Passalacqua

Presupuesto 2026: Misiones sostiene la inversión social y en la economía del conocimiento

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Este lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2026 diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prevé recursos por más de 4,09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 31,7 % respecto al ejercicio vigente. El texto mantiene la impronta de fuerte inversión social, con prioridad en educación, salud y programas de bienestar, al tiempo que incorpora nuevos instrumentos fiscales y de financiamiento para sostener la innovación y la actividad productiva.

El proyecto reivindica un “Estado Suficiente” que prioriza la inversión social y busca articular con el sector privado para amortiguar las asimetrías macro (tipo de cambio y frontera) y sostener actividad y empleo. Su rasgo distintivo es el alto sesgo social (69,17%) y la bajísima carga de deuda (0,34%), lo que otorga margen de maniobra para reasignar recursos hacia salud, educación y protección social.

La contracara es la marcada retracción del Estado nacional: el mensaje enumera la eliminación de aportes ANSES a la caja previsional provincial, FONID, programas de salud (Protección de Población Vulnerable ante Enfermedades Crónicas No Transmisibles, REDES), Fondo Compensador del Transporte, y parálisis/recorte de obras nacionales (inclusive sobre rutas nacionales) tras la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Este faltante ya generó perjuicios y, en algunos casos, debe ser suplido con fondos provinciales.

Función / Área2025 (en $)2026 (en $)Variación %
Apoyo a Municipios240.511.292.000307.068.437.000+27,7 %
Administración General76.349.541.000101.116.267.000+32,4 %
Seguridad225.332.164.000306.473.472+36,0 %
Salud732.440.356.0001.009.979.707.000+37,8 %
Bienestar Social653.211.733.000799.993.064.000+22,5 %
Cultura y Educación747.165.504.0001.021.072.661.000+36,6 %
Desarrollo de la Economía295.979.751.000349.392.230.000+18,0 %
Deuda Pública5.360.531.0004.861.431.000-9,3 %
Total del Presupuesto3.107.874.111.0004.092.995.715.000+31,7 %

Los recursos asignados a Salud alcanzarán los 1.009.979.707 pesos, con un aumento del 37,8 % interanual. Se establece además un mecanismo específico: el Poder Ejecutivo queda autorizado a destinar 135 pesos por mes por habitante para garantizar la atención primaria, con la posibilidad de articular con municipios e instituciones locales.

En Cultura y Educación, el presupuesto trepa a 1.021.072.661 pesos (+36,6 %). Allí se crea el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con recursos de la coparticipación federal, que tendrá como fin sostener una educación de calidad y en condiciones equitativas.

En Seguridad, la previsión es de 306.473.472 pesos, un 36 % más que en 2025, reforzando el equipamiento y la operatividad de las fuerzas.

El área de Bienestar Social dispondrá de 799.993.064 pesos, con un aumento del 22,5 %. A esto se suma la continuidad del Programa Hambre Cero, que contará con un presupuesto específico de 5.391 millones de pesos distribuidos entre diferentes jurisdicciones del Estado provincial.

El texto también prorroga hasta diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos y remates para viviendas únicas y predios de producción agropecuaria familiar.

Una de las novedades es la autorización para que el Ejecutivo impulse un programa de promoción de la Economía del Conocimiento, destinado a fomentar startups y empresas que utilicen tecnología y digitalización. Se contemplan beneficios impositivos y subsidios para la radicación en parques industriales, con financiamiento adicional a través de fideicomisos alimentados por recursos ambientales e hídricos.

En paralelo, se habilita al Ministerio de Hacienda a realizar inversiones transitorias de fondos ociosos y a constituir mecanismos de crédito orientados a fortalecer la infraestructura productiva.

Disciplina fiscal y deuda

El Presupuesto prevé una reducción del 9,3 % en el servicio de la deuda pública, que se ubica en 4.861.431 pesos. El texto faculta al Ejecutivo a restructurar compromisos y renegociar pasivos, incluyendo la posibilidad de diferir vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS) hasta 2028.

Asimismo, se autoriza la contratación de créditos públicos por hasta 100 millones de dólares, destinados a obras de saneamiento, vialidad, energía y equipamiento productivo en municipios.

El proyecto ratifica un límite en las remuneraciones de la administración: ningún funcionario o empleado podrá percibir un salario superior al 90 % de lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo. En el caso de jubilaciones y haberes previsionales, se fija un máximo del 82 % del sueldo del Contador General de la Provincia.

Una hoja de ruta política

En contraste con la política nacional de ajuste que impacta con fuerza en áreas sociales sensibles —con recortes en educación, salud y transferencias a las provincias—, el Presupuesto 2026 de Misiones refuerza la inversión en esos mismos sectores. Mientras el Gobierno central concentra su estrategia fiscal en la reducción del gasto público, la administración provincial busca blindar los recursos destinados a escuelas, hospitales y programas sociales, sosteniendo un modelo de desarrollo con fuerte anclaje territorial y con el objetivo de garantizar equidad en un escenario económico adverso.

