Paraguay

Estados Unidos incluyó al expresidente paraguayo Cartes en su lista de corruptos y le prohibió la entrada

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El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que incorporó al expresidente de Paraguay Horacio Cartes a su lista Engel de personas “significativamente corruptas” y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país, informó la prensa paraguaya.

Cartes, en tanto, rechazó las medidas por “infundadas e injustas”.

La medida alcanza también a Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes, hijos del exmandatario anunció esta mañana el embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, en conferencia de prensa.

“Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, afirmó el diplomático.

Agregó que eso “le permitió” al expresidente “participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos”.

Aunque Ostfield no identificó a ese “socio”, el diario asunceño ABC Color dijo que se trata del brasileño Darío Messer, de quien se supone que es el mejor amigo y “hermano del alma” del expresidente.

Messer, considerado “el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica”, fue condenado en 2020 a 13 años y cuatro meses de prisión por la justicia de Brasil, que el mes pasado ratificó la sentencia al rechazar una apelación, según el sitio web especializado Insight Crime.

“En total, se cree que la red de Messer movió 1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017” y que “Messer facilitó esta red mediante el acceso a las élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles”, agregó esa página en un reciente informe.

Ostfield sostuvo que Cartes buscó protegerse a sí mismo y a su “asociado criminal” para evitar ser juzgado y las eventuales consecuencias política de un proceso, y subrayó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “tiene información creíble” sobre el caso.

“Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay”, remarcó el embajador.

En un texto entregado a los periodistas en la conferencia del embajador, el Departamento de Estado afirmó que la conducta de Cartes “afecta directamente los intereses de seguridad nacional, económicos y de política exterior de Estados Unidos”.

Asimismo, explicó que la sanción fue adoptada ahora, pese a que las sospechas y las investigaciones sobre la actividad del exmandatario llevan algún tiempo, porque “el Departamento obtuvo recientemente información fidedigna” sobre el caso.

“Ante la designación anunciada por la embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas”, afirmó Cartes en un comunicado divulgado poco después.

“Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan”, agregó, según el diario paraguayo La Nación.

En tanto, uno de los abogados de Cartes, Pedro Ovelar, sostuvo que el exmandatario “es víctima de una persecución del gobierno (paraguayo) que tiene objetivos electorales” y subrayó que “es muy difícil creer que esto no tenga que ver con una acción política generada desde el sector local”.

Ovelar añadió que lo anunciado por el embajador estadounidense es “solo una declaración” basada en información “infundada” y remarcó que hasta ahora “no se han dado a conocer hechos específicos” cometidos por su defendido.

En los últimos meses, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) paraguaya emitió un informe sobre un presunto esquema de lavado de activos que involucra a Cartes y otras personas allegadas, así como a varias de sus empresas, y remitió los antecedentes a la Fiscalía, según lo revelado por la prensa local a fines de mayo pasado.

El reporte indica que las firmas locales del exmandatario, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.

Entre las empresas señaladas en ese informe figuran Tabacalera del Este (Tabesa), Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la Fundación Ramón T. Cartes y Sarah Cartes, hermana de Horacio y principal accionista y gerente general del banco Basa.

Asimismo, menciona como uno de los “clientes llamativos” de las empresas de Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, “con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales”.

Además, cita “pruebas” de conversaciones por teléfono celular entre Cartes y otros dos individuos, aportadas por la Policía Federal de Brasil y que los incriminarían en el contrabando de cigarrillos.

Por otra parte, Tabesa se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.

Antes de llegar a Buenos Aires, esa aeronave transportó a Aruba un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este, de acuerdo con un informe remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, según el diario asunceño Última Hora.

Cartes fue el antecesor del actual presidente, Mario Abdo Benítez -gobernó entre 2013 y 2018-, con quien está enfrentado dentro del Partido Colorado oficialista.

El exmandatario no es el primer político paraguayo incluido por Estados Unidos en su lista Engel, en la que desde abril de 2021 figura el diputado Ulises Quintana, quien en octubre de 2020 fue excarcelado tras pasar dos años en prisión preventiva, acusado de lavado de activos y asociación ilícita.

