OBRA PÚBLICA

Roberto Enriquez: “El modelo de esperar solo al Estado está sensiblemente agotado”

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En un momento de transición profunda para la economía argentina, la construcción atraviesa uno de los tramos más exigentes de las últimas décadas. Caída de la obra pública tradicional, reconfiguración del financiamiento y un cambio de modelo que obliga a repensar el rol del Estado y del sector privado definen el nuevo escenario. En ese contexto, Roberto Enriquez, empresario de la construcción y dueño de Hormisa, ofrece una mirada directa y sin eufemismos: reconoce la dureza del presente, pero sostiene que el esquema de depender exclusivamente de la obra pública está llegando a su límite y que el futuro del sector estará atado a la inversión privada, la baja del riesgo país y la estabilidad macroeconómica.

Desde el avance de obras estratégicas como la Ruta 105 hasta las expectativas por nuevos proyectos viales y urbanos en Misiones, Enriquez traza un diagnóstico que combina cautela y optimismo. “Hoy está duro, pero hay indicadores que muestran un cambio estructural”, resume, convencido de que si se consolida el acceso al financiamiento y se sostiene la previsibilidad económica, la construcción volverá a ponerse en marcha.

¿Cómo ve hoy al sector de la construcción, especialmente en el plano nacional?
Estamos atravesando un momento difícil porque hay un cambio de modelo muy concreto, muy definido. Como decía recién, hay que prepararse para esto. Hoy el sector está pasando una situación dura, esa es la realidad.

¿Dónde ve las oportunidades para que la construcción vuelva a moverse?
Este tipo de propuestas -la presentación de un modelo de casas premoldeadas de Hormisa- va de la mano con un financiamiento barato, que es lo que se está empezando a visualizar en Argentina. Las tasas empezaron a bajar, la inflación empezó a bajar, y eso hace que la inversión de riesgo empiece a jugarse en este tipo de emprendimientos, que son los que en definitiva van a empezar a mover el sector.

¿Se terminó el modelo de la obra pública tradicional?
A mi entender, que el sector esté esperando exclusivamente del Estado para poder construir es un modelo que no digo que esté agotado, pero sí sensiblemente agotado. Por eso hay que buscar otras alternativas, que van de la mano del privado, con innovación y con iniciativas de distinto tipo. Esto aplica a todo: rutas, viviendas, infraestructura en general.

Justamente mencionaba el caso de las rutas. ¿Cómo ve el nuevo esquema de concesiones?
Ahora se están licitando las rutas nacionales por peaje, que tienen que ver con esto mismo: inversión privada. Eso va a terminar siendo exitoso en la medida en que el financiamiento siga bajando y el riesgo país siga bajando, como estamos viendo que está pasando. Eso es lo que nos hace ser optimistas de cara al año que viene y a los próximos años, si este rumbo se sostiene.

Hablando de obras concretas, ¿cómo avanza la Ruta 105?
La Ruta 105 viene muy bien. Venimos cumpliendo todos los plazos en las curvas de contrato. Calculamos que para marzo o abril estaremos terminando los tres puentes: Pindapoy Grande, Pindapoy Chico y el ferroviario. Ya estamos en la etapa de tablero, así que estamos muy cerca de terminar. A partir de ahí queda solo la repavimentación hasta la Ruta 14. Entendemos que el año que viene la 105 va a quedar completamente concluida.

¿Qué otros proyectos están en agenda para los próximos meses?
Estamos a la espera del compromiso del financiamiento del soterramiento. Es una obra que ya iniciamos, pero todavía no se pudo firmar la partida presupuestaria. Si eso ocurre, es una obra muy importante para la ciudad y para nosotros también.
La travesía urbana de Posadas ya empezó nuevamente y está tomando ritmo. Tenemos muchas expectativas para el año que viene con estas tres obras, que son muy relevantes.

También mencionó un corredor estratégico para Misiones. ¿De qué se trata?
Tiene que ver con el corredor que pasa por Misiones, desde Foz do Iguaçu, pasando por Ituzaingó, hasta la Ruta 118, que se va a licitar por peaje. En ese proceso también estamos trabajando para participar de la licitación.

