Un par de gobernadores desfilaron por la Casa Rosada durante esta semana, cerrando acuerdos con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos relativos a la reactivación de la obra pública. Los anuncios fueron mínimos para no exponer la verdadera naturaleza de los convenios: no se trata de financiamiento nacional para la puesta en marcha de las obras paralizadas, sino del traspaso del marco legal de las mismas para que las provincias lo lleven adelante con recursos que ellas mismas dispongan. 

Por lo tanto, llamarlos convenios de reactivación es, cuanto menos, engañoso: la reactivación se podrá dar si aparecen los fondos para ello. ¿Qué cambió? Que los contratos ahora lo manejan las provincias. 

La reactivación de la obra pública es una condición necesaria para que repunte la economía nacional y más aún en provincias del norte, donde la construcción es un sector altamente dinamizador de las economías locales. El panorama actual es altamente negativo y desesperanzador en cuanto se observa un Estado nacional que está, convencidamente, ausente. No es igual que en otras épocas donde por restricciones presupuestarias se dejaba de lado la inversión bajo la premisa de recuperarla luego, sino que se trata de un Gobierno nacional donde la obra pública es sinónimo de gasto y de corrupción. 

Todos recordaremos las palabras de Javier Milei cuando hablaba de que una obra que el privado no contempla hacerlo, el Estado tampoco debería encararla porque se trataría, palabras más palabras menos, de un gasto absurdo. Del paradigma conceptual que maneja el presidente de la Nación, si un pueblo del interior profundo no tiene rutas que la conecten con el resto de su provincia es porque no es necesario tenerlas. Caso contrario, un privado lo habría hecho. Parece chiste, pero es real. 

Más allá de las declaraciones, los números confirman esta situación altamente alarmante respecto al posicionamiento del Estado nacional en la obra y la inversión pública. todas las provincias sufren este nuevo paradigma reinante en el poder central. Misiones, que aunque históricamente ha financiado la mayor parte de sus obras con fondos propios, no está exenta de esto. 

Entre enero y mayo de este año, la inversión real directa del Estado nacional en Misiones cayó 95,4%. Pasó de $ 2.488 millones en los primeros cinco meses del 2023 a apenas 433 millones en igual período de 2024. La inversión real directa refiera a las erogaciones que realiza la Nación, como el nombre lo indica, de manera directa. Por ejemplo, la licitación, adjudicación y pago de una obra en particular. 

Por su parte, las transferencias de capital del Estado nacional a la provincia, que son los fondos que la nación manda al gobierno provincial para financiar proyectos de inversión pública, cayeron este año 99,8%. Pasaron de $ 4.068 millones entre enero y mayo de 2023 a $ 33 millones en igual período 2024. 

Si se agrupa la inversión real directa y las transferencias de capital a Misiones, la caída es del 98,1%. De $ 6.556 millones a $ 467 millones. Estamos hablando de una virtual desaparición de fondos. En otras palabras: un freno total de la asistencia nacional para el desarrollo de proyectos. 

Hace rato se viene diciendo que se trata de una caída histórica, pero pongámoslo en números. La inversión realizada en este 2024 se ubica en un mínimo de la década y por amplísimo margen. Si se mide el agrupado de inversión real directa y las transferencias de capital desde 2014 a precios de este 2024, las diferencias son abismales. A dinero de hoy, entre enero y mayo de 2014 la inversión total nacional en Misiones fue por $ 47.762 millones; en 2015 por $ 99.727 millones; en 2016 por $ 63.062 millones; en 2017 por $ 78.197 millones; en 2018 por $ 25.260 millones; en 2019 por $ 24.566 millones; en 2020 (pandemia de por medio) por $ 21.041 millones; en 2021 por $ 22.400 millones; en 2022 por $ 24.169 millones y en 2023 por $ 25.015 millones. En 2024, por $ 467 millones. Es tal la magnitud de la caída que no tiene siquiera adjetivos para graficarlo. 