Con este esquema, el Ejecutivo provincial apunta a consolidar un presupuesto con fuerte anclaje social, disciplina fiscal y proyección estratégica en áreas claves como educación, salud y la economía del conocimiento. Al mismo tiempo, busca garantizar sustentabilidad financiera en un contexto nacional de incertidumbre y ajuste, reforzando la autonomía de la provincia en materia de gestión y financiamiento.

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En las horas más oscuras

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Hablé con el Presidente y le dije: “Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. La voz que dice esto es la de Diego Spagnuolo, eyectado funcionario que reveló una trama de corrupción en el corazón mismo del gobierno de Javier Milei. “Karina” no es otra que la hermana del Presidente, quien según el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se quedaba con un “retorno” de los contratos con proveedores del Estado por montos de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, en un esquema del que también participaría Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario del riñón presidencial. 

Spagnuolo fue detenido -está demorado- y es una bomba de tiempo. No es un cuatro de copas. Íntimo de Milei desde mucho antes de llegar a la Presidencia, registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Casa Rosada. 

Hasta el cierre de esta columna, la única reacción oficial fue despedir a Spagnuolo, lo que paradójicamente suena más a una confirmación que a una desmentida. La grabación sería de agosto del año pasado, lo que permite imaginar la magnitud de la podredumbre que salpica a la mesa chica presidencial. El ex titular de la ANDis no es una víctima, sino un eslabón más del esquema. Si sabía de un hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo ante la Justicia, lo mismo que el propio Presidente cuando supuestamente se enteró. Por eso en la Libertad Avanza ahora temen que Spagnuolo se convierta en un “arrepentido”.

El (nuevo) escándalo estalló en un momento sensible, no ya por la cercanía de las elecciones, sino cuando se discutía en el Congreso el impacto de la motosierra en las políticas de discapacidad, el ajuste en el Garrahan y en las universidades. 

Spagnuolo se jactaba de la motosierra en los planes de atención a la discapacidad. Es autor de una de las frases que serán recordadas de este Gobierno: “Si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, no del Estado”. 

El Programa Federal Incluir Salud, que gestiona la atención de personas con discapacidad, se encuentra en emergencia. Entre los recortes recientes, 100 mil beneficiarios perdieron sus pensiones este año y se proyecta llegar a 400 mil. Spagnuolo había endurecido los requisitos de acceso y promovido auditorías cuestionadas por discriminatorias. Las resoluciones contenían términos ofensivos hacia las personas con discapacidad, lo que generó condena social y mediática. Ajuste para muchos, retornos para unos pocos. Karina Milei, El Jefe, quedó en el ojo de la tormenta. Si se aplica la misma doctrina jurídica que a Cristina Fernández, el Presidente no puede no saber.

The Boss, tuiteó Diego Hartfield, quien esta semana se sacó la foto de campaña con Karina Milei.

La crisis de corrupción se suma a la crisis política. En el Congreso fue una semana negra para el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Los misioneros Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti votaron a favor del ajuste. La puertista libertaria Florencia Klipauka estuvo ausente. De esta manera, si el Senado ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. 

La Cámara baja también convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación. Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El Senado, donde el oficialismo tiene una minoría aún más reducida, convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. Allí también se escuchó otra frase que quedará en la memoria: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado“. Lo dijo la senadora Álvarez Rivero del PRO, en una brutal competencia oficialista por quien se muestra más inhumano

Pero vaya que es necesario ese derecho. Estas derivaciones no son una opción, sino un paso esencial para garantizar el acceso a tratamientos adecuados para niños y adolescentes con patologías cuya resolución requiere atención especializada. Desde Misiones, en el primer semestre se coordinaron 229 viajes para atención médica de 170 pacientes, de los cuáles 144 fueron al Garrahan. 

La decisión de trasladar a un paciente se basa en criterios médicos estrictos que buscan asegurar el mejor resultado posible para su salud. Para muchas patologías, especialmente las oncológicas, existen protocolos y normas de tratamiento a nivel nacional e internacional que establecen que su manejo debe realizarse en centros de mayor complejidad. Estos centros garantizan no solo el acceso a terapias específicas (quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula ósea), sino también al soporte clínico integral necesario para manejar los efectos del tratamiento. La derivación, en estos casos, es un requisito del estándar de cuidado. Otras patologías, si bien no tienen una norma de derivación obligatoria, por su complejidad requieren especialistas y grupos multidisciplinarios que no se encuentran disponibles en la provincia. Casos como trasplantes de órganos, cardiopatías congénitas complejas, síndromes genéticos raros o neurocirugías de alta complejidad exigen la intervención coordinada de múltiples especialistas (cirujanos, intensivistas, genetistas, imagenólogos, etc.) y tecnología de vanguardia que solo los centros de referencia como el Garrahan pueden ofrecer.

