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La construcción perdió más de 90 mil empleos y reclama previsibilidad para salir de la crisis

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La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con obras públicas paralizadas, proyectos demorados, dificultades de financiamiento y una fuerte caída de la actividad, el sector acumula la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo en apenas dos años y advierte que la recuperación económica difícilmente pueda consolidarse sin una estrategia de inversión sostenida en infraestructura.

El diagnóstico fue planteado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, durante la 71° Convención Anual de la entidad, donde expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retracción de la obra pública nacional.

“Las empresas de la construcción atraviesan un momento muy duro”, sintetizó Weiss al describir una realidad atravesada por obras suspendidas, proyectos ralentizados y dificultades en los pagos de trabajos ya ejecutados. Según explicó, el impacto excede a las compañías constructoras y alcanza a toda la cadena productiva vinculada al sector, incluyendo proveedores, industrias asociadas y trabajadores.

La consecuencia más visible de esta contracción es el empleo. La pérdida de más de 90 mil puestos laborales en los últimos dos años refleja la magnitud del ajuste que atraviesa una actividad históricamente considerada uno de los principales motores de generación de trabajo formal en Argentina.

La crisis también afecta al segmento privado. Weiss sostuvo que la caída de la actividad no solo golpea a la obra pública sino también a los nuevos desarrollos inmobiliarios y a las inversiones productivas impulsadas por empresas privadas. La combinación de tasas elevadas, escaso financiamiento de largo plazo y expectativas todavía cautelosas limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Pese a este escenario, el titular de Camarco destacó la capacidad de adaptación demostrada por el sector. Señaló que las empresas constructoras han mantenido su capacidad técnica y continúan aportando propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de infraestructura que enfrenta el país.

En ese contexto, valoró que tanto el sector público como el privado hayan comenzado a discutir con mayor profundidad los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. Para Weiss, el debate ya no pasa exclusivamente por el gasto público tradicional, sino por la búsqueda de modelos que permitan atraer capital privado bajo esquemas previsibles y sostenibles.

El dirigente reconoció además los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, aunque necesarios, no son suficientes para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido.

“El esfuerzo macroeconómico no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo”, afirmó. La observación adquiere relevancia en un momento en el que la administración nacional busca consolidar la estabilidad económica mientras reduce significativamente la participación del Estado en la ejecución de obras.

En esa línea, Weiss destacó el creciente interés por esquemas de concesión y participación público-privada para financiar infraestructura. Consideró que estos mecanismos pueden transformarse en herramientas eficaces para movilizar inversiones, siempre que se desarrollen bajo marcos regulatorios transparentes y reglas de juego claras.

No obstante, alertó que el volumen actual de inversión continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del país. El deterioro de rutas nacionales, redes logísticas, infraestructura energética y planes habitacionales genera costos crecientes para la economía y limita la competitividad de las distintas regiones productivas.

Para provincias exportadoras como Misiones, donde los costos logísticos representan una de las principales desventajas competitivas frente a otros mercados, la situación adquiere una dimensión estratégica. La falta de inversión en rutas, puertos, energía y conectividad impacta directamente sobre sectores clave como la forestoindustria, la yerba mate, el té y el comercio fronterizo.

Desde la visión de Camarco, el principal desafío ya no es la capacidad técnica del sector, sino la ausencia de previsibilidad. Weiss sostuvo que Argentina dispone de empresas, profesionales y recursos humanos con experiencia suficiente para ejecutar las obras que el país necesita, pero remarcó que la inversión requiere estabilidad jurídica y económica.

“Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se debilita, se encarece y las oportunidades se pierden”, advirtió.

La definición refleja una preocupación recurrente entre los actores económicos: la necesidad de construir marcos institucionales duraderos que trasciendan los ciclos políticos y permitan planificar proyectos de infraestructura con horizontes de largo plazo.

En ese sentido, Weiss reivindicó el rol histórico de la Cámara Argentina de la Construcción como articuladora entre el sector privado y el Estado. A 90 años de su creación, sostuvo que la entidad mantiene el objetivo de promover consensos que permitan fortalecer la inversión, generar empleo y elevar los estándares de calidad de la infraestructura nacional.

