En declaraciones a la prensa, el gobernador de Misiones explicó que la presentación judicial contra la suspensión de pensiones por discapacidad busca “amparar y cuidar a los hermanos misioneros” afectados por la medida de la ANDIS.”
Durante la jornada de este miércoles, en Salto Encantado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la situación generada por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, y explicó las acciones legales que el Gobierno provincial impulsó para proteger a las familias afectadas.
“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, señaló Passalacqua.
El gobernador destacó que “lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”.
Consultado sobre las causas de esta situación, Passalacqua afirmó: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior. Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”.
A pesar de la tensión por la situación, el mandatario continuó la jornada de su agenda “y lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”, concluyó.
CONTEXTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL
La acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia se enmarca en el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”. En este recurso, el Gobierno provincial solicita el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de los retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares realizadas en el territorio provincial, y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Desde el Gobierno de Misiones remarcaron que la suspensión de estas pensiones afecta gravemente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, constituyendo una vulneración de derechos constitucionales y convencionales reconocidos en la normativa nacional e internacional. Además, señalaron que las auditorías implementadas por la Nación han sido realizadas con irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En ese marco, el Ejecutivo provincial enfatizó que el recorte de prestaciones impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos esenciales. La acción judicial busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la continuidad de las prestaciones sociales.
Lo que se encontraron funcionarios judiciales y escribanos del Gobierno provincial durante el segundo día de “auditoría” de las pensiones por invalidez que se hizo en San Ignacio, marca a las claras el desdén de la Nación para con los derechos y el impacto de la motosierra en la vida de las personas.
La Provincia decidió ir a la Justicia en defensa de esos derechos segados en el altar del ajuste. El vicegobernador Lucas Romero Spinelli fue el encargado de instruir a la Fiscalía de Estado, que mandó a certificar el operativo montado por Nación: el equipo “auditor” estaba compuesto por jóvenes veinteañeros, algunos militantes libertarios, ninguno de ellos médicos, ninguno perteneciente directamente a Capital Humano o algún ministerio nacional.
Se contrató una empresa para realizar los controles y los “auditores” tenían en su poder formularios pre firmados por médicos que nunca vieron a los pacientes misioneros. Lo mismo sucedió en otras partes del país.
En Misiones se estima que perdieron sus pensiones más de 10 mil personas. Muchas no recibieron ni una explicación. Ni carta documento ni pedido de presentarse en algún lugar para confirmar que efectivamente se movilizan en una silla de ruedas o son ciegos o padecen alguna malformación. Otros recibieron las cartas documento en domicilios equivocados.
Las pensiones no se actualizaron en los últimos dos años y valían 280 mil pesos hasta el mes pasado. Ese monto, obviamente no cubre necesidades. Pero al perder la pensión, también pierden obra social, medicamentos caros e insumos.
El ajuste fue ordenado por Diego Spagnuolo, el ex funcionario que desató un tsunami de consecuencias impredecibles al conocerse grabaciones en las que reveló una trama de corrupción, retornos y sobreprecios que encabezan la mesa chica presidencial: Karina y Lule Menem.
Las revelaciones de Spagnuolo irrumpieron en el escenario electoral que parecía calmo para el Gobierno. La calma mutó en desesperación en las últimas horas, cuando se conocieron otras grabaciones, esta vez de la propia Karina Milei.
La última encuesta de Zuban & Córdoba confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia.
El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.
El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado.
La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.
Con la eyección de Spagnuolo, el operativo de contención de daños ha sido inútil para despegar al Presidente del escándalo. Se busca desprestigiar al ex funcionario -uno de los visitantes más asiduos de Casa Rosada y la Residencia de Olivos- y negar la autenticidad de las grabaciones. Pero el vocero Javier Adorni cometió un desliz: “Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, tuiteó. Dos detalles pasados por alto. El vocero considera que el escándalo es que se haya grabado a un funcionario y no la trama de corrupción. Segundo, revela que las grabaciones falsas ocurrieron dentro de las oficinas presidenciales. No aclares que oscurece.
