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La confianza en el Gobierno cae 12,1% en abril y profundiza su peor racha del año

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La confianza en el Gobierno nacional volvió a deteriorarse en abril y acumuló su cuarta caída consecutiva en lo que va de 2026. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 2,02 puntos, con una baja del 12,1% respecto de marzo, la más pronunciada del año.

El dato consolida una tendencia descendente que se inició en enero y que ya acumula una contracción del 17,9% desde fin de 2025. En términos políticos, el retroceso impacta sobre la evaluación de la gestión en un momento donde el Gobierno enfrenta tensiones económicas y desafíos en la consolidación de expectativas.

Qué mide el índice y cómo se interpreta

El ICG se construye desde 2001 en base a encuestas de opinión pública a nivel nacional y se expresa en una escala de 0 a 5 puntos. Evalúa cinco dimensiones: evaluación general del gobierno, honestidad, eficiencia, capacidad y preocupación por el interés general.

En abril, todos los componentes registraron caídas. El subíndice de eficiencia fue el más afectado, con un descenso del 21,4% y un valor de 1,87 puntos, ubicándose entre los niveles más bajos de la actual gestión.

En comparación histórica, el nivel actual se encuentra levemente por debajo del registrado en abril de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri (2,07 puntos) y por encima del de abril de 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández (1,44 puntos).

Deterioro generalizado y señales en segmentos clave

El informe muestra que la caída no fue homogénea, aunque sí generalizada: Se registraron bajas en todas las regiones del país, incluso en el interior, que mantiene el nivel más alto de confianza (2,22 puntos). El segmento de entre 30 y 49 años presentó la mayor contracción (-16,7%). Entre los hombres, la caída fue más marcada (-16,9%) que entre las mujeres (-4,1%). Por nivel educativo, quienes tienen estudios secundarios registraron la mayor baja (-19%).

En contraste, el grupo de 18 a 29 años volvió a mostrar el nivel más alto de confianza (2,27 puntos), aunque dentro de un contexto general de retroceso.

Desgaste en la percepción de gestión

El dato central del informe es el deterioro en la percepción de eficiencia, un indicador directamente asociado a la capacidad de gestión. La caída simultánea en los cinco componentes sugiere un debilitamiento más amplio en la valoración del Gobierno.

A nivel político, el índice funciona como termómetro de legitimidad en la opinión pública. La secuencia de cuatro bajas consecutivas, con una aceleración en abril, introduce un factor de presión sobre la agenda oficial, en particular en un contexto donde las variables económicas comienzan a mostrar volatilidad.

El promedio del índice durante la actual gestión descendió a 2,42 puntos, su nivel más bajo, lo que refuerza la señal de desgaste acumulado.

Expectativas como variable crítica

El informe también vincula la confianza con las expectativas económicas. El nivel más alto del ICG se mantiene entre quienes creen que la situación económica mejorará en el próximo año (4,03 puntos), aunque con una leve baja.

En cambio, quienes esperan estabilidad o deterioro muestran niveles significativamente menores de confianza, lo que sugiere una relación directa entre expectativas económicas y respaldo al Gobierno.

Este cruce introduce un elemento clave: la evolución de la economía aparece como variable determinante para revertir o profundizar la tendencia.

Interior con mayor respaldo, pero en retroceso

Aunque el estudio no desagrega datos específicos para Misiones, el comportamiento del interior del país —donde se ubican las provincias del NEA— muestra el nivel de confianza más alto, aunque también en descenso.

Esto sugiere que, si bien el respaldo relativo es mayor fuera del AMBA, la caída es transversal y no distingue territorios, lo que podría tener implicancias en la construcción de apoyos federales.

Qué mirar

La dinámica del ICG abre interrogantes sobre la evolución de la confianza en el corto plazo. Entre las variables a seguir aparecen: La evolución de los indicadores económicos y su impacto en las expectativas. La capacidad del Gobierno para revertir la percepción sobre eficiencia. El comportamiento de los segmentos donde la caída fue más pronunciada.

La tendencia descendente, con una aceleración en abril, marca un punto de inflexión en la percepción pública, aunque su proyección dependerá de factores aún en desarrollo.

