchas ciudades, incluida la capital.

Miembros del Congreso, líderes de la oposición y grupos defensores de los derechos humanos cuestionan la estrategia que ha adoptado el gobierno para abordar lo que a menudo se conoce como el “conflicto mapuche”.

Los mapuches sostienen que durante el siglo pasado perdieron una porción importante de su territorio ancestral, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, pues luego de que el gobierno implementara políticas que dividieron a las comunidades indígenas, asumió el control de las tierras para las cuales los mapuches no tenían títulos formales de propiedad y fomentó su venta a agricultores, empresas madereras y energéticas, entre otros propietarios privados.

A lo largo de las últimas dos décadas, las comunidades mapuches han permanecido en parte de ese territorio, mientras que otros grupos indígenas han buscado negociar el traspaso de sus tierras con el gobierno. Un número reducido recurrió a medidas violentas, como incendios provocados en instalaciones corporativas, vehículos, propiedad privada e iglesias.

Desde 2001, algunos miembros del pueblo mapuche han sido sometidos a juicio y sentenciados en virtud de una ley antiterrorista de la época de la dictadura. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció a Chile por violar los derechos a un debido procedimiento jurídico de ocho activistas mapuches declarados culpables según esa ley.

Piñera, quien asumió la presidencia en marzo, ha adoptado una postura más firme. En junio envió al Comando Jungla, equipado con tanques, helicópteros, autos blindados, drones y cámaras térmicas, a las áreas indígenas más conflictivas en el sur de Chile.El apodo del comando surgió del entrenamiento que llevaron a cabo estos agentes en Colombia junto con unidades militarizadas de operaciones especiales de la Policía Nacional de Colombi, que luchan contra el crimen organizado en su país y son conocidas como los Comandos Jungla.

La semana pasada, después de ser convocado ante una comisión de derechos humanos del Congreso para explicar lo sucedido en la región de la Araucanía, el ministro del Interior, Chadwick, dijo que la situación fue “extremadamente violenta”.

También afirmó que desde 2013 han sucedido 920 incendios provocados, 924 enfrentamientos armados, 509 ataques a la policía y 542 bloqueos de carreteras. “Estamos en una zona de conflicto grave, diferente al resto del país”, explicó.

Catrillanca vivía en la comunidad mapuche de Temucuicui, que se apoderó de las tierras que los mapuches aseguraban les pertenecían a sus ancestros y se atribuyeron el control autónomo del territorio hace más de quince años. La comunidad está compuesta por unas 150 familias mapuches distribuidas en un área rural montañosa de unas 2023 hectáreas.

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Una ceremonia mapuche en las exequias de Catrillanca CreditLuis Hidalgo/Associated Press

Jaime Huenchullan, vocero de Temucuicui, dijo que el gobierno comenzó a militarizar el área aproximadamente en esa misma época, cuando algunos mapuches empezaron a recuperar sus tierras. Hace dos años, dijo, la cantidad de unidades de policía desplegadas en la zona aumentó considerablemente, y llegó a su punto máximo con la llegada del Comando Jungla.

“Durante los últimos dos meses, los comandos han registrado y acosado a nuestras comunidades casi a diario”, señaló Huenchullan en una entrevista telefónica. “Usan armas de guerra, sobrevuelan las comunidades con sus helicópteros y detienen a las personas en las carreteras rurales para cachearlas. En los diez días anteriores a la muerte de Camilo, entraron a Temucuicui cuatro veces; la última vez llegaron disparando armas automáticas. El domingo, después del funeral, toda la zona parecía estar sitiada”.

Algunos líderes de la oposición y grupos defensores de los derechos humanos exigen el desmantelamiento de las unidades del Comando Jungla y una reestructuración de la fuerza policíaca nacional, que ha sido ampliamente criticada.

A principios de este año, el director de la policía, el general Bruno Villalobos, y el jefe de inteligencia, el general Gonzalo Blu, renunciaron luego de que un procurador fiscal de la nación reveló que algunos oficiales habían fabricado evidencia en contra de un grupo de mapuches que fueron arrestados.

En el transcurso del año pasado, cientos de oficiales han sido investigados por fraude y corrupción, lo que ha causado pérdidas de unos 40 millones de dólares en fondos públicos. Al menos 130 han sido imputados.

Catrillanca, nieto de un líder mapuche tradicional, es el cuarto mapuche que ha muerto a manos de la policía desde 2002. Su comunidad lo consideraba un “weichafe”, o guerrero, de la causa mapuche. Tenía una hija de 6 años y su esposa espera otro hijo.

El joven había estudiado agricultura en la preparatoria politécnica de Pailahueque, donde la mayoría de los estudiantes son mapuches de familias rurales pobres. Hace pocos años, la escuela y sus terrenos se convirtieron en una estación de policía; ahora es la sede del Comando Jungla, lo cual ha dejado a los niños del área sin escuela.

“Las exigencias legítimas e históricas del pueblo mapuche respecto de sus tierras y su autonomía no pueden resolverse por medio de la militarización”, opinó Huenchullan. “El único obstáculo es, creo yo, el racismo, la discriminación y el odio hacia los mapuches”.

 
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