Paraná

Misiones, referente en bioeconomía y acción climática rumbo a la COP30 en Brasil

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Misiones reafirma su liderazgo ambiental en el Encuentro Federal “Camino a la COP30” en Paraná, Entre Ríos.

La provincia consolidó su rol en la Alianza Verde Argentina y compartió su experiencia en políticas de acción climática junto a gobiernos subnacionales, organismos internacionales y el sector privado.

Un espacio estratégico rumbo a la COP30 en Belém

La provincia de Misiones volvió a destacarse en la agenda climática nacional tras su participación en el Encuentro Federal “Camino a la COP30”, realizado en Paraná, Entre Ríos. El evento, organizado en el marco de la Alianza Verde Argentina (AVA), reunió a representantes de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Jujuy y Santa Fe, consolidando este espacio como la principal instancia de articulación territorial frente a los desafíos del cambio climático.

El encuentro, celebrado en el MiradorTEC, fue la segunda edición de la antesala argentina a la cumbre global de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que se desarrollará en Belém, Brasil, en 2025, cuando se cumplan diez años del Acuerdo de París.
Misiones —que el año pasado había sido sede de la PreCOP29 en Posadas— participó como invitada especial, reafirmando su papel pionero en materia de bioeconomía, conservación y acción climática regional.

La jornada contó con la participación de delegaciones de la Unión Europea, GIZ Argentina, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco Mundial, y representantes del sector privado como Grupo Petersen, Genesis y BYMA, además de referentes académicos y de organizaciones ambientales.

Misiones y la Alianza Verde Argentina: cooperación y liderazgo subnacional

Durante el encuentro, Misiones presentó los avances logrados en materia de acción climática y fortaleció vínculos con provincias que aún no integran formalmente la Alianza Verde Argentina, una red que promueve políticas territoriales sostenibles a nivel federal.
La representación misionera destacó el enfoque de la provincia en torno a la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los bosques y el impulso de la bioeconomía, pilares que posicionan a Misiones como un referente nacional e internacional en la transición ecológica.

Los debates de la cumbre abordaron ejes centrales como la transición justa hacia economías bajas en carbono, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y los mecanismos de financiamiento climático, temas considerados prioritarios en el camino hacia la COP30.
Expertos del Banco Mundial y de entidades financieras nacionales y extranjeras analizaron los desafíos del acceso al financiamiento para los territorios y la necesidad de movilizar capital verde hacia proyectos ambientales de impacto.

En paralelo, el sector privado y los mercados financieros debatieron sobre el rol de la banca, los bonos verdes y los mercados de carbono como instrumentos de apoyo a la sostenibilidad.
La participación de Pedro Friedrich, de la Fundación Banco de Bosques, aportó una mirada sobre la importancia de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad, un tema clave en la previa a la COP amazónica.

Rumbo a Belém: una agenda climática con acento federal

El Encuentro Federal Camino a la COP30 no solo buscó consolidar consensos técnicos, sino también fortalecer la voz subnacional argentina de cara a la negociación internacional. En ese marco, la participación de Misiones refuerza su rol estratégico en el Corredor Verde y en la protección del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

La Alianza Verde Argentina se consolida así como un espacio federal de cooperación climática, que articula gobiernos, organismos internacionales y el sector privado en torno a una misma meta: avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, resiliente y con equidad territorial.
Camino a Belém, las provincias argentinas se preparan para llevar una posición común que refleje sus realidades, necesidades y aportes en materia de mitigación, adaptación y financiamiento climático.

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La costa es de todos, no de unos pocos

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En Posadas, la historia de las tierras expropiadas por Yacyretá vuelve a interpelarnos. Y es necesario decirlo con claridad: la Entidad Binacional Yacyretá nunca expropió para sí misma, sino por cuenta y orden del Estado argentino, en nombre de la utilidad pública. Esa diferencia no es un tecnicismo: es la clave para entender por qué hoy la privatización de sectores costeros constituye una violación del orden público y una frustración del bien  común.  

El mandato original y la ley 

La Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que la propiedad es inviolable y que solo puede ser privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización previa.  

