El conflicto por los terrenos de la bahía El Brete en Posadas sumó un capítulo confuso que dejó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el ojo de la tormenta. Tras el fuerte emplazamiento del gobernador Hugo Passalacqua, que intimó a frenar cualquier intento de privatización o mercantilización de los inmuebles, la EBY primero difundió un comunicado en el que insistía la relocalización de los clubes náuticos o un rediseño urbanístico de la zona. Sin embargo, minutos después, la propia institución decidió reemplazar ese texto y retroceder en su postura, apelando ahora a un proceso de “diálogo abierto, transparente y participativo”.
Passalacqua había advertido en una nota formal que los bienes afectados por la represa “son patrimonio común del pueblo misionero” y que resultaba inadmisible cualquier avance que limitara el uso público. En ese marco, intimó a la EBY a informar sus planes en un plazo de diez días y a abstenerse de cualquier acto de disposición de los inmuebles hasta que se esclarezca su situación jurídica.
El mensaje fue claro: la Provincia no permitirá una mercantilización de espacios que forman parte de la identidad y la vida comunitaria de Posadas.
El papelón de la EBY
En respuesta, la EBY comunicó inicialmente que buscaba “optimizar el uso” de la zona costera y presentó dos alternativas: trasladar a los clubes al arroyo Mártires o rediseñar sus instalaciones actuales para liberar el acceso al río. Esa propuesta generó revuelo y se interpretó como un intento de avanzar sobre los terrenos.
La marcha atrás llegó rápidamente. En su nuevo texto, la entidad desactivó las alternativas y se limitó a decir que “toda propuesta será evaluada en el marco de un proceso de diálogo abierto, transparente y participativo”, priorizando consensos y el fortalecimiento de la vida comunitaria.
El giro comunicacional no pasó inadvertido: en cuestión de horas, la EBY pasó de anunciar planes concretos de relocalización a refugiarse en un mensaje genérico, dejando la sensación de improvisación y descoordinación.
La confusión en la comunicación de la EBY refuerza la posición del Gobierno provincial, que busca presentarse como garante del uso público de los bienes y defensor de la identidad cultural y ambiental de Misiones.
La contradicción dejó a la entidad binacional en una situación incómoda: expuesta frente a la opinión pública, debilitada en su legitimidad y enfrentada al Gobierno provincial en un tema cargado de sensibilidad social.
La disputa no está cerrada. Pero el episodio de las idas y vueltas ya dejó un daño reputacional a la EBY y un escenario en el que Passalacqua aparece fortalecido, marcando los límites de la Provincia frente a cualquier intento de avanzar sobre bienes comunes.
El cruce entre el Gobierno de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sumó un nuevo capítulo. Luego de que el gobernador Hugo Passalacqua intimara a la EBY a frenar cualquier intento de privatización o mercantilización de los terrenos de la bahía El Brete, la entidad respondió con un comunicado en el que insiste en la necesidad de “reordenar” la franja costera y plantea alternativas que incluyen la relocalización de los clubes náuticos hacia el arroyo Mártires.
Passalacqua advirtió que los bienes afectados por la represa “son patrimonio común del pueblo misionero” y que cualquier iniciativa que implique privatización o restricción de uso público resultará “inadmisible”. El mandatario emplazó a la EBY a dar explicaciones en un plazo de diez días y la intimó a abstenerse de disponer de los inmuebles hasta tanto se aclare su situación jurídica.
La advertencia provincial se inscribe en un contexto más amplio de disputas con Nación, en el que Misiones busca preservar autonomía sobre sus recursos y marcar límites frente a intentos de mercantilización de bienes de uso público.
En contraste, la EBY sostuvo que las medidas adoptadas habían generado “interpretaciones erróneas” y anunció la suspensión momentánea de cualquier acción hasta tanto presente formalmente dos propuestas de ordenamiento territorial.
La primera alternativa es la relocalización de los clubes náuticos en la ribera del arroyo Mártires, con obras de limpieza, infraestructura náutica y mejoras paisajísticas, lo que “permitiría liberar la actual franja costera de El Brete para el uso público irrestricto e integrarla al corredor urbano”.
La segunda opción es un rediseño en el espacio actual, con “criterios urbanísticos que garanticen el libre acceso al río” y la integración armónica de las instalaciones al entorno.
“Se busca consolidar un frente ribereño accesible y funcional para el turismo, la recreación y el esparcimiento familiar”, afirmó la EBY, que subrayó su compromiso con un desarrollo “armónico y sostenible” de Posadas, apelando al diálogo con instituciones y actores sociales.
La tensión es evidente: mientras la Provincia fija un límite categórico y defiende la permanencia de los clubes en El Brete como parte de la identidad cultural y ambiental misionera, la EBY plantea escenarios de reordenamiento que, en los hechos, implicarían modificar la histórica ocupación de esos espacios.
El choque no es sólo jurídico ni urbanístico: es político. En juego están el control territorial sobre áreas de alto valor simbólico y la definición del modelo de acceso a la costa del Paraná. Con ambos actores afirmando su compromiso con “el uso público”, la puja se dirimirá seguramente en el ámbito judicial.
Este jueves, el gobernador Hugo Passalacqua envió una nota formal al director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Alfonso Peña, en la que emplaza a la entidad a aclarar su accionar sobre los inmuebles de la bahía El Brete, en Posadas, y advierte que resultan inadmisibles “cualquier intento de privatización o mercantilización” de los bienes afectados por la represa. Asimismo, intimó formalmente a la EBY a que transfiera a la Provincia los terrenos costeros que no fueron necesarios para la ejecución de la represa, en cumplimiento de la Ley I-158. La decisión apunta a resguardar estos espacios como patrimonio público y de identidad colectiva de los misioneros.
La misiva, fechada el 2 de octubre y difundida públicamente por el propio mandatario provincial, exige a la EBY que, en el plazo de diez días, informe qué acciones pretende llevar adelante respecto a los terrenos en cuestión, cuya restitución reclaman distintas organizaciones y clubes náuticos.
En el texto oficial, Passalacqua recuerda que la Provincia reconoce el derecho de la EBY a utilizar tierras estrictamente necesarias para el cumplimiento del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, pero advierte que fuera de esos límites los inmuebles constituyen “un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”.
“Se trata de un recurso histórico, cultural y ambiental que no puede ser objeto de mercantilización”, señala el documento, en una clara alusión a la posibilidad de que la entidad binacional busque concesionar espacios con fines comerciales en detrimento de su uso público.
El gobernador fue más allá: intimó a la EBY a abstenerse de cualquier acto de disposición sobre los bienes hasta que se defina de manera definitiva su situación jurídica. Además, advirtió que, de persistir maniobras contrarias al interés provincial, la administración iniciará acciones legales “en defensa del interés público, del territorio provincial y de la identidad cultural y ambiental de Misiones”.
Un conflicto de fondo
El reclamo obedece a una intimación de Yacyretá a varios clubes deportivos y entidades educativas asentadas en la zona de El Brete y otras áreas cercanas al arroyo Itá, que además denunciaron presiones de la EBY para abandonar terrenos que, entienden, forman parte del espacio comunitario ganado al río. La difusión de esta carta eleva el conflicto a un nivel institucional sin precedentes, al involucrar directamente al Poder Ejecutivo provincial en la defensa de los bienes, en una disputa similar a la que ya se suscitó por el dominio del Campo San Juan, que el ex presidente de la EBY, Humberto Schiavoni, pretendió entregar a Parques Nacionales.
El gesto de Passalacqua tiene esa carga simbólica: reafirma la narrativa de que Misiones no permitirá la apropiación privada de lo que entiende como parte de su patrimonio colectivo.
Con esta decisión, la Provincia busca dejar sentado que los espacios vinculados a la represa Yacyretá no pueden ser utilizados como moneda de negociación ni como botín político en la interna nacional. En palabras del propio mandatario, difundidas en redes sociales: “Son patrimonio del pueblo misionero y vamos a garantizar que continúen siendo de uso público”.
El frenesí de los últimos días permitió visualizar en toda su dimensión la improvisada conducción de la economía argentina. De “ya pasó lo peor” a un salvataje de 20 mil millones de dólares para calmar la presión sobre el billete verde. De las retenciones cero a un jugoso premio de 7 mil millones de dólares para un puñado de “ganadores”, mientras que los pequeños productores la vieron pasar, otra vez. Del fin del cepo a un regreso de urgencia para frenar una maniobra de ganancia rápida que en otros tiempos fue aplaudida por el propio Presidente.
Todo en apenas una semana. Una semana que terminó en un desmesurado festejo de parte del Gobierno por el “respaldo” recibido de Donald Trump. La administración republicana confirmó que le otorgará a la Argentina un crédito stand-by por un monto a definir, un swap por USD 20.000 millones y la compra de bonos denominados en la moneda norteamericana.
“Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital”, advierte Bessent sobre los plazos que tomará en cuenta Washington para transferir fondos al Banco Central. Para la elección falta un montón. Para la reelección, como confundió Trump, una eternidad.
La elección de octubre hoy tiene un resultado incierto y las encuestas se inclinan por una derrota del oficialismo.
La experiencia indica que los salvavidas de Estados Unidos o el FMI, no necesariamente redundan en bienestar económico para el país. En última instancia, es un rescate al Gobierno y no a la economía.
De la Rúa también celebraba contar “buenas noticias” después del blindaje de diciembre de 2000, con un crédito extraordinario del Fondo Monetario. “Nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento”, decía el líder de la alianza un año antes de escapar en helicóptero.
Washington fue clave al momento de cerrar el trato. “Lo felicité por cómo inició su gestión y por haber alcanzado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, comentó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, después de reunirse con De la Rúa en Davos el 30 de enero.
En 2018, Mauricio Macri también festejaba la vuelta al Fondo para “enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis” futuras. “Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica”, aseguraba el líder del PRO, ahora mimetizado con las fuerzas libertarias. El resultado fue una dura derrota electoral para Cambiemos y una deuda de 57 mil millones de dólares para la Argentina.
El escenario actual no es tan distinto a las experiencias recientes, pero Milei jura que “nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo. Y ahora que los cimientos están firmes es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo”.
“Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”, prometió. Ahora sí.
El entusiasmo no parece ser compartido. El último indicador de actividad económica mostró una caída de 0,1% respecto del mes anterior, con una variación cercana a cero en la comparación interanual.
El campo, donde se concentra buena parte de los votos que le dieron sustento a la Libertad Avanza, está hoy decepcionado con el desplante de las retenciones. Apenas unas horas de haber anunciado retenciones cero hasta después de las elecciones -el mismo día en que se anunciaba que no se iba a cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad por “falta de fondos”-, el Gobierno decidió reimplantarlas porque se agotó el cupo de 7 mil millones de dólares de liquidación, meta que se había fijado para conseguir billetes frescos. Los ganadores de las retenciones cero fueron un puñado de empresas: un informe de la consultora RIA, de asuntos públicos del agro, expuso que Cofco International Argentina S.A. exportó 1,86 millones de toneladas; seguida 1,54 MT “Otros”; 1,43MT Viterra; 1,36 MT Cargill; y 0,81 MT Molinos Agro.
“El lunes se sabía una cosa y el miércoles otra, lo que generó malestar. Fue una medida puramente financiera para subsanar recursos, no para la producción”, señaló a Open1017 María Soledad Aramendi, la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rosario en 126 años de historia.
En el mercado comparten la opinión y aseguran que fue una maniobra armada para conseguir liquidez y respaldos de los grandes pooles. El Centro de Economía Política Argentina agrega un dato geopolítico. “Lo que vino a acelerar los tiempos fue el tweet de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, que expresó en X: “The Treasury is currently in negotiations with Argentine officials for a $20 billion swap line with the Central Bank. We are working in close coordination with the Argentine government to prevent excessive volatility. In addition, the United States stands ready to purchase secondary or primary government debt and we are working with the Argentine government to end the tax holiday for commodity producers converting foreign exchange”. (El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que conviertan divisas”).
Bessent se ocupó de dejar en claro que Estados Unidos estaba trabajando con el gobierno argentino en poner fin a la reducción de retenciones transitoria, dejando en evidencia que esa es una de las condicionalidades a la ayuda prometida. Lo de Bessent resulta una intromisión inadmisible en la política fiscal de la Argentina.
Relata CEPA que el secretario del Tesoro twitteo bajo la presión de los farmers de su país, que ante la pérdida del mercado chino en función de los aranceles que le impuso el país asiático a las exportaciones de ese país, una oferta extraordinaria de granos de Argentina iba a ser aprovechada por los compradores chinos que habían dejado de comprarles a Estados Unidos por la guerra de aranceles. Los farmers norteamericanos pusieron el grito en el cielo, haciendo público su reclamo en la red social X: “La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en sólo dos días”, (Caleb Raglan, presidente ASA)
Fue un partido de “grandes ligas” con dos derrotados: los pequeños productores y el Estado, que dejó de recaudar unos 1.500 millones de dólares por exportaciones que con retenciones igual se habrían realizado. “Eso configura una competencia desleal”, rezongó Aramendi. La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario señaló que la falta de previsibilidad desgasta la confianza y criticó el modo en que se implementó la medida: “No era necesario generar tanto malestar. Fue una decisión puntual para recaudar, mal manejada en un contexto electoral. Necesitamos previsibilidad y seriedad”.
El mismo desgaste que sienten los productores yerbateros, que esta semana volvieron a abrazar un INYM ahora añorado. Entre los viejos rostros de productores desencantados y nuevamente sumidos en el deterioro de sus ingresos, sorprendió el de Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra, quien se sumó a la protesta frente al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Productor yerbatero, comerciante y dirigente de Juntos por el Cambio y afinidad con Javier Milei, no dudó en reconocer la desilusión de su municipio con la gestión nacional: “Con el gobierno estamos desilusionados con el tratamiento de las economías regionales. No recibimos absolutamente ningún beneficio”.
Humeniuk fue más allá al cuestionar la mirada centralista del Ejecutivo nacional: “Todo está concentrado en Buenos Aires. Creen que atendiendo a la macroeconomía, la micro se va a resolver sola, y no es así. Las economías regionales necesitan atención directa, en particular la yerbatera”.
La situación se agrava, según relató, porque los municipios tampoco logran acceder a programas nacionales. “Viajé varias veces a Buenos Aires para gestionar un camión compactador a través del plan Mi Argentina. Tenemos la orden de pago del Ministerio de Economía, pero nunca transfirieron los fondos. Así estamos todos los municipios”, señaló.
La presencia de un intendente “mileista” en la protesta yerbatera refleja que la crisis del sector trasciende lo gremial y amenaza con trasladarse al plano político. La falta de respuestas a las economías regionales se convirtió en un punto de quiebre en territorios donde la yerba mate es la base de la economía local.
“Es una situación similar o peor a la de 2001. Es lamentable que que siempre tengamos que pagar el pato los productores, el sector más débil de la cadena”, definió Igor Sobol, uno de los productores yerbateros que encabezó el “abrazo” al Instituto Nacional de la Yerba Mate, en un nuevo intento -que saben poco eficaz- de conseguir torcer la voluntad del Gobierno nacional y recuperar las facultades de regulación y fijación de precios. El abrazo no es la única herramienta. El conflicto por la yerba mate, uno de los principales productos de exportación del Nordeste, escaló en terreno judicial. Un conjunto de asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de Misiones presentó una medida cautelar innovativa en el fuero penal federal para que el presidente Javier Milei “cese en el delito” y que designe de manera inmediata al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
El planteo no es menor. Las entidades sostienen que la omisión del Gobierno configura un “estado de delito permanente” y que la desregulación del mercado yerbatero, iniciada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, derivó en un perjuicio económico estimado en más de$140.000 millones para el sector primario. Para los productores, el DNU de Milei, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de “la chacra” misionera”.
El desencanto de los productores es el mismo en los gobernadores que comparten una certeza: no hay entusiasmo con el supuesto cambio de relación que prometió Milei tras la derrota en Buenos Aires. Curtidos muchos de ellos por experiencias anteriores, advierten que el “salvataje” celebrado en Olivos, no significa nada si no se incorpora a las provincias a la mesa ni se mejoran las condiciones para el empleo y la producción. Es una deuda más, sin asignación específica ni destino de infraestructura. Solo para la caja de la capital.
En Bariloche hubo una cumbre de gobernadores en la que se compartió la misma sintonía. Sin diálogo y mirada federal no habrá recuperación. La predisposición al diálogo está, pero no encuentra eco en la Nación, donde los funcionarios miran por sobre los hombros a los gobernadores.
A un mes de las elecciones, los gobernadores decidieron concentrarse cada uno en su provincia. Defender los provincialismos desde cada lugar, sin distraerse por los altibajos libertarios.
En Misiones la gestión es prioridad y se refleja en la contención a los sectores más agobiados por la crisis. El Presupuesto 2026, que está listo para ser aprobado en las próximas horas, contempla cubrir con fondos propios la retirada de Nación. Las prioridades se sostienen. La educación, la salud, el desarrollo económico son claves para generar condiciones propias de una economía más sana.
Esa simbiosis se refleja en las políticas oficiales. El gobernador Hugo Passalacqua anunció nuevas medidas de alivio fiscal, ahora apuntadas a los profesionales, que tendrán una rebaja del 30 por ciento en los Ingresos Brutos hasta fin de año, medida que se suma a otras que buscan darle más competitividad a las distintas actividades económicas.
El Gobernador anunció un nuevo incremento salarial que se hará visible este martes, cuando cobren los estatales. Para los trabajadores activos, el incremento acumulado es del 5,1%, dividido en dos tramos: 2,5% que ya fueron efectivos en julio y agosto más ahora otros 2,5% para el tramo septiembre-octubre. En el caso de jubilados, pensionados y retirados, el aumento será mayor, con un total acumulado del 6,1%, también en dos tramos como los activos.
En paralelo, Oscar Herrera Ahuad -será reemplazado en la presidencia de la Cámara de Diputados por Sebastián Macías-, se enfoca en las propuestas que llevará el misionerismo al Congreso: salud y educación como ejes. “La salud es un activo incalculable para los misioneros”, remarcó Herrera durante la entrega de flamantes ambulancias a una decena de municipios. “Cada vez que entregamos una ambulancia, sabemos que a ella se abraza todo el pueblo. En cada lugar donde llega una ambulancia nueva se festeja, se celebra. Es un día de gozo porque sienten esa mano, ese cuidado, esa protección que se les está dando”.
El candidato a diputado nacional resaltó el esfuerzo colectivo para sostener la inversión sanitaria en un escenario de restricciones macroeconómicas: “Hoy el esfuerzo de los misioneros, el esfuerzo del gobernador Hugo Passalacqua, es para tenerlo en cuenta porque la cosa está complicadísima, pero siempre está el Estado misionero para cuidar y para defender a cada uno de nosotros”.
Sin cesar, el presidente de la Legislatura marca el ritmo de la campaña. “Yo no estoy en condiciones de perder ningún voto, voy a salir a buscar chacra por chacra, colonia por colonia, pueblo por pueblo, para que nos acompañen en el bien común de las necesidades que tenemos todos los misioneros. El voto útil está acá, es el voto que los va a defender. Tirar el voto con otro que tiene 5 puntos no sirve, porque no los va a defender, no los defendió nunca”, argumentó Herrera Ahuad.
El gobernador Hugo Passalacqua comunicó una medida de alivio fiscal destinada a profesionales de toda la provincia, en el marco de un trabajo articulado con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados. La Agencia Tributaria Misiones (ATM) aplicará, desde el anticipo de septiembre hasta diciembre de 2025 inclusive, una bonificación especial del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La iniciativa alcanza a un amplio abanico de actividades ejercidas por personas humanas, entre ellas servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos y kinesiólogos; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; además de guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales y otros rubros.
El beneficio no tendrá tope por ingresos brutos totales ni por operación, y tampoco hará distinción de figura jurídica, lo que lo convierte en una medida transversal que impactará en miles de profesionales independientes.
La reducción impositiva apunta a oxigenar la actividad profesional en un contexto marcado por la caída de ingresos reales y la necesidad de sostener la prestación de servicios estratégicos para la comunidad. “Este es un esfuerzo compartido, que surge del diálogo con las instituciones representativas, para acompañar a quienes día a día sostienen la vida económica, social y sanitaria de Misiones”, señaló Passalacqua en la presentación.
La decisión se suma a una serie de políticas fiscales implementadas por la provincia en los últimos meses para amortiguar el impacto de la coyuntura nacional en la economía local.
Durante 2025, la ATM desplegó una batería de medidas orientadas a aliviar la carga impositiva y premiar a los contribuyentes cumplidores:
Eliminación del formulario 349 y de la tasa administrativa, lo que simplifica más de 60.000 gestiones mensuales sin costo.
Actualización de parámetros y ampliación de bonificaciones, que ahora alcanzan a más de 35.000 contribuyentes.
Descuentos de hasta 33% en Ingresos Brutos y reducción del pago a cuenta al 1,5% para el sector industrial de Misiones y sus proveedores a través de los controles fiscales en rutas 12 y 14.
Bonificaciones del 35% en Inmobiliario y hasta 10% en Automotor, con estímulos específicos para vehículos eléctricos.
La Agencia Tributaria Misiones multiplicó alivios y exclusiones. Solo entre enero y agosto, la ATM procesó más de 10.300 exclusiones, que representaron $29.800 millones, además de 1.600 reintegros y devoluciones por $4.500 millones. También se realizaron 36.600 compensaciones por $188.000 millones, lo que refleja el alcance de las herramientas de alivio y ordenamiento tributario.