Más allá del momento actual, ¿nota previsibilidad para planificar hacia adelante?
Yo soy muy positivo. Hay un cambio de modelo claro y una realidad que es la fuerte baja de la inflación. Hay una estabilidad cambiaria que prácticamente lleva dos años, con el mismo tipo de cambio. No estamos acostumbrados a eso; siempre mirábamos qué iba a pasar con el dólar. Hoy ni siquiera es un problema, aunque nos cuesta creerlo por lo que venimos arrastrando.

¿Qué indicadores son clave para que el sector vuelva a crecer?
El financiamiento es fundamental. Y para eso es clave el riesgo país, la baja de las tasas y la estabilidad cambiaria. Si todo eso se sostiene -y yo creo que después de lo que se va a votar en estos días, como el presupuesto y las reformas- están dadas las condiciones para empezar a caminar un poco mejor.

¿Optimismo pese a las dificultades actuales?
Hoy está duro, no hay que negarlo. Pero por lo menos yo soy optimista de cara al futuro.

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El impacto del freno a la obra pública en las provincias

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Un par de gobernadores desfilaron por la Casa Rosada durante esta semana, cerrando acuerdos con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos relativos a la reactivación de la obra pública. Los anuncios fueron mínimos para no exponer la verdadera naturaleza de los convenios: no se trata de financiamiento nacional para la puesta en marcha de las obras paralizadas, sino del traspaso del marco legal de las mismas para que las provincias lo lleven adelante con recursos que ellas mismas dispongan

Por lo tanto, llamarlos convenios de reactivación es, cuanto menos, engañoso: la reactivación se podrá dar si aparecen los fondos para ello. ¿Qué cambió? Que los contratos ahora lo manejan las provincias. 

La reactivación de la obra pública es una condición necesaria para que repunte la economía nacional y más aún en provincias del norte, donde la construcción es un sector altamente dinamizador de las economías locales. El panorama actual es altamente negativo y desesperanzador en cuanto se observa un Estado nacional que está, convencidamente, ausente. No es igual que en otras épocas donde por restricciones presupuestarias se dejaba de lado la inversión bajo la premisa de recuperarla luego, sino que se trata de un Gobierno nacional donde la obra pública es sinónimo de gasto y de corrupción. 

Todos recordaremos las palabras de Javier Milei cuando hablaba de que una obra que el privado no contempla hacerlo, el Estado tampoco debería encararla porque se trataría, palabras más palabras menos, de un gasto absurdo. Del paradigma conceptual que maneja el presidente de la Nación, si un pueblo del interior profundo no tiene rutas que la conecten con el resto de su provincia es porque no es necesario tenerlas. Caso contrario, un privado lo habría hecho. Parece chiste, pero es real. 

Más allá de las declaraciones, los números confirman esta situación altamente alarmante respecto al posicionamiento del Estado nacional en la obra y la inversión pública. todas las provincias sufren este nuevo paradigma reinante en el poder central. Misiones, que aunque históricamente ha financiado la mayor parte de sus obras con fondos propios, no está exenta de esto. 

Entre enero y mayo de este año, la inversión real directa del Estado nacional en Misiones cayó 95,4%. Pasó de $ 2.488 millones en los primeros cinco meses del 2023 a apenas 433 millones en igual período de 2024. La inversión real directa refiera a las erogaciones que realiza la Nación, como el nombre lo indica, de manera directa. Por ejemplo, la licitación, adjudicación y pago de una obra en particular. 

Por su parte, las transferencias de capital del Estado nacional a la provincia, que son los fondos que la nación manda al gobierno provincial para financiar proyectos de inversión pública, cayeron este año 99,8%. Pasaron de $ 4.068 millones entre enero y mayo de 2023 a $ 33 millones en igual período 2024. 

Si se agrupa la inversión real directa y las transferencias de capital a Misiones, la caída es del 98,1%. De $ 6.556 millones a $ 467 millones. Estamos hablando de una virtual desaparición de fondos. En otras palabras: un freno total de la asistencia nacional para el desarrollo de proyectos. 