El Senado también aprobó la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales. El Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. En ambos casos, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, del Frente Renovador, votaron afirmativamente, en línea con el modelo político misionerista. 

El Gobierno nacional podría optar por vetar total o parcialmente las leyes, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil. Si toma ese camino, enfrentará un mayor descontento social por el ajuste en áreas tan sensibles. 

Las encuestas ya marcan el deterioro de la imagen presidencial. El último trabajo de Poliarquía arroja malos datos para el Gobierno a pocas semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires. La aprobación de Javier Milei registra su mayor caída intermensual y, por primera vez, muestra un saldo negativo. La legitimidad se erosiona cuando predomina la percepción de beneficios concentrados. En agosto, solo el 35% cree que Milei gobierna “para la mayoría de la gente”, el nivel más bajo de su mandato.

A esto se suma una fuerte caída en las expectativas económicas y en la visión general sobre el país para el próximo año. Este deterioro está vinculado, en buena medida, al impacto negativo de los vetos presidenciales: tanto el del aumento de jubilaciones como el de discapacidad. Son hechos que refuerzan una de las principales debilidades del presidente que surgen en las encuestas: la falta de sensibilidad social o empatía hacia los sectores más vulnerables

Se agrega a la creciente incertidumbre económica de las últimas semanas y el aumento de la conflictividad política, incluso con varios gobernadores en provincias donde hasta hace poco existía una relación de colaboración.

Según Poliarquía, la aprobación de la gestión de Milei cayó cuatro puntos y se ubica en 49%, por primera vez por debajo de la desaprobación. El valor es 11 puntos inferior a su máximo registrado en enero pasado. 

La ecuación es sencilla. El bastión de Milei estaba dado en la contención de la inflación y en la transparencia que prometía. En ambos casos, flaquea. La economía no crece desde febrero, a contramano de aumentos del costo de financiamiento para empresas, caída del crédito y tasas exorbitantes. Ni siquiera la contención de la inflación se traduce en una mejor condición de vida, ya que el poder adquisitivo todavía no se recuperó del deterioro de la devaluación inicial y de la brutal suba de tarifas. La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses.
La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito.

En contraste, en Misiones el Gobierno provincial sostiene el respaldo a los sectores más vulnerables y apuntala a la economía con incentivos permanentes, como los programas para el consumo, que incluyeron a la fintech Naranja X, con sus más de cien mil usuarios en la tierra colorada. Dato no menor: en un país donde la inflación es un problema para millones de hogares, en Misiones se logró contener el precio del pan en los últimos seis meses gracias al acuerdo entre la Provincia y la cámara de panaderos.

La lectura del Presupuesto 2026 permite analizar la anatomía de la inversión. El proyecto diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, destina el 69,17 por ciento del total a Educación y cultura, Salud y Bienestar Social, lo que equivale a $2,831 billones de los 4,092 billones proyectados. La inversión en áreas sociales es una constante del modelo renovador. Encabeza los presupuestos de los últimos años y se refleja en la incorporación de tecnología y recursos humanos. Este viernes, por caso, se puso en funcionamiento el Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET), con una inversión de unos dos millones de dólares. El equipo permite detectar linfomas, melanomas, cáncer de cuello uterino y próstata, entre otras patologías, además de tener aplicaciones en enfermedades neurológicas. El viernes, tres pacientes inauguraron el equipo, marcando un hito en la salud pública.

Hasta ahora, alrededor de 100 pacientes misioneros por mes debían viajar a Buenos Aires, Córdoba o Corrientes para acceder a este estudio, con un alto costo económico, logístico y emocional. Con la puesta en marcha del equipo en el Parque de la Salud, esos traslados dejarán de ser necesarios. El servicio será accesible a toda la población, tanto con cobertura de obra social como sin ella, reforzando el modelo de salud pública inclusiva que distingue a Misiones en la región.

El Presupuesto destina a obras de infraestructura el 9,8% del total, mientras que al Desarrollo de la Economía (productivo, industria, energía, puertos, transporte) 8,54% (≈ $349,39 mil millones).