El mensaje final estuvo orientado a instalar una discusión estratégica que trascienda la coyuntura económica. Para el titular de Camarco, la infraestructura no debe ser entendida como un gasto, sino como una condición indispensable para el desarrollo. La competitividad de las economías regionales, la atracción de inversiones y la capacidad de crecimiento del país dependen, en gran medida, de la calidad de sus rutas, sistemas energéticos, viviendas y redes logísticas.

Por eso, concluyó, Argentina necesita construir un consenso amplio y sostenido que permita comprender que sin inversión en infraestructura no existe desarrollo posible. En una economía que busca dejar atrás décadas de estancamiento, la construcción vuelve a plantear una advertencia que atraviesa gobiernos y modelos económicos: ningún país logra crecer de manera sostenida si deja de invertir en las bases materiales de su propio desarrollo.

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Construcción: la recuperación pierde fuerza y el sector vuelve a mostrar señales de fragilidad

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La construcción volvió a encender señales de alerta en abril. Después de un marzo expansivo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción registró una caída interanual de 2,8% y, más relevante para medir la dinámica reciente, una baja de 4% contra el mes anterior en la serie desestacionalizada. El dato marca un freno en el intento de recuperación del sector y confirma que la actividad todavía se mueve sobre una base frágil, muy condicionada por la obra pública, los costos, el crédito y la evolución general de la economía.

El balance del primer cuatrimestre, sin embargo, no es completamente negativo. La serie original del ISAC acumuló entre enero y abril una mejora de 2,1% frente al mismo período de 2025. Esa diferencia entre el dato acumulado positivo y la caída puntual de abril revela el rasgo central del momento: no hay un derrumbe, pero tampoco una recuperación consolidada sobre una base muy pobre de 2025.

La composición de los insumos muestra un mapa heterogéneo. En abril crecieron con fuerza el rubro “resto de insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción, con una suba de 16,1%; hierro redondo y aceros para la construcción, con 15,7%; y pinturas para construcción, con 10%. Pero la mayoría de los materiales relevados por el INDEC mostraron retrocesos interanuales.

Las bajas fueron significativas en mosaicos graníticos y calcáreos, con una caída de 18,9%; yeso, 17,5%; cales, 16,4%; asfalto, 15,5%; cemento portland, 12,7%; y hormigón elaborado, 10,2%. También retrocedieron pisos y revestimientos cerámicos, ladrillos huecos, placas de yeso y artículos sanitarios de cerámica. El cemento y el hormigón, dos indicadores sensibles del pulso real de la obra, muestran que la demanda efectiva sigue debilitada.

El empleo formal ofrece una señal algo más favorable. En marzo de 2026 se registraron 384.157 puestos de trabajo privados en la construcción, una suba de 2,5% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, el crecimiento fue de 1,6%. La mejora existe, pero debe leerse con cautela: se produce después de un período de fuerte deterioro y todavía no alcanza para hablar de normalización plena del mercado laboral sectorial.

Otro dato relevante aparece en los permisos de edificación. La superficie autorizada para construir en 246 municipios alcanzó en marzo 1.396.405 metros cuadrados, con una suba interanual de 14,5%. En el primer trimestre, el acumulado creció 4,5%. Este indicador anticipa cierto dinamismo potencial de la obra privada, aunque entre la aprobación del permiso y el inicio efectivo de una obra puede mediar una distancia importante, especialmente cuando pesan el costo financiero y la incertidumbre económica.

Las expectativas empresarias reflejan ese clima prudente. Para el período mayo-julio de 2026, el 75,5% de las empresas dedicadas principalmente a obras privadas prevé que la actividad no variará; apenas 9,4% espera una mejora y 15,1% anticipa una caída. Entre las firmas vinculadas a la obra pública, el panorama es más delicado: 60% cree que la actividad no cambiará, 25,6% espera una disminución y 14,4% proyecta una suba.

