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Presupuesto: Para Frigerio las provincias se harían cargo de la obra pública y transporte

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Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, habló en la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto del Presupuesto 2019. Uno de los temas centrales fue la cantidad de dinero que las provincias recibirían, en un contexto en el que hay descontento de los gobernadores por la eliminación del Fondo Sojero. El ministro asegura que recibirán aún más dinero que antes, pero también tendrán que administrar sus obras y hacerse cargo de más subsidios.
Frigerio utilizó la comparación con el gobierno anterior para intentar que las situación se vea mejor: “De la torta de recursos federales, las provincias recibían hasta diciembre del 2015 el 25%, mientras que hoy reciben el 33% y el año que viene van a recibir el 34%; es decir un 9% más del total de la torta de recursos”.
“Además, cuando uno analiza la participación de las provincias y de la Nación, excluyendo el sistema de seguridad social, hoy las provincias participan del 50%, cuando hace dos años y medio atrás participaban del 40%”, agregó.
Sin embargo, en las provincias hay disconformidad a partir de la eliminación del Fondo Sojero. Desde 2009, el “Fondo Federal Solidario” consistía en el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que eran repartidos entre las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo explicó el ministro: “El Fofeso (Fondo Sojero) representa 26.000 millones de pesos y la devolución del 15% para las provincias en 2019 representa 136.094 millones de pesos. Es decir, claramente lo que han recuperado las provincias de la mano de la restitución de los fondos que por derecho les corresponden a los gobiernos provinciales es varias veces superior al monto del Fofeso”.
> Energía: El Presupuesto 2019 contempla “213 mil millones de pesos destinados a subsidiar lo que está en la competencia del Gobierno nacional, que es la generación, el transporte y la distribución del gas y solamente la generación y el transporte de la energía eléctrica”. La distribución de la energía eléctrica está en manos de las provincias.
> Obra pública: “Cada jurisdicción de manera autónoma y respetando el federalismo va a ver qué hace con las obras en los municipios como corresponde”.
> Transporte: “Se prevé que a partir de enero de 2019 y en función de sus posibilidades, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad definirán las compensaciones tarifarias al transporte público de pasajeros automotor en sus respectivas jurisdicciones”.
Además, el ministro habló con la prensa y respaldó las negociaciones con el FMI. Según Frigerio, las condiciones necesarias para salir de la crisis son las siguientes:
> Acuerdo con el fondo para dar confianza.
> Tener un presupuesto que refleje el equilibrio de las cuentas públicas.
Con estos dos elementos, dijo que se retomaría la agenda de crecimiento y desarrollo.
También sostuvo que el nuevo acuerdo con el FMI “no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en discusión en el Presupuesto”.
Fue cuestionado por el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, sobre las previsiones en relación al dólar y a la inflación del año que viene ($40,1 y 23%, respectivamente). La respuesta de Frigerio: “Fuimos al FMI con nuestras pautas y proyecciones de la macroeconomía y esto es lo que el FMI aceptó”.
Varios diputados reclamaron por la presencia del nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para que explique si se van a mantener las pautas marcadas e n el Presupuesto, a partir del nuevo acuerdo. Según Frigerio, no hay modificación alguna.
También fue cuestionada la “independencia” del Banco Central, a partir de la designación de una persona muy cercana al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “No es que el Banco Central de manera independiente fija algunas de la variables o pautas macroeconómicas de nuestro país; lo que tiene es independencia para cumplir los objetivos que fija siempre el presidente”, respondió Frigerio.