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Encuesta revela respaldo social a la reforma laboral y presiona al Gobierno para ir más rápido

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Un estudio nacional detectó que el 62% consideraba “urgente” la reforma laboral y que seis de cada diez avalan cambios estructurales.

La reforma laboral impulsada por Javier Milei cayó de manera mayoritariamente positiva entre los argentinos y es percibida como una transformación de carácter urgente. Así lo confirma un relevamiento de DC Consultora dirigida por Aníbal Urios, que detectó un cambio cultural profundo: seis de cada diez encuestados consideran imprescindible avanzar con modificaciones estructurales, incluso cuando implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

La calle valida la reforma y exige más profundidad

En plena negociación legislativa y con la reforma laboral ya convertida en ley, un estudio privado expuso un dato político que reordena el tablero: el 62% de los encuestados respondió “sí, claro” cuando se le preguntó si la reforma es urgente, y seis de cada diez reclaman avanzar en transformaciones estructurales, incluso si implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

El relevamiento fue realizado por DC Consultora, dirigida por Aníbal Urios, y se apartó de las tradicionales mediciones de imagen o intención de voto para indagar sobre el rumbo que la sociedad pretende para el país. El resultado no solo muestra respaldo al cambio impulsado por el Gobierno de Javier Milei, sino que agrega un elemento incómodo para la política: una parte significativa del electorado considera que las modificaciones podrían haber sido más profundas.

Ante la consulta sobre el contenido concreto de la reforma, un 30% la consideró adecuada en su forma actual, mientras que otro 30% la calificó como “muy light” y pidió mayor intensidad en los cambios. El dato introduce una tensión implícita: mientras el oficialismo negocia en el Congreso para garantizar gobernabilidad, una franja de su base social parece demandar menos concesiones y más velocidad.

Reforma laboral y giro cultural

Según el estudio, el punto de inflexión se produjo en 2023, cuando el electorado optó por un cambio que, de acuerdo con el consultor, difiere de experiencias previas. La lectura es que existe una demanda por una “Argentina totalmente distinta” a la de las últimas décadas, aunque no bajo una lógica de ruptura desordenada, sino en una proporción que el sondeo describe como “60-40”.

En ese marco, la reforma laboral se inscribe en un proceso más amplio de revisión de reglas económicas. Entre los puntos debatidos figuran el fraccionamiento de vacaciones, la modificación del cálculo indemnizatorio —que excluye algunos ítems— y la revisión de licencias. Sobre este último punto, el 62% se manifestó a favor de analizar el régimen por enfermedad, bajo la percepción de que existen abusos.

La ciudadanía, según el estudio, distingue entre lo que debe modificarse y lo que funciona. No aparece una demanda de desregulación total, sino un mandato selectivo: mantener lo que opera y reformar lo que genera distorsiones.

Apertura económica, impuestos y mapa de responsabilidades

El trabajo también midió percepciones sobre apertura comercial y presión impositiva. En un contexto donde sectores productivos advierten dificultades para competir con importaciones —con casos de empresas que anunciaron cierres o alertas por competencia externa—, el respaldo social a la apertura convive con un reclamo de equidad fiscal.

Casi el 49% señaló a los impuestos provinciales como los que más afectan su vida cotidiana, frente a un 36% que apuntó a los nacionales. El dato reconfigura el discurso federal: mientras algunos gobernadores denuncian desfinanciamiento por la caída de transferencias y coparticipación, parte de la sociedad identifica en tributos locales como ingresos brutos, patentes o inmobiliario el principal “dolor tributario”.

El mensaje es doble. Por un lado, el ajuste nacional es internalizado como necesario por una franja amplia. Por otro, crece la presión hacia provincias y municipios para revisar su estructura impositiva si quieren sostener legitimidad política.

Seguridad y prioridades: un desacople en agenda

Otro hallazgo relevante es el contraste en materia de seguridad. Aunque el Gobierno impulsa con fuerza el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, apenas el 7,8% lo identifica como el principal problema en esa área. En cambio, el 51,56% señala al accionar del Poder Judicial como la raíz de la inseguridad.

