Marca en zona
El amanecer de octubre sorprendió a todos por la noticia económica que cambió el escenario para Posadas y Bernardo de Irigoyen, dos de las ciudades que más padecen las asimetrías eternas con la política fiscal de Paraguay y las abundantes lojas free de Brasil. El ministerio de Economía de la Nación, después de mucho trajinar, autorizó finalmente la expansión de la zona franca de Puerto Iguazú a ambas ciudades, para ayudar a equilibrar la balanza ante los precios atractivos del otro lado de la frontera.
La noticia fue inesperada. Aunque desde hace años la Provincia gestiona herramientas para mitigar el desbalance, la aparición del decreto en el Boletín Oficial no estaba en la agenda.
El 10 de septiembre de 2024, el gobernador Hugo Passalacqua había enviado una nota al ministro de Economía, Luis Caputo reactivando el reclamo por las asimetrías que generan desventajas para los misioneros en ciudades limítrofes y en la búsqueda de que el dinero se quede en Misiones.
Para el Gobierno, los nuevos dutys pueden:
- Fortalecer las economías regionales, generar empleo y potenciar el turismo.
- Aumentar la capacidad contributiva local y evitar fuga de recursos hacia mercados vecinos.
- Crear un círculo virtuoso de inversión y desarrollo en zonas de frontera (los locales estarán a la salida del puente Posadas-Encarnación y a metros del cruce fronterizo en el extremo nordeste)
La propuesta incluye que el concesionario actual de la Zona Franca Puerto Iguazú S.A. construya la infraestructura necesaria en los nuevos puntos, la cual quedará en poder del Estado al finalizar la concesión.
También hay reparos, particularmente de los comerciantes posadeños, que ven en el futuro centro comercial una nueva competencia que los dejará en desventaja por los beneficios fiscales.
El economista Gerardo Alonso Schwarz, de la Fundación Mediterránea, trazó un primer balance: “La instalación del Duty Free genera efectos múltiples sobre la economía regional. Entre los positivos, se destaca un beneficio directo para los consumidores, que acceden a precios más bajos y liberan recursos para otros usos. Además, se estima la creación inicial de unos 200 empleos directos, con impacto adicional en puestos indirectos. El nuevo esquema también promete atraer turistas de Paraguay, Brasil y de otras provincias argentinas, incentivando el gasto en hoteles, restaurantes y bares de la zona. A ello se suman posibles transformaciones en los formatos comerciales (mayoristas, importadores, depósitos e industrias) y un efecto multiplicador si se incorporan más empresas bajo la figura de usuarios”.
Sin embargo, el analista advierte sobre el riesgo para el comercio local tradicional, en especial en rubros como calzado, deportes, vestimenta, perfumería y primeras marcas, donde la diferencia tributaria hace muy difícil competir con el Duty. El balance neto para las ciudades dependerá, en última instancia, de la evolución de esos nuevos formatos y de la incorporación de actores privados que amplíen la base de beneficios.
En Iguazú algunos comerciantes también cuestionan el impacto del Duty Free en la economía local, ya que acapara la atención de los turistas atraídos por precios bajos. Pero el Gobierno provincial advierte que esas críticas son apresuradas: un aspecto clave es que los residentes locales no podrán comprar en la zona franca de su propia ciudad, lo que evita la competencia desleal con el comercio tradicional. Por el contrario, la medida se plantea como una herramienta de complemento y potenciación: mejora la calidad de servicios, eleva la categoría de la oferta local y atrae turistas de países vecinos y de otras provincias, con impacto positivo en hoteles, restaurantes y comercios.
El Duty Free de Iguazú logró convertirse en un competidor justamente en productos importados y promete hacer lo mismo en Posadas e Irigoyen. La tienda emplea a más de 600 personas y fue elegida muchas veces como el Mejor Duty Free Shop de las Américas.
El actual concesionario de Puerto Iguazú (London Supply Group) recibirá la extensión de su concesión, aunque se prevé la participación de otras empresas mediante la figura del “Usuario”, que habilita a personas o firmas -nacionales o extranjeras- a operar dentro de la zona mediante convenios con el concesionario. Está prevista una reunión en los próximos días con la Cámara de Comercio y la Confederación Económica para trabajar en conjunto la iniciativa.
“Se trata de un paso previo hacia la zona aduanera especial, con un perfil de “ganar-ganar”: se fortalecen el comercio local, la actividad económica y el empleo en distintos rubros”, explica el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
La Provincia seguirá insistiendo con la etapa posterior –la Zona Aduanera-, que estuvo a punto de concretarse durante la gestión de Alberto Fernández y había sido una promesa de campaña del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
En una noche calurosa, Eduardo Duhalde vino a inaugurar el Duty de Iguazú, el 15 de marzo de 2002. Varios gobernadores y Daniel Scioli, sobreviviente de los 90 y secretario de Turismo del bonaerense, mismo cargo que ocupa ahora, escucharon el reclamo de Rovira por las asimetrías y el desarrollo de una estrategia inicial para equilibrar el flujo de compradores que migraba a Foz do Iguaçu y Ciudad del Este.
Rovira también exigía la restitución del ITC diferenciado, beneficio que se perdió con el estallido de la Convertibilidad. Los combustibles ya eran los más caros del país, situación que hoy se agravó: desde que asumió Javier Milei, la nafta súper subió 208,9%, mientras que el Infinia Diesel lo hizo 181,7%.