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Presupuesto: Un 80% del ajuste fiscal previsto, es explicado por suba de impuestos o recorte de inversión pública

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Para llegar al objetivo de un déficit primario cero el año próximo, el sector público nacional necesita lograr ahorros equivalentes a 2,6% del PIB. Entre derechos de exportación y la suspensión de la baja de contribuciones patronales, aportarían 1,3% del PIB, mientras que el recorte en la inversión pública sería de 0,56% del PIB por el lado de Nación, y una fracción adicional del lado de provincias. Es clave que estas medidas resulten transitorias, aplicables a la emergencia
La presión tributaria nacional, que había iniciado un ciclo descendente de 2015 a 2017, subiría de 24,4% del PIB el año pasado a  25,2% en 2018 y 26,2% en 2019. De todos modos, el gasto primario habrá descendido cerca de 4 puntos del PIB entre 2015 y 2019, aunque todavía 5 puntos por encima del nivel de 2007. Las erogaciones en subsidios económicos se habrán achicado de 4,9% del PIB en 2014 a 1,7% en 2019, mientras que este año se está produciendo un importante ajuste del gasto salarial del sector público nacional, del orden de los 0,3 puntos del PIB
De acuerdo al nuevo esquema fiscal, las necesidades de financiamiento de 2019 quedarían plenamente cubiertas con desembolsos del FMI del orden de los 20 mil millones de dólares, percepción que ha contribuido en los últimos días a un significativo descenso de la tasa de riesgo país
El informe de la Fundación Mediterranea realizado por Marcelo Capello, Vanessa Toselli, Agustín Cugno analiza el Presupuesto 2019 y plantea que el el déficit cero se logrará con mayor presión impositiva y recortes a la inversión pública.
La economía argentina ha mostrado algunas buenas noticias en los últimos días, como la caída del riesgo país y la contención del valor del dólar en el mercado de cambios, en una semana en que el BCRA decidió no renovar $150 mil millones de vencimientos en LEBAC, con el riesgo que dichos recursos fueran canalizados a la compra de dólares.
No obstante, aun subsisten factores que generan desconfianza, algunos de los cuales no dependen de Argentina (factores externos, como la política monetaria y comercial de USA y la situación en Brasil), otros son de plena responsabilidad local (equilibrar  el  presupuesto, lograr un acuerdo satisfactorio con los gobernadores) y alguno resulta en un mix, como la posibilidad de modificar  algunas condiciones del último acuerdo con el FMI, para acelerar y/o ampliar el préstamo del organismo internacional al país.

Entre los factores internos, uno de ellos comenzó a despejarse esta semana, con la presentación al Congreso del Proyecto de  Presupuesto Nacional para 2019. Como se esperaba, dicho proyecto plantea alcanzar el equilibrio fiscal primario el próximo año, con una redefinición de las metas fiscales que las vuelve más parecidas a las planteadas al comienzo de la Administración Macri, cuando el ex ministro Prat Gay anunció, al comienzo de la Gestión, que en 2019 el sector público nacional se acercaría al equilibrio fiscal primario. Luego de un período de dos años en que dichas metas iniciales se relajaron, se vuelve a plantear ahora algo similar a aquel  objetivo inicial, que inclusive prevé un superávit primario del 1% para el año 2020.

El Proyecto de Presupuesto Nacional para 2019
En el proyecto de presupuesto se prevé que el PIB tenga una caída del 2,4% en 2018 y del 0,5% en 2019, para crecer desde 2020 alrededor del 3%. El consumo privado sería el más castigado en 2018 (‐3,4%), mientras que lo sería la inversión en 2019 (‐9,7%).  Desde 2020, se espera un modelo con alto crecimiento de la inversión y las exportaciones. El consumo público, en cambio, decrecería hasta 2020, y desde entonces se mostraría sin crecimiento. La inflación (promedio anual), resultaría del 34,8% en 2019 (23% si se la mide punta a punta en diciembre), y bajaría a 18% en 2020, y alcanzaría un dígito recién en 2022. El tipo de cambio resultaría de $40,1 por dólar en 2019, y $44,3 en 2020.