Cuando se consultó por los factores que podrían impulsar al sector, las empresas privadas señalaron principalmente el crecimiento de la actividad económica, los nuevos planes de obras públicas y la disponibilidad de créditos para la compra de inmuebles. Entre las compañías de obra pública, también aparecen el crecimiento económico, los nuevos planes de infraestructura y el reinicio de obras públicas.

En cambio, entre quienes esperan una caída, las principales causas mencionadas son la baja de la actividad económica, los altos costos de la construcción y los atrasos en la cadena de pagos. En la obra pública, este último factor adquiere mayor peso y aparece como una de las principales restricciones operativas.

El informe deja una conclusión clara: la construcción no está paralizada, pero tampoco logró dejar atrás la fase de inestabilidad. El acumulado positivo, la mejora del empleo formal y el repunte de los permisos conviven con una caída mensual fuerte, retrocesos en insumos básicos y expectativas empresarias mayoritariamente defensivas.

Para que la recuperación se transforme en tendencia, el sector necesita algo más que rebotes estadísticos. Requiere estabilidad de precios, crédito accesible, previsibilidad en la cadena de pagos y una definición más clara sobre el rol de la obra pública. Sin esos factores, la construcción seguirá moviéndose en una zona intermedia: con señales parciales de recomposición, pero sin la fuerza suficiente para convertirse en motor sostenido de la actividad económica.

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Shock económico: el plan de reactivación de Rovira con bono para obras públicas, rebaja de impuestos y energía

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Tomar la iniciativa. El conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, anunció un paquete de medidas para terminar con la “anomia” y comenzar un proceso de reactivación económica que no dependa de variables nacionales. En primera instancia, reveló el diseño de un plan para la emisión de un bono destinado a financiar obras de infraestructura, como caminos, electrificación rural y viviendas, con el objetivo de recuperar empleo en la construcción y generar un efecto dominó en las economías locales. 

La emisión de un bono es un símbolo de la adaptación a los nuevos tiempos, ya que desde fines de los 90 Misiones no emitía deuda. Sin embargo, Rovira aclaró que el capital que se obtenga tendrá un fin específico ineludible y no podrá ser destinado a gastos corrientes. 

Sin dogmas, en paralelo se avanzará con una serie de incentivos fiscales a sectores que van desde las startups -con ley sancionada-, hasta la yerba mate y la industria metalúrgica.

“Para enfrentar la anomia económica no vamos a esperar los brotes verdes, vamos a regar, vamos a plantar”, detalló Rovira en la “previa” de la sesión, donde se congregaron jóvenes, empresarios nucleados en la Confederación Económica de Misiones y dirigentes que se van sumando a Encuentro Misionero, incluso del radicalismo. 

En esa línea, Rovira presentó la emisión de un “bono reactivación”, destinado a financiar infraestructura y recuperar la potencia de otros años. Apuntará a obra pública y privada y se apalancará en la buena nota fiscal que tiene hoy Misiones -antes incluso que Nación-, lo que permitirá acceder al mercado de capitales en mejores condiciones financieras. Para respaldar la iniciativa se necesitarán dos tercios de los votos de los diputados en la Legislatura.

En uno de los párrafos más jugosos de su alocución, Rovira anunció un paquete de incentivos fiscales destinados a la yerba mate, que irá de la mano con la ley de Trazabilidad, pronta a ser sancionada. La ley de trazabilidad busca transparentar toda la cadena productiva y estipular un precio en base a los estándares internacionales, como ocurre con el vino o el cacao. Se pretende trabajar sobre un precio público, no de referencia ni obligatorio, sino público, con beneficios impositivos para incentivar su cumplimiento. 

Ese incentivo irá de la mano de Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos, que podrá ser bonificado al cien por ciento para quienes entreguen hasta 25.000 kilos de envasado por mes y del 50% para quienes comercializan hasta 50.000 kilos. Además quedarán excluidos de regímenes de retenciones y percepciones. 

Con estos incentivos, pequeños secaderos o cooperativas podrán hacer frente al “oligopolio” yerbatero, como definió Rovira. 