El Gobierno buscó despegarse y desprestigiar a Spagnuolo. Una auditoría interna reconoce que hubo “errores” en el paso de la motosierra por el sistema de pensiones por invalidez. Las cifras oficiales muestran que el proceso de citación presenta dificultades significativas. De las 997.654 citaciones emitidas, 504.802 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59 % del total. En Chaco, el 79,08 % de las citaciones no llegó a destino, mientras que en Buenos Aires el porcentaje fue del 38,26%. Otras provincias, como Formosa y Misiones, también registraron tasas elevadas de notificaciones fallidas, con 73,91% y 73,57% respectivamente.
Pero no hay “error” de un funcionario, sino una práctica deliberada. Misiones sufrió una fuerte merma en los fondos nacionales destinados a programas sanitarios sensibles. El caso más crítico es el del Programa Incluir Salud, que financia tratamientos para personas con discapacidad:
En 2022, Nación giraba $1.234 por afiliado. Ese monto nunca se actualizó y hoy, con inflación acumulada y la disparada de costos, representa una caída abismal en términos reales.
En diálisis, Misiones pasó de recibir $83 millones mensuales a solo $58 millones, pese a que la demanda de pacientes se mantiene en 128 personas en diálisis tres veces por semana.
La diferencia la cubre la Provincia: una diálisis cuesta $75.500 por sesión. Un módulo mensual con 13 sesiones ronda el millón de pesos por paciente, mientras que en casos pediátricos el costo escala a 2 millones de pesos. “Si estas familias tuvieran que pagar en el sector privado, sería imposible”, señalan en el área de Salud de la Provincia, que absorbió todo el impacto sin resignar atención. Si el paciente no se somete a diálisis, su vida corre peligro. El ajuste intempestivo mata.
Misiones está absorbiendo el impacto del ajuste nacional. Con fondos propios está cubriendo las ausencias y particularmente en salud, la demanda crece, con personas que dejaron de pagar la prepaga o perdieron su obra social. Se acaba de poner en funcionamiento el PET, que estará a disposición de los pacientes en el hospital Escuela y se invirtieron otros 450 millones en un tomógrafo pediátrico de última generación.
De todos modos, el médico Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Legislatura y candidato a diputado nacional, advirtió que sobre el riesgo latente sobre los recursos. “Hicimos un cambio importantísimo en nuestra provincia, en materia económica, sanitaria, productiva, en innovación, ciencia, tecnología, salud, cultura. Pero tengamos cuidado, porque todas estas construcciones… después simplemente por una medida tomada por un gobierno, pasa la motosierra, corta todo lo que hay para cortar”, describió.
Ejemplificó esa situación con sectores estratégicos: “Fíjense lo que pasa con el sector yerbatero… le pasó la motosierra y se la cortó completa la planta. En seis años se funden todo”.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) actualizó la matriz de costos de producción de la hoja verde, que arrojó un valor de $411,46 por kilo puesto en secadero. A ese monto, hay que sumarle un 30 por ciento adicional necesario para garantizar la rentabilidad del productor, lo que eleva el precio de referencia a $534,9 por kilo. Sin embargo, la realidad del mercado muestra una distancia alarmante: la industria está pagando actualmente entre $250 y $304 por kilo, muy por debajo del nivel calculado como necesario para sostener la actividad. Y en algunos casos extremos, como en la zona centro de Misiones, entre Oberá y Campo Grande, los productores reciben apenas $180 por kilo, el valor más bajo registrado en la provincia.
En un encuentro con concejales de la provincia, Herrera Ahuad también habló del sector maderero y de la salud pública: “Hoy discutimos la tuberculosis. Porque se eliminan las agencias reguladoras que no son caprichosas… Acá pasó la motosierra por el ANMAT y empezamos a tener cien muertos”.