Este desacople no necesariamente debilita la estrategia oficial, pero sí reorienta el foco. Si la opinión pública percibe que el problema radica en la respuesta judicial, el Ejecutivo podría encontrar allí un nuevo eje de confrontación política, en línea con su narrativa de disputa contra estructuras que frenan el cambio.

Gobernar con datos en un clima de alta expectativa

El estudio describe 2026 como “el año de las expectativas”, en el que la sociedad esperará que las reformas se traduzcan en mejoras tangibles en la economía diaria. La aprobación legislativa ya no será suficiente: el respaldo está condicionado a resultados.

En un escenario de tolerancia transaccional, donde el apoyo social se sostiene mientras haya señales de progreso, el margen de error se reduce. El Gobierno avanza en su agenda estructural y consigue mayorías en el Congreso, pero enfrenta una presión distinta: la de una ciudadanía que no pide moderación, sino eficacia.

La reforma laboral ya superó la instancia parlamentaria. Ahora comienza una etapa más exigente, donde la política deberá demostrar que el cambio normativo puede convertirse en transformación concreta. La distancia entre discurso y realidad será el verdadero termómetro en los próximos meses.

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La ansiedad social se corrió del dólar y aterrizó en el salario

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En la Argentina de fines de febrero, la preocupación cotidiana dejó de tener un rostro único. Ya no es solo la inflación ni únicamente la inseguridad: la inquietud se volvió un triángulo duro de romper entre salarios que no alcanzan, empleo que falta y precios que no aflojan. Eso es lo que muestra un relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, con 1.500 casos realizado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026, con un error muestral de +/- 2,53% y 95% de confianza, mediante una técnica mixta (mailing y CAWI), ponderado por género, zona y último voto legislativo 2025.

El dato más contundente es también el más político: la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, que encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%) e “inseguridad” (13,9%). Mucho más atrás aparecen “corrupción del Estado” (7,3%), “endeudamiento del país” (5,7%) y “polarización política” (1,9%).

La lectura fina del estudio es incómoda para casi todos los discursos. Por un lado, muestra que la economía sigue siendo el gran ordenador del malestar, aunque con un giro: el problema no se enuncia como “macro” sino como microeconomía doméstica. Que “bajos salarios” quede primero sugiere un cambio de foco: incluso si los precios bajan de velocidad, el ingreso sigue llegando tarde.

Por otro lado, el mapa de preocupaciones también relativiza el peso de la “grieta” como explicación total. La polarización aparece, sí, pero en el margen. En términos electorales, esto es una señal: hay una demanda social por resultados materiales más que por épicas identitarias. En términos de gestión, otra: las decisiones de política pública se evalúan en el mostrador y en el recibo de sueldo.

Brecha de género: ellas miran el empleo; ellos, el poder adquisitivo

Cuando se separa por género, las diferencias son nítidas. En varones, el primer lugar lo ocupa “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo” (29,7%), seguido por “falta de empleo y desocupación” (19,4%) e “inflación” (16,9%). En mujeres, el orden se reacomoda: “falta de empleo y desocupación” sube a 25,8%, mientras “bajos salarios” queda en 27,5% y “inflación” marca 18%.

Esa brecha puede leerse como síntoma de época: el empleo aparece como una alarma más fuerte en el universo femenino, mientras que en los varones pesa algo más la pérdida del poder de compra. No es solo economía: es también estructura social, tipo de inserción laboral y expectativas sobre estabilidad.

El corte etario muestra que la preocupación “se mueve” con el ciclo de vida. Entre 18 y 30 años, el empleo domina con 34,5%, muy por encima de salarios (20,8%), inflación (17,9%) e inseguridad (18,5%). En 31 a 45 años, el liderazgo pasa a “bajos salarios” (30,7%) y la inflación pega un salto (27,3%). En 46 a 60, vuelve a imponerse el ingreso: 31,5% salarios, con empleo en 26,1%. Y en mayores de 60, los “bajos salarios” sostienen el primer lugar con 27,9%, aunque el rubro “otro” crece (25,7%), una categoría que suele capturar preocupaciones específicas (salud, medicamentos, costos de vida, servicios) que no siempre quedan reflejadas en opciones cerradas.