Otra diferencia saliente es que la Provincia está desendeudada: lo destinado a servicios de deuda (amortizaciones + intereses) equivalen al 0,34% de los ingresos (exposición muy baja). Este punto es crucial, porque otorga autonomía y posibilidad de dirigir los recursos a las áreas sensibles y tener las cuentas en orden. En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés tuvo que pedirle al Banco provincial que le anticipe 45 mil millones de pesos para poder pagar los sueldos de agosto. La urgencia tiene explicación: los correntinos van a las urnas el próximo domingo y Juan Pablo Valdés, su hermano, es el candidato a sucederlo. Uno de los rivales de Valdés chico es Lisandro Almirón, candidato de la Libertad Avanza, envuelto en otro escándalo que salpica al Jefe Karina: el suegro encabeza una fundación que recibe mercadería retenida por la Aduana, de la que puede disponer .

Corrientes, el modelo ideal para radicales y macristas, exhibe sus flaquezas en el momento menos esperado. La fragilidad económica es evidente: el Banco de Corrientes no puede dar créditos hipotecarios UVA por iliquidez. Y la oposición denunció que cortaron el suministro a comedores escolares. La provincia vecina también pierde terreno en las exportaciones. Quedó tercera en el NEA, detrás de Chaco, mientras que Misiones bate récords, con un acumulado de 310 millones de dólares en lo que va del año.

De la crisis en Corrientes no habló nadie del radicalismo misionero, apadrinado por Valdés. De la crisis del Gobierno nacional tampoco los libertarios. Apenas Ramón Puerta, en su regreso como candidato a diputado nacional, se animó a cuestionar la política nacional: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”, dijo para despegarse de la alianza que el partido Activar selló con la Libertad Avanza de la mano de su hijo Pedro, retirado a cuarteles de invierno por el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo y socio político Germán Kiczka. Aunque en medio de la investigación judicial lo defendía, Puerta padre tuvo que hacer malabares para remarcar que él no tiene ni tuvo nada que ver con el ahora condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

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Presupuesto 2026: fuerte sesgo social, riesgo nacional y baja exposición de deuda

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La Legislatura provincial comenzará a analizar el presupuesto que el gobernador Hugo Passalacqua diseñó para 2026. El mensaje oficial llega en un contexto nacional complejo y se convierte en un verdadero manifiesto de la estrategia de Misiones frente a la retracción del financiamiento de la Nación. La provincia presenta un plan que prioriza la inversión social, con un perfil de deuda mínima y con un fuerte señalamiento político sobre la ausencia del Estado nacional en obras, programas y transferencias.

El monto global previsto asciende a 4,09 billones de pesos, que constituyen la base de la planificación de gastos e inversiones para el próximo año. El dato sobresaliente es que el 69,17% de ese total se destinará a inversión social -equivalente a 2,83 billones de pesos– en tres grandes áreas: educación y cultura, salud y bienestar social, con participaciones del 24,95%, 24,68% y 19,55% respectivamente. La orientación social no es casual: responde a la tradición de la Renovación de volcar la mayor parte de los recursos provinciales hacia servicios universales y políticas de inclusión.

Este sesgo social se acompaña de una particularidad financiera: la exposición a deuda pública es mínima. Los servicios de deuda -amortizaciones e intereses- representan apenas el 0,34% de los ingresos corrientes netos, lo que le otorga a la provincia una holgura inusual en el escenario nacional y la posibilidad de reasignar recursos hacia áreas sociales y productivas sin comprometer solvencia. En la misma línea, el presupuesto consolidado se presenta con resultado financiero equilibrado.

Pero la nota política más fuerte del mensaje está en el diagnóstico de la relación con la Nación. Passalacqua detalla que en 2024 Misiones recibió 224 mil millones de pesos menos en transferencias automáticas, discrecionales e inversión real directa, en comparación con 2023. Esa tendencia se profundizó en 2025 y se proyecta que continuará en 2026.

El documento recuerda la eliminación de aportes de la ANSeS a la caja previsional provincial, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de programas de salud como Protección de Población Vulnerable y Redes, del Fondo Compensador del Transporte, además de la paralización de la mayoría de las obras de infraestructura nacional, incluidas las rutas que son de competencia exclusiva del Estado federal tras la “reorganización” de la Dirección Nacional de Vialidad. La conclusión es clara: en numerosos casos, la Provincia debe cubrir con fondos propios responsabilidades que le corresponden a la Nación.

En este marco, las obras de infraestructura provinciales representan 9,8% del presupuesto, una cifra que expone la reducción de transferencias nacionales, aunque el gobierno provincial subraya su importancia estratégica. La apuesta es complementar con empréstitos blandos de organismos multilaterales para financiar proyectos considerados impostergables, como la línea de 132 kV San Isidro-Leandro N. Alem-Oberá, el transformador de 500 kV en la estación San Isidro de Posadas y diversas obras viales. Son inversiones pensadas no solo para acercar servicios a la población, sino para sostener la competitividad económica y productiva.