El equilibrio fiscal primario en 2019
El ajuste fiscal, equivalente a 2,6 puntos del PIB, para llegar a un equilibrio primario en 2019, se basa en mayor medida en una suba de tributos (explica 50% del ajuste), luego en una caída del gasto de capital nacional (23%), en el traspaso de gastos en subsidios a las provincias (15%), en menor gasto de capital en provincias (8%), y finalmente en un menor gasto corriente nacional (4%).


Así, se tiene que después de tres años de reducción en la presión tributaria nacional, en 2019 se producirá un cambio de tendencia, y se tendrá la mayor presión tributaria de los últimos años. Claramente deberá tratarse de una situación transitoria, diseñada para una  emergencia, y luego deberán reemplazarse los nuevos tributos distorsivos que se implementan o aumentan en 2019, por ejemplo los  Derechos de Exportación.

Los principales cambios tributarios anunciados y/o que actualmente se discuten, son los siguientes:
• Eliminación de exenciones impositivas: se eliminarán las exenciones que existían en el impuesto a las Ganancias para empleados públicos de algunas provincias y para algunos regímenes especiales, como el de los petroleros. No está previsto que este cambio incluya a los judiciales. También comenzarán a tributar Ganancias las mutuales y las cooperativas de préstamos y seguros.
• Impuesto al cheque (débitos y créditos bancarios): Podría quedar en suspenso el aumento del pago a cuenta de Ganancias. Actualmente las empresas pueden tomar un 34% del tributo en ese concepto, pero el año que viene debía aumentar hasta el 50% para llegar gradualmente al 100%, según estaba previsto en la reforma tributaria.
• Sellos: la reducción que las provincias debían aplicar a partir del año que viene también queda suspendida (implicaba pasar de una alícuota del 0,75% al 0,5%). Así fue ratificado en la última reunión con gobernadores. No figura nada de esto en el proyecto de Presupuesto 2019 porque se trata de un tema estrictamente de índole provincial, pero es una concesión otorgada por el Gobierno, sin que implique un incumplimiento del Pacto Fiscal.
• Ajuste por inflación: se dará marcha atrás con la decisión de permitirles a las empresas actualizar sus balances por inflación para reducir el pago de Ganancias
• Bienes Personales: si bien el proyecto de Presupuesto 2019 no dice nada sobre una eventual modificación de este gravamen, podrían producirse modificaciones. Lo que se implementaría sería gravar con una alícuota del 1% anual a quienes poseen bienes (ya sea cuentas o inmuebles) en el exterior. Para el resto del patrimonio se mantendría la alícuota del 0,25% anual.
• Ingresos Brutos: se mantendría la rebaja de Ingresos Brutos en las provincias que se había comprometido el año pasado para aplicar en 2019, además de lo ya ocurrido en 2018.
• Contribuciones patronales: Se discutió si el año entrante seguiría adelante la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales.
• Impuesto a las Ganancias. Se mantiene la disminución ya vigente este año de una alícuota del 35% al 30% para las personas jurídicas, siempre y cuando las utilidades sean reinvertidas.
• Retenciones, seguirá vigente el esquema de rebaja de la alícuota para la soja, pero a su vez se impone una retención adicional equivalente a $4 por dólar para las exportaciones de productos primarios y los servicios y de $3 por dólar para el resto de las exportaciones. Además, el proyecto de Presupuesto deja abierta la puerta para que el Poder Ejecutivo aumente los derechos de exportación hasta el 33% si fuese necesario.
Si observamos los números fiscales anunciados para 2019 con una visión de más largo plazo, pueden extraerse conclusiones interesantes:
• En 2019 podrá recuperarse un resultado corriente positivo, luego de 5 años en que dicho guarismo resultaba negativo (nos endeudábamos para pagar gasto corriente).
• En 2019 los Derechos de Exportación, netos de reintegros, volverán a los niveles de 2007 o 2012 (alrededor de 2,1% del PIB).
• El gasto primario habrá descendido cerca de 4 pp del PIB entre 2015 y 2019, pero aún se ubicaría 5 pp del PIB arriba del nivel que mostraba en 2007.
• Cerca de la mitad del ahorro fiscal que se produciría en 2019, se trata de menor gasto de capital. Este último se trata de otro factor de ajuste que deberá resultar transitorio, justificado sólo en la emergencia.
• El gasto en subsidios económicos (especialmente en energía y transporte) habrá pasado de 4,9% del PIB en 2014 a 1,7% en 2019.
• Si bien no cambiará, en el Sector Público Nacional, el peso del gasto salarial entre 2018 y 2019, sí se está produciendo una importante caída en dicha partida en 2018, equivalente a 0,3% del PIB. Esto muestra que, si bien la discusión por el ajuste fiscal se ha concentrado especialmente en el presupuesto para 2019, se está produciendo en 2018 un ajuste en el gasto corriente, menos debatido, especialmente en materia salarial (algo similar ocurre este año en la mayoría de las provincias).