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Cumbre del Mercosur analizará aranceles de Brasil y negociaciones para un acuerdo con Singapur

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La sexagésima cumbre del Mercosur que comenzará mañana en la ciudad de Luque, distante a 15 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay, abordará una serie de temas económicos, entre los que sobresalen el análisis de la política arancelaria de Brasil, que en mayo dispuso una rebaja unilateral para determinados productos extrazona, los avances en las conversaciones sobre un acuerdo comercial “de última generación” con Singapur y el seguimiento del tratado suscripto en 2019 con la Unión Europea.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y cuenta con la presencia confirmada de tres de los cuatro presidentes de los países que integran el bloque: Alberto Fernández, por la Argentina; el anfitrión Mario Abdo Benítez; y el jefe del Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Si bien el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, había anunciado la semana pasada su decisión de no concurrir a la reunión, luego dejó abierta la posibilidad de un cambio de postura, por lo que no se descarta su presencia por su buena relación con “Marito”, como llamó al presidente paraguayo en declaraciones a la prensa realizadas el último domingo.

No obstante, Brasil estará representado por sus ministros de Economía, Paulo Guedes, y de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franca, quienes defenderán ante sus pares de la Argentina, Paraguay y Uruguay uno de los aspectos más controversiales dentro del bloque, como es la rebaja de aranceles fijada de manera unilateral como una forma de combatir la inflación en medio de los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania.

En mayo, el Gobierno brasileño redujo de manera “temporaria y excepcional” los aranceles de importación sobre 6.195 posiciones, entre las que se destacan bienes como porotos, carnes, pastas, galletas, arroz, materiales de construcción, entre otros.

Desde la Cancillería argentina dijeron que la medida de Bolsonaro “no incluye al sector automotor ni tampoco a productos considerados sensibles”, acordados oportunamente entre los dos países.

La reducción arancelaria se suma a otra ya aplicada, también en forma temporal, en noviembre de 2021, y ambas se enmarcan en el objetivo del gobierno brasileño de “abaratar los precios de los productos básicos”, teniendo en cuenta que la inflación interanual del país vecino alcanzó en junio al 11,89%.

Asimismo, el canciller paraguayo, Julio Arriola, señaló -en declaraciones al diario asunceño ABC- que se están “ultimando detalles logísticos, técnicos y de documentación” ante la inminencia del encuentro.

Arriola dijo que se analizarán avances en el acuerdo que el bloque firmó con la Unión Europea y que están a punto de concluir las negociaciones para un “acuerdo de libre comercio de última generación” entre el Mercosur y Singapur, que permitirá “ampliar el horizonte comercial con el sudeste asiático”.

Asimismo, señaló que en el bloque “estamos abocados a lograr un acuerdo entre los cuatro estados en beneficio de la competitividad de nuestra economía para el acceso a insumos y mejores condiciones para nuestros sectores productivos”, abundó.

Por otra parte, Arriola puntualizó que “se debe avanzar de manera conjunta hacia la priorización de la agenda de negociaciones externas, tal como disponen los textos fundacionales del Mercosur”.

De esta forma, Arriola hizo alusión al propósito expresado por Uruguay de iniciar negociaciones con China para alcanzar un acuerdo comercial bilateral, fuera de las decisiones del bloque en su conjunto.

En el mismo sentido se había expresado Fernández en la cumbre virtual de julio del año pasado, cuando puntualizó que “nadie se salva solo” y llamó a respetar las decisiones conjuntas del bloque.

“Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción, negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso”, dijo Fernández en esa oportunidad, para agregar que “es a través de más integración regional y no de menos integración regional, que estaremos en mejores condiciones de producir, comerciar, negociar y competir”.

Ayer, durante el acto en conmemoración del 192 aniversario de la Jura de la Constitución, Lacalle Pou anunció que el acuerdo comercial “será con China” y que “después será con otros países”.

El resto de los países del bloque advirtió que la estrategia de Lacalle Pou no respeta la normativa que dio origen al Mercosur, en referencia a la Decisión 32 del 29 de julio de 2000 que tomó el Consejo del Mercado Común, en el que se reafirmó “el compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.

“La constitución de un mercado común implica, entre otros aspectos, la necesidad de contar con una política comercial externa común”, se estableció en esa norma, que además, determinó que “a partir del 30 de junio de 2001, los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de Aladi que no hayan sido negociados por el Mercosur”.

En su defensa, Uruguay asegura que esa decisión no fue avalada por todos los países del bloque.

En las últimas horas, si bien mantuvo su postura de seguir negociando con China, Lacalle Pou abrió la posibilidad de avanzar “en conjunto”, es decir sumar a los otros tres países del bloque a las negociaciones y transformar el acuerdo comercial bilateral en uno entre todo el Mercosur y el país asiático.

La intención de llevar adelante acuerdos bilaterales en forma autónoma ya venía siendo planteada por Lacalle desde antes de su asunción como presidente, en marzo de 2020, y sostenida en varias reuniones del Mercosur.

En una de ellas, en julio de 2021, Lacalle Pou definió la imposibilidad de acuerdos individuales como un “lastre” de la normativa del Mercosur que actúa como un “corset” y bloquea los intentos uruguayos de “avanzar”.