La Ley Nacional de Expropiaciones N.º 21.499 desarrolla este principio y dispone que:  – La expropiación debe estar fundada en un fin público determinado (arts. 1 y 2).  – El bien expropiado debe destinarse a ese objeto y no a otro (art. 51).  – Si el destino se desvía, corresponde la acción de retrocesión (arts. 51 a 56).  

En el caso Yacyretá, la expropiación se justificó en la necesidad de recomponer la trama urbana, garantizar la relocalización de familias, completar el tratamiento costero y sostener la actividad náutica. Nunca se trató de un negocio inmobiliario.  

El convenio que aún obliga

El convenio firmado entre Carlos Rovira y Martínez Raimonda reconoció que los remanentes de tierras debían pasar a la Provincia o al Municipio. Ese  compromiso sigue vigente y constituye un límite jurídico: la EBY no podía apropiarse de  esas tierras, porque actuaba como mandataria del Estado argentino.  

Retrocesión y orden público 

La doctrina y la jurisprudencia son claras: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha  sostenido que el cambio de destino de un bien expropiado habilita la retrocesión y la  nulidad de los actos que lo desvirtúan (Fallos 308:647, “Provincia de Buenos Aires c/ YPF”).  

– La función social de la propiedad (arts. 14, 17 y 41 CN; arts. 240 y 241 CCyC) impone que  los bienes expropiados se integren al proyecto colectivo y no se privaticen en beneficio de  unos pocos. La privatización de parcelas ribereñas, sin cumplir la finalidad de  recomposición urbana o acceso público, constituye una violación del objeto expropiatorio  y del orden público constitucional. Alguna vez lo sostuvimos como ministro del Superior tribunal en un caso de discusión sobre el nuevo distrito COSTANERA en el municipio  separado del barrio Aguacates. 

El valor social de la ribera: La costa no es un simple activo inmobiliario: es un espacio de integración, de encuentro, de identidad. Privatizarla es amputar un derecho colectivo. Es negar a las generaciones futuras el acceso a un bien común que pertenece a todos.  

Un llamado ciudadano: La pregunta es simple: ¿vamos a permitir que lo que se expropió en nombre del pueblo termine en manos de unos pocos? La respuesta no puede quedar  en manos de tecnicismos administrativos ni de conveniencias políticas. Es un debate de  ciudadanía, de dignidad y de memoria. La ribera de Posadas debe ser pública, abierta y  social. Porque fue expropiada en nombre de todos, y porque el bien común no se negocia. 

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Gobernadores del Litoral reclaman reactivación de la Hidrovía y denuncian irregularidades en la licitación

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Los gobernadores de la Región Litoral elevaron un reclamo formal al Poder Ejecutivo para que se reanude el proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay y se garantice la participación de las provincias en las mesas de negociación.

A través de una carta firmada por Gildo Insfrán (Formosa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones), los mandatarios exigieron que se retome el proceso de licitación tras su reciente anulación y que se escuchen las necesidades de cada distrito involucrado.

La última reunión sobre el corredor fluvial se llevó a cabo a fines de 2024, cuando los gobernadores ya habían insistido en la importancia de incluir a todas las provincias del tramo norte, desde la confluencia de Corrientes hasta Misiones y Formosa. Según los funcionarios, esta ampliación es clave para potenciar la competitividad regional en el comercio internacional y asegurar un desarrollo equitativo.

“Es fundamental que nuestra visión sea escuchada para que la hidrovía se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo para todas las provincias”, afirmaron en el documento, en el que también remarcaron la necesidad de garantizar el dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones para la totalidad del corredor fluvial.

Denuncias por irregularidades en la licitación

En paralelo, la licitación de la Vía Navegable Troncal quedó envuelta en una nueva controversia tras la denuncia de DEME, una de las compañías de dragado más importantes del mundo. La empresa cuestionó el “notorio direccionamiento” del pliego lanzado por el Gobierno argentino y advirtió que las irregularidades denunciadas ante la Justicia podrían generar sobrecostos innecesarios para productores y exportadores.