El exgobernador también advirtió sobre los efectos de la desregulación: “La gente no se da cuenta de esto hasta que tiene una víctima por el fentanilo contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Porque nadie lo controla”.
Herrera también se preguntó sobre la validez de los datos sobre la pobreza que celebró el Gobierno de Milei. “¿Dicen que la pobreza bajó 20 puntos? Este índice de pobreza es el mismo índice de pobreza que tenía Alberto Fernández en noviembre del año 2023, es el mismo”.
“Pero ¿cómo se entiende que hoy tengas un 20% menos de pobres y no hayas creado un puesto de trabajo? Sin trabajo, bajamos la pobreza. Es magia eso. Cuéntenme cómo se hace sin que el Estado ponga plata”, reflexionó.
En Misiones la obsesión es sostener el empleo. Es la única provincia con más de cien mil empleos privados y la Provincia se sostiene como aliada del sector privado para que no se pierda ninguno. El gobernador Hugo Passalacqua renovó una línea de créditos de cien mil millones con el Banco Nación y la Provincia subsidiará entre 7 y 14 puntos la tasa para facilitar inversiones en el sector forestal, yerbatero y financiamiento de exportaciones. El mismo día también se selló un acuerdo por el cuál Misiones recupera conexión aérea internacional, entre Puerto Iguazú y el aeropuerto de Lima, en Perú, por donde transitan 30 millones de pasajeros anuales y se puede conectar con 23 países y 70 destinos turísticos. Desde diciembre habrá cuatro vuelos semanales con Flybondi y a un costo low cost, de solo 180 dólares.
En medio del trayecto hacia las elecciones de octubre, ninguna de las oposiciones se expresó sobre el escándalo de las coimas y los sobreprecios. El ex tenista libertario Diego Hartfield, tuitea sobre Djokovic y celebra el festival de importaciones de Shein en medio del cierre de fábricas textiles en todo el país.
Según datos oficiales, las importaciones a través de couriers alcanzaron en julio de 2025 un total de USD 98 millones, y en los primeros siete meses del año acumularon USD 408 millones, casi el doble de lo registrado en todo 2024. Esta avalancha de productos asiáticos, principalmente indumentaria, se apalancó en los cambios normativos que abarataron las compras en el exterior y en la facilidad logística para ingresar mercadería al país. La Fundación ProTejer alertó que entre enero y julio las importaciones textiles crecieron un 97% en volumen respecto del año anterior. En el rubro indumentaria el salto fue aún más dramático: 123%, mientras que los productos textiles para el hogar treparon un 195%. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reveló que el 33% de las compras internacionales digitales proviene de plataformas chinas, con Shein concentrando cerca del 10% del total. Este fenómeno, conocido ya como “efecto Shein”, no solo genera un cambio cultural en los hábitos de consumo, sino que está erosionando la estructura productiva nacional. Con ventas locales en caída, fábricas textiles advierten sobre el riesgo para 400 mil empleos.
El impacto es aún más severo en Misiones, donde el comercio local enfrenta una doble competencia: por un lado, la irrupción de las plataformas digitales; y por otro, la cercanía con Paraguay y Brasil, mercados donde los precios de la indumentaria suelen ser más bajos.
En la actualidad, el tipo de cambio favorece a los compradores misioneros que cruzan la frontera para adquirir ropa a menor costo, lo que profundiza la caída de ventas en los comercios locales. Para los empresarios textiles y comerciantes de la provincia, esta combinación es letal: deben sostener costos impositivos y laborales argentinos, mientras compiten con productos importados ultra baratos y con el atractivo adicional del turismo de compras en las ciudades vecinas.
El resto de los opositores también juega al silencio. Ramón Puerta juega a seducir a los desencantados del PRO y a captar el voto del viejo peronismo. De Ramón Amarilla, ahora enrolado en el partido FE, poco se sabe por estas horas, salvo que uno de sus laderos, también expulsado de la Policía por sedición,. cayó preso por un robo a mano armada de 50 millones.