Esa misma lógica se aplicará con la industria metalúrgica, con un paquete de incentivos que beneficiará a unas 380 pequeñas y medianas industrias. Las empresas accederán a exenciones o diferimientos de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales; líneas de crédito;

asistencia técnica; participación en ferias y rondas de negocios; articulación con universidades e instituciones científicas;

programas de innovación y transferencia tecnológica; capacitaciones para competitividad y agregado de valor.

“El principal problema es la economía, grave escollo. No está funcionando bien y eso genera desorden y desesperanza. Debemos reforzar, no bajar los brazos”, argumentó Rovira.
Nadie se salva solo. Sin proyecto de sociedad que no contemple a todos. Antes y después tiene que estar el ser humano, sino, se empiezan a tomar decisiones, a pensar y actuar por ustedes. Encuentro Misionero es lo inverso. Ustedes deciden. Quiero cambiar, quiero aportar. Este es el ámbito de la representatividad formal”, detalló el conductor de Encuentro Misionero.

Para Rovira, las ideas que se están debatiendo y generando en el espacio, son vitales para la transformación. “Hablar de candidaturas desvía la atención que debe estar puesta en el ciudadano, en construir el andamiaje de la casa común,  que la modelamos nosotros. Cuando se piensa en la casa, para incorporar a los jóvenes,  debemos hacer dos plantas. Encuentro Misionero es eso, la construcción de la casa propia. El cantón verde, divina Misiones. Ese es el principal activo que tiene Misiones y que contrasta con la vieja política, que marca la ruptura, el romper lo que impedía el acceso a la ciudadanía a pensar para actuar y transformar. Esto no es un devaneo intelectual. Hay un potencial enorme desaprovechado, culpa de la política y del Gobierno, de todos los gobiernos”, analizó. 

El diputado aseguró que esa construcción de lo nuevo incluye la apertura a diversos sectores y a quienes no piensan igual. Como ejemplo, anticipó que recibirá al ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir analizando una agenda pendiente de Misiones con Nación, como la que permitió la condonación de 90 mil millones en deudas de Energía de Misiones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Rovira no esquivó el debate de la energía, que emerge con fuerza con Corpus como proyecto central, pero recordó que Misiones tiene una ley que obliga a convocar a un nuevo plebiscito si se acordara el análisis de la obra y también a retener un porcentaje de energía de la potencial generación. 

Al mismo tiempo destacó que Misiones tendrá más de 120 megas de generación propia a través de los parques solares, lo que equivale a la generación de la represa de Urugua-í. Ese programa le permitió a la provincia entrar en una licitación internacional de energía renovable, con la incorporación de baterías para retener la energía generada. acumular la energía producida, y activar su uso cuando el sistema no alcance o haya algún corte. Hoy se generan picos de 25 megas en parques solares, pero que no se pueden acumular y van directo al sistema interconectado provincial. 

El Gobierno nacional recibió 235 ofertas de 37 empresas para almacenar energía eléctrica en baterías de litio a lo largo de todo el país. La licitación Alma-SADI busca evitar cortes en las horas de mayor consumo y aprovechar mejor la red de alta tensión.

Las propuestas, que incluyeron a Misiones, superaron casi 12 veces los 700 MW licitados y podrían implicar inversiones por unos US $700 millones. La mayor cantidad de ofertas vino de MSU Green Energy y de Industrias Juan F. Secco, también participaron Edison Energía, de los hermanos Neuss, y Aluar, de Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE.

Los parques de baterías, casi exclusivamente con tecnología china, guardan energía cuando la demanda y el costo son más bajos para volcarla al sistema en los picos. El esquema apunta a sumar oferta eléctrica, reducir combustibles caros e importaciones.

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Weiss, presidente de Camarco: “Sin infraestructura robusta, es muy difícil que la Argentina crezca”

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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, trazó un diagnóstico crudo sobre la realidad del sector y aseguró que la construcción atraviesa una etapa de fuerte estancamiento, con una caída acumulada del 25% en los últimos dos años y la pérdida de 120 mil puestos de trabajo directos.