Después se siguió con la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes que Macri promocionó pero desconocía, y la Zona Aduanera Especial. Misma línea: frenar el flujo de compradores hacia Paraguay y Brasil. Más de dos décadas pasaron para que Nación atienda las demandas misioneras que se mantienen incólumes y nutren la identidad política de la Renovación. La misma traza puede encontrarse en la intimación del gobernador Hugo Passalacqua a Alfonso Peña, el director de la Entidad Binacional Yacyretá que está empeñado en relocalizar a los clubes náuticos de Posadas para “aprovechar mejor” la zona de la Costanera. ¿Negocio inmobiliario? ¿Privatizaciones? Passalacqua señaló que la Provincia reconoce el derecho de la EBY a utilizar tierras estrictamente necesarias para el cumplimiento del proyecto hidroeléctrico de Yacyretá, pero advierte que fuera de esos límites los inmuebles constituyen “un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”.
“Se trata de un recurso histórico, cultural y ambiental que no puede ser objeto de mercantilización”, señala el Gobernador en una carta documento, en una clara alusión a la posibilidad de que la entidad binacional busque concesionar espacios con fines comerciales en detrimento de su uso público.
El gobernador fue más allá: intimó a la EBY a abstenerse de cualquier acto de disposición sobre los bienes hasta que se defina de manera definitiva su situación jurídica. Además, advirtió que, de persistir maniobras contrarias al interés provincial, la administración iniciará acciones legales “en defensa del interés público, del territorio provincial y de la identidad cultural y ambiental de Misiones”. Misma posición había tomado Passalacqua en una disputa similar a la que se suscitó por el dominio del Campo San Juan, que el ex presidente de la EBY, Humberto Schiavoni, pretendió entregar a Parques Nacionales.
Esa defensa de la autonomía y de los intereses de Misiones forma parte del ADN de la Renovación, que decidió desmarcarse de los partidos “nacionales”. Esa construcción puede leerse en la letra del Presupuesto, que cubre con recursos propios la ausencia de la Nación, tanto en las áreas vitales como en infraestructura y logística. El 70 por ciento del Presupuesto se destina a las áreas sociales. El reparto funcional del gasto confirma las prioridades. Educación y Cultura se llevan la mayor parte, con poco más de un billón de pesos, seguidas muy de cerca por Salud, que supera también el billón. Bienestar social ronda los 800 mil millones, lo que muestra el esfuerzo por mantener políticas de protección en un escenario de inflación persistente. Seguridad se ubica en unos 306 mil millones, en línea con el refuerzo de la infraestructura policial, mientras que el Desarrollo económico suma unos 350 mil millones, donde se encuadran programas de innovación, industria y apoyo a sectores productivos.
El Gobierno busca garantizar estabilidad y blindar áreas sociales y educativas, justamente las más golpeadas por el ajuste nacional. Paradójicamente, la oposición que en las últimas semanas pretendió mostrarse crítica del ajuste nacional, reiteró reparos al presupuesto provincial, que prioriza la Educación y las áreas sociales. La excepción fue el Partido Agrario y Social, que terminó votando la ley, merced a un trabajo puntilloso del diputado Christian Castro, el único de los legisladores de la oposición que mostró verdadero interés en cada artículo del Presupuesto.
El neolibertario Javier Mela también acompañó la iniciativa por “responsabilidad”, aunque criticó el diseño y el tratamiento del proyecto, lo mismo que el PRO, que después de tres años de votar en contra, decidió aprobar el proyecto en sintonía con la posición nacional. El radicalismo, en cambio, mantuvo su tradicional voto no positivo.
El voto de las oposiciones no desentona con el contexto nacional. El gobierno de Milei no encuentra estabilidad pese al auxilio financiero de Donald Trump y la situación económica amenaza con complicar las chances electorales de la Libertad Avanza en las legislativas de este mes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aclaró que Washington no desembolsará un crédito directo y que únicamente se estudia la apertura de una línea de swap, lo que enfría las expectativas que habían circulado en la Casa Rosada.
El Congreso volvió a rechazar los vetos presidenciales y lejos está de un acercamiento con los gobernadores, como le pidió el FMI para darle volumen político a la gestión.
Para colmo, el escándalo narco que protagoniza José Luis Espert, el principal candidato de Buenos Aires potencia las chances del peronismo que se resiste a rendirse. El candidato de “cárcel o bala” no puede explicar sus vínculos con Fred Machado, un narcotraficante con pedido de extradición de Estados Unidos. El narcoempresario le pagó 200 mil dólares -por una consultoría que no se hizo- que no fueron declarados y le “prestó” su avión para que recorra el país cuando fue candidato a presidente. Lo “cobrado” por Espert sería único: el promedio por trabajos similares es 32 mil dólares mensuales.
No desentona entonces la desregulación de los vuelos privados, la anulación de la justificación del origen de los dólares para blanquearlos, que promueve el Gobierno nacional. Hace tres meses el propio Espert presentó el nuevo “blanqueo”, disfrazado de principio de inocencia fiscal. “Todos los que tienen dólares son tratados como Al Capone. Eso se terminó”. Parece una premonitoria defensa propia.
Nadie garantiza que el calvo economista llegue a las elecciones y, en cambio, hay temor por el daño electoral al oficialismo, igual de potente que los pedidos de coimas de la hermana presidencial que revelaron los audios de Diego Spagnuolo. En ese escenario se entra al último tramo de la campaña electoral. Passalacqua marcó territorio para mostrar que los intereses de Misiones están por encima de los dislates de Nación: “En el Congreso debemos defender al productor misionero, uno de los principales motores de nuestra economía. Oscar Herrera Ahuad es el candidato que está presente, con sensibilidad y firmeza, para que todos sean escuchados”.