Misiones firmó este jueves un nuevo convenio con el Banco de la Nación Argentina que permitirá disponer de $93.000 millones en créditos destinados a los principales sectores productivos. El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, acompañado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, y autoridades del Banco Nación.
El acuerdo contempla líneas especiales para el sector yerbatero, foresto-industrial, tealero, agrícola y para micro y pequeñas empresas, con tasas de interés que oscilan entre el 62% y el 73% TNA, bonificadas entre 7 y 14 puntos por la Provincia. Desde el Ministerio de Hacienda aclararon que se trata de valores sujetos a la dinámica del mercado financiero, y que podrían descender en los próximos meses.
Una apuesta provincial al sector productivo
Passalacqua destacó que la medida es fruto de un esfuerzo provincial: “Son pequeñas soluciones para grandes problemas, pero es lo que hoy está a nuestro alcance hacer. Se están poniendo arriba de la mesa casi $100.000 millones vía Banco Nación y con tasas que subsidia la provincia con un gran esfuerzo. Eso es dinero público que va destinado a quienes producen”.
El mandatario subrayó que los fondos se dirigen a áreas críticas: “Sabemos que el sector forestal está complicado. El crédito es para maquinaria, capacitación, energía de biomasa. En el caso de la yerba, hay industrias con maquinaria obsoleta que deben innovar. Esta es una forma de ayudar a tecnificar y modernizarse”.
Safrán puntualizó que se trata de la renovación de programas vigentes hasta el 30 de junio y que ahora vuelven a estar disponibles. Entre ellas:
Yerba mate con Warrant: financiamiento para compra de hoja verde y canchada, destinado a molinos y secaderos, hasta 180 días renovables.
Foresto-industrial: capital de trabajo hasta 180 días renovables.
Capital de trabajo para innovación y asistencia: incluye asistencia técnica profesional, obtención de registros y certificaciones, innovación y transformación digital, inversión en maquinaria tealera y agrícola.
Micro y pequeñas empresas: capital de trabajo, inversión en maquinaria y construcción.
Energía en base a biomasa y gas natural: financiamiento para ampliar capacidad productiva, transporte y depósitos.
“Si bien hoy las tasas son elevadas, esto se va a normalizar en el corto plazo y será más conveniente tomar estos créditos para apalancar la energía productiva de la provincia”, explicó el ministro.
El ministro también resaltó el funcionamiento del Fondo de Garantías de Misiones (FOGAMI), lanzado recientemente. “Ya comenzó a otorgar los primeros avales y tuvo una muy buena respuesta del sector privado. Es una herramienta que facilita el acceso al crédito, especialmente para pymes que no cuentan con suficientes garantías propias”, señaló.
Safrán reconoció que la coyuntura macroeconómica presenta desafíos: “La coparticipación nacional en el primer semestre fue complicada: de seis meses, tres fueron muy malos. La caída de la actividad económica impacta directamente en la recaudación, por eso seguimos muy atentos a cómo evolucionará en los próximos meses”.
El ministro del Agro, Facundo López Sartori, aprovechó la ocasión para remarcar la situación de incertidumbre por la acefalía en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Estamos en una situación de inestabilidad. La única declaración que corresponde es llamar la atención del Gobierno Nacional para que designe al presidente del Instituto. Los productores necesitan ese nombramiento cuanto antes”, sostuvo.
Banco Nación: continuidad de un programa exitoso
El gerente zonal del Banco Nación, Diego Schain, resaltó la importancia de la operatoria: “Esto es una continuidad de un programa que ya estaba vigente. En pocas semanas se otorgó una gran cantidad de préstamos, lo que demuestra el interés de los productores. El uso del Warrant en el sector yerbatero fue una herramienta clave y con la bonificación de la provincia resultó muy beneficioso”.
En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Carlos Manuel Amores, quienes valoraron el apoyo financiero al entramado productivo provincial.