A su vez, se asigna un 8,54% del presupuesto -unos 349.392 millones de pesos- al Desarrollo de la Economía, lo que implica sostener programas productivos, apoyo a emprendedores, promoción industrial y fortalecimiento de la logística multimodal con énfasis en puertos, transporte y distribución de energía eléctrica. El plan económico se completa con transferencias por el 44,28% del total -unos 1,81 billones de pesos- para financiar instituciones educativas de gestión privada con aporte estatal y organizaciones sociales solidarias que cumplen funciones de contención en todo el territorio.

En cuanto al empleo público, el proyecto se apoya en una planta de 63.934 cargos y 280.904 horas cátedra, con una política salarial de recomposición gradual “por etapas” según las posibilidades del Tesoro. El objetivo, subraya el mensaje, es proteger las fuentes de trabajo, sostener el poder adquisitivo de activos y pasivos y, en consecuencia, mantener el nivel de consumo interno. En paralelo, se mantiene una rígida política de contención de gastos no esenciales, supervisada por una comisión específica que depende directamente del gobernador.

El financiamiento del presupuesto se basa mayormente en recursos provinciales, estimados por el Ministerio de Hacienda en coordinación con la Agencia Tributaria de Misiones, sobre la base de la recaudación real y de la política tributaria vigente. En cuanto a los recursos nacionales, el gobierno provincial los estima por cuenta propia, dado que al momento de la remisión del proyecto el Gobierno nacional no había presentado aún su presupuesto 2026.

El documento mantiene la estructura tradicional de dos capítulos: el primero, con las erogaciones proyectadas, recursos y financiamiento con sus normas específicas; y el segundo, con disposiciones generales que establecen la flexibilidad necesaria para ajustar partidas durante la ejecución sin necesidad de leyes modificatorias. Esa flexibilidad presupuestaria es presentada como un instrumento indispensable frente a la volatilidad de la coyuntura económica.

En términos políticos y económicos, el presupuesto misionero para 2026 es una combinación de prudencia y desafío. Prudencia porque sostiene el equilibrio fiscal y mantiene la deuda en mínimos, apostando a la disciplina financiera como ancla de estabilidad. Desafío porque asume el costo de suplir con recursos propios la retirada del Estado nacional en áreas sensibles, lo que obliga a Misiones a hacer más con menos. El énfasis en la inversión social garantiza continuidad de políticas inclusivas, mientras que la búsqueda de financiamiento multilateral para infraestructura muestra la necesidad de asegurar condiciones de competitividad en energía, logística y transporte.

El éxito del esquema dependerá de varios factores: que la economía nacional cumpla el crecimiento del 5,5% proyectado para 2025, que la inflación efectivamente se desacelere, que los organismos multilaterales habiliten rápidamente los créditos previstos y que la recaudación provincial no sufra un deterioro adicional por el impacto del tipo de cambio en el comercio transfronterizo y las exportaciones. Si estas condiciones se cumplen, Misiones podrá blindar el gasto social, sostener la actividad productiva y avanzar en obras clave. Si no, la baja deuda y la flexibilidad presupuestaria se convertirán en los principales amortiguadores de un escenario adverso.

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Mala praxis y recetas locales

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En Argentina hay hoy casi un centenar de muertes por fentanilo contaminado. Son el doble de víctimas que en la tragedia ferroviaria de Once y la mitad que Cromañón. Sin embargo, la indignación ni se asemeja. 

El medicamento fue distribuido en hospitales de todo el país, pese a que había advertencias sobre irregularidades en el laboratorio fabricante. La Anmat, el organismo que debe controlar la calidad de los remedios está envuelta en una maraña de ajuste, cambios de políticas y concentración de las decisiones en manos del presidente Javier Milei. En diciembre del año pasado se sabía de las fallas del laboratorio. Recién en febrero, cuando ya había muertes confirmadas, se tomaron medidas de control, sin que nadie se haga cargo de la desidia ni asumiera responsabilidades por las personas fallecidas. Recién ahora, el ministro de Salud, Mario Lugones, entre amagos de lágrimas, salió a decir que el laboratorio tiene “vínculos políticos”, cuando no, con el peronismo opositor. Misma versión que el ministro de la motosierra, Federico Sturzenegger, quien acusó a la corrupción política “del gobierno anterior” por las muertes provocadas por el medicamento contaminado. 

La Anmat kirchnerista. La Anmat actual cuando recibe información, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente (textual). Se retira el producto. El control de los medicamentos, no se puede controlar cada pastilla y cada ampolla”, balbuceó el ministro permanente en un intento de defensa que se derrumbó ante las evidencias.

Resultó curioso ver cómo Sturzenegger, al mismo tiempo que acusaba al kirchnerismo por no controlar, insistía en que el kirchnerismo frenaba la economía por la cantidad de controles.