En el año 2016, por ejemplo, la caída real interanual de la inversión nacional en la provincia fue del 37% y la del 2018 fue del 68%, situación que provocó (principalmente la del 2018) una fuerte crítica al entonces gobierno de Cambiemos. En ese momento, por lo menos en las declaraciones públicas, la administración Macri no negaba la importancia central de la obra pública; por el contrario, la ratificaba, pero la puso en segundo lugar en un escenario de fuerte debilitamiento económico que llevó luego a una recesión. Hoy, con caídas mucho más profundas, el presidente las celebra. “Se terminó el curro” dijo. Vaya uno a saber cuá sería el curro al que se refiere cuando hablamos de proyectos de saneamiento ambiental, conectividad terrestre, ferroviaria y áerea, educativos, de fortalecimiento de la salud y tantos otros. 

Es cierto que la obra pública fue un nido de corrupción frecuente en la Argentina a lo largo de su historia, pero la responsabilidad fue de los jugadores, no del juego. No se erradica la corrupción eliminando la obra pública, de igual modo que no se erradica el despilfarro y la ineficiencia eliminando al Estado. “Muerto el perro se acabó la rabia” no aplica para el manejo del Estado, aunque para Milei si y lo festeja: hace pocos días atrás, dijo de él mismo que se metió en la política para romper el Estado. 

Volviendo al asunto, la ejecución de fondos que se detalló anteriormente, que está en mínimos históricos, probable y casi seguramente no tome velocidad en lo que va del año. En este contexto, hay tres cuestiones centrales a resolver por la provincia: cual es su espalda financiera para financiar las obras que la Nación deja de hacerlo; cual es el margen de acción que puede tener con organismos internacionales de crédito; y cual será la postura, si es que cambia, en relación con el endeudamiento. Vamos de a una. 

Respecto a los fondos, es harto sabido y en estas columnas hemos hablado mucho sobre el tema, el fuerte deterioro fiscal que sufren las provincias y Misiones particularmente en este año producto de la caída de la recaudación nacional y provincial. El respiro que dio la coparticipación en mayo fue apenas eso, pero no hay que esperar resultados similares en los próximos meses. Si la actividad económica muestra alguna recuperación podrá actuar de consuelo pero no aún recomponer las fuertes pérdidas que han tenido en el inicio del año. En ese contexto, con una ingeniera financiera delicada, el gobierno provincial respondió las demandas salariales de sectores de la administración pública que implican una fuerte erogación extra de recursos. Para poder financiar eso, necesariamente hay que reasignar partidas presupuestarias y ello quita posibilidades de desarrollar proyectos de obra que sean significativos; en todo caso, se podrá financiar obras menores que sostengan un mínimo de actividad, pero en ese escenario difícilmente pueda la provincia ser la locomotora de la recuperación del sector. 

Respecto a organismos internacionales, existen en la actualidad líneas de financiamiento administradas por el poder nacional, que podrían ser traspasadas a la provincia de manera tal de ejecutar proyectos. Podría ser una solución inicial, como ya algunas provincias lo están planeando.

En tercer lugar, la política de endeudamiento. Hay provincias con un muy perfil de deuda que pusieron en marcha estos mecanismos. Por caso, hace solo unos días, Córdoba colocó $ 120.000 millones en títulos públicos para financiar proyectos de infraestructura. Mendoza lo hizo ya a finales del 2023, seguramente con cierta previsión del contexto actual. 

Misiones comparte con estas dos provincias una característica: son buenos deudores, es decir, tiene una buena calificación de crédito. Pero Misiones se diferencia en un aspecto central: su volumen de deuda es muy inferior y está entre las más bajas del país, con el plus de que durante el 2023, con megadevaluación, logró disminuir su stock cuando la gran mayoría de las provincias lo incrementaron. Otro plus, que esta vinculado a lo anterior, es su bajísima exposición de deuda en dólares. Esto le permite a Misiones ser visto con buenos ojos en el mercado de crédito siendo altamente probable que, si la provincia quisiera salir al mercado de colocación de bonos, por ejemplo, tenga muchas y buenas ofertas. 

Tomar deuda en condiciones favorables (que te la da tu propio perfil), en este contexto, podría ser una solución. Se trataría de una deuda para inversión de capital, que brinda valor en la provincia y que movilizaría la cadena productiva, industrial y de la construcción. No es una recomendación que me atreva a realizar, sino que es un escenario posible para la provincia para reactivar con cierta fuerza la obra pública y todo los servicios y actividades conexas a ella.

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