En una entrevista con Economis, durante la reunión de Camarco NEA, que se hizo en el hotel Julio César de Posadas por los 90 años de la institución, el titular de la entidad que representa a más de 1.300 empresas constructoras del país sostuvo que la paralización de la obra pública, la falta de financiamiento hipotecario y la escasa inversión en infraestructura condicionan severamente la recuperación del sector. A su vez, remarcó que la participación del Estado sigue siendo clave para sostener la actividad y cuestionó la baja inversión histórica en rutas, energía, puertos y vivienda.

Weiss explicó que la contracción comenzó incluso antes del cambio de gobierno. “El sector tuvo una caída muy grande del 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. Ya el segundo semestre de la gestión anterior, la alta inflación complicó seriamente la marcha de los contratos”, señaló.

A ese escenario se sumó luego la decisión del actual Gobierno nacional de paralizar la inversión pública durante el primer semestre de gestión, lo que profundizó el freno de la actividad. “Desde mediados de 2024 hasta la fecha, la actividad está estabilizada: no seguimos cayendo, pero tampoco subimos. Estamos en un nivel 25% inferior al pico de los últimos años”, describió.

El impacto sobre el empleo fue inmediato. Según Weiss, el sector perdió 120 mil puestos de trabajo directos, una cifra que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa una de las industrias más intensivas en mano de obra del país.

La obra pública sigue siendo central

Consultado sobre la posibilidad de sostener la actividad sin obra pública, Weiss fue categórico: “La obra pública representa aproximadamente el 33% del total. Es un componente muy importante de la industria”.

Para el dirigente empresario, la infraestructura no puede quedar librada exclusivamente al capital privado. “Sin una infraestructura robusta, es muy difícil que el país tenga el dinamismo económico que debería tener. Necesitamos energía eléctrica, gas, agua, cloacas, ferrocarriles, rutas, puertos”, enumeró.

Y agregó una definición de fuerte tono estructural: “El privado no lo va a hacer por rentabilidad. En el mundo, la inversión privada en infraestructura no supera el 15% del total. Hay nichos como generación eléctrica o algunos puertos, pero no hacen al total de la ecuación”.

Weiss defendió los esquemas de concesión vial impulsados por el Gobierno para determinadas rutas nacionales, aunque advirtió que se trata de una solución parcial. “Estamos totalmente de acuerdo con las concesiones, pero son sobre rutas existentes. Son solamente 9.000 kilómetros de los 40.000 que maneja Vialidad Nacional. El resto no tiene volumen de tránsito suficiente para sostener peajes”, explicó.

Otro de los grandes frentes de preocupación para Camarco es el freno en el mercado de la vivienda. Weiss sostuvo que mientras no exista un sistema sólido de crédito hipotecario de largo plazo, será muy difícil reactivar ese segmento.

“Hasta tanto no haya créditos hipotecarios de largo plazo, es difícil que lo haya, porque los bancos no tienen el fondeo directo. Necesitaríamos un mercado de capitales como ocurre en otros países”, afirmó.

Según indicó, hoy los préstamos se otorgan “a cuenta gotas”, con exigencias difíciles de cumplir y en volúmenes insuficientes para motorizar una recuperación sostenida. “Hay mucha clase media que podría pagar una cuota no superior al alquiler que ya está pagando, pero no encuentra acceso al crédito”, resumió.

Misiones y la infraestructura pendiente

Al referirse a Misiones, Weiss sostuvo que la provincia no escapa al diagnóstico nacional. Reconoció avances y una base de infraestructura importante, pero insistió en que todavía se necesita una mayor inversión pública y privada.

“Misiones tiene infraestructura importante, como muchas provincias del país, pero claramente necesita incrementar fuertemente la inversión en infraestructura y mejorar el mantenimiento de la existente”, indicó.

Además, se mostró a favor de proyectos estratégicos como la represa de Corpus, al considerar que la Argentina arrastra un histórico atraso en materia energética. “Estamos totalmente de acuerdo con todas las obras de infraestructura posibles. La verdad es que estamos atrasadísimos”, afirmó.