Hace rato se viene diciendo que se trata de una caída histórica, pero pongámoslo en números. La inversión realizada en este 2024 se ubica en un mínimo de la década y por amplísimo margen. Si se mide el agrupado de inversión real directa y las transferencias de capital desde 2014 a precios de este 2024, las diferencias son abismales. A dinero de hoy, entre enero y mayo de 2014 la inversión total nacional en Misiones fue por $ 47.762 millones; en 2015 por $ 99.727 millones; en 2016 por $ 63.062 millones; en 2017 por $ 78.197 millones; en 2018 por $ 25.260 millones; en 2019 por $ 24.566 millones; en 2020 (pandemia de por medio) por $ 21.041 millones; en 2021 por $ 22.400 millones; en 2022 por $ 24.169 millones y en 2023 por $ 25.015 millones. En 2024, por $ 467 millones. Es tal la magnitud de la caída que no tiene siquiera adjetivos para graficarlo. 

En el año 2016, por ejemplo, la caída real interanual de la inversión nacional en la provincia fue del 37% y la del 2018 fue del 68%, situación que provocó (principalmente la del 2018) una fuerte crítica al entonces gobierno de Cambiemos. En ese momento, por lo menos en las declaraciones públicas, la administración Macri no negaba la importancia central de la obra pública; por el contrario, la ratificaba, pero la puso en segundo lugar en un escenario de fuerte debilitamiento económico que llevó luego a una recesión. Hoy, con caídas mucho más profundas, el presidente las celebra. “Se terminó el curro” dijo. Vaya uno a saber cuá sería el curro al que se refiere cuando hablamos de proyectos de saneamiento ambiental, conectividad terrestre, ferroviaria y áerea, educativos, de fortalecimiento de la salud y tantos otros. 

Es cierto que la obra pública fue un nido de corrupción frecuente en la Argentina a lo largo de su historia, pero la responsabilidad fue de los jugadores, no del juego. No se erradica la corrupción eliminando la obra pública, de igual modo que no se erradica el despilfarro y la ineficiencia eliminando al Estado. “Muerto el perro se acabó la rabia” no aplica para el manejo del Estado, aunque para Milei si y lo festeja: hace pocos días atrás, dijo de él mismo que se metió en la política para romper el Estado. 

Volviendo al asunto, la ejecución de fondos que se detalló anteriormente, que está en mínimos históricos, probable y casi seguramente no tome velocidad en lo que va del año. En este contexto, hay tres cuestiones centrales a resolver por la provincia: cual es su espalda financiera para financiar las obras que la Nación deja de hacerlo; cual es el margen de acción que puede tener con organismos internacionales de crédito; y cual será la postura, si es que cambia, en relación con el endeudamiento. Vamos de a una. 

Respecto a los fondos, es harto sabido y en estas columnas hemos hablado mucho sobre el tema, el fuerte deterioro fiscal que sufren las provincias y Misiones particularmente en este año producto de la caída de la recaudación nacional y provincial. El respiro que dio la coparticipación en mayo fue apenas eso, pero no hay que esperar resultados similares en los próximos meses. Si la actividad económica muestra alguna recuperación podrá actuar de consuelo pero no aún recomponer las fuertes pérdidas que han tenido en el inicio del año. En ese contexto, con una ingeniera financiera delicada, el gobierno provincial respondió las demandas salariales de sectores de la administración pública que implican una fuerte erogación extra de recursos. Para poder financiar eso, necesariamente hay que reasignar partidas presupuestarias y ello quita posibilidades de desarrollar proyectos de obra que sean significativos; en todo caso, se podrá financiar obras menores que sostengan un mínimo de actividad, pero en ese escenario difícilmente pueda la provincia ser la locomotora de la recuperación del sector. 

Respecto a organismos internacionales, existen en la actualidad líneas de financiamiento administradas por el poder nacional, que podrían ser traspasadas a la provincia de manera tal de ejecutar proyectos. Podría ser una solución inicial, como ya algunas provincias lo están planeando.

En tercer lugar, la política de endeudamiento. Hay provincias con un muy perfil de deuda que pusieron en marcha estos mecanismos. Por caso, hace solo unos días, Córdoba colocó $ 120.000 millones en títulos públicos para financiar proyectos de infraestructura. Mendoza lo hizo ya a finales del 2023, seguramente con cierta previsión del contexto actual. 