Lo cierto es que las partidas del fentanilo contaminado salieron del laboratorio en diciembre pasado y debían ser controladas por la gestión actual, que lleva adelante una política planificada de deterioro de las condiciones materiales y salariales del sistema sanitario y de los hospitales públicos. La desregulación y el ajuste descontrolado tienen consecuencias. Matan con medicamentos adulterados. 

Pero también pueden generar daños irreversibles con rutas que están entrando en un deterioro ostensible por falta de inversión y mantenimiento. 

“Estamos preocupadísimos por lo que está pasando. No estamos en condiciones de hacernos cargo de las rutas nacionales, no podemos, no nos da el cuero. Solamente en Misiones tenemos cerca de mil kilómetros de rutas nacionales y no vamos a poder atenderlos”, afirmó el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura del Consejo de Seguridad Vial que sesionó en Misiones

El mandatario sostuvo que las rutas nacionales “son el esqueleto de la República” y que su deterioro no solo afecta la seguridad de las personas, sino también el transporte de mercancías y el comercio. “Si ese esqueleto se deshace, pasa lo que pasa con cualquier ser humano: nos volvemos pedazos de carne tirados en el suelo”, graficó.

Passalacqua recordó que Misiones presentó un proyecto de ley para que los fondos del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales, y que la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación. “Este no es un tema de buena o mala relación con Nación, se trata de cuidar la vida de 1 millón y medio de misioneros”, señaló.  De aprobarse, Misiones debería recibir con la recaudación de julio, 6.326 millones, mientras que en el modelo actual, solo le corresponden 3.603 millones, que no recibe, porque la Nación se queda con toda la recaudación. 

“En Misiones muere un ciclista por semana, y en su mayoría son trabajadores que se trasladan sin elementos de seguridad. El día que podamos andar realmente seguros, sin miedo, habremos logrado nuestro objetivo. Y para eso necesitamos un Estado presente que nos dé esa garantía de seguridad“, expresó Passalacqua.

La desaparición de ese Estado, hunde en la miseria a los productores yerbateros que padecen los efectos de una desregulación sin atender advertencias ni explicaciones. El deterioro más evidente se observa en la relación precio al productor/precio de góndola. En junio de 2025, el productor yerbatero captó apenas 18,9% del valor final, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cinco años.

El precio que el productor recibe por la hoja verde se desplomó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8%. Esto indica que el ajuste más severo recayó sobre el productor, que tiene escaso margen para imponer precios sin el respaldo regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La “mala praxis” se expande a otras áreas. Esta semana el Gobierno nacional probó su propia medicina. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a convalidar una fuerte suba de la tasa de interés en la segunda licitación de deuda en pesos del mes, pero solo pudo renovar el 61% de los vencimientos. De esta manera, la administración libertaria, para evitar inyectar casi $6 billones al mercado, lo que podría incidir en el comportamiento del dólar y los rendimientos de los activos en moneda nacional, hará una nueva subasta este lunes, rezando para que el mercado no le de espalda. Pese a que la inflación interanual se ubica en torno al 36%, Caputo se endeudó a 69,20% anual para poder absorber los pesos que estaban en manos de los bancos.

A la vista está que es un modelo insostenible -y repetido-: “Es querer sujetar un árbol con una soga las fuerzas del mercado que siempre son más fuertes. Está suba de tasas es insostenible y está terminando de matar al sector productivo. Ahora, al subir los encajes, también les complica a los bancos”, explicó un conocedor de las finanzas. Una tormenta perfecta. El remedio contra la inflación está dañando el resto del tejido económico, que no recibe ni un placebo. El “mercado” siente la debilidad y ataca. Ya hay consenso en que el dólar debería estar bastante más alto como “punto de equilibrio”. 

Hasta ahora la contención de la inflación era el principal capital político del Gobierno. Pero ese bastión comienza a mostrar fragilidad. Y sin economía, al oficialismo le queda poco por exhibir. 

Un estudio del politólogo Mario Riorda, junto a la doctora en Comunicación, Patricia Nigro, hace foco en la incivilidad, como la práctica discursiva que niega la condición identitaria del otro o lo excluye de su ciudadanía, generando un marco de hostilidad que trasciende el disenso legítimo. No se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice: exageración, negación de hechos, ataques personales y descalificaciones que buscan deslegitimar al adversario. Y, en el caso argentino, el foco está puesto en el presidente Javier Milei.

Los datos de la encuesta incluida en el estudio son reveladores. Cerca del 40% de los simpatizantes de Milei no se sienten identificados con su estilo y un 37% directamente lo desaprueba. En la oposición, la crítica es unánime.