Según la compañía, el proceso licitatorio privilegia aspectos técnicos por encima de la oferta económica, otorgando un 60 % del puntaje a la propuesta financiera en tres etapas y solo un 40 % a la evaluación técnica final. “Esta fórmula permite que el actual operador pueda ofertar una tarifa más alta y, aun así, ganar la licitación”, señaló DEME en un comunicado.

La firma también cuestionó el tiempo establecido para la presentación de ofertas, que consideró insuficiente, y denunció que la documentación técnica proporcionada favorece al concesionario actual. Además, alertó sobre la exigencia de un calado máximo de 8 metros “sin justificación técnica” y la solicitud de una garantía de 10 millones de dólares en caso de impugnación.

La situación ha encendido las alarmas entre las provincias del Litoral, que reclaman mayor transparencia y participación en un proyecto clave para el desarrollo económico de la región.

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El estado de Paraná logró lo que la Corte le negó a Misiones: posesión plena de las Cataratas del Iguazú

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El Estado de Paraná logró revertir una sentencia en la Justicia Federal y garantizó que las Cataratas del Iguaçu, una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, ahora son cien por ciento paranaenses, con el reconocimiento oficial del título de propiedad y dominio del área con 1.085,3280 hectáreas constituida por los Saltos de Santa María, dentro del Parque Nacional del Iguaçu. El estado vecino de Brasil logró así lo que en 2018 la Corte Suprema de Justicia argentina le negó a Misiones, pese a que la Constitución nacional reserva a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Sin embargo, cuando Misiones quiso crear el Parque Provincial Iguazú, aguas arriba de las Cataratas, una zona que no cuenta con la debida protección ambiental de los organismos federales, la Corte le negó esa decisión, alegando que la provincia no puede “arrogarse la propiedad de un establecimiento de utilidad nacional”.

En 2008 la Provincia había aprobado por ley la creación del Parque Provincial Iguazú, en uso de sus competencias constitucionales (Arts. 121 y 124 de la CN), sobre el río Iguazú y para resguardar y regular los recursos y el uso de ese lugar tan especial como lo son las Cataratas.

El estado de Paraná, en una batalla similar, consiguió un resultado distinto y la Justicia federal le dio la razón. Ahora es dueña plena del área brasileña del conjunto de caídas en la frontera con Argentina, incluyendo el tradicional Hotel das Cataratas. “Sin duda, un logro en el área jurídica histórica para Foz do Iguaçu y todo el pueblo de Paraná”, celebró el abogado y consultor legislativo Gilmar Cardoso, que acompañó el trámite de la acción.

El actual contrato de concesión del Parque Nacional del Iguaçu, fue ganado por la mayor oferta por un plazo de 30 años por R$ 1.926.758.253,97, por el Consorcio Novo PNI, que está formado por el Grupo Cataratas que ya era gestor del parque y por la Construcap [empresa que es concesionaria del parque Ibirapuera, en São Paulo].

La normativa prevé que el 7% de la recaudación operacional bruta obtenida por la concesionaria debe ser recaudado mensualmente al órgano gestor (ICMBio). Ahora esos recursos entrarían en las arcas públicas paranaenses, generando empleo, renta y moviendo la economía estatal, destaca el abogado Gilmar Cardoso.

“La recaudación onerosa a ser pagada por el ICMBio, antes de la Ley Estadual 20.222/2020 creada a partir de un proyecto del diputado Luiz Fernando Guerra, era gratuita, aun siendo del Estado”, resalta el abogado. Después de esto, la Unión entró con acción para derribar la propiedad del Estado, “para mantener la tasa de administración por la gestión del parque, pagada por la concesionaria bajo su titularidad”.

La decisión en sesión presencial el miércoles del Tribunal Regional Federal (TRF4), con sede en Porto Alegre (RS), ocurrió por unanimidad y acompañó el voto del Desembargador-Relator Luiz Antonio Bonat y dio providencia para el Recurso de Apelación del Estado de Paraná en el proceso contra la Unión brasileña.