Misiones comparte con estas dos provincias una característica: son buenos deudores, es decir, tiene una buena calificación de crédito. Pero Misiones se diferencia en un aspecto central: su volumen de deuda es muy inferior y está entre las más bajas del país, con el plus de que durante el 2023, con megadevaluación, logró disminuir su stock cuando la gran mayoría de las provincias lo incrementaron. Otro plus, que esta vinculado a lo anterior, es su bajísima exposición de deuda en dólares. Esto le permite a Misiones ser visto con buenos ojos en el mercado de crédito siendo altamente probable que, si la provincia quisiera salir al mercado de colocación de bonos, por ejemplo, tenga muchas y buenas ofertas. 

Tomar deuda en condiciones favorables (que te la da tu propio perfil), en este contexto, podría ser una solución. Se trataría de una deuda para inversión de capital, que brinda valor en la provincia y que movilizaría la cadena productiva, industrial y de la construcción. No es una recomendación que me atreva a realizar, sino que es un escenario posible para la provincia para reactivar con cierta fuerza la obra pública y todo los servicios y actividades conexas a ella.

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La inversión directa de la Nación en Misiones fue de $3.656 millones en octubre

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La inversión real directa y las transferencias de capital del Estado nacional en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron en octubre a $ 119.229, con un incremento interanual del 218,7% en términos nominales que, por ser superior a la inflación acumulada en los doce meses transcurridos, representó un alza del 31,3% a valores constantes.

La información fue dada a conocer hoy por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en base al Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif) del Ministerio de Economía.

El crecimiento nominal de la inversión nacional en los 24 distritos registrado en los primeros diez meses del año fue del 115,8%, con una leve baja en términos reales del 3,3%.

En la medición de octubre, 19 jurisdicciones mostraron subas reales en la comparación interanual y cinco evidenciaron retrocesos, en tanto al evaluar el desempeño del período enero-octubre el resultado fue de 7 y 17 distritos, respectivamente.

Tanto en octubre como en el acumulado de diez meses, La Pampa fue la provincia con mayor crecimiento porcentual, con alzas nominales del 2.636,6% y 534,9%, respectivamente, aunque partiendo de la base de montos inferiores en relación con los distritos de mayor peso económico.

En tanto, la provincia de Buenos Aires retomó el primer puesto en la distribución regional que transitoriamente había dejado en manos de CABA en septiembre.

Los montos de la inversión real directa y de transferencias de capital por distrito registrados en octubre fueron los siguientes:

1.- Buenos Aires: $ 36.382 millones, con un aumento nominal interanual del 256,1%

2.- CABA: $ 13,615 millones (112,5%)

3.- La Rioja: $ 9.236 millones (269,7%)

4.- Córdoba: $ 5.104 millones (212,8%)

5.- Santa Fe: $ 5.023 millones (345,7%)

6.- La Pampa: $ 4.303 millones (2.636,6%)

7.- San Luis: $ 4.128 millones (1.584,3%)

8.- Misiones: $ 3.656 millones (321,4%)

9.- Santiago del Estero: $ 3.449 millones (261,3%)

10.- Chaco: $ 3.009 millones (294,1%)

11.- Entre Ríos: $ 2.602 millones (43,5%)

12.- Salta: $ 2.577 millones (410,5%)

13.- Tucumán: $ 2.541 millones (17,8%)

14.- Santa Cruz: $ 2.082 millones (685,2%)

15.- Corrientes: $ 2.056 millones (257,4%)

16.- Catamarca: $ 1.888 millones (348,5%)

17.- Río Negro: $ 1.871 millones (144,7%)

18.- Neuquén: $ 1.803 millones (238,2%)

19.- Chubut: $ 1.389 millones (46,5%)

20.- Formosa: $ 1.001 millones (-9,8%)

21.- Jujuy: $ 991 millones (166,8%)

22.- Mendoza: $ 887 millones (13,9%)

23.- San Juan: $ 715 millones (324,8%)

24.- Tierra del Fuego: $ 712 millones (169,3%)

No clasificado: $ 8.210 millones (339,3%)

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