Más de un cuarto de sus seguidores afirma observar “siempre” rasgos de incivilidad en su discurso, y un 30% lo detecta “frecuentemente”. Este malestar se traduce en consecuencias políticas: casi un tercio admite que podría reconsiderar su voto por “excesos comunicativos”.

La hostilidad y el ataque a opositores o a la prensa no generan habituación. Por el contrario, casi el 45% de sus simpatizantes cree que el estilo refuerza tendencias autoritarias, percepción compartida por la totalidad de la oposición.

A su vez, un estudio de Zuban&Córdoba, marca que la desaprobación de la gestión libertaria alcanza el 57,8%, en contraste con un 41,8% que la aprueba. Aunque hay cierta estabilidad desde mayo, el rechazo supera sistemáticamente el apoyo desde febrero.

Frente a la afirmación del propio Milei de que será reelecto en 2027, el 58,1% de la población está en desacuerdo, contra un 37,9% que adhiere a esa idea. Este dato refleja el escaso consenso sobre el futuro político del presidente, incluso entre votantes indecisos. Un dato central del estudio es el crecimiento del anti mileísmo, que se posiciona por encima del anti kirchnerismo y del anti peronismo como fenómeno social. En agosto, el 53% se define como anti Milei, superando al 29,3% que se identifica como mileísta. En paralelo, el anti kirchnerismo se refleja en el 49,9%, con un 31,7 por ciento que se define kirchnerista.  Sin embargo, el anti peronismo trepa al 41,1%, contra un 41 que admite preferir al peronismo. Un dato llamativo del estudio es que la “estrella culona” revelada por el streaming del Conicet, cosecha un 68,6% de imagen positiva, muy por encima de la mayoría de los dirigentes políticos y la del propio Presidente.

No es casual la caída en la imagen del Gobierno. La falta de políticas afecta a las provincias y las consecuencias se expanden por todo el territorio. Son los gobernadores, con sus herramientas, los que tratan de suplir las carencias y parchar lo que el ajuste nacional abandona. En Misiones la sinergia entre el Estado y el sector privado es sólida. La Provincia aporta ingeniería financiera para contener la fuga de compradores por las fronteras, atraídos por precios más bajos y las medidas de alivio fiscal, aportan competitividad en momentos urgentes. Así, la economía misionera sigue generando empleo. En mayo, Misiones registró 103.066 trabajadores en el sector privado formal, mostrando un alza del 0,3% contra el mes anterior,  equivalente a la creación de unos 337 empleos, que se suman a los 728 empleos creados en abril pasado (+0,7% en ese mes). De este modo, en los últimos dos meses Misiones sumó 1.065 nuevos empleos en el sector privado, fundamentales para poder continuar recuperando este indicador. 

De todos modos, en la comparación interanual, Misiones continúa  presentando bajas: fue de -1,5%, aunque se destaca su desaceleración ya que en marzo  estaba en -4,0%, por lo cual se está más cerca de volver a mostrar alzas en este nivel comparativo. Por ello, la recuperación mensual que se dio en abril y mayo es clave no solo para ello, sino también para recortar las pérdidas que acumula Misiones durante  la era Milei: desde noviembre 2023 a mayo 2025 Misiones perdió 5.655 empleos, un 5,2% aunque en marzo estaba en -6,2%, por lo cual hay un incipiente proceso de  recuperación.

Ese es el escenario del tramo final rumbo a las elecciones de octubre. 

En Misiones el Frente Renovador es el único espacio con los nombres definidos desde hace tiempo. Oscar Herrera Ahuad firmó la nominación esta semana, junto a Micaela Gacek, Walter Rosner y Graciela De Moura. “Como siempre y desde siempre, reafirmo mi compromiso de defender a nuestra provincia, luchar y reclamar lo que nos corresponde, y estar cerca, caminando y escuchando a cada misionero y misionera. ¡Vamos Misiones!”, expresó Herrera Ahuad a través de sus redes sociales.

En la oposición, la fragmentación es protagonista. El radicalismo no cerró con las huestes del ex comisario Ramón Amarilla, que se quedó sin partido y sin candidatura. 

Por la Vida y los Valores, que había cobijado a Amarilla, competirá en las elecciones nacionales con Carmelo Álvarez y Aida Bastike como candidatos a diputados

Los radicales que irán en la boleta son el eldoradense Gustavo González, acompañado por Guadalupe Kolozdiej y Nicolás Godoy.