Con respecto a las necesidades de financiamiento para 2019, según los números del gobierno, en caso de que se logre adelantar para 2019 un ingreso de fondos del FMI del orden de los 20 mil millones de dólares, se habrán cerrado definitivamente las necesidades de financiamiento del Tesoro, sin necesidad de nuevas emisiones ni refinanciación de vencimientos el año entrante.


 
 

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Misiones se adhirió a la ley nacional que regula los contratos del sector público

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La ley 27.328 alcanza los proyectos de infraestructura, vivienda, actividades, servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Y abarca las actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y mantenimiento. La medida fue adoptada por la Cámara de Representantes en su sesión semanal, en la que también decidió desafectar un inmueble del Estado provincial y donarlo a la asociación civil Sargento Ayudante Lima.
El régimen de contratación, denominado Participación Público Privada, es un marco regulatorio con el que se pretende combinar la experiencia del sector privado y la posibilidad de financiación del Estado nacional. Se busca impulsar la inserción internacional competitiva del país, mejorando la productividad a través de obras de logística, transporte, vialidad, educación, salud y energía.
A través de este sistema se permite no sólo la concreción de un proyecto de infraestructura física, sino que también se piensa en la provisión de servicios, inversión productiva e investigación aplicada y tecnológica.
El objeto de este régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las facultades de derecho público de la administración, como el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia, la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, o la limitación de la responsabilidad del Estado.
Otra ventaja es que, hasta que se complete la construcción del proyecto, se lo aísla de los problemas o restricciones presupuestarias del sector público. También se reduce el riesgo político de violación de esos contratos por parte de la Administración.
La adhesión provincial, impulsada por el ex diputado Alfredo Schiavoni, busca promover “un cambio de paradigma favorable al país, a la provincia de Misiones y sus municipios ya que propone un sistema equitativo, transparente y más eficiente para las partes contratantes”, según se explica en los fundamentos del proyecto.
“De esta forma estaríamos incorporando a la provincia dentro de un régimen alternativo, al ya contemplado en la Ley X Nº 4 y concordantes, dentro del cual estaríamos otorgando a las partes contratantes un marco de flexibilidad y dinamismo en el que podrán determinar la mejor manera de llevar adelante los proyectos propuestos”, manifestó el legislador.
Para el autor, “resulta vital implementar nuevos esquemas de participación y asociación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de obras, dado que la infraestructura pública incide no sólo en las condiciones de vida y salud de la población sino también en el crecimiento de la actividad productiva, pues no es viable un proceso de desarrollo sostenible sin inversiones en infraestructura pública”.
El régimen nacional “encuentra su fundamento en el principio de subsidiariedad en tanto permite confiarle al sector privado la realización de aquellos proyectos de infraestructura que no forman parte del núcleo de funciones indelegables del Estado, mientras que la Administración retiene las potestades de regulación, supervisión y control sobre las actividades de las empresas privadas”, manifestó.
Por otra parte, la Legislatura provincial también desafectó de su condición de reserva fiscal, un inmueble propiedad de la provincia de Misiones, ubicado en la Colonia Picada San Javier a Cerro Corá, para ser donado a la asociación civil Sargento Ayudante Luis Lima, de Leandro N. Alem, con el objetivo de que sea destinado a la construcción de un edificio para su sede social.
Dicha organización se orienta a la atención de grupos de condición de vulnerabilidad, “creando y recreando alternativas a su problemática con la participación plena como sujeto activos que aseguren su integración a la sociedad a la que pertenece”, argumentó el ex legislador Waldemar Wolemberg, autor del proyecto.
También fomentan “la participación y el rol generacional de las organizaciones intermedias de la comunidad local y barrial, promoviendo la creación y el fortalecimiento de nuevos grupos locales de acción comunitaria”, expresó en los fundamentos de su iniciativa.