La política debería tomar nota: los jóvenes no están discutiendo un modelo; están buscando un puesto. Y los mayores piden que la jubilación alcance.

El corte por voto presidencial también cuenta una historia: hay temas que atraviesan identidades, pero cambian las jerarquías. En primera vuelta, quienes votaron a Javier Milei ubicaron primero la inseguridad (27,5%), seguida por bajos salarios (24,2%), con inflación y empleo prácticamente empatados (18,2% y 18,7%). En votantes de Patricia Bullrich, el orden es más “económico”: bajos salarios (29,6%) y empleo (25,7%), con inseguridad en 19% e inflación en 14,6%. Entre votantes de Sergio Massa, vuelven a liderar bajos salarios (28,4%) y empleo (24,2%), con inflación 19,9% y endeudamiento 13,1%. Pero el caso más extremo es el de Juan Schiaretti: allí, “bajos salarios” llega a 52,8%, un techo que sugiere un electorado fuertemente orientado a la economía real.En el ballotage (último voto), el contraste se simplifica. Entre votantes de Milei, vuelve a liderar inseguridad (25,8%), pero “bajos salarios” es casi igual de alto (26,3%). Entre votantes de Massa, la prioridad es claramente bajos salarios (30,8%), con empleo segundo (24,6%) e inflación tercero (18,9%).

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El Índice de Confianza en el Gobierno cayó levemente en febrero, pero se mantiene por encima de gestiones anteriores

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de febrero de 2026, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 2,38 puntos sobre una escala de 0 a 5. El registro implica una baja mensual de 0,6% respecto de enero, aunque conserva niveles superiores a los observados en igual mes de administraciones previas, lo que sugiere una estabilidad relativa del clima de opinión pública en un contexto económico y político aún exigente.

El dato resulta relevante porque el ICG funciona como un termómetro clave de la percepción social sobre la gestión nacional, con impacto directo en expectativas económicas, comportamiento de consumo e inversión y en la gobernabilidad. En términos comparativos, el nivel de febrero es 2,7% mayor al registrado en febrero de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y 59,5% superior al de febrero de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Un indicador que se mueve dentro de un rango acotado

Según el informe, el ICG se mantiene cercano al promedio de la actual gestión presidencial, que alcanza los 2,44 puntos. Desde el inicio del mandato, el índice mostró un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, configurando un rango de variación de 0,92 puntos. Esta dinámica refleja que, más allá de fluctuaciones mensuales, la confianza no presenta desvíos abruptos respecto de su nivel medio.

En febrero, la variación del índice fue heterogénea entre sus cinco componentes. Dos dimensiones mostraron mejoras: la Eficiencia en la administración del gasto público alcanzó 2,29 puntos, con un alza mensual de 2,7%, y la Honestidad de los funcionarios se ubicó en 2,76 puntos, con un incremento de 2,6%. En contraste, se observaron retrocesos en la Capacidad para resolver los problemas del país (2,70 puntos; -4,9%), en la Evaluación general del gobierno (2,18 puntos; -1,8%) y en la Preocupación por el interés general (1,99 puntos; -1,0%).

Este comportamiento mixto sugiere que, si bien persisten valoraciones positivas en aspectos vinculados a la transparencia y la gestión del gasto, se mantiene una percepción más crítica respecto de la capacidad de respuesta integral del Gobierno y de su orientación hacia el interés general.

Diferencias sociales, territoriales y expectativas económicas

El relevamiento también expone brechas significativas según género, edad, nivel educativo y región. En febrero, la confianza fue mayor entre los hombres (2,62 puntos, +4,0%) que entre las mujeres (2,11 puntos, -7,0%), ampliándose la brecha a 0,51 puntos. Por edad, el nivel más alto se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,99 puntos y un aumento mensual de 10,7%, mientras que los grupos de 30 a 49 años (2,13 puntos) y mayores de 50 años (2,47 puntos) mostraron leves descensos.

En el plano geográfico, el Interior del país volvió a exhibir el mayor nivel de confianza, con 2,60 puntos (+0,4%), superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,10 puntos) y al Gran Buenos Aires (2,04 puntos). Por nivel educativo, se produjo un cambio relevante: quienes completaron el secundario alcanzaron el valor más alto del índice (2,56 puntos, +6,7%), por encima del segmento con estudios terciarios o universitarios (2,41 puntos, -5,5%).

Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante. El ICG fue significativamente más alto entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30 puntos, +3,9%) que entre quienes piensan que se mantendrá igual (2,69 puntos, +5,1%) o que empeorará (0,43 puntos, +22,9%). Esta dispersión refuerza la centralidad de la economía en la construcción de la confianza política.

Metodología y alcance del relevamiento

El Índice de Confianza en el Gobierno se confecciona de manera ininterrumpida desde noviembre de 2001. El relevamiento de febrero de 2026 se realizó entre el 2 y el 12 de ese mes mediante una encuesta telefónica nacional a 1.000 casos en 37 localidades de más de 10.000 habitantes, con un error estándar de ±0,07 y un intervalo de confianza del 95% entre 2,26 y 2,51 puntos. El trabajo de campo estuvo a cargo de Poliarquía Consultores.

En síntesis, el dato de febrero muestra una leve corrección a la baja respecto del mes anterior, pero confirma que la confianza en el Gobierno se mantiene en un nivel intermedio y superior al de experiencias recientes, con diferencias marcadas según segmentos sociales y una fuerte dependencia de las expectativas económicas.

ICG_DiTella_Febrero2026 by CristianMilciades

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Passalacqua y Stelatto comienzan 2026 entre los dirigentes mejor valorados del país

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Misiones volvió a quedar bien posicionada en el mapa político nacional. El último ranking interprovincial de imagen pública correspondiente a febrero de 2026 mostró que Hugo Passalacqua y Leonardo Stelatto integran el grupo de dirigentes con mejor evaluación ciudadana entre gobernadores e intendentes del país, en un contexto de alta fragmentación política y fuerte volatilidad de la opinión pública.

En el caso de los gobernadores, Passalacqua se ubicó quinto a nivel nacional, con 54,7% de imagen positiva entre los misioneros. El mandatario provincial quedó muy cerca del lote de punta, encabezado por Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Poggi (San Luis), y por encima de la mayoría de los gobernadores del país. En el otro extremo del ranking aparecen figuras como Alberto Weretilneck (Río Negro) y Axel Kicillof (Buenos Aires), entre los peores desempeños del mes.

El posicionamiento de Passalacqua consolida a Misiones como una de las provincias con mayor estabilidad política y respaldo ciudadano, en un escenario nacional marcado por tensiones fiscales, ajuste económico y reconfiguración de liderazgos.

A nivel municipal, el desempeño de Leonardo Stelatto fue aún más contundente. El intendente de Posadas quedó segundo entre los jefes comunales con mejor imagen positiva del país, con 60,3%, apenas por debajo de Matías Stevanato (Maipú, Mendoza). De este modo, la capital misionera se ubicó entre las ciudades con mayor aprobación de gestión local, superando a intendentes de grandes centros urbanos y capitales provinciales.

El contraste es significativo si se observa la parte baja del ranking, donde aparecen intendentes como Julio Alak (La Plata) o Pablo Grasso (Río Gallegos), con niveles de aprobación que no alcanzan el 40%.

Milei y Kicillof en Misiones: amplia brecha

El estudio también midió la imagen de las principales figuras nacionales por provincia. En Misiones, el presidente Javier Milei registró 49,4% de imagen positiva, ubicándose en la mitad alta del ranking nacional por distritos. En cambio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof alcanzó apenas 29,8%, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales.

A nivel país, Milei supera a Kicillof en 21 de las 24 jurisdicciones, mientras que el mandatario bonaerense solo logra ventaja en Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. En Misiones, la medición confirma una clara sintonía con el liderazgo presidencial y una baja adhesión al referente del kirchnerismo.

El doble posicionamiento de Passalacqua y Stelatto en los primeros lugares del ranking no solo refleja altos niveles de aprobación individual, sino también una coherencia política provincial, donde tanto la conducción provincial como la municipal muestran respaldo social sostenido. En un año de definiciones electorales y reacomodamientos nacionales, Misiones aparece así como uno de los distritos con mayor capital político propio.

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