El peronismo también busca alguna figura emergente, pero es probable que repita a Cristina Britez, con la bendición de la otra Cristina, si no se sella un acuerdo de última hora con el partido Agrario, que postula nuevamente a Héctor “Cacho” Bárbaro. No serán las únicas figuras repetidas: Ramón Puerta podría anotarse como candidato por Activar, el partido que lideraba su hijo, Pedro Puerta, quien renunció a la Legislatura provincial envuelto en el escándalo de pedofilia que protagonizó su amigo Germán Kiczka, condenado a catorce años de cárcel. Puerta vuelve del retiro con viejos conocidos. Sería acompañado por un dirigente de Movimiento Positivo y posiblemente alguien designado por Ramón Amarilla, retomando un contacto iniciado en las protestas policiales de mayo del año pasado, cuando desde Apóstoles se financiaban los piquetes. 

En la Libertad Avanza también esperaron la orden desde Buenos Aires. Karina Milei fue la encargada de “apretar el botón” para definir la lista. Ahora en sociedad con el PRO y radicales desahuciados, el ex tenista Diego Hartfield, quien ya fue candidato en las elecciones provinciales, fue el elegido para encabezar la nómina. Es el único que “mide” del conglomerado, pese a la suma de nombres.

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Nueva sala de hemodinamia en el SAMIC de Puerto Iguazú: inversión estratégica en salud pública

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en Puerto Iguazú la inauguración de la sala de hemodinamia remodelada en el Hospital SAMIC “Dra. Marta Schwarz”, equipada con un angiógrafo que ya fue utilizado en una intervención de urgencia que permitió salvar la vida de un paciente. Además, se entregaron coagulómetros a tres hospitales de la zona norte, reforzando la capacidad de diagnóstico y atención sanitaria en municipios estratégicos.

La inauguración tuvo lugar el sábado 16 de agosto de 2025 y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, autoridades sanitarias, municipales y equipos médicos de la región. La puesta en marcha del nuevo servicio se enmarca en la política de descentralización del sistema de salud provincial, que busca acercar la atención de alta complejidad a localidades del interior, evitando traslados de urgencia hacia Eldorado o Posadas.

En palabras del gobernador Passalacqua, “la salud pública en Misiones no es perfecta, pero es un estandarte. Nuestra salud pública es una insignia con orgullo: por los recursos humanos y la inversión tecnológica”.

El nuevo espacio de hemodinamia se construyó en un área histórica del hospital, donde hace dos décadas funcionaba la guardia y la sala de rayos. El angiógrafo, trasladado desde el Hospital Madariaga de Posadas, fue reacondicionado y adaptado a las exigencias de habilitación por radiofísica.

Además, se entregaron tres coagulómetros para los hospitales de Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Colonia Wanda, que trabajan en red con el SAMIC de Iguazú. Estos equipos permiten mejorar la precisión diagnóstica y el seguimiento de pacientes en riesgo, fortaleciendo la capacidad hospitalaria de la zona norte.

Visión estratégica de descentralización

El presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, resaltó que la inauguración es parte de una estrategia sanitaria de largo plazo: “Misiones tomó la decisión política de que la salud sea una política de Estado. Cada vez que descentralizamos acercamos la oferta a la demanda, y en salud eso se traduce en vidas, en calidad de vida y en expectativas de vida”.

El ministro de Salud, Héctor González, agregó que este tipo de inversiones marcan un rumbo distinto frente a otras provincias: “Donde algunos ven gasto, Misiones ve inversión. Este equipamiento nos permite dar respuestas reales de alta complejidad en una zona estratégica como Iguazú”.

Por su parte, el director del SAMIC, Mauricio Reartes, subrayó el carácter colectivo de la obra: “Fue posible gracias al trabajo conjunto entre la provincia, el municipio, la cooperadora y la comunidad. Es algo esencial para la población y para Iguazú como destino turístico”.

El intendente Claudio Filippa destacó que la nueva sala permitirá atender infartos y urgencias cardiovasculares directamente en Iguazú, evitando traslados de hasta 300 kilómetros. “Históricamente, a los pacientes infartados se los derivaba a Eldorado o Posadas. Hoy esos casos se van a resolver acá”, afirmó.

Además, señaló el impacto en la imagen turística de la ciudad: la disponibilidad de infraestructura sanitaria de alta complejidad es un factor que valoran los visitantes internacionales al elegir destinos.

La primera prueba de efectividad llegó incluso antes de la inauguración formal: la noche anterior, el equipo médico utilizó el angiógrafo para atender a un paciente en paro cardíaco, que logró sobrevivir gracias a la intervención inmediata.

Con esta inauguración, Misiones suma su segundo servicio de hemodinamia en la red pública, reforzando la estrategia de descentralización. El objetivo provincial es ampliar la infraestructura tecnológica en hospitales regionales para disminuir la concentración de servicios de alta complejidad en Posadas.

La articulación entre el Hospital SAMIC de Iguazú, los hospitales locales que recibieron coagulómetros y el acompañamiento técnico del Hospital Madariaga configura un modelo de gestión sanitaria en red que se proyecta como política sostenida.

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