Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

Central Puerto proyecta un aserradero de US$40 millones

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Corrientes busca dar otro salto en la industrialización de su patrimonio forestal. Mientras se proyecta una planta de celulosa fluff por US$2.000 millones en Ituzaingó, Central Puerto analiza desembarcar en el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa con un aserradero de gran escala que demandaría una inversión superior a US$40 millones.

El proyecto todavía atraviesa una etapa de evaluación y negociación con el Gobierno correntino, pero ya registra avances concretos. Directivos y técnicos de la compañía recorrieron el parque industrial y comenzaron a evaluar las condiciones operativas para una eventual radicación.

De concretarse, la planta tendría una capacidad cercana a las 450.000 toneladas anuales y estaría orientada principalmente a producir madera sólida para los mercados externos.

La iniciativa incorpora además un componente energético: los residuos generados durante el procesamiento industrial de la madera serían utilizados para producir energía mediante biomasa, agregando eficiencia al aprovechamiento de la materia prima forestal.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó las negociaciones y anticipó que, si las gestiones avanzan según lo previsto, las obras podrían comenzar durante este año.

El eventual desembarco no supone para Central Puerto ingresar a un negocio desconocido. La compañía ya construyó una posición relevante dentro del sector forestal argentino y cuenta con una importante disponibilidad propia de materia prima.

La empresa posee más de 160.000 hectáreas entre Corrientes y Entre Ríos, incorporadas a partir de distintas adquisiciones de activos forestales. Aproximadamente el 93% de esas plantaciones está localizado en Corrientes.

Ese patrimonio constituye una ventaja estratégica para el proyecto: permitiría integrar la disponibilidad del recurso forestal con su transformación industrial y reducir la dependencia de terceros para abastecer una planta diseñada para operar a gran escala.

Para Corrientes, el proyecto representa además otro paso en una estrategia que busca dejar atrás un perfil concentrado en la producción primaria de madera y capturar dentro de la provincia una porción mayor del valor agregado de la cadena.

La cuestión no es menor para el mapa forestal del NEA. Corrientes y Misiones concentran buena parte de la superficie de bosques implantados del país, pero la nueva ola de grandes inversiones industriales comienza a mostrar una dinámica particularmente intensa del lado correntino.

Santa Rosa gana escala industrial

El lugar elegido es el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa, donde ya funcionan empresas vinculadas al procesamiento de madera. Representantes de Central Puerto visitaron las instalaciones y mantuvieron encuentros con compañías radicadas en el complejo para analizar las condiciones necesarias para avanzar con la inversión.

El proyecto podría convertir al establecimiento en uno de los aserraderos de mayor capacidad del país.

La escala prevista -unas 450.000 toneladas por año– revela además que no se trata simplemente de sumar capacidad de aserrado, sino de estructurar una plataforma industrial con orientación exportadora y aprovechamiento energético de los subproductos.

Esa combinación responde a una tendencia cada vez más marcada dentro de la industria forestal mundial: maximizar el uso de cada tonelada de madera que ingresa a planta, destinando las piezas de mayor calidad a productos sólidos y convirtiendo residuos, corteza y otros subproductos en insumos energéticos.

El Gobierno correntino busca acompañar esta estrategia mediante incentivos fiscales y garantías de estabilidad jurídica para proyectos de largo plazo.

Pero aparece un obstáculo: por su escala, una inversión de US$40 millones queda muy lejos del piso general establecido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Valdés planteó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la necesidad de revisar el piso mínimo de US$200 millones para permitir que inversiones industriales vinculadas con economías regionales puedan acceder a un régimen de beneficios similar.

El planteo apunta directamente a una característica del sector forestal: salvo los grandes proyectos de celulosa, muchas inversiones capaces de modificar sustancialmente la capacidad productiva de una región requieren decenas de millones de dólares, pero no necesariamente alcanzan los umbrales previstos para los megaproyectos incluidos en el RIGI.

Una eventual adecuación podría convertirse, por lo tanto, en una herramienta para acelerar inversiones en aserraderos, plantas de tableros, generación con biomasa y otras industrias asociadas a la madera.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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