La iniciativa, a través de la Abogacía General y del ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, buscaba la cancelación de la Matrícula nº 35.598, del 2º Oficio de Registro de Inmuebles de la Comarca de Foz do Iguaçu, del inmueble que sede el Parque Nacional y donde está instalado el Hotel das Cataratas, en nombre del Estado de Paraná.

El abogado explica que en este proceso las partes disputaban la cancelación de la Matrícula nº 35.598, en nombre del Estado de Paraná, referente a los “Saltos de Santa María”, para resguardar el patrimonio público federal, sosteniendo que las tierras en litigio, estando situadas en la franja de frontera de 66 kilómetros, integraban, cuando de la titulación por el Estado de Paraná, el patrimonio de la Unión.

Alegaban que el área total de 1.085,3280 hectáreas, constituida por los Saltos de Santa María, fue indebidamente registrada en nombre del Gobierno del Estado de Paraná. 

El fallo marca que la alegada titularidad del área por la Unión, choca con la Constitución de 1891 que transfirió a los Estados la propiedad de las tierras baldías, manteniendo en el dominio de la Unión apenas aquellas indispensables a la defensa de las fronteras, fortificaciones, construcciones militares y carreteras federales.

El área en cuestión no es baldía, ya que fue concedida por el Ministerio de la Guerra a Jesus Val en la antigua Colonia Militar del Iguaçu, y en el momento en que el área fue titulada por el particular, se incorporó al dominio privado perdiendo el carácter baldío, siendo el título definitivo expedido con el artículo 9º de la Ley 733/1900.

Por lo tanto, es inaplicable la posición de la Unión, en el sentido de que “las concesiones de tierras baldías situadas en la franja de frontera, hechas por los Estados, autorizan, apenas, el uso, permaneciendo el dominio con la Unión, aun cuando se mantenga inerte o tolerante, en relación a los poseedores”.

El inmueble se sitúa a la margen del Río Iguaçu, junto a los “Saltos de Santa María, en la frontera con Argentina, y fue objeto de colonización a cargo del Ministerio de la Guerra, en el inicio del siglo XX, siendo atribuida la posesión particular, conforme Título Definitivo de la Colonia Militar de Foz do Iguassu. Posteriormente el particular vendió el inmueble al Estado de Paraná.

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Avanzan los planes para construir un nuevo puente sobre el Paraná entre Chaco y Corrientes

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El proyecto para construir un nuevo puente sobre el río Paraná, que conectará las provincias de Chaco y Corrientes, avanza con un ambicioso diseño y una inversión millonaria. La obra, financiada parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca mejorar la conectividad y optimizar la circulación en las rutas nacionales 11 y 12.

El puente tendrá una longitud de 772 metros y un ancho de 25,7 metros, mientras que los viaductos de acceso se extenderán por 5,6 kilómetros y la autopista de acceso abarcará 28,2 kilómetros. Estas características estructurales permitirán beneficiar a 88.000 personas al día, mejorando la conectividad de forma sostenible entre ambas provincias.

El financiamiento inicial proviene de un préstamo de 345 millones de dólares aprobado por el BID para la primera etapa de la construcción. El costo total del proyecto está presupuestado en 356.500 millones de pesos y está previsto que las ofertas para su licitación (Nro. 01-2023) sean abiertas el 19 de marzo de 2025, bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas.

El plan incluye, además del puente principal, infraestructura complementaria como intercambiadores viales en ambas provincias, puentes tipo cajón para cruzar calles vecinales, un puente sobre el Ferrocarril Urquiza, calles colectoras y obras de protección hidráulica.

El objetivo de esta obra es no solo mejorar la calidad de circulación en las rutas nacionales, sino también fortalecer la integración regional, generando impacto positivo en las economías locales y reduciendo tiempos de traslado en una de las zonas más transitadas del noreste argentino.

El proyecto, calificado como prioritario en el marco del Plan de Conectividad Nacional, reafirma el compromiso del Estado Nacional con el desarrollo sostenible y la infraestructura de transporte en Argentina.

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