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Las tapas del martes 28/8: El dólar sigue subiendo a pesar de la intervención del BCRA

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A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. A contramano de la región, el peso sigue devaluándose a pesar de la nueva intervención del Banco Central que vendió reservas. Para calmar a los inversores, el Gobierno pide un nuevo desembolso al FMI.
El Gobierno tuvo que dar un “manotazo” para salvar la obra pública, generando un fondo de garantía del Estado para las obras dentro del programa PPP.
El retiro de Manu Ginobili es la noticia del deporte, la máxima figura del basquet argentino se despide a lo grande en la NBA.


 

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Dietrich anunció fideicomiso con aporte de $36.0000 millones del Nación para la obra pública por PPP

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El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificó la continuidad de las obras públicas que encaró el Gobierno y aseguró que “no se van a detener”. A tal fin, anticipó que se pondrá en marcha un fideicomiso que permitirá asegurar su financiamiento.
Según el funcionario, “la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las obras públicas, pero éstas obras no se van a detener y las de PPP (Participación Público Privada) van a comenzar”.
En conferencia de prensa, Dietrich resaltó que el equipo de Gobierno estuvo trabajando “para asegurar que esto suceda”. “Y hemos decidido constituir un fideicomiso, que va a permitir que los aportes de los bancos para financiar (las obras) vayan a través de este fideicomiso del Estado a las empresas”, señaló.
Dicho instrumento, al que el ministro calificó como “una herramienta financiera para darle fluidez a la obra pública”, será administrado por la cartera de Transporte, y el Banco Nación aportará un capital de 200 millones de dólares para las empresas que tienen la concesión de los seis corredores viales ya licitados y otros 30.000 millones de pesos para descuento de los certificados de obra, según precisó el presidente de esa entidad, Javier González Fraga.
“Esto va en línea con la búsqueda de transparencia en la obra pública, que es una parte sustancial de los objetivos del Gobierno”, resaltó González Fraga.
“Es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados”, explicó Dietrich.
Hasta ahora en concreto el PPP tiene otorgados seis corredores viales, con una inversión de u$s 6.000 millones. El ministro de Transporte aseguró que las obras van a comenzar como estaba previsto, en octubre próximo.
Asimismo, Dietrich aseguró que “no hay favoritismo” por determinadas empresas en las licitaciones de obras públicas. “No hay favoritismo, hay licitaciones transparentes”, enfatizó, a la vez aseguró que “estamos exigiendo políticas muy rigurosas de ética y transparencia a cada una de las empresas” que participen del programa de PPP.
Por otro lado, tanto Dietrich como otros funcionarios que lo acompañaron y que tienen incidencia en la obra pública y el programa de PPP, aseguraron que por el momento las empresas que están siendo investigadas en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por presuntas coimas en la obra pública seguirán al frente de las obras que tienen adjudicadas y que hasta tanto no haya una definición judicial podrán seguir presentándose a licitaciones.
De hecho, Dietrich hizo hincapié en que “hay que diferenciar a las empresas de las personas”. Es decir: las compañías investigadas seguirán operando, más allá de la investigación judicial.

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