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Anti Cartes: Abdo Benítez promulgó una ley para atacar el contrabando de cigarrillos

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El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó hoy el “Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, que permitirá la trazabilidad de los cigarrillos de modo de combatir el contrabando de cigarrillos.

“Acabo de promulgar leyes que harán parte de nuestro ordenamiento jurídico. Una, la aprobación del `Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco`, con el que reafirmamos la lucha de nuestro país contra este problema mundial para la salud pública”, escribió Abdo Benítez en su cuenta de la red Twitter.

El protocolo aprobado por el Ejecutivo ya fue suscripto por más de 40 de los 180 Estados partes del convenio y por ese documento Paraguay se compromete a “adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para que todos los paquetes o envases de productos de tabaco” y todo empaquetado externo de esos productos lleven una indicación que ayude a las partes a determinar el origen de los productos.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es determinar el punto de desvío y vigilar, documentar y controlar el movimiento de los productos de tabaco y su situación legal, según reza en el documento.

Cuando la cuestión fue tratada en el Congreso paraguayo, el sector de legisladores del oficialista partido Colorado que responde al expresidente Horacio Cartes intentó posponer por un año la aplicación del convenio.

La prensa paraguaya y parte de la oposición suele denunciar a menudo que algunas de las empresas de Cartes están vinculadas con el contrabando de cigarrillos y el exministro del Interior Arnado Giuzzio hasta lo denunció abiertamente cuando hizo público el esquema de blanqueo de dinero que, advirtió, maneja el exmandatario.

Los parlamentarios que votaron a favor del protocolo consideraron que aportará a la lucha contra el contrabando, relacionado, a la vez, con las rutas del narcotráfico y el lavado de dinero.

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Paraguay quiere tener un centro de manufactura de autopartes de vehículos eléctricos

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Este lunes inició la visita de una delegación del Instituto Tecnológico Automotriz de Corea (Katech) para la instalación de un centro para la producción de autopartes en el Paraguay, dentro del proyecto de impulso a la movilidad eléctrica.

El futuro centro será instalado en la sede del Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) en Hernandarias.

La delegación se reunirá con autoridades del PTI y recorrerá las oficinas del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en Hernandarias.

El proyecto será una cooperación entre el Katech y el Gobierno de Paraguay para desarrollar la fabricación de autopartes para automóviles eléctricos, como parte del proyecto de impulso de la energía eléctrica para la movilidad.

La delegación de Corea está encabezada por el director ejecutivo del instituto, Yang Jeongjik, quien se reunió previamente con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni.

La presentación oficial de la cooperación para el desarrollo del centro tecnológico será este miércoles 20 de julio a y las 14:00.

El director ejecutivo de Katech, Yang Jeongjik
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El contrabando de granos a Bolivia y Paraguay rondaría los US$ 400 millones por mes alertó Idígoras

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“Se nos están yendo 750.000 toneladas de granos de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay”, alertó el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

Más de un millón de toneladas de granos de soja son contrabandeados a Bolivia y Paraguay a través de pasos fronterizos y generan al país pérdidas de hasta US$ 400 millones por mes, alertó este lunes la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec).

“Se nos están yendo 750.000 toneladas de granos de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay; estamos hablando de US$ 300 o US$ 400 millones que se le están escapando a la Argentina”, manifestó el presidente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, en declaraciones a Radio 10.

Para Idígoras, el contrabando de granos sucede porque “en Argentina la soja vale $ 47.000 promedio y en Paraguay o en Bolivia la pagan $ 80.000, $ 85.000 o aún más en algunos casos, y eso genera la tentación de mucha gente de acudir a la zona fronteriza”.

“También nos está pasando con el aceite de girasol”, remarcó el titular de Ciara-Cec.

Al respecto, comentó que “hoy Argentina tiene un precio interno, subsidiado por los fideicomisos”, y puntualizó que “se ven las marcas de estos productos argentinos, de contrabando en los países limítrofes”.

Idígoras detalló que por las fronteras “están pasando más de 3.000 camiones por mes”, lo cual –continuó– “reduce la cantidad de vehículos que llegan a los puertos de la zona de Santa Fe, el gran clúster exportador de Argentina”.

Por último, el dirigente aceitero señaló que “hace varios meses se viene monitoreando el tema con varias presentaciones al Ministerio de Seguridad y recientemente al nuevo director de Aduanas, Guillermo Michel, que está comprometido y trabajando con el tema”, ya que una de las cuestiones principales en las zonas fronterizas es la “ausencia del Estado”, concluyó.

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