Este lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2026 diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prevé recursos por más de 4,09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 31,7 % respecto al ejercicio vigente. El texto mantiene la impronta de fuerte inversión social, con prioridad en educación, salud y programas de bienestar, al tiempo que incorpora nuevos instrumentos fiscales y de financiamiento para sostener la innovación y la actividad productiva.
El proyecto reivindica un “Estado Suficiente” que prioriza la inversión social y busca articular con el sector privado para amortiguar las asimetrías macro (tipo de cambio y frontera) y sostener actividad y empleo. Su rasgo distintivo es el alto sesgo social (69,17%) y la bajísima carga de deuda (0,34%), lo que otorga margen de maniobra para reasignar recursos hacia salud, educación y protección social.
La contracara es la marcada retracción del Estado nacional: el mensaje enumera la eliminación de aportes ANSES a la caja previsional provincial, FONID, programas de salud (Protección de Población Vulnerable ante Enfermedades Crónicas No Transmisibles, REDES), Fondo Compensador del Transporte, y parálisis/recorte de obras nacionales (inclusive sobre rutas nacionales) tras la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Este faltante ya generó perjuicios y, en algunos casos, debe ser suplido con fondos provinciales.
Función / Área
2025 (en $)
2026 (en $)
Variación %
Apoyo a Municipios
240.511.292.000
307.068.437.000
+27,7 %
Administración General
76.349.541.000
101.116.267.000
+32,4 %
Seguridad
225.332.164.000
306.473.472
+36,0 %
Salud
732.440.356.000
1.009.979.707.000
+37,8 %
Bienestar Social
653.211.733.000
799.993.064.000
+22,5 %
Cultura y Educación
747.165.504.000
1.021.072.661.000
+36,6 %
Desarrollo de la Economía
295.979.751.000
349.392.230.000
+18,0 %
Deuda Pública
5.360.531.000
4.861.431.000
-9,3 %
Total del Presupuesto
3.107.874.111.000
4.092.995.715.000
+31,7 %
Los recursos asignados a Salud alcanzarán los 1.009.979.707 pesos, con un aumento del 37,8 % interanual. Se establece además un mecanismo específico: el Poder Ejecutivo queda autorizado a destinar 135 pesos por mes por habitante para garantizar la atención primaria, con la posibilidad de articular con municipios e instituciones locales.
En Cultura y Educación, el presupuesto trepa a 1.021.072.661 pesos (+36,6 %). Allí se crea el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con recursos de la coparticipación federal, que tendrá como fin sostener una educación de calidad y en condiciones equitativas.
En Seguridad, la previsión es de 306.473.472 pesos, un 36 % más que en 2025, reforzando el equipamiento y la operatividad de las fuerzas.
El área de Bienestar Social dispondrá de 799.993.064 pesos, con un aumento del 22,5 %. A esto se suma la continuidad del Programa Hambre Cero, que contará con un presupuesto específico de 5.391 millones de pesos distribuidos entre diferentes jurisdicciones del Estado provincial.
El texto también prorroga hasta diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos y remates para viviendas únicas y predios de producción agropecuaria familiar.
Una de las novedades es la autorización para que el Ejecutivo impulse un programa de promoción de la Economía del Conocimiento, destinado a fomentar startups y empresas que utilicen tecnología y digitalización. Se contemplan beneficios impositivos y subsidios para la radicación en parques industriales, con financiamiento adicional a través de fideicomisos alimentados por recursos ambientales e hídricos.
En paralelo, se habilita al Ministerio de Hacienda a realizar inversiones transitorias de fondos ociosos y a constituir mecanismos de crédito orientados a fortalecer la infraestructura productiva.
Disciplina fiscal y deuda
El Presupuesto prevé una reducción del 9,3 % en el servicio de la deuda pública, que se ubica en 4.861.431 pesos. El texto faculta al Ejecutivo a restructurar compromisos y renegociar pasivos, incluyendo la posibilidad de diferir vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS) hasta 2028.