Incluso comparó la situación con Brasil: “Brasil tiene sobre el río Paraná 60 represas y sobre el río Iguazú ocho represas. Nosotros estamos muy atrasados en infraestructura. Bienvenido sea que se pueda hacer Corpus”.

Sobre una eventual recuperación del sector, Weiss evitó el optimismo rápido. Consideró que, más allá de quién gobierne en el futuro, la restricción fiscal de la Argentina limita cualquier posibilidad de un salto inmediato en inversión pública.

“El déficit de infraestructura que tiene el país tiene 80, 90 o 100 años. No es que las rutas están mal porque hace dos años no se invierte: vienen mal desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo.

Y concluyó con una advertencia que resume la mirada de la principal cámara del sector: “La posibilidad de que cualquier nuevo gobierno tenga mucho dinero disponible para hacer infraestructura no la veo demasiado viable”.

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Economía modifica pliegos y reprograma la licitación clave de rutas bajo el esquema de privatización

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de una nueva circular modificatoria en la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 555/2026, redefine el cronograma del proceso y fija nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas en uno de los proyectos clave del esquema de privatización de la infraestructura vial.

Según lo dispuesto, el cierre para la presentación de propuestas se realizará el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, mientras que la apertura del Sobre N°1 quedó establecida para ese mismo día a las 13:00, a través del sistema CONTRAT.AR.

Privatización y rediseño del sistema vial

La modificación se inscribe en el proceso iniciado por el Gobierno tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., en el marco de la ley 27.742 y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la ley 17.520.

El esquema forma parte del proyecto “Red Federal de Concesiones”, una arquitectura diseñada para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de tramos estratégicos de la red vial nacional. El objetivo explícito es eliminar el déficit operativo y reordenar las cuentas públicas en el área de infraestructura.

La licitación en cuestión abarca los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, e incluye no solo la gestión vial sino también la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Ajuste de tiempos en una licitación en marcha

La Resolución 555/2026 no altera el contenido técnico ni las condiciones estructurales del proceso licitatorio, pero introduce un cambio operativo relevante: la reprogramación de los plazos de presentación y apertura de ofertas.

La Circular Modificatoria N° 2, incorporada a los pliegos, responde a una intervención de la Secretaría de Transporte y se suma a modificaciones previas que ya habían ajustado la documentación licitatoria.

En términos concretos, el Gobierno redefine el calendario en una etapa sensible del proceso, donde se espera la participación de oferentes nacionales e internacionales.

Control del proceso y señal al mercado

El movimiento revela un doble objetivo. Por un lado, el Ministerio de Economía mantiene el control fino sobre el ritmo del proceso de privatización, ajustando plazos en función de la dinámica administrativa y del interés del mercado.

Por otro, la decisión funciona como señal hacia potenciales inversores: el proceso sigue activo, pero bajo una lógica de administración centralizada donde el Estado define tiempos y condiciones.

En un esquema de concesiones de largo plazo, el calendario no es un dato menor. Define la competencia efectiva y la calidad de las ofertas, lo que impacta directamente en la adjudicación futura.

Infraestructura, inversión y peajes

El proyecto apunta a movilizar inversión privada en infraestructura vial, trasladando al concesionario la responsabilidad de construcción, mantenimiento y explotación.

Esto implica que los ingresos del sistema estarán asociados al cobro de peajes y a actividades complementarias autorizadas en los contratos.

Aunque la resolución no modifica variables económicas directas, sí incide en el timing de una inversión potencialmente significativa, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el gasto público y apalancarse en capital privado.

Competencia, adjudicación y modelo de gestión

La reprogramación del cronograma deja abierta una serie de variables clave. Entre ellas, el nivel de competencia en la licitación, la calidad de las propuestas y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso sin nuevas modificaciones.

También queda en juego la respuesta del mercado ante un esquema que combina apertura a la inversión privada con fuerte conducción estatal del proceso.

El 11 de mayo marcará un punto de inflexión: la apertura de ofertas permitirá medir el interés real por un modelo que redefine el rol del Estado en la infraestructura vial.

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