Asimismo, se autoriza la contratación de créditos públicos por hasta 100 millones de dólares, destinados a obras de saneamiento, vialidad, energía y equipamiento productivo en municipios.
El proyecto ratifica un límite en las remuneraciones de la administración: ningún funcionario o empleado podrá percibir un salario superior al 90 % de lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo. En el caso de jubilaciones y haberes previsionales, se fija un máximo del 82 % del sueldo del Contador General de la Provincia.
Una hoja de ruta política
En contraste con la política nacional de ajuste que impacta con fuerza en áreas sociales sensibles —con recortes en educación, salud y transferencias a las provincias—, el Presupuesto 2026 de Misiones refuerza la inversión en esos mismos sectores. Mientras el Gobierno central concentra su estrategia fiscal en la reducción del gasto público, la administración provincial busca blindar los recursos destinados a escuelas, hospitales y programas sociales, sosteniendo un modelo de desarrollo con fuerte anclaje territorial y con el objetivo de garantizar equidad en un escenario económico adverso.
Con este esquema, el Ejecutivo provincial apunta a consolidar un presupuesto con fuerte anclaje social, disciplina fiscal y proyección estratégica en áreas claves como educación, salud y la economía del conocimiento. Al mismo tiempo, busca garantizar sustentabilidad financiera en un contexto nacional de incertidumbre y ajuste, reforzando la autonomía de la provincia en materia de gestión y financiamiento.
“Hablé con el Presidente y le dije: “Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. La voz que dice esto es la de Diego Spagnuolo, eyectado funcionario que reveló una trama de corrupción en el corazón mismo del gobierno de Javier Milei. “Karina” no es otra que la hermana del Presidente, quien según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se quedaba con un “retorno” de los contratos con proveedores del Estado por montos de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, en un esquema del que también participaría Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario del riñón presidencial.
Spagnuolo fue detenido -está demorado- y es una bomba de tiempo. No es un cuatro de copas. Íntimo de Milei desde mucho antes de llegar a la Presidencia, registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Casa Rosada.
Hasta el cierre de esta columna, la única reacción oficial fue despedir a Spagnuolo, lo que paradójicamente suena más a una confirmación que a una desmentida. La grabación sería de agosto del año pasado, lo que permite imaginar la magnitud de la podredumbre que salpica a la mesa chica presidencial. El ex titular de la ANDis no es una víctima, sino un eslabón más del esquema. Si sabía de un hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo ante la Justicia, lo mismo que el propio Presidente cuando supuestamente se enteró. Por eso en la Libertad Avanza ahora temen que Spagnuolo se convierta en un “arrepentido”.
El (nuevo) escándalo estalló en un momento sensible, no ya por la cercanía de las elecciones, sino cuando se discutía en el Congreso el impacto de la motosierra en las políticas de discapacidad, el ajuste en el Garrahan y en las universidades.
Spagnuolo se jactaba de la motosierra en los planes de atención a la discapacidad. Es autor de una de las frases que serán recordadas de este Gobierno: “Si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, no del Estado”.
El Programa Federal Incluir Salud, que gestiona la atención de personas con discapacidad, se encuentra en emergencia. Entre los recortes recientes, 100 mil beneficiarios perdieron sus pensiones este año y se proyecta llegar a 400 mil. Spagnuolo había endurecido los requisitos de acceso y promovido auditorías cuestionadas por discriminatorias. Las resoluciones contenían términos ofensivos hacia las personas con discapacidad, lo que generó condena social y mediática. Ajuste para muchos, retornos para unos pocos. Karina Milei, El Jefe, quedó en el ojo de la tormenta. Si se aplica la misma doctrina jurídica que a Cristina Fernández, el Presidente no puede no saber.
The Boss, tuiteó Diego Hartfield, quien esta semana se sacó la foto de campaña con Karina Milei.
La crisis de corrupción se suma a la crisis política. En el Congreso fue una semana negra para el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Los misioneros Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti votaron a favor del ajuste. La puertista libertaria Florencia Klipauka estuvo ausente. De esta manera, si el Senado ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación. Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.
El Senado, donde el oficialismo tiene una minoría aún más reducida, convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. Allí también se escuchó otra frase que quedará en la memoria: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado“. Lo dijo la senadora Álvarez Rivero del PRO, en una brutal competencia oficialista por quien se muestra más inhumano.
Pero vaya que es necesario ese derecho. Estas derivaciones no son una opción, sino un paso esencial para garantizar el acceso a tratamientos adecuados para niños y adolescentes con patologías cuya resolución requiere atención especializada. Desde Misiones, en el primer semestre se coordinaron 229 viajes para atención médica de 170 pacientes, de los cuáles 144 fueron al Garrahan.
La decisión de trasladar a un paciente se basa en criterios médicos estrictos que buscan asegurar el mejor resultado posible para su salud. Para muchas patologías, especialmente las oncológicas, existen protocolos y normas de tratamiento a nivel nacional e internacional que establecen que su manejo debe realizarse en centros de mayor complejidad. Estos centros garantizan no solo el acceso a terapias específicas (quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula ósea), sino también al soporte clínico integral necesario para manejar los efectos del tratamiento. La derivación, en estos casos, es un requisito del estándar de cuidado. Otras patologías, si bien no tienen una norma de derivación obligatoria, por su complejidad requieren especialistas y grupos multidisciplinarios que no se encuentran disponibles en la provincia. Casos como trasplantes de órganos, cardiopatías congénitas complejas, síndromes genéticos raros o neurocirugías de alta complejidad exigen la intervención coordinada de múltiples especialistas (cirujanos, intensivistas, genetistas, imagenólogos, etc.) y tecnología de vanguardia que solo los centros de referencia como el Garrahan pueden ofrecer.
El Senado también aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales. El Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. En ambos casos, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador, votaron afirmativamente, en línea con el modelo político misionerista.
El Gobierno nacional podría optar por vetar total o parcialmente las leyes, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil. Si toma ese camino, enfrentará un mayor descontento social por el ajuste en áreas tan sensibles.
Las encuestas ya marcan el deterioro de la imagen presidencial. El último trabajo de Poliarquía arroja malos datos para el Gobierno a pocas semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires. La aprobación de Javier Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. La legitimidad se erosiona cuando predomina la percepción de beneficios concentrados. En agosto, solo el 35% cree que Milei gobierna “para la mayoría de la gente”, el nivel más bajo de su mandato.
A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general sobre el país para el próximo año. Este deterioro está vinculado, en buena medida, al impacto negativo de los vetos presidenciales: tanto el del aumento de jubilaciones como el de discapacidad. Son hechos que refuerzan una de las principales debilidades del presidente que surgen en las encuestas: la falta de sensibilidad social o empatía hacia los sectores más vulnerables.
Se agrega a la creciente incertidumbre económica de las últimas semanas y el aumento de la conflictividad política, incluso con varios gobernadores en provincias donde hasta hace poco existía una relación de colaboración.
Según Poliarquía, la aprobación de la gestión de Milei cayó cuatro puntos y se ubica en 49%, por primera vez por debajo de la desaprobación. El valor es 11 puntos inferior a su máximo registrado en enero pasado.
La ecuación es sencilla. El bastión de Milei estaba dado en la contención de la inflación y en la transparencia que prometía. En ambos casos, flaquea. La economía no crece desde febrero, a contramano de aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y tasas exorbitantes. Ni siquiera la contención de la inflación se traduce en una mejor condición de vida, ya que el poder adquisitivo todavía no se recuperó del deterioro de la devaluación inicial y de la brutal suba de tarifas. La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses. La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito.
En contraste, en Misiones el Gobierno provincial sostiene el respaldo a los sectores más vulnerables y apuntala a la economía con incentivos permanentes, como los programas para el consumo, que incluyeron a la fintech Naranja X, con sus más de cien mil usuarios en la tierra colorada. Dato no menor: en un país donde la inflación es un problema para millones de hogares, en Misiones se logró contener el precio del pan en los últimos seis meses gracias al acuerdo entre la Provincia y la cámara de panaderos.
La lectura del Presupuesto 2026 permite analizar la anatomía de la inversión. El proyecto diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, destina el 69,17 por ciento del total a Educación y cultura, Salud y Bienestar Social, lo que equivale a $2,831 billones de los 4,092 billones proyectados. La inversión en áreas sociales es una constante del modelo renovador. Encabeza los presupuestos de los últimos años y se refleja en la incorporación de tecnología y recursos humanos. Este viernes, por caso, se puso en funcionamiento el Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET), con una inversión de unos dos millones de dólares. El equipo permite detectar linfomas, melanomas, cáncer de cuello uterino y próstata, entre otras patologías, además de tener aplicaciones en enfermedades neurológicas. El viernes, tres pacientes inauguraron el equipo, marcando un hito en la salud pública.
Hasta ahora, alrededor de 100 pacientes misioneros por mes debían viajar a Buenos Aires, Córdoba o Corrientes para acceder a este estudio, con un alto costo económico, logístico y emocional. Con la puesta en marcha del equipo en el Parque de la Salud, esos traslados dejarán de ser necesarios. El servicio será accesible a toda la población, tanto con cobertura de obra social como sin ella, reforzando el modelo de salud pública inclusiva que distingue a Misiones en la región.
El Hospital Madariaga cuenta desde hoy con un equipo PET/TC, herramienta clave en el diagnóstico oncológico y neurológico. Un paso fundamental que fortalece la salud pública de Misiones, garantizando acceso a estudios de alta complejidad en la provincia.#Misiones#SaludPública… pic.twitter.com/TDz0j7r2UR
El Presupuesto destina a obras de infraestructura el 9,8% del total, mientras que al Desarrollo de la Economía (productivo, industria, energía, puertos, transporte) 8,54% (≈ $349,39 mil millones).
Otra diferencia saliente es que la Provincia está desendeudada: lo destinado a servicios de deuda (amortizaciones + intereses) equivalen al 0,34% de los ingresos (exposición muy baja). Este punto es crucial, porque otorga autonomía y posibilidad de dirigir los recursos a las áreas sensibles y tener las cuentas en orden. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés tuvo que pedirle al Banco provincial que le anticipe 45 mil millones de pesos para poder pagar los sueldos de agosto. La urgencia tiene explicación: los correntinos van a las urnas el próximo domingo y Juan Pablo Valdés, su hermano, es el candidato a sucederlo. Uno de los rivales de Valdés chico es Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza, envuelto en otro escándalo que salpica al Jefe Karina: el suegro encabeza una fundación que recibe mercadería retenida por la Aduana, de la que puede disponer .
Corrientes, el modelo ideal para radicales y macristas, exhibe sus flaquezas en el momento menos esperado. La fragilidad económica es evidente: el Banco de Corrientes no puede dar créditos hipotecarios UVA por iliquidez. Y la oposición denunció que cortaron el suministro a comedores escolares. La provincia vecina también pierde terreno en las exportaciones. Quedó tercera en el NEA, detrás de Chaco, mientras que Misiones bate récords, con un acumulado de 310 millones de dólares en lo que va del año.
De la crisis en Corrientes no habló nadie del radicalismo misionero, apadrinado por Valdés. De la crisis del Gobierno nacional tampoco los libertarios. Apenas Ramón Puerta, en su regreso como candidato a diputado nacional, se animó a cuestionar la política nacional: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”, dijo para despegarse de la alianza que el partido Activar selló con la Libertad Avanza de la mano de su hijo Pedro, retirado a cuarteles de invierno por el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo y socio político Germán Kiczka. Aunque en medio de la investigación judicial lo defendía, Puerta padre tuvo que hacer malabares para remarcar que él no tiene ni tuvo nada que ver